¿Estás seguro que tú no fuiste?: las fallas en la impartición de justicia para adolescentes
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¿Estás seguro que tú no fuiste?: las fallas en la impartición de justicia para adolescentes

Las violaciones a derechos humaos de los adolescentes infractores, la falta de juicios expeditos y la correcta revisión de pruebas son parte de las fallas en el sistema de justicia para menores.
Cuartoscuro
Por Alejandra del Castillo / Animal Político + CIDAC
29 de febrero, 2016
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Ramiro tenía 17 años cuando apeló por su libertad absoluta. Llevaba cuatro meses privado de su libertad por homicidio y solicitó audiencia a una magistrada para explicarle que no había cometido el delito del que se le acusaba.

—La neta vengo con mucho respeto a pedirle que me dé una oportunidad, porque pus, yo no fui —le dijo Ramiro a la magistrada—. No tengo nada que hacer aquí y  la verdad no es justo que yo esté aquí.

La magistrada lo miró y le preguntó:

—¿Qué es justo?

—Lo justo es que estén pagando los que fueron —no tardó Ramiro en responder.

—¿Estás seguro que tú no fuiste? —cuestionó mientras no le quitaba la vista de encima para formularle una pregunta más— ¿Has viso la película Presunto culpable?

—No, la verdad no.

—A ti te pasa algo como eso, pero para no alegar tanto, te voy a dar tu libertad en absoluta.

Ramiro sintió bien chido hasta que la magistrada advirtió:

—Pero si no te encuentro culpable… porque si te encuentro culpable te vas a quedar a pagar lo que sentencié.

—Sí, sí, sí. —aceptó Ramiro y pensó que las cosas marcharían bien con conciencia de que él no era culpable del crimen del que se le acusaba y por tanto, nada podía salir mal.

—Te voy a mandar a hablar en 12 días —prometió la magistrada.

Ramiro pensó que nada podía fallar confiado en su inocencia. Esperó 12 días pensando que se iba a la calle. Pensó que recibiría la noticia de irse a casa tras la revisión de su caso, en su lugar, le notificaron que por dictamen del juez tendría que quedarse a cumplir su sentencia.

El joven se enojó, quería un juez y que le mostrara las pruebas de su culpabilidad: un cuchillo con sus huellas impresas. Pero eso no ocurrió.

Ramiro cumple con algunas de las características del perfil que establece la UNICEF como un patrón en los adolescentes mexicanos en conflicto con la ley: De sexo masculino, de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales, y ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos.

Un presunto culpable

Sucedió un 15 de septiembre, Ramiro estaba en casa con los preparativos de la fiesta de independencia y el cumpleaños de su abuela. La policía irrumpió en casa de su abuela buscando a dos de sus tíos, acompañados de alguien que se presentó como un elemento judicial exhibiendo un arma, además de los familiares de Rubén, un joven de 24 años asesinado.

Exigieron presentar a Pedro y Enrique, tíos de Ramiro y presuntos homicidas de Rubén. La abuela de Ramiro los dejó revisar su casa para que comprobaran que no estaban aquellos a quienes buscaban.

“Esto no se va a quedar así” y se marcharon.  Volvieron a los 15 minutos y señalaron a Ramiro como cómplice y responsable. Ramiro tenía a su primo en brazos y era el único varón entre niños y mujeres.

“¡Tú también estabas ahí con ellos!” gritaron y Ramiro lo negó. Lo subieron a la patrulla y pensó que nada habría de pasarle pues no tenía ninguna relación con el delito.

En la delegación no hubo declaración, sólo cuestionamientos sobre sus tíos y la amenaza de vincular a la madre como cómplice. Los judiciales le pidieron 35 mil pesos, pero eso sólo incluía no involucrar a la madre de Ramiro porque alguno de ellos debía quedarse a pagar.

Al día siguiente, Ramiro fue trasladado a la entonces Agencia 57 especializada para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, se le acusaba de haber asesinado con un cuchillo a Rubén de 24 años.

En las declaraciones se decía que Ramiro había sido detenido en el lugar del homicidio por un “judicial” que afirmaba haberlo aprehendido cuando trataba de escapar.

Tras un proceso de casi seis meses se le condenó a cuatro años de prisión por homicidio. Trató de tramitar un amparo y explicar a la magistrada su situación pero nada pasó.

Después de la ratificación fue trasladado a la Comunidad de Tratamiento en San Fernando. “Yo creo que aquí vine a malearme con las personas que ya vienen de afuera maleadas. Yo no conocía muchas cosas que ahorita ya conozco. En vez de aquí componerte, te descompones. Sales más descompuesto de aquí, la neta. Aquí no te vas a componer jamás”.

Pese a su sentir, la comunidad de tratamiento es también el lugar donde volvió a la escuela que había abandonado estando en libertad. Ha aprendido a tocar el violín en la clase de ópera y eso le gusta.

¿Qué es justo? “Justo es que estén pagando aquí los que fueron”, expresa Ramiro.

México cambia justicia para menores…a medias

Hasta el 2005, México contaba con el Sistema Tutelar de Justicia para Adolescentes, este se hacía cargo de los adolescentes en situación de abandono, calle y pobreza con aquellos que habían cometido conductas señaladas como delitos.

Pero una evaluación dio cuenta de que no se podía tratar igual a un menor en situación de calle que a uno que había cometido un delito, por lo que en 2005 se instauró el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, detalla la especialista Erika Bardales.

En 2012 se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes norma que aplicable para los menores de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años que incurran en “conductas tipificadas como delito en las leyes federales”. Los menores estarán sujetos a rehabilitación y asistencia social, además de una medida socio-educativa para su reintegración social y familiar.

El decreto del 12 de diciembre de 2005 le dio a las entidades federativas tiempo de 180 días para adecuar su marco normativo, con lo que empezaron a existir 32 procesos estatales paralelos al federal sin margen de referencia.

La ley publicada en 2015 nunca logró entrar en vigor y “se convirtió en letra muerta”, pues el decreto obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe “Justicia para adolescentes en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Como la ley federal no se reformó ahora los adolescentes participaban en actos tipificados como delitos de competencia federal, por ejemplo: los delitos contra la salud tales como posesión, venta o tráfico de droga.

Cuando un adolescente era detenido por delitos contra la salud era llevado ante un juez federal que no podía juzgarlo como un adulto, y en ausencia de una ley federal para adolescentes “se generó un montón de impunidad, porque no había ley qué aplicarles”, lamenta Bardales.

La ley establece que desde el inicio del proceso estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia para adolescente, que los procesos se realicen con la menor duración posible y que el sistema privilegie las medidas preventivas o alternativas.

Sin embargo, la justicia no es expedita ni especializada para los adolescentes. De los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector, según el informe.

“Lo triste de esto es que siendo el adolescente el punto más frágil, vulnerable de captación de la delincuencia, jurídicamente es el más desprotegido porque no tenemos un debido proceso, no lo existe, lo hemos intentado, las entidades lo están intentando, hay jueces de justicia para adolescentes que lo intentan”, dice Bardales. 

10 mil pesos por la libertad

Damián pudo escuchar que sus amigos lo llamaban desde la calle, traían un auto robado y todavía no se deshacían del dueño.

Lo buscaron para ofrecerle un trato: 10 mil pesos para que se declarara culpable si la policía los detenía. Si los mayores de edad eran detenidos pasarían hasta 16 años en prisión por robo y secuestro exprés, mientras que Damián pasaría solo unos meses encarcelado.

Damián pensó que con esos 10 mil pesos podría comprar una moto chocada para arreglarla y aceptó.

Este no era el primer delito que cometía Damián: había robado autos y transeúntes, además portaba una pistola calibre 25.

Damián y sus amigos dejaron al dueño del auto en Avenida Central, amarrado y amordazado. Al ver que una patrulla los seguía, Damián – quien era el chófer – se puso nervioso y se pasó un alto, en la huida chocó contra un poste.

Fue trasladado a la delegación, sus amigos quedaron libres porque no intentaron huir. Los policías trataron de hacerlo confesar que pertenecía a alguna banda de robo de automóviles.

Durante cinco días, narra, recibió golpes en la cabeza – que no dejan marcas – además le sumergieron la cabeza en un tambo con agua, lo patearon y cachetearon.

Al quinto día y tras confesar que sí robó, lo trasladaron a la Agencia 57 especializada en adolescentes donde estuvo retenido tres días más en un cuarto, pasó 15 días más en el tutelar y luego lo trasladaron a la comunidad de tratamiento donde pasó dos meses y medio.

Durante el tiempo que estuvo en la comunidad de tratamiento regresó a la escuela y en el taller de electrodomésticos recibió el primer diploma en su vida.

Los 10 mil pesos del trato se fueron para sus gastos dentro de la comunidad de tratamiento y para el transporte de su madre.

Los pasos de la justicia para adolescentes

El sistema de justicia empieza desde el momento de la detención donde los agentes de la policía deberán operar con base a los principios, derechos y garantías de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en la Constitución Federal y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de los instrumentos y convenios integracionales de los que México forma parte.

Los agentes de la policía tienen la obligación de presentar al adolescente inmediatamente y sin demora ante el Ministerio Público después de su detención e informarle de forma inmediata sobre sus derechos.

Si el primer contacto entre adolescentes y agentes policíacos es violado cualquier derecho o garantía esto “causa nulidad del acto en el que ocurra y se determinará la responsabilidad del o los servidores públicos federales” según la ley federal.

Por su parte, al Ministerio Público corresponde investigar las conductas tipificadas como delitos atribuidas al adolescente, desde la denuncia o querella para acreditar la probable responsabilidad.

En el caso de acreditar responsabilidad, el expediente será turnado al Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 48 horas a partir de la detención aunque en algunos casos la conformación de los expedientes toma más tiempo.

El juez en función del nuevo sistema de justicia para adolescentes procurará que la medida otorgada al adolescente ayude a su reintegración social y familiar considerando el internamiento como último recurso.

En una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio), más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente durante la detención.

6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

Los centros de tratamiento serán los encargados de dar seguimiento a las medidas otorgadas en internación o externación y así, diseñar un programa individualizado de ejecución que cubra diferentes áreas para el desarrollo del adolescente.

En el caso de recibir una medida en externación las medidas incluirán volver a la escuela o conseguir un empleo. Se harán revisiones de los expedientes cada seis meses y un supervisor designado vigilará el cumplimiento de las medidas.

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'Yo no soy ni hombre ni mujer, soy trans y necesito que mi cédula lo diga'

Mike Nicolás Durán es el primer colombiano en ser reconocido como persona trans en el registro civil. Aunque su lucha aún no termina, porque le falta la cédula, el caso se ha convertido en un paradigma para esta comunidad en el país.
22 de octubre, 2021
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Mike Nicolás Durán, un jovial bogotano de 30 años que vive en Medellín, fue el primer colombiano en ser identificado como una persona transexual en el registro civil.

Tras una odisea legal de dos años que contó con la asesoría de Alejandro Diez y Manuela Gómez, abogados del grupo de sexualidad diversa del consultorio jurídico de la universidad EAFIT, el 7 de mayo de este año Mike celebró la T en la inscripción como quien se ganó la lotería.

Ahora, sin embargo, está en vísperas de saber si ganó su última batalla: que su cédula también lo identifique con una T.

“Yo no soy ni hombre ni mujer, soy trans y necesito que mi cédula lo diga para que se respete mi integridad y mi dignidad”, le dice a BBC Mundo.

El género trans en los documentos de identidad ya existe en países como Chile, México y Argentina. “Pero en Colombia, que es el país donde te piden la cédula para todo, estaba pendiente”, dice Durán.

Juli Salamanca, de la fundación Red Comunitaria Trans, celebra el caso de Mike como “un triunfo político para el movimiento trans, un paso hacia la igualdad de derechos”, pero añade que “el reto es pasar de lo simbólico a lo material, porque su implementación (para todos y todas) será una prueba para las instituciones”.

Mike Nicolás dedicó dos años a llamar, mandar cartas y radicar documentos; interpuso dos acciones legales —conocidas como tutelas— que debió impugnar e insistió de todas las formas posibles para que le reconocieran su género no binario en los documentos de identidad.

Él sabe que la lucha no es solo por su propio bien.

Mike Nicolás Durán

BBC
Mike Nicolás Durán en entrevista por Zoom con BBC Mundo.

En Colombia piden cédula para todo, desde para entrar a un edificio hasta a un banco.

Y yo, cada vez que voy a un banco, llego con el miedo de si me van a atender o no, porque cada vez que yo muestro mi cédula, la gente me mira como un bicho raro, (como pensando): “Acá dice que es mujer, pero usted parece un hombre.

Entonces sí o sí tienes que cambiar de cédula cuando haces una transición de género.

Porque, en mi caso, colocar una M tampoco está bien, porque si un policía me quiere requisar, por ejemplo, tengo que soportar que toque mis genitales.

Entonces, para proteger mi integridad y dignidad, una M o una F en la cédula no sirve: necesito la T.

Uno nunca termina de conocerse: cada día vas aprendiendo cosas nuevas. Y al irme conociendo me di cuenta que los no binarios existen, que tú puedes ser hombre con cuerpo de mujer o mujer con cuerpo de hombre sin tener que tomar hormonas o tomando.

Es decir: no hay una forma correcta de ser o no ser, porque la diversidad es algo que no se puede encerrar en un solo círculo.

Así fue como me di cuenta de que, si la ciencia me reconoce como persona trans, ¿por qué el Estado no lo hace?


Un decreto de 2015 les dio a las personas trans la posibilidad de cambiar la referencia a su género en sus documentos, pero las trabas en el proceso burocrático han impedido que la ley se cumpla.

Además, la T no estaba tipificada en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, en el caso de Mike, varias veces les dijeron a los abogados que no podían cambiar todo un sistema de registro nacional por una sola persona.

“Tenemos que continuar haciendo una veeduría para que las instituciones reconozcan las implicaciones de la T en el registro de nacimiento en áreas como la salud, educación, el servicio militar, entre otras”, dice Salamanca, la activista trans.


Algo que me gusta de mí ahora es mi voz, porque no es tan femenina ni tan masculina. A veces es un poco más lo uno y a veces más lo otro. Esa es la diversidad que a mí me gusta y me representa.

Para nosotros no hay nada más importante que nos reconozcan e identifiquen tal y como somos: no como hombres que ahora son mujeres o mujeres que ahora son hombres, sino como personas trans, punto.


Mike nació en Bogotá bajo el nombre de Eliana Mayerli. Allí tuvo a su primer hijo a los 15 años, luego tuvo otros dos y pasó 11 años con el padre de ellos.

Desde niño ha tenido una enfermedad cerebral y otra en los ojos. Y cuenta que fue por eso, además de por su proceso de transición de género, que dejó el trabajo al que se dedicó por una década: la vigilancia.

Hoy estudia inglés con una beca con la intención de irse a vivir a Canadá y tiene esposa: Linda María Cáceres, una estilista a la conoció casi al tiempo que empezó a tomar hormonas, en 2019.

Cáceres, así como los abogados de EAFIT, ha sido un acompañamiento clave en todo el proceso y le ha insistido en seguir luchando por sus derechos a pesar de todos los obstáculos legales y de salud.


Estuve 11 años viviendo una vida que quizás no quería, porque estaba ocultando mi propia identidad, hasta el punto de que explotó y la depresión me empezó a ganar. Llegué a pensar que me quería suicidar.

Eso, pensé, les podía generar problemas a mis hijos, y por eso hace siete años tomé la decisión de irme para Medellín.

Apenas llegué acá salí como lesbiana. La gente me dejó de llamar Eliana y apareció una nueva persona que se llamaba Mayerli.

Pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que me gustaba más lo masculino, un estilo más brusquito, más de niño.

Y mi pareja de ese momento, una mujer, me decía que no me cortara el cabello. Pero sobrepuse el amor propio, me corté el cabello y empecé una nueva vida con el nombre de Mike Nicolás.

Cuando les quise contar a mis hijos de mi transición y la posibilidad de hacerme las cirugías, el mayor me dijo que él ya sabía que yo quería ser hombre. Me dijo que era normal, porque toda la gente cambia.

Eso fue el impulso más importante para tomar la decisión de cambiar.


Por la histerectomía —una cirugía para extirpar el útero— y una mastectomía con la que se le removió el tejido mamario, Durán no pagó un peso, gracias a que son tratamientos incluidos en el paquete de su prestador de salud.

En Colombia, así como en varios países de América Latina, la ley exige a las entidades de salud pública brindar el servicio de cambio de sexo, incluyendo el tratamiento hormonal.

Mike, a pesar de haber tenido que pelear contra la burocracia, logró hacer su transición en apenas un par de años y sin tener que pagar.


La presión social por mantener mi vida como era fue muy fuerte: me decían que era bonita, que lo mío era un problema psiquiátrico, que estaba poseída, que esto era una obra de satanás.

Me han dicho tantas cosas, que si yo fuera débil, me habría hecho daño a mí mismo o me habría echado para atrás. Yo digo que por eso es que muchos trans se suicidan.

Pero al final yo fui cogiéndole gusto, un sabor, a que la gente me mirara como el raro en la calle, porque me siento original, me siento diferente.

Ya no tengo problema con que me digan que estoy loco, que estoy endemoniado, porque esa es la forma de que la gente se eduque y entienda que los trans somos parte de la sociedad.


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