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Cuartoscuro

Defensores de la tierra, criminalizados por autoridades estatales: Informe

Los casos documentados en ocho países de América Latina demuestran que policías y actores gubernamentales suelen unirse a particulares para ejercer acción penal contra defensores.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
25 de febrero, 2016
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En América Latina, los defensores de derecho a la tierra son perseguidos por la justicia gracias a la complicidad de actores estatales con empresas que impulsan proyectos industriales, alertó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Tras analizar casos de defensores criminalizados en ocho países latinoamericanos —Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú— la FIDH concluyó que la acción penal que se ejerce en contra de los activistas proviene de autoridades locales, policías y operadores de justicia que trabajan con empresas privadas y terratenientes.

“La falta de independencia y de imparcialidad de la justicia tiene un impacto determinante en el fenómeno de la criminalización de defensores y defensoras, en particular, la actividad del Ministerio Público que lidera la acción penal. Además de decidir criminalizar indebidamente a un defensor o defensora, en la mayoría de nuestros ejemplos, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva y en muchos casos se empeña en perseguir penalmente una, dos y más veces a los defensores y defensoras”, cita el informe ‘Criminalización de defensores de derechos humanos en el Contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina’ que la FIDH presenta este jueves 25 de febrero con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El informe destaca casos de los ocho países de América Latina para mostrar cómo la criminalización de los defensores de derechos a la tierra suele seguir el mismo perfil con el rol de agentes estatales directamente involucrados en el uso indebido del derecho penal para perseguirlos y frenar sus acciones en contra de grandes proyectos industriales.

// Gráfico: Especial.

// Gráfico: Especial.

En el caso específico de México, da seguimiento al caso de Juan Carlos Flores Solís, estudiante de derecho y defensor de derechos humanos de los pueblos originarios del país.

Juan Carlos es vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Desde el 2006, el grupo se opone a la construcción del gasoducto Morelos en el que participan empresas españolas e italianas como Abengoa, Elecnor Anagas y Bonatti.

El defensor argumenta que el proyecto viola el derecho de las comunidades locales a participar en los procesos de consulta y decisión, pues éste afectaría sus derechos a la vida, la salud y el agua.

En abril de 2014 fue detenido por hombres vestidos de civil que se identificaron como policías ministeriales sólo después de una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Se le acusó de los delitos de despojo, motín, extorsión y ataques a obras públicas, tras su “probable participación” en un motín ocurrido dos años antes. Aunque más tarde se confirmó que no estuvo en el evento, el defensor fue a prisión y apenas el 23 de enero de 2015 ganó un amparo para recuperar su libertad.

La FIDH destaca que de ese caso “no deja de sorprender que el poder judicial haya validado un proceso que inició con una detención completamente ilegal y luego haya emitido una orden de detención a pesar que las pruebas demostraban que aquél no había participado en el evento donde estos delitos fueron supuestamente cometidos”.

Se violan las garantías mínimas del debido proceso y el derecho a la libertad personal. Pero además, se estigmatiza y aísla al defensor.

“Si bien los jueces no siempre condenan a los defensores y defensoras, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de medidas cautelares tales como la detención preventiva. Además resulta sorprendente y paradójica la gran celeridad en los procesos que llevan a la detención de defensores y defensoras, cuando contrariamente, los procesos para investigar el hostigamiento o asesinato son siempre muy lentos”, agrega el informe.

En octubre de 2015, expertas independientes de América y Europa, que analizaron la situación de defensores en México, concluyeron que las denuncias que dan pie a criminalizarlos avanzan velozmente en el sistema penal, lo cuál contrasta con la “ausencia de apoyo” de autoridades de los tres niveles de gobierno cuando es necesario investigar la misma labor de defensa derechos humanos o amenazas en su contra.

Es decir, el sistema de justicia no es útil para investigar y perseguir las violaciones que denuncian los defensores de derechos humanos, pues sus casos se quedan encarpetados por años. En cambio, ese sistema sí es eficaz cuando se trata de criminalizarlos e iniciar procesos penales en su contra.

Esta práctica, que se repite en América Latina, implica diferentes violaciones a derechos humanos como al principio de legalidad y no retroactividad de la ley penal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y el derecho a la honra y a la buena reputación.

De enero de 2011 a agosto de 2014, la FIDH documentó 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra y denunció que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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