En América Latina, los defensores de derecho a la tierra son perseguidos por la justicia gracias a la complicidad de actores estatales con empresas que impulsan proyectos industriales, alertó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Tras analizar casos de defensores criminalizados en ocho países latinoamericanos —Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú— la FIDH concluyó que la acción penal que se ejerce en contra de los activistas proviene de autoridades locales, policías y operadores de justicia que trabajan con empresas privadas y terratenientes.

“La falta de independencia y de imparcialidad de la justicia tiene un impacto determinante en el fenómeno de la criminalización de defensores y defensoras, en particular, la actividad del Ministerio Público que lidera la acción penal. Además de decidir criminalizar indebidamente a un defensor o defensora, en la mayoría de nuestros ejemplos, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva y en muchos casos se empeña en perseguir penalmente una, dos y más veces a los defensores y defensoras”, cita el informe ‘Criminalización de defensores de derechos humanos en el Contexto de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina’ que la FIDH presenta este jueves 25 de febrero con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El informe destaca casos de los ocho países de América Latina para mostrar cómo la criminalización de los defensores de derechos a la tierra suele seguir el mismo perfil con el rol de agentes estatales directamente involucrados en el uso indebido del derecho penal para perseguirlos y frenar sus acciones en contra de grandes proyectos industriales.

// Gráfico: Especial.

En el caso específico de México, da seguimiento al caso de Juan Carlos Flores Solís, estudiante de derecho y defensor de derechos humanos de los pueblos originarios del país.

Juan Carlos es vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Desde el 2006, el grupo se opone a la construcción del gasoducto Morelos en el que participan empresas españolas e italianas como Abengoa, Elecnor Anagas y Bonatti.

El defensor argumenta que el proyecto viola el derecho de las comunidades locales a participar en los procesos de consulta y decisión, pues éste afectaría sus derechos a la vida, la salud y el agua.

En abril de 2014 fue detenido por hombres vestidos de civil que se identificaron como policías ministeriales sólo después de una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Se le acusó de los delitos de despojo, motín, extorsión y ataques a obras públicas, tras su “probable participación” en un motín ocurrido dos años antes. Aunque más tarde se confirmó que no estuvo en el evento, el defensor fue a prisión y apenas el 23 de enero de 2015 ganó un amparo para recuperar su libertad.

La FIDH destaca que de ese caso “no deja de sorprender que el poder judicial haya validado un proceso que inició con una detención completamente ilegal y luego haya emitido una orden de detención a pesar que las pruebas demostraban que aquél no había participado en el evento donde estos delitos fueron supuestamente cometidos”.

Se violan las garantías mínimas del debido proceso y el derecho a la libertad personal. Pero además, se estigmatiza y aísla al defensor.

“Si bien los jueces no siempre condenan a los defensores y defensoras, casi sistemáticamente acceden a las solicitudes de medidas cautelares tales como la detención preventiva. Además resulta sorprendente y paradójica la gran celeridad en los procesos que llevan a la detención de defensores y defensoras, cuando contrariamente, los procesos para investigar el hostigamiento o asesinato son siempre muy lentos”, agrega el informe.

En octubre de 2015, expertas independientes de América y Europa, que analizaron la situación de defensores en México, concluyeron que las denuncias que dan pie a criminalizarlos avanzan velozmente en el sistema penal, lo cuál contrasta con la “ausencia de apoyo” de autoridades de los tres niveles de gobierno cuando es necesario investigar la misma labor de defensa derechos humanos o amenazas en su contra.

Es decir, el sistema de justicia no es útil para investigar y perseguir las violaciones que denuncian los defensores de derechos humanos, pues sus casos se quedan encarpetados por años. En cambio, ese sistema sí es eficaz cuando se trata de criminalizarlos e iniciar procesos penales en su contra.

Esta práctica, que se repite en América Latina, implica diferentes violaciones a derechos humanos como al principio de legalidad y no retroactividad de la ley penal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y el derecho a la honra y a la buena reputación.

De enero de 2011 a agosto de 2014, la FIDH documentó 32 casos de hostigamiento judicial contra 123 defensoras y defensores del derecho a la tierra y denunció que 95% de los casos permanecen en total impunidad debido a la “incapacidad de los Estados para obligar a los autores a rendir cuentas por sus acciones o por negligencia”.