[contextly_sidebar id=”xwbeDCNHZQlKE94m2bx4CZhzEugxaYod”]Desde que el pasado 11 de enero le comunicaron la noticia de que a su hijo Alfredo lo desaparecieron unos policías, la señora María del Carmen Díaz tiene hasta tres ataques de ansiedad al día.

Y la situación de su padre, lamenta, es aún peor: el shock por la noticia del pasado lunes, cuando la Secretaría de Gobernación anunció que hallaron restos de dos de los cinco jóvenes en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, agravó las dolencias que padece José Alfredo González por una diabetes. Misma que ya le hizo perder un pie y su trabajo de toda la vida como ganadero.

“Desde que era pequeño mi hermano trabajaba en el rancho cuidando ganado. El siempre fue vaquero hasta que perdió su pie hace un par de años. Entonces, tuvo que entrar a tratamientos muy rigurosos y fue cuando mi sobrino se quedó al pendiente de su padre y del sustento de la casa”, cuenta Rocío Arróniz, tía de Alfredo González, de 25 años.

“La familia de Alfredo siempre trabajó bien, son gente humilde pero muy trabajadora. Lo que sucede es que jamás pensaron que tendrían este problema”, añade la señora.

Por su parte, María González cuenta que, hasta el momento, el patrón del rancho en el que trabaja su hermano les está pasando la quincena que debería estar ganando Alfredo para ayudarlos con los gastos. Un gesto humano, dice la joven tras exhalar un suspiro casi imperceptible, que está aliviando la carga económica de la familia en estos momentos de incertidumbre.

A pesar de la noticia del hallazgo de restos de dos de los jóvenes en un rancho, Carmen Garibo asegura que no pierde la esperanza de que todo sea solo una pesadilla pasajera y que su hija Susana, una joven de apenas 16 años que aspira a trabajar como ingeniera en Pemex –aquí puedes leer el perfil de los cinco-, pronto volverá a su casa para ayudarla con la tienda de abarrotes que regenta.

“No podemos aceptar eso que dijeron de que encontraron restos de nuestros muchachos en un rancho”, dice la señora, que a continuación deja fluir unos segundos en silencio para añadir tras reflexionar brevemente: “Bueno, no lo queremos aceptar –matiza resignada y con un tono de voz apagado, como si acabara de entender bien sus propias palabras-. Queremos creer que esos resultados son un error y que nuestros muchachos están bien. Por eso seguimos esperando con la fe puesta en Dios”.

“Ahorita estoy tranquila porque somos varios padres y estamos pasando juntos los momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero esto es algo que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Es algo muy fuerte, que te desgasta por dentro”, cuenta Carmen, quien además de Susana es madre y padre a la vez de otros tres hijos que ha sacado adelante ella sola.

“Somos una familia humilde que siempre nos hemos dedicado a la tiendita. Por eso mis otros hijos están allá, en Playa Vicente, ayudándome en lo que pueden para sacar el negocio adelante en lo que yo estoy aquí”, explica la señora, que agrega que gracias también a la solidaridad de la gente de Tierra Blanca y de Playa Vicente han podido subsistir los 30 días que hoy se cumplen desde la desaparición de los jóvenes a manos de la policías estatales.

“La gente de Tierra Blanca se está portando muy bien -subraya la madre de Susana-. Nos han apoyado con comida, con cobijas, colchonetas, y hasta vienen aquí al campamento a hacer oración con nosotros”.

“Gracias a la solidaridad de la gente de Tierra Blanca y de Playa Vicente, que nos traen víveres, podemos estar aquí todavía exigiendo justicia a las autoridades”, comenta por su parte Dionisia Sánchez, madre del también desaparecido Mario Arturo Orozco, quien depende de los ingresos que le da su pequeño negocio particular de pedicure.

“Los padres no han recibido ni un centavo del Estado, ni una botella de agua”

René Acatitla conoce a la familia de José Benítez desde hace 35 años. De hecho, José de la O, uno de los cinco desaparecidos, es su ahijado. Por eso, balbucea con voz macilenta al otro lado del hilo telefónico, esta situación la siente en carne propia.

“La familia de mi ahijado tiene una tortillería y una purificadora de agua. Son gente trabajadora y humilde, gente de bien. Por eso me da tanto coraje todo esto que está pasando”, cuenta Acatitla, quien denuncia que aún se siente “consternado, ofendido y preocupado” por la reunión que mantuvieron el pasado lunes en la Ciudad de México con personal de la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese encuentro, tres funcionarios federales les confirmaron que la dependencia no ha investigado el caso, y que las pesquisas siempre estuvieron del lado de la Fiscalía de Veracruz.

“Las familias de los muchachos se encuentran muy mal porque no hay atención por parte de las autoridades, porque les estuvieron mintiendo durante 28 días diciéndoles que la PGR investigaba el caso, y porque a pesar de estar en un plantón ante una Fiscalía, donde se supone que deberían estar protegidos, se sienten en peligro constante”, señala el veracruzano.

En cuanto a si alguna autoridad local, estatal o federal, ha brindado ayuda a los padres en este mes en el que han tenido que dejar sus trabajos para ir a exigir a las autoridades que hagan su labor y encuentren a los jóvenes, René Acatitla suelta una risa cansada que ensucia el sonido del teléfono.

“¿Qué si han recibido ayuda del Estado? –pregunta irónico-. Ni un centavo, hermano. Ni una botella de agua –contesta enojado-. Eso te lo puedo firmar ante notario si quieres”.

Por su parte, Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años, indica que hasta el momento sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les ha ofrecido pagarles los gastos que puedan comprobar, así como los gastos de un segundo peritaje a los restos humanos encontrados en el rancho El Limón.

“Sí ha habido un ofrecimiento de la Comisión para que estos gastos corran de su cuenta –admite Benítez, quien es dueño de una distribuidora de cerveza en la que trabajaba su hijo desparecido-. Pero hasta este momento son solo promesas”.