Falla la reinserción social: la mitad de los reos en penales federales volvieron a delinquir
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Falla la reinserción social: la mitad de los reos en penales federales volvieron a delinquir

Las políticas de reinserción no funcionan, advierte la Auditoría Superior que además detectó uso de recursos destinados a penales en autos blindados para funcionarios de gobernación, o en contratación irregular de transportes aéreos ejecutivos.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
18 de febrero, 2016
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El penal del Altiplano, en el Estado de México, tienen una sobrepoblación de 32.4%. // Foto: Cuartoscuro.

El penal del Altiplano, en el Estado de México, tienen una sobrepoblación de 32.4%. // Foto: Cuartoscuro.

De 2007 a 2014 el número de presos reincidentes en los Centros Federales de Readaptación Social  (CEFERESOS) se multiplicó más de 600 por ciento. Pasó de solo mil 484 internos en 2007 a casi 10 mil 900 en 2014. Ya es prácticamente la mitad de toda la población penitenciaria en dichos reclusorios.

“Las políticas de reinserción social no están funcionado” concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al evaluar el desempeño en 2014 del Sistema Nacional Penitenciario en México.

El dictamen de la auditoría advierte que si bien más del 88 por ciento de los 24 mil 776 internos en los CEFERESOS fueron involucrados en actividades de reinserción social, estas parecen tener un efecto nulo pues hasta 2014 el 45 por ciento de esos internos ya había reincidido en cometer uno o más delitos en el pasado tras ser liberados.

Y aunque existen proyectos como el diseño de un plan integral de reinserción social y un nuevo instrumento de clasificación de población penitenciaria, lo cierto es que los niveles de reincidencia delictiva han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Lo anterior, sin olvidar que el 41 por ciento de los centros federales de reclusión cerraron en 2014 con problemas de sobrepoblación y cuatro penales de alta seguridad tenían condiciones de hacinamiento crítico.

“Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes (…) esto pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24 mil 776 internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública.

El deficiente tratamiento de la población penitenciario tiene un impacto también en los beneficios de preliberaciones, los cuales han decrecido de forma sostenida en los últimos siete años, revela el dictamen.

En 2007 por ejemplo, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó que se concedieron cuatro mil 464 beneficios de preliberación para internos que mostraron un buen comportamiento durante por lo menos la mitad de su periodo de reclusión, pero para el 2014 solamente fueron 150. Es una reducción del 97 por ciento en la concesión de este beneficio.

De acuerdo con la auditoria, en promedio actualmente solo se otorga un beneficio de preliberación por cada 140 solicitudes.

El dictamen establece que estos datos corresponden en su mayoría  al sistema penitenciario federal pues a nivel estatal la OADPRS argumenta no contar con la información, pese a ser la institución responsable del funcionamiento de la política pública en materia de reinserción social. Lo anterior fue objeto de una recomendación específica dirigida a Gobernación.

“Resulta necesario evaluar la pertinencia de analizar las causas por las que no contó con información de los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, implemente medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria” indica el dictamen.

Reos federales, motor de hacinamiento

La ASF advirtió que al cierre del 2014 había poco más de 58 mil internos en condiciones de hacinamiento en los penales estatales del país, de los cuales,  26 mil 410 son internos de nivel federal que en teoría tendrían que estar en un CEFERESO.

Aunque la capacitad instalada en los penales federales se ha incrementado progresivamente en los últimos años hasta 31 mil espacios, los auditores consideraron que el OADPRS no ha coadyuvado a despresurizar realmente los penales estatales, pues prácticamente 1 de cada 2 internos en sobrepoblación en las entidades es un reo federal

La sobrepoblación en los penales estatales, subraya el dictamen, es un problema en crecimiento Pasó de 22.5 por ciento en el 2010 a más de 34 por ciento en el 2014. En 24 de las 32 entidades del país hay sobrepoblación penitenciaria.

Una clasificación realizada por la auditoria advierte que en 14 de las entidades el hacinamiento es crítico pues los índices de sobrepoblación superan el 20 por ciento. Los casos más graves son el estado de México con una sobrepoblación del 144 por ciento, Nayarit con 140 por ciento, Hidalgo con 108 por ciento, Morelos con 81 por ciento, y Jalisco con 80.5 por ciento.

En cuanto a los CEFERESOS la auditoría identificó que si bien no existía una sobrepoblación general, había cuatro de estos centros con un nivel de hacinamiento crítico hasta abril de 2015. Los casos más críticos eran el CEFERESO 2 Occidente con una sobrepoblación de 88 por ciento, y el CEFERESO 1 Altiplano de 32.4 por ciento.

En ese contexto la ASF emitió una recomendación al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social para que realicen una “distribución heterogénea” de los internos, pues mientras existen centros federales por debajo de su capacidad, hay otros con condiciones de sobrepoblación.

Poco dinero y mal usado

La Auditoría Superior de la Federación advirtió que entre 2012 y 2015 el presupuesto destinado al Sistema Nacional Penitenciario a través del OADPRS ha sufrido una reducción sistemática lo que ha dificultado que las deficiencias en materia de espacio y  reinserción entre otras, puedan solventarse.

Por este motivo dicha instancia emitió una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que la política de prevención social sea considerara prioritaria en temas presupuestales y no sufra de deducciones.

Pero si bien el dinero es poco, lo cierto es que un porcentaje del que se recibe también es mal gastado por el OADPRS dependiente de la Secretaría de Gobernación, como se desprende de la auditoría financiera realizada con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2014.

Los auditores detectaron irregularidades en el gasto de poco más de 60 millones de pesos destinados al gasto para fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios federales. De los sistemas penitenciarios locales no hubo información disponible.

Por ejemplo, los auditores ubicaron que en 2014 el OADPRS desembolsó 16 millones de pesos para la compra de siete vehículos blindados para el traslado de funcionarios, bajo el argumento de ser necesarios por temas de “seguridad pública y nacional”.

La primera irregularidad es que no se justificó realmente la necesidad de contar con esos vehículos, pero además, los auditores identificaron que tres de esos automóviles blindados terminaron asignados al transporte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación que ni siquiera tienen que ver con el área de reclusorios.

Los auditores también detectaron irregularidades en la contratación de servicios de transporte aéreo ejecutivo para funcionarios de los penales, pues no se proporcionó evidencia del procedimiento de selección de los proveedores de ese servicio, además de que se eligieron empresas que no estaban en el padrón de contratistas de seguridad nacional.

Otro ejemplo. La Secretaría de Gobernación a través del OADPRS firmó en diciembre de 2013 un contrato por un monto de más de nueve millones de pesos para producción de manuales en materia “Capacitación Penitenciaria”, así como para el diseño de un “Programa de Formación”, y otras acciones similares.

El problema es que los auditores no encontraron un solo registro o evidencia documental de que se haya proporcionado el referido servicio, o se hayan entregado los manuales, o cualquier otra prueba mínima de que se cumplió el contacto comprometido.

Por estas y otras irregularidades la Auditoría Superior de la Federación emitió 14 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, además de diez promociones de responsabilidades administrativas para que se sancione a los servidores públicos que resulten responsables del mal manejo de los recursos.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

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Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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