9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe
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9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La justicia para adolescentes no es expedita, pues sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad, además algunos sufren maltratos.
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Por Nayeli Roldán
25 de febrero, 2016
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La justicia para adolescentes no es expedita y sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad. // Foto: Cuartoscuro.

// Foto: Cuartoscuro.

En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2014. De ellos, 14% ha concluido su juicio, mientras que 31 mil menores aún esperan que sus casos sean investigados.

Uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector.

Éstos son hallazgos del informe “Justicia para adolescentes en México”, un estudio sobre los servicios brindados a adolescentes infractores realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), presentado este 25 de febrero.

El estudio, coordinado por Paulina Sánchez, advierte que la procuración de justicia para menores de edad es un “factor indispensable para el diseño y funcionamiento de un sistema integral, que logre reconciliar tanto los intereses de los menores, como la seguridad y la efectiva aplicación de la justicia”.

Los investigadores –Carlos de la Rosa, Mireya Moreno y Karen Silva– urgen un estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes porque “si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no sólo se les estaría negando la atención diferenciada, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos”.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

¿Cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes?

En el Distrito Federal, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público acusados de cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar, lo que representa la incidencia más alta con respecto al las 10 entidades con el mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores acusados de narcomenudeo (867).

De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12 mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801 casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014.

Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012 y entraría en vigor dos años después, según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.

Los investigadores advierten que la ley–que nunca logró entrar en vigor- “se convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 73 de la Constitución Política que obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe.

Una responsabilidad del estado es garantizar un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable la creación de unidades administrativas específicas. Sin embargo, la realidad contrasta con el ideal. De las 3 mil 821 agencias del ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León es la entidad federativa con mayor grado, 9%.

Sobre el personal que atiende a adolescentes, sólo el 2% los más de 40 mil funcionarios de los órganos de procuración de justicia a nivel estatal se encuentra adscrito en agencias especializadas en menores de edad. Peor aún, ni siquiera hay información desagregada sobre sus funciones, aptitudes, preparación y capacidades.

En tanto, 2% de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en el tratamiento de menores de edad. Aunque “es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar –pues su cantidad y dimensiones dependen de la carga de trabajo y la geografía– la insuficiencia de órganos jurisdiccionales compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios”, advierte el estudio.

De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados. Esta cifra, afirman los investigadores, supone que se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.

De acuerdo con el INEGI, la entidad con la tasa más alta de adolescentes que enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por encima de la tasa nacional (97).

Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad de los adolescentes.

Radiografía de menores infractores

El informe incluyó una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio) para determinar las características de la población adolescente privada de la libertad e identificar factores de riesgo y conocer su percepción durante el proceso penal.

La mayor parte de los encuestados son reincidentes. En Baja California el 62% respondió que había sido detenido previamente y en Durango 41%. Además, 20% de los entrevistados señaló que ya había estado privado de la libertad en un centro de diagnóstico y 26% en un centro de ejecución de medidas.

Durante la detención, más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente. 6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

La gran mayoría de los jóvenes que recibieron sentencia, dicen que durante su proceso penal estuvieron privados de la libertad. De ellos, 65% estuvo en proceso entre 1 y 6 meses; sólo en menos de 10% de los casos el juico tuvo una duración menor a un mes.

Por otra parte, 73% de los jóvenes entrevistados que aún están en espera de sentencia en Baja California está en reclusión desde hacía uno o seis meses, mientras que en Durango 62% se encuentra en esa circunstancia.

El panorama de los jóvenes antes de ser recluidos era poco alentador. 63% había dejado la escuela sobre todo porque no les gustaba, los habían expulsado o habían desertado por motivos económicos. 52% de los menores trabajaba de forma permanente y el 40% ocasionalmente, mientras que del total de la muestra, 50% comenzó a trabajar entre los 14 y 15 años.

De los malos tratos que recibieron, 77% de los jóvenes recluidos en Baja California y 91% en Durango sufrieron abandono o descuido. Más de 80% de ambas entidades era golpeado. Entre 70 y 90% recibía castigos exagerados. Entre 69 y 71% era insultado o le hablaban con malas palabras. Mientras que 80% de los encuestados en Durango fueron abusados sexualmente y en Baja California no se registró ningún caso.

Los investigadores recomiendan reformar el sistema de justicia para adolescentes, conjugando los derechos de la infancia con un sistema penal de corte garantista, acusatorio y oral que permita observar el debido proceso y garantizar el bien superior del menor.

Entre las recomendaciones está: Mejorar la calidad de la información sobre los usuarios y el sistema de justicia para adolescentes; especialización integral de todos los operadores y en todos los niveles de gobierno y diseñar políticas públicas no punitivas.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

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Cómo una joven encontró a su familia 26 años después gracias a una foto en WhatsApp

Una niña que quedó huérfana en el genocidio de 1994 en Ruanda ha encontrado a sus familiares gracias a las redes sociales. Esta es su historia.
24 de septiembre, 2020
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Grace Umutoni de niña, a la izquierda, y en una imagen actual.

Grace Umutoni
“¿Me conocen?” Grace Umutoni publicó fotos de cuando era niña en las redes.

Para Grace Umtoni lo ocurrido ha sido “un milagro” obra de las redes sociales.

Umtoni quedó huérfana cuando solo tenía dos años. En 1994 sus padres fueron víctimas del genocidio que se cobró miles de vidas en Ruanda. Años después, ha podido encontrarse con algunos familiares.

La mujer, que no conocía su verdadero nombre, publicó fotos suyas de niña en grupos de WhatsApp, Facebook y Twitter el pasado abril con la esperanza de que miembros de su familia la reconocieran y pudiera reunirse con ellos.

Sus intentos anteriores, a través de cauces más formales, no habían dado resultado.

Todo lo que esta enfermera de 28 años sabía de su historia es que la habían llevado a un orfanato en Kigali, la capital ruandesa, después de encontrarla en el barrio de Nyamirambo. También fue acogido allí su hermano, de 4 años, que murió después.

En Ruanda hay miles de niños como ella, que perdieron a sus padres entre las 800,000 víctimas que se estima dejó la matanza sistemática de miembros de la etnia tutsi y hutus moderados en cien días de genocidio.

Muchos siguen buscando a su familia.

Después de que publicara sus fotos, aparecieron algunas personas que dijeron ser parientes suyos, pero pasaron meses hasta que apareció alguien que de veras parecía serlo.

Antoine Rugagi había visto las fotos en WhatsApp y se puso en contacto con ella para decirle que se parecía mucho a su hermana, Liliose Kamukama, muerta en el genocidio.

“El milagro por el que había estado rezando”

“Cuando lo vi, yo también noté que nos parecíamos”, le dijo Umtoni a la BBC.

“Pero solos las pruebas de ADN podían confirmar si éramos parientes, así que nos hicimos unas en Kigali en julio”.

Umutoni viajó desde el distrito de Gakenke, donde vive, mientras que Rugagi llegó desde Gisenyi, en el oeste, para que pudieran recoger los resultados juntos.

Grace Umutoni y su tío Antoine Rugagi .

Grace Umutoni
Grace Umutoni y Antoine Rugagi viajaron a Kigali para recoger los resultados de su prueba de ADN.

Resultó ser un gran día para ambos, ya que las pruebas revelaron un 82% de posibilidades de que ambos fueran famlia.

“Estaba impactada. No pude contener mis ganas de expresar mi felicidad. Todavía hoy pienso que estoy en un sueño. Fue el milagro por el que siempre había rezado”, cuenta Umtoni.

Su recién hallado tío le contó que el nombre que le pusieron sus padres tutsis era Yvette Mumporeze.

También le presentó a varios parientes de la rama paterna de la familia, como su tía Marie Josée Tanner Bucura, que lleva meses atrapada en Suiza a causa de la pandemia.

Grace Umutoni y su madre.

Grace Umutoni
Grace Umutoni y su madre, Liliose Kamukama, en una imagen de un álbum familiar.

Ella estaba convencida de que Grace Umtoni era su sobrina antes incluso de conocer el resultado de las pruebas genéticas por el parecido de la mujer de la foto de WhatsApp con el de la niña de los álbumes de la familia.

“Era claramente la hija de mi hermano Aprice Jean Marie Vianney y su esposa, Liliose Kamukama. A los dos los mataron en el genocidio”.

‘Pensamos que ninguno había sobrevivido’

La señora Bucura le contó también el nombre completo de su hermano, que llegó con ella al orfanato, Yves Mucyo, y que había tenido otro hermano, Fabrice, de un año.

El genocidio comenzó horas después de que el avión que transportaba a los presidentes de Ruanda y Burundi, ambos de la etnia hutu, fuera derribado en la noche del 6 de abril de 1994.

Milicias hutus recibieron la instrucción de dar caza a los miembros de la minoría tutsi. El suburbio de Nyamirambo, en Kigali, fue uno de los primeros en ser atacado.

Muchas de personas murieron a machetazos en sus casas o en barricadas levantadas para impedir el paso de quienes trataban de escapar. Algunos lograron ponerse a salvo en iglesias y mezquitas.

La señora Bucura dijo que alguien cómo una mujer agarraba del brazo al pequeño Yves y se lo llevaba corriendo de allí, pero no consiguieron más información. De su hermana no se supo nada.

El genocidio terminó meses después, cuando los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés, liderado por el hoy presidente Paul Kagame, se alzó con el poder.

Cráneos en el Memorial del Genocidio en Kigali.

Reuters
Muchos murieron por golpes de machete, como se aprecia en los cráneos conservados en el Memorial del Genocidio en Kigali.

“Pensamos que ninguno había sobrevivido. Incluso los recordábamos cuando cada abril llegaba el aniversario del genocidio”, explica Bucura.

Umtoni no había podido averiguar sobre su familia y lo único que le contaron es que Yves murió al llegar al orfanato como resultado de las heridas que sufrió por las balas de las milicias hutus de las que huía.

Cuando tenía cuatro años, la niña fue adoptada por una familia tutsi del sur de Ruanda que le dio el nombre de Grace Umtoni.

“Los responsables de mi escuela me ayudaron y volví al orfanato en Kigali para preguntar si había algún rastro de mi pasado, pero no había nada”, dice.

“He vivido siempre en la pena de ser alguien sin raíces, pero seguí rezando por un milagro”.

“Por bien que me tratara la familia adoptiva, no podía dejar de pensar en mi familia biológica, pero tenía muy poca información para siquiera empezar a buscar”.

Ahora tiene curiosidad por saber más de sus padres. Han planeado una gran reunión familiar con parientes que llegaran de diferentes lugares del país y del extranjero, aunque el coronavirus ha obligado a aplazarla.

Entretanto, le han presentado a algunos de sos familiares a través de WhatsApp y ha descubierto que tiene un hermano mayor en Kigali, fruto de una relación anterior de su padre.

“Estamos agradecidos con su familia adoptiva”

Desde 1995, casi 20.000 personas se han vuelto a reunir con sus familias gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Su portavoz para Ruanda, Rachel Uwase, asegura que aún siguen recibiendo peticiones de ayuda de gente a la que el genocidio separó de su familia.

En lo que va de 2020, son 99 las personas que se han reencontrado con sus familiares.

Para la señora Bucura, descubrir que su sobrina había sobrevivido es algo que agradece.

“Estamos agradecidos con la familia que la adoptó, le dio un nombre y la crió”.

La joven mantendrá el nombre que le dio su familia adoptiva ya que es el que la ha acompañado la mayor parte de su vida.

Pero le tendrá siempre gratitud a las redes sociales por haberla ayudado a encontrar un sentido de pertenencia.

“Ahora hablo frecuentemente con mi nueva familia”, cuenta.

“He pasado toda mi vida con la sensación de que no tenía raíces, pero ahora me parece una bendición tener tanto a mi familia adoptiva como a la biológica, ambas pendientes de mí”.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0

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