9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe
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9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La justicia para adolescentes no es expedita, pues sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad, además algunos sufren maltratos.
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Por Nayeli Roldán
25 de febrero, 2016
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La justicia para adolescentes no es expedita y sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad. // Foto: Cuartoscuro.

// Foto: Cuartoscuro.

En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2014. De ellos, 14% ha concluido su juicio, mientras que 31 mil menores aún esperan que sus casos sean investigados.

Uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector.

Éstos son hallazgos del informe “Justicia para adolescentes en México”, un estudio sobre los servicios brindados a adolescentes infractores realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), presentado este 25 de febrero.

El estudio, coordinado por Paulina Sánchez, advierte que la procuración de justicia para menores de edad es un “factor indispensable para el diseño y funcionamiento de un sistema integral, que logre reconciliar tanto los intereses de los menores, como la seguridad y la efectiva aplicación de la justicia”.

Los investigadores –Carlos de la Rosa, Mireya Moreno y Karen Silva– urgen un estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes porque “si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no sólo se les estaría negando la atención diferenciada, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos”.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

¿Cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes?

En el Distrito Federal, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público acusados de cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar, lo que representa la incidencia más alta con respecto al las 10 entidades con el mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores acusados de narcomenudeo (867).

De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12 mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801 casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014.

Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012 y entraría en vigor dos años después, según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.

Los investigadores advierten que la ley–que nunca logró entrar en vigor- “se convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 73 de la Constitución Política que obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe.

Una responsabilidad del estado es garantizar un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable la creación de unidades administrativas específicas. Sin embargo, la realidad contrasta con el ideal. De las 3 mil 821 agencias del ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León es la entidad federativa con mayor grado, 9%.

Sobre el personal que atiende a adolescentes, sólo el 2% los más de 40 mil funcionarios de los órganos de procuración de justicia a nivel estatal se encuentra adscrito en agencias especializadas en menores de edad. Peor aún, ni siquiera hay información desagregada sobre sus funciones, aptitudes, preparación y capacidades.

En tanto, 2% de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en el tratamiento de menores de edad. Aunque “es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar –pues su cantidad y dimensiones dependen de la carga de trabajo y la geografía– la insuficiencia de órganos jurisdiccionales compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios”, advierte el estudio.

De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados. Esta cifra, afirman los investigadores, supone que se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.

De acuerdo con el INEGI, la entidad con la tasa más alta de adolescentes que enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por encima de la tasa nacional (97).

Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad de los adolescentes.

Radiografía de menores infractores

El informe incluyó una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio) para determinar las características de la población adolescente privada de la libertad e identificar factores de riesgo y conocer su percepción durante el proceso penal.

La mayor parte de los encuestados son reincidentes. En Baja California el 62% respondió que había sido detenido previamente y en Durango 41%. Además, 20% de los entrevistados señaló que ya había estado privado de la libertad en un centro de diagnóstico y 26% en un centro de ejecución de medidas.

Durante la detención, más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente. 6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

La gran mayoría de los jóvenes que recibieron sentencia, dicen que durante su proceso penal estuvieron privados de la libertad. De ellos, 65% estuvo en proceso entre 1 y 6 meses; sólo en menos de 10% de los casos el juico tuvo una duración menor a un mes.

Por otra parte, 73% de los jóvenes entrevistados que aún están en espera de sentencia en Baja California está en reclusión desde hacía uno o seis meses, mientras que en Durango 62% se encuentra en esa circunstancia.

El panorama de los jóvenes antes de ser recluidos era poco alentador. 63% había dejado la escuela sobre todo porque no les gustaba, los habían expulsado o habían desertado por motivos económicos. 52% de los menores trabajaba de forma permanente y el 40% ocasionalmente, mientras que del total de la muestra, 50% comenzó a trabajar entre los 14 y 15 años.

De los malos tratos que recibieron, 77% de los jóvenes recluidos en Baja California y 91% en Durango sufrieron abandono o descuido. Más de 80% de ambas entidades era golpeado. Entre 70 y 90% recibía castigos exagerados. Entre 69 y 71% era insultado o le hablaban con malas palabras. Mientras que 80% de los encuestados en Durango fueron abusados sexualmente y en Baja California no se registró ningún caso.

Los investigadores recomiendan reformar el sistema de justicia para adolescentes, conjugando los derechos de la infancia con un sistema penal de corte garantista, acusatorio y oral que permita observar el debido proceso y garantizar el bien superior del menor.

Entre las recomendaciones está: Mejorar la calidad de la información sobre los usuarios y el sistema de justicia para adolescentes; especialización integral de todos los operadores y en todos los niveles de gobierno y diseñar políticas públicas no punitivas.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

// Gráfico: Omar Bobadilla.

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Elecciones en Colombia: Gustavo Petro se impone a Rodolfo Hernández y será el primer presidente de izquierda del país

Los resultados preliminares dan ventaja al candidato de izquierda Gustavo Petro sobre el independiente Rodolfo Hernández.
19 de junio, 2022
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El candidato de izquierda Gustavo Petro se impuso sobre el independiente Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia y se convertirá en el primer presidente de izquierda del país, según los resultados entregados por la Registraduría.

Con más del 99,25% de mesas informadas, Petro tiene un 50,47% de los votos contra el 47,27% de Hernández. Este era su tercer intento de llegar a la presidencia.

Petro, de 62 años, es economista especializado en medio ambiente, exguerrillero que hasta ahora ejerce como senador y fue alcalde de Bogotá.

Su triunfo confirma el cambio en un país que tras la firma de los acuerdos de paz empezó a expresar otras demandas sociales no atendidas y que explotaron con los estallidos sociales de 2019 y 2021.

“Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas”, expresó Petro en twitter.

En la primera vuelta fue el más votado con 8,5 millones de apoyos, una cifra histórica para un candidato de izquierda.

Petro aprovechó el descontento social de un país que estalló en protestas y que salió de la pandemia más consciente de la tremenda desigualdad del país, una de las mayores del mundo.

Petro no sólo quiere ser el primer presidente de izquierda del país, sino ser el primer presidente costeño, y de la mano de la primera vicepresidenta negra, Francia Márquez, reflejar el país multicultural que es Colombia.


Las claves del triunfo de Petro

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo

Gustavo Petro rompe la historia de Colombia al convertirse en el primer presidente de izquierda pura y dura. El proyecto de paz y reconciliación le ganó, esta vez, al del pragmatismo y el crecimiento económico. Le tomó 40 años de carrera política.

Cuatro razones por las que ganó:

Primero, su carrera. La empezó como guerrillero, luego, como congresista, denunció lo peor de la corrupción y la violación de derechos humanos.

Después usó la alcaldía de Bogotá como plataforma para la presidencia. Y en su tercera postulación, venció.

Segundo, la coyuntura. Un proceso de paz que abrió ventanas para un futuro distinto, dos estallidos sociales, una pandemia que profundizó la pobreza y un gobierno de Iván Duque impopular generaron el momento propicio para una presidencia de Petro.

Tercero, la crisis de la clase política. Como nunca, los colombianos se pusieron de acuerdo en que había que echar a “los mismos de siempre” del poder, ahora en manos del impopular Duque. Con Álvaro Uribe cuestionado legalmente, la centroderecha se dividió y desprestigió.

Y cuarto, el país de los 60 años de guerra eligió a un exguerrillero. Y eso se debe a un cambio generacional que dejó atrás la dicotomía de la Guerra Fría y se puso a hablar de desigualdad, medio ambiente y derechos sociales. Petro supo representar a esa nueva Colombia.


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