Magistrados de BC se aprueban pensión vitalicia; es “a favor de la sociedad”, dicen
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Poder Judicial del Estado de Baja California

Magistrados de BC se aprueban pensión vitalicia; es “a favor de la sociedad”, dicen

Los 17 magistrados recibirán el 100% de su sueldo al cumplir 70 años o su periodo de 15 años en su cargo. El titular del Tribunal dice que esto les permite mantenerse despreocupados del futuro y poder legislar mejor.
Poder Judicial del Estado de Baja California
Por Redacción Animal Político
26 de febrero, 2016
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Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado dijo que la pensión es una prestación justa para los magistrados. // Foto: Poder Judicial del Estado de Baja California.

Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado dijo que la pensión es una prestación justa para los magistrados. // Foto: Poder Judicial del Estado de Baja California.

En una sesión, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California se aprobaron una pensión vitalicia y hereditaria del 100% de su sueldo mensual. Incluso los magistrados que solo hayan trabajado la mitad de su periodo – que por ley dura 15 años – podrán recibir la mitad de su sueldo como pensión.

El pasado 2 de febrero, los magistrados votaron a favor de reformas al artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Baja California en el que se establecen las reglas para el otorgamiento del haber por retiro o jubilación a los magistrados que han sido ratificados.

En la exposición de motivos, publicado en el Boletín Judicial, los magistrados detallan que esta pensión es “una garantía a favor de la sociedad”, pues ayudará a los magistrados a dedicarse “de forma exclusiva a su labor, despreocupados de su futuro a corto, mediano e, incluso, largo plazo”.

La pensión les permitirá una estabilidad, condición indispensable, dicen, para mantener la condición de independencia y autonomía judicial en sus decisiones.

Las nuevas reglas determinan que al concluir el periodo para el que fueron nombrados, los magistrados tendrán derecho a un haber por retiro o jubilación equivalente al 100% de su sueldo durante los dos primeros años y del 80% por el resto de su vida.

Actualmente los magistrados tienen un sueldo de 113 mil 774 pesos mensuales.

Si se retiran antes cumplir los 15 años en su cargo, pero laboraron más de la mitad de este tiempo podrán recibir como jubilación el 50% de su sueldo. Los magistrados que sufran incapacidad, física o mental, que haga imposible el desempeño de la función tendrán derecho al haber de retiro o jubilación, de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

“No es tanto el tema de si es justo o no es justo, sino que tenemos derecho todos. Todos tenemos derecho a una seguridad social”, dijo a medios Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Si el magistrado jubilado fallece, su cónyuge o concubino y sus hijos menores o incapaces heredarán la pensión, que será del 50% del sueldo que percibía el magistrado. Dejarán de tener este beneficio si el cónyuge o concubino vuelve a casarse, en el caso de los hijos ya no recibirán la ayuda si dejan de ser solteros o cumplen la mayoría de edad; podrán recibirla hasta los 25 años si son solteros y estudian.

La jubilación podrá suspenderse si es que el magistrado en retiro desempeña otro cargo o empleo en cualquier parte del país, sin la previa autorización del Pleno. El único trabajo en el que pueden emplearse sin perder el haber de retiro es en la docencia.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Mario Osuna, dijo a medios que pedirá al Tribunal un informe sobre los cambios en la ley para analizarlo jurídicamente y en su caso presentar una acción de inconstitucionalidad.

Los ciudadanos inconformes abrieron una petición en Change.org para que el Congreso local acuda ante la Suprema Corte de Justicia para que invalide lo aprobado por los magistrados, hasta este viernes cuenta con  5.975 firmas.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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