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Archivo Cuartoscuro
PGR no investiga 2 de cada 3 denuncias por corrupción, daño al medio ambiente, piratería...
La Auditoría descubrió que la mayoría de las averiguaciones que se abren no se trabajan. Cada fiscal tiene hasta 35 averiguaciones al año, pero solo alcanzan a desahogar 11. Cada averiguación cuesta 48 mil pesos.
Archivo Cuartoscuro
Por Arturo Angel
19 de febrero, 2016
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Cintillo

Miles de averiguaciones por corrupción, piratería y narcomenudeo se abren cada año en la PGR. // Foto: Cuartoscuro.

Miles de averiguaciones por corrupción, piratería y narcomenudeo se abren cada año en la PGR. // Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría General de la República (PGR) inicia miles de averiguaciones previas al año por denuncias de delitos federales especiales como corrupción de servidores o ex servidores públicos, daños en el medio ambiente, piratería, evasión de impuestos o narcomenudeo pero… la mayoría no las investiga.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR no le dio ningún seguimiento a 2 de cada 3 casos de ese tipo. Es decir, abrió esas averiguaciones pero luego ya no pasó nada, ni las hojeó.

¿El motivo? La capacidad humana es insuficiente. En teoría a cada fiscal de la referida subprocuraduría le tocan por cabeza 35 averiguaciones en promedio en un solo año. En la realidad, solo puede atender once de ellas.

Y de las que si se atienden, apenas la cuarta parte termina “resuelta” y consignada ante un juez y solo el 3.9 por ciento concluyó con una sentencia condenatoria.

La auditoría también destaca que el cinco por ciento de las averiguaciones que si se atendieron fue nada más para para darlas de baja porque los delitos prescribieron, es decir, pasaron los años de vigencia que da la ley para castigar un delito. En suma, el 73.7 por ciento de las averiguaciones quedaron sin resolver, entre las no trabajadas y las prescritas.

“La contribución de la PGR para lograr una procuración de justicia eficaz, eficiente y abatir la impunidad ha sido limitada debido a que no procuró justicia sobre el 73.7 por ciento de las averiguaciones en trámite que quedaron sin atender en el año y solo logró consignar el 25.4% de las averiguaciones despachadas y de estas, logró sentencias condenatoria para el 3.9 por ciento” señala el dictamen de la Auditoría de Desempeño 14-0-17100-07-0041.

Cabe recordar que en 2014, año correspondiente a la referida auditoría, el titular de la procuraduría era Jesús Murillo Karam.

Los delitos

El dictamen de los auditores detalla que en 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales  inició tres mil 916 averiguaciones previas por delitos federales especiales.

De dichas averiguaciones, el 34.8 por ciento correspondió a delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, es decir “piratería”; el 34.4 por ciento fueron delitos contra el ambiente previstos en leyes especiales; el 18.9 por ciento correspondió a delitos fiscales y financieros como por ejemplo la evasión de impuestos.

El 9.7 por ciento fueron delitos que involucran a servidores públicos, es decir corrupción; mientras que el 1.9 por ciento corresponden a comercio de narcóticos destinados al consumo final (narcomenudeo). Además, un 0.3 por ciento correspondieron a los llamados “delitos del pasado” que también involucran a ex servidores públicos.

A las averiguaciones previas iniciadas se le sumaron 5 mil 542 que ya estaban pendientes de atender de años anteriores, con lo que en total ene se año fue de nueve mil 458 expedientes de investigación en trámite.

Los casos corresponden a la referida subprocuraduría, pues es el área especializada de la PGR en investigar este tipo de delitos contemplados en las leyes federales especiales y son concentrados por dicha área, que cuenta, según la auditoría, con un equipo de 267 fiscales distribuidos en cinco unidades especiales, así como una dirección y una coordinación general.

Los resultados

Del total de averiguaciones previas en trámite en el 2014, la auditoría reporta que seis mil 495 que equivalen al 68.7 por ciento se quedaron simplemente sin atender, es decir no pasó nada con ellas luego de que se recibió la denuncia y se abrió el expediente.

De las dos mil 963 restantes que si se despacharon por los fiscales poco más del 40 por ciento fueron cerradas por incompetencia, es decir, según el análisis de la PGR lo que se denunció no le correspondía indagarlo a dicha subprocuraduría.

De ese mismo grupo de casos atendidos, en 689 averiguaciones (23.2 por ciento) los responsables de la investigación concluyeron el No ejercicio de la acción Penal, es decir, que no procedieron en contra de nadie al considerar que el delito no se cometió o que las pruebas eran insuficientes. Otras 236 averiguaciones quedaron oficialmente en reserva, al considerarse que aunque no existe información suficiente debe mantenerse abierto el expediente, mientras que 74 casos fueron acumulados con otros.

Lo anterior deja 753 averiguaciones que si fueron consignadas, y que representan el 25.4 por ciento de las averiguaciones que se trabajaron. Dicho de otra forma, de cada cuatro expedientes investigados solo uno se envió ante el juez. Es una reducción respecto a 2012 en que se consignaron el 29 por ciento de los expedientes revisados, según la Auditoría.

El problema, es que de los expedientes consignados… 219 fueron devueltos por el juez al considerar que el Ministerio Público violó el debido proceso, mientras que en otros 476 el juicio continúa.

Únicamente 128 casos consignados, el 3.9 por ciento de todos los atendidos, concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los responsables de haber cometido el delito.

El dictamen estableció que otro cinco por ciento de los casos despachados en realidad solamente se dieron de baja ya que concluyó el periodo de vigencia de los delitos, es decir, en los años en que estuvieron abiertas la investigación (si es que se hizo) no derivó nunca en una consignación y prescribieron

Pocas manos

La Auditoría informó que uno de los elementos clave que ha provocado que la mayoría de las averiguaciones previas abierta no sean atendidas, de acuerdo con lo reportado por la propia Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, es que existe un “déficit” en cuanto al personal responsable de trabajar los casos.

En total, la subprocuraduría cuenta con 724 servidores públicos trabajando en esa área, pero de ellos, solamente 267 son agentes ministeriales que se desempeñan como fiscales en las unidades especializadas, y son los que tienen las facultades y capacidades para coordinar las investigaciones.

Si se toma en cuenta que en 2014 la carga de trabajo era de nueve mil 458 averiguaciones abiertas, entre iniciadas ese año y las de años atrás, el resultado es que a cada fiscal le tocaba desahogar por lo menos 35 averiguaciones.

La realidad es que cada fiscal consiguió atender en promedio únicamente 11 averiguaciones previas, el 31 por ciento de las que le tocaban.

La PGR informó a los auditores que como medida para abatir rezagos que existen se implementado acciones de verificación y revisión de los casos con el fin de identificar aquellos

En este contexto la Auditoría extendió a la PGR dos recomendaciones de desempeño, la primera para que se analice como abatir de mejor manera el rezago que existe de expedientes y la segunda para que, sobretodo, se elimine el déficit de personal.

“Para que la PGR con base en el análisis de series históricas del número de averiguaciones en trámite por personal sustantivo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, determine el número de fiscales necesarios para asegurar el oportuno trámite y despacho de las averiguaciones previas y se elimine el rezago” señala al recomendación de los auditores.

Gasto desordenado

La Auditoría Superior de la Federación estableció, a partir del presupuesto asignado a la PGR en el rubro específico denominado “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, que el costo promedio de cada averiguación que se inicia en la mencionada subprocuraduría es de aproximadamente 48 mil 700 pesos.

Si el dinero se está usando bien, con economía y eficiencia es un misterio, toda vez que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la propia PGR indicó que “no cuenta con criterios para la distribución de los recursos”.

Según la referida dirección, el dinero se reparte a partir de las solicitudes particulares que realizan las diversas unidades de investigación de la institución.

“La PGR no cuenta con criterios adecuados para determinar si la administración de dichos recursos se realizó con base en criterios de economía” indicaron los  auditores.

En ese contexto los auditores emitieron otra recomendación a la Procuraduría para que se elabore un análisis que permita identificar las causas por las que no se han establecido los criterios para la distribución de los recursos por cada unidad responsable, y con los resultados que se obtengan se adopte las medidas necesarias para contar con ellos.

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Masacre en Christchurch: 5 razones por las que EU no puede prohibir armas tan rápido como Nueva Zelanda
Después de un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda, este país anunció la prohibición de los rifles de asalto. La medida contrasta con la reacción de los políticos en EE.UU. ante los tiroteos masivos.
24 de marzo, 2019
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Guns

Getty Images

Seis días después del ataque a dos mezquitas de Christchurch, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de los rifles semiautomáticos “estilo militar”.

Y la noticia inmediatamente generó todo tipo de preguntas en Estados Unidos.

A pesar de que en los últimos años en el país se han producido varios tiroteos masivos. en EE.UU. se ha avanzado poco en las reformas de control de armas, especialmente a nivel federal, a pesar de que numerosas encuestas muestran un apoyo público generalizado hacia la implementación de medidas como una verificación reforzada de antecedentes y la prohibición de ciertos tipos de rifles de asalto.

El gobierno de Donald Trump prohibió el uso de bump stocks, unos dispositivos que hacen que las armas semiautomáticas puedan disparar ráfagas mucho más rápidas, como si fueran ametralladoras, y se han hecho algunos ajustes a las bases de datos de verificación de antecedentes para las compras en tiendas de armas.

Y en marzo pasado, Trump pareció considerar la posibilidad de una legislación más ambiciosa y “exhaustiva”, diciéndole a los senadores que los lobistas a favor de las armas tenían poca influencia sobre él.

Pero de este entonces el presidente no ha vuelto a tocar el tema.

Trump con un arcabuz

Getty Images
Trump ha hablado de una legislación más exhaustiva y ambiciosa. Pero hasta el momento no ha actuado.

Ahora, una de las razones por la que Nueva Zelanda ha podido actuar con rapidez, es que es una democracia parlamentaria, lo que garantiza que el gobierno esté controlado por un partido o una coalición políticamente compatible.

Sin embargo, esa no es la única explicación de por qué EE.UU. ha seguido un curso diferente.

Aquí te explicamos cinco grandes obstáculos que se interponen en el camino de EE.UU. para realizar cambios importantes en la política de armas de fuego.


1. La Asociación Nacional del Rifle (NRA)

La Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de interés más influyentes en la política de EE.UU., no solo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel de compromiso de sus cinco millones de miembros.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para fortalecer las regulaciones sobre armas de fuego y está detrás de los esfuerzos a nivel federal y estatal para revertir muchas restricciones existentes sobre la posesión de armas.

Una mujer en un evento de la NRA

Getty Images
La NRA sigue siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

En 2016, la NRA gastó US$4 millones en cabildeo y en contribuciones directas a políticos, así como más de US$50 millones en campañas políticas, incluidos aproximadamente US$30 millones para ayudar a elegir al presidente Donald Trump.

Su presupuesto anual es de aproximadamente US$250 millones, que se destinan a programas educativos, eventos para sus miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados.

Y, más allá de los números, la NRA es conocida en Washington como una fuerza política capaz de encumbrar o derribar incluso a los políticos más poderosos.

La asociación califica a los políticos según sus votos y utiliza sus recursos y los de sus miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus más fieros defensores y derrotar a sus oponentes más tercos.

Trump hablando en un evento de la NRA

Getty Images
Trump dice que no le tiene miedo a la NRA. Pero hasta el momento no lo ha demostrado.

¿Podría cambiar? Los grupos a favor de un mayor control de armas, respaldados por benefactores ricos como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se han organizado más en los últimos años, intentando igualar el poder político de la NRA.

De hecho, en 2018, gastaron más que la NRA en las elecciones de medio periodo, en las que algunos demócratas prominentes a favor del control de armas ganaron reñidas contiendas.

Paralelamente, sus ingresos en 2017 se redujeron en US$56 millones, en su mayoría por una disminución de las cuotas de afiliación. Sin embargo, ese año la NRA recaudó US$ 378,1 millones, lo que garantiza seguir siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

2. Distribución de los votantes

Por primera vez en ocho años, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes del congreso de EE.UU., y sus éxitos en las elecciones de medio término de 2018 se concentraron sobre todo en distritos suburbanos anteriormente bajo control de los republicanos.

En Atlanta, por ejemplo, un activista del control de armas se impuso en una de las elecciones más reñidas, derrotando al anterior representante republicano.

Sin embargo, en lo que se refiere a la Cámara las perspectivas electorales todavía se inclinan hacia los republicanos, que tienden a apoyar la posesión de armas.

Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

AFP
Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

Debido a la forma en que se trazan las líneas de los distritos de los que salen los elegidos de la Cámara de Representantes, hay más asientos que se inclinan hacia la derecha que hacia la izquierda, lo que podría devolverle el control de la Cámara a los conservadores.

La demografía también juega un papel importante en la inclinación pro-armas de la Cámara, ya que en la misma hay más distritos rurales, que tienen mayores niveles de propiedad de armas, que distritos urbanos.

Por el momento, sin embargo, la iniciativa la tienen los demócratas, y 2019 los defensores del control de armas en la Cámara lograron dar un importante paso hacia adelante aprobando un proyecto de ley que requiere una verificación exhaustiva de los antecedentes para las ventas privadas de armas, incluidas las que se realizan en eventos de demonstración.

Anteriormente, el requisito de contrastar el nombre de los compradores de armas con una base de datos federal se limitaba solo a los distribuidores de armas registrados.

¿Podría cambiar? Con elecciones cada dos años y un electorado estadounidense que ha demostrado ser inconstante, la puerta a la reforma de la legislación sobre armas podría cerrarse de nuevo sin previo aviso.

3. Obstrucción en el Senado

El Senado es el mayor obstáculo para el éxito legislativo del control de armas.

Los estados dominados por votantes de grandes ciudades, como Nueva York, Massachusetts o California, son superados en número por los estados rurales y del sur, con inclinaciones pro-armas.

Y las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación de armas más estricta, gracias a un mecanismo que en EE.UU. se conoce como “filibuster”.

Manifestantes pro-armas en EE.UU.

Getty Images
Los estados con inclinaciones pro-armas son mayoría en el Senado.

Se trata de un obstáculo que implica que la mayoría de leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de los 100 senadores para aprobarse, en lugar de una mayoría simple, que vendrían a ser 51 votos.

En 2013, después del tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut, parecía que los esfuerzos para fortalecer las verificaciones de antecedentes para comprar armas tenían el apoyo de ambos partidos en el Senado.

Sin embargo, el proyecto de ley recibió solo 56 votos a favor, cuatro menos de los necesarios para romper la obstrucción.

Desde entonces, ninguna medida de control de armas ha estado tan cerca de aprobarse. Y, por el momento, parece poco probable que el Senado apruebe el proyecto de ley de verificación de antecedentes aprobado por la Cámara, a pesar de que todo sugiere que una pequeña mayoría de senadores votaría a su favor.

¿Podría cambiar? Trump se ha manifestado a favor de acabar con el “filibuster” del Senado, y varios posibles candidatos presidenciales demócratas han hecho pedidos similares. Sin embargo, la mayoría de los senadores se oponen a cambiar las reglas.

4. Las cortes

Ante el estancamiento del tema en el Congreso, los estados de EE.UU. inclinados a la izquierda han desempeñado un papel más importante en la implementación de medidas de control de armas.

Después del tiroteo de Newtown, Connecticut, en 2012, 21 estados aprobaron nuevas leyes de armas, incluida la prohibición de armas de asalto en Connecticut, Maryland y Nueva York.

Pero algunas de las leyes se han topado con otra barrera: el sistema judicial de EE.UU.

protesters in front of the Supreme Court in 2008

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Protesters in front of the Supreme Court in 2008

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha dictaminado dos veces que el derecho a poseer armas personales, como pistolas, está consagrado en la constitución de EE.UU.

La Segunda Enmienda dice que “al ser una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a portar armas no debe ser vulnerado”.

Y aunque los activistas de control de armas apuntan a la cláusula introductoria como evidencia de que la enmienda estaba destinada principalmente a crear una milicia “bien regulada”, en 2008 un tribunal muy dividido concluyó que la Segunda Enmienda garantiza un amplio derecho a la posesión de armas de fuego que prohíbe la imposición de requisitos estrictos de registro de armas personales.

Desde entonces, los tribunales inferiores han tenido que considerar demandas contra las prohibiciones de armas de asalto, contra los requisitos de registro y contra las prohibiciones de portación visible, impuestas por algunos estados.

'U mad bro'?

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La batalla también se da en las cortes.

¿Podría cambiar? Los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, históricamente han hecho una interpretación amplia de los derechos de la Segunda Enmienda. Y el presidente está llenando las filas de los tribunales inferiores con jueces a favor de las armas. Si acaso, el poder judicial se está moviendo hacia la derecha en este tema.

5. La diferencia de entusiasmo

Quizás el mayor obstáculo para promulgar nuevas leyes de control de armas a nivel nacional es que los opositores tienden a defender sus creencias con fiereza, mientras que el apoyo a la nueva regulación tiende a ir y venir con cada episodio de violencia.

La estrategia de la NRA, y la de los políticos pro-armas, es esperar a que amaine la tormenta y retrasar los esfuerzos legislativos hasta que la atención se desvíe y el clamor se desvanezca.

Los políticos a favor de las armas de fuego ofrecen sus pensamientos y oraciones, observan momentos de silencio y ordenan que las banderas ondeen a media asta. Luego, en silencio, los esfuerzos legislativos se atrasan y finalmente son descarrilados.

Protesta a favor del control de armas

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Los esfuerzos por un mayor control de arman suelen ir y venir con los episodios de violencia.

Las protestas masivas dirigidas por estudiantes después del tiroteo en la escuela Parkland, ocurrido en febrero de 2018, centraron la atención en el tema durante un tiempo.

Pero luego las marchas se apagaron y los cambios en las leyes sobre armas de fuego, al menos a nivel federal, fueron mínimos.

Poco después del tiroteo de Las Vegas de octubre de 2017, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a los periodistas que “hay un momento y lugar para un debate político, pero ahora es el momento de unirnos como país”.

“Hablaremos de las leyes sobre armas de fuego cuando pase el tiempo“, dijo Trump luego.

Y como dice la canción de la película Casablanca con un título parecido, todo sigue siendo la misma vieja historia.

¿Podría cambiar? Según una encuesta realizada durante la campaña presidencial de 2016, las armas de fuego fueron un tema importante tanto para los demócratas como para los republicanos. Este resultado podría ser reflejo del tiroteo masivo ocurrido ese año en un club nocturno de Orlando o el primer indicio de una nueva tendencia.


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