Tajamar es 'la punta del iceberg': 30 años de omisión en protección a manglares
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Salvemos Manglar Tajamar

Tajamar es 'la punta del iceberg': 30 años de omisión en protección a manglares

En 35 años hemos perdido 100 mil hectáreas de manglar. Es decir, unas cinco mil 700 canchas de futbol por año. México es el cuarto país a nivel mundial con reservas de manglares... pero mal cuidadas.
Salvemos Manglar Tajamar
Por Luis Castrillón
6 de febrero, 2016
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Un juez otorgó una suspensión provisional para detener las obras. // Foto: Salvemos Manglar Tajamar.

 // Foto: Salvemos Manglar Tajamar.

La destrucción de manglares en la zona del Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, es apenas una mínima fracción de los daños que tres décadas de omisión del Estado mexicano han dado como resultado en cuanto a la responsabilidad de proteger ese tipo de ecosistemas en el país.

La falta de una política de protección y conservación de ese tipo de hábitat ha provocado ya la pérdida de una extensión de manglares que equivaldría a unas cinco mil 700 canchas de futbol por año, además de pérdidas por cientos de miles dólares a causa del impacto de ciclones tropicales.

Al mismo tiempo, el debate público y la exposición de las condiciones legales del proyecto de desarrollo turístico en esa área del sureste de México, abren una oportunidad para iniciar un programa de conservación y restauración de las 770 mil 50 hectáreas de manglar que existen en México.

Para el Doctor en Ciencias e investigador del Cinvestav-IPN en Yucatán, Jorge Herrera Silveira, “puede haber un antes y un después de Tajamar. Si queremos dar un paso adelante, autoridades, organizaciones civiles, lo que estamos de este lado –científicos-, esta es una gran oportunidad” para iniciar un plan de trabajo común y coordinado.

Herrera Silveira es el coordinador del Programa de caracterización y monitoreo de manglares de la Península de Yucatán para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conoce la costa de Quintana Roo y está consciente del daño que ha provocado un desarrollo urbano y económico desordenado en esa zona.

Por eso, pese al optimismo con el que ve la “oportunidad” después de lo ocurrido en la reserva natural de la Laguna Nichupté, también expone que el problema no ha terminado con la suspensión otorgada por autoridades judiciales al proyecto discutido.

El daño no solamente es en Tajamar

En la misma zona, al sur y al norte de Tajamar, los proyectos San Buenaventura y El Table, respectivamente, están en las mismas condiciones y significan más de 100 hectáreas de zonas de manglar comprometidas para la construcción de proyectos turísticos.

Imagen: Especial

Imagen: Especial

Solamente en el caso de San Buenaventura, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se prevén explotar para construcción aproximadamente 35 hectáreas que incluirán vialidades, lotes para locales comerciales, una marina seca, club de yates, terminal de aquabus, un malecón y una zona habitacional.

Imagen: Especial

Imagen: Especial

La MIA de San Buenaventura, aprobada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce el impacto negativo que las obras tendrán sobre la zona de manglares, pero aclara que “no amenaza su permanencia o estabilidad como ecosistema, debido a que está ampliamente representada en el ámbito regional”.

Es decir, que de acuerdo al estudio, el daño que se causaría solamente en San Buenaventura no es tan “importante” porque hay más manglares en Quintana Roo y el resto de la Península de Yucatán.

Imagen: Especial

Imagen: Especial

La omisión del Estado en la protección de manglares

Esa definición de importancia del manglar expresada en la MIA expuesta permite sustentar el señalamiento de Herrera Silveira sobre los equívocos en el manejo sustentable de los recursos naturales en el país, y que en el caso de los manglares puede identificarse claramente.

En 1986, México firmó el convenio para integrarse a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) y adquirió el compromiso público de desarrollar mecanismos eficientes para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

Desde esa perspectiva, la venta que hizo Fonatur de los terrenos de Tajamar, El Table, San Buenaventura, así como otros proyectos que se han desarrollado en Quintana Roo, como Puerto Cancún, y algunos más en diversas zonas del país con presencia de manglares, han sido errores con un alto costo a largo plazo.

“Se trataba de terrenos federales que debían haber contado desde hace 30 años con mecanismos de protección y conservación, por lo tanto Fonatur no debió haberlos vendido, sino concesionado para su aprovechamiento sustentable o para operarse en (esquemas de) conservación”, afirmó en  entrevista.

Pero no sólo se ha incumplido con la Convención Ramsar, sino también ignorado acuerdos establecidos en la Comisión de Cooperación Medio Ambiental México-Estados Unidos-Canadá, señaló el también integrante del grupo de expertos de dicha comisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Incluso, consideró que los recursos legales que se han interpuesto contra proyectos como Tajamar deberían salir del entorno jurídico nacional y presentarse para su análisis ante organismos internacionales porque México ha sido omiso en el cumplimiento de sus compromisos de conservación y protección de manglares.

Evidencia de ello es que la creación del artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre ha sido insuficiente para detener la destrucción de manglares en las costas del Pacífico, del Golfo de México o en la Península de Yucatán, donde se encuentra la mitad del total de hectáreas de manglares que existen en el país.

El problema con el artículo referido es que carece de carácter retroactivo, por eso al haber sido adicionado a la ley en 2007, no se toma en cuenta en proyectos como Tajamar, cuyos terrenos fueron vendidos en 2005.

Pero el convenio Ramsar fue firmado en 1986 y el TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 y con ello el ámbito de responsabilidad de México dentro de la Comisión de Cooperación Medio Ambiental de los tres países firmantes, reiteró Herrera Silveira.

El costo de los daños

Cierto, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto San Buenaventura está en lo correcto al señalar que los manglares están “ampliamente representados” en el territorio de Quintana Roo y la Península de Yucatán. De hecho, están muy bien representados en el país.

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con presencia de ecosistemas de manglares. El hábitat de estas especies vegetales se encuentra en 17 estados de la República Mexicana que tienen litoral, con una extensión total de 770 mil 57 hectáreas. Esa extensión equivale a un poco más que la suma de los territorios del estado de Aguascalientes y la Ciudad de México.

La Península de Yucatán concentra el 55 por ciento de la superficie de manglares y solamente el estado de Campeche tiene la mayor extensión, con 175 mil 614 hectáreas. El área del hábitat de ese estado equivale a prácticamente todo el territorio de la Ciudad de México.

El problema, es que hace unos 35 años, teníamos en México poco más de 870 mil hectáreas, de las cuales se calcula que se han perdido unas 100 mil, es decir unas dos mil 857 hectáreas de manglares por año. Ese territorio equivaldría a unas cinco mil 700 canchas de futbol anuales aproximadamente.

Con esas cifras, el argumento de Herrera Silveira, investigador titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) en Yucatán, es contundente: la pérdida es grave y no se ven elementos para pensar en que el daño se detendrá.

Y añade que lo que tampoco se está valorando es el costo económico que tiene la destrucción de la zona de manglares. Cita un solo ejemplo dentro de su experiencia como investigador: la suma de los daños provocados por el huracán “Katrina” en 2005, un cálculo de mil 833 personas fallecidas directamente y pérdidas por 108 mil millones de dólares.

Tal impacto pudo haberse reducido si una amplia extensión de zona de manglares se hubieran protegido y conservado en las costas de Florida y no hubieran sido entregadas para el desarrollo urbano y turístico.

Los manglares, explicó, brindan, entre otros servicios ambientales, defensas contra el impacto del viento, oleaje, así como inundaciones. Por su tipo de suelo poroso, operan como esponjas naturales que pueden absorber una gran cantidad de agua y que si bien pueden no evitar una inundación, si la reducen con un impacto resultante menor.

También consideró, en el caso de México, los resultados del impacto del huracán “Wilma”. 

El ciclón tropical, en el mismo año de 2005, provocó daños calculados en mil 750 millones de dólares. Si bien, las afectaciones de este otro ciclón en una zona como Cancún, también se deben a la destrucción de la duna costera, se puede definir que la devastación de manglares en el área, sumó a los daños resultantes.

Hoy día con cada temporada de “nortes” o el paso de vientos y lluvias, fuera o dentro de la temporada de Ciclones en el Atlántico y Golfo de México, los hoteleros de Cancún, Quintana Roo se ven obligados a invertir en volver a rellenar las playas que la erosión permanente va menguando, según expuso Herrera Silveira.

A lo señalado por el especialista en manglares se pueden sumar datos identificados por otros investigadores como los también mexicanos Ezequiel Excurra y Octavio Aburto, de la Universidad de California y el Instituto de Oceanografía Scripps.

En un estudio realizado en el Golfo de California, sobre la relación entre manglares y actividades pesqueras, determinaron que solamente una hectárea de ese tipo de hábitat puede generar ingresos por 37 mil 500 dólares, en un promedio anual.

Otros estudios señalan que la protección que un manglar puede ofrecer durante el impacto de un huracán puede cuantificarse en tres mil dólares, pero que la destrucción de esa misma extensión puede equivaler hasta en 33 mil dólares luego del paso del ciclón.

“Tajamar puso el tema en el debate público, pero es necesario dar el siguiente paso”, afirma contundentemente Herrera Silveira.

Si se considera toda la discusión provocada por Tajamar con los antecedentes expuestos, existe una oportunidad para crear un esquema amplio de trabajo para conservación y protección de las zonas de manglares existentes y además un gran proyecto de restauración en las áreas donde sea posible.

“¿Es posible restaurar lo perdido en Tajamar? Sí, es totalmente posible, me canso que se puede. Pero se requiere primero detenerlo, cancelarlo definitivamente y avanzar luego a las otras áreas comprometidas, no solo ahí en Quintana Roo sino en otras regiones.

El problema, aclara, es que así como investigadores, grupos de ciudadanos preocupados por el medio ambiente y organizaciones civiles de defensa de los recursos naturales pueden tener mejores argumentos y herramientas para defender zonas como Tajamar, también los empresarios, sus abogados y los políticos que establecen convenios con ellos, se pueden preparar para continuar con sus proyectos de desarrollo.

Su mayor problema, a decir de Herrera Silveira, es que no han entendido el daño que ocasionan incluso entre ellos, porque lo que se afecte hoy en Tajamar más tarde afectará los desarrollos turísticos de playa en la zona. Todo ese ecosistema está conectado. Las pérdidas más adelante serán peores.

Ahí está la oportunidad. Esperaríamos que las autoridades vayan por la creación de un programa amplio, muy ambicioso que involucre a muchos actores, porque es necesario detener el daño que estamos haciendo. Si en realidad tenemos una nueva política contra el cambio climático, este sería un paso muy importante en el cumplimiento de ese objetivo, consideró.

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Prueba del coronavirus: para qué sirven y para qué no los distintos tests de la covid-19

Existen multitud de pruebas para saber si estamos infectados de coronavirus o lo hemos estado en el pasado. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué información nos dan?
26 de noviembre, 2020
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Conforme avanza la pandemia la población se va anegando en una terminología médica que hace menos de un año desconocía.

Los términos anticuerpo, antígeno y PCR son ya habituales en las conversaciones, aunque muchas veces no se tenga clara la utilidad y la repercusión de cada uno de ellos en la salud individual y colectiva.

La introducción reciente de nuevas pruebas diagnósticas como la prueba de detección de antígenos, más fiable ahora que al inicio de la pandemia, ha hecho que se amplíe el número de herramientas disponibles para la detección de infecciones por SARS-CoV-2.

Con ello, aumenta la necesidad de disponer de guías que ayuden a decidir qué prueba se debe realizar en cada caso particular y cómo interpretar sus resultados.

Entornos diferentes necesitan pruebas diferentes

Son muchas las situaciones en las que es necesario aplicar pruebas diagnósticas pero, en líneas generales, podemos plantear los siguientes escenarios:

  • El cribado masivo de la población asintomática.
  • El cribado de la población de alto riesgo (por ejemplo, en residencias de la tercera edad y a personal sanitario).
  • La investigación de los contactos estrechos que ha tenido una persona infectada.
  • El diagnóstico clínico de una persona sintomática.
  • El seguimiento de la severidad de la enfermedad una vez diagnosticada o de la duración de la infectividad del paciente.
  • El estudio serológico poblacional de infecciones pasadas.

Hasta la fecha ninguna prueba diagnóstica cumple los requerimientos para ser aplicada con fiabilidad en todos y cada uno de estos escenarios.

Esta situación ha generado mucha confusión en la interpretación de los resultados obtenidos por las distintas pruebas en cada uno de estos escenarios. No solo entre la población sino a veces entre los propios sanitarios.

Cada prueba, con sus limitaciones, puede tener utilidad en un entorno concreto y es necesario conocerlas para poder tomar las decisiones clínicas oportunas en función de sus resultados.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las situaciones clínicas donde se puede aplicar cada prueba y cuáles, dentro de las aplicaciones recomendadas, son aquellas situaciones donde hay más probabilidad de que se obtenga un falso positivo (un positivo en personas no infectadas) o un falso negativo (un negativo en personas que sí están infectadas).

Todo esto asumiendo que no ha habido errores en la toma de muestras, su transporte y el procesado preanalítico.

Pruebas que detectan infección pasada o en fases finales

Las pruebas serológicas consisten en la detección de anticuerpos (IgM, que indica infección resolviéndose, e IgG, que indica infección pasada). Pueden ser útiles en las encuestas epidemiológicas a nivel poblacional en las que se quiere evaluar la prevalencia de personas que han estado en contacto con el virus.

En concreto, los anticuerpos IgM aparecen a los 6-7 días del inicio de la infección y se detecta mayor positividad a los 15 días. Alrededor del día 20 desde el inicio de los síntomas ya no se detectan.

Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del inicio de la infección y confieren probable inmunidad (aunque en la actualidad se desconoce por cuánto tiempo).

Este es el caso de las encuestas de seroprevalencia realizadas en España desde el Instituto de Salud Carlos III y en las que se pudo conocer la prevalencia y características de la población que se había contagiado durante la primera ola de la pandemia, a través de la medición de los anticuerpos IgG .

Tubo con muestra para prueba molecular de covid-19

Getty Images
Si te has hecho la prueba contra el covid-19, ¿sabes qué tipo de análisis te has hecho?

Sin embargo, estas pruebas tienen un uso muy limitado (si es que tienen alguno) en la evaluación de la infección activa, a pesar de que con este fin se estén aplicando erróneamente en algunas comunidades autónomas y en otros ámbitos.

Además, tienen importantes limitaciones, especialmente las relacionadas con la presencia de resultados falsos positivos por su reacción cruzada con otros virus.

Existen diferentes técnicas para la determinación de anticuerpos: ELISA (Enzima-Inmunoensayo) y CLIA (Quimio-luminiscencia) (pruebas de referencia para la determinación de anticuerpos) e inmunocromatografía (o también llamada prueba rápida).

Los resultados de las pruebas de ELISA/CLIA son cuantitativos. Es decir, se indica el título (o número) de anticuerpos presentes.

Por otra parte, los resultados de las pruebas rápidas son cualitativos (presencia o ausencia de anticuerpos).

La sensibilidad y especificidad es mayor en las pruebas de ELISA y CLIA que en las pruebas rápidas. No obstante, dada la facilidad de realización de las pruebas rápidas (muestra de sangre capilar frente a suero o plasma y menor complejidad en su realización), se ha extendido su uso, sobre todo en laboratorios privados, a pesar de la mayor probabilidad de resultados falsos negativos y positivos.

Pruebas que detectan infección activa

Entre las pruebas para detectar la presencia del virus, el uso de la PCR -que detecta el genoma viral- se ha establecido como la prueba de oro para la detección de infección activa.

Entre sus limitaciones, además de la complejidad en términos de equipamientos de laboratorio, coste y tiempo, hay que destacar los falsos negativos que pueden depender del inicio de los síntomas o la carga viral, así como falsos positivos en función de las características del entorno en que se realizan y la dinámica temporal de la infección.

En general, en personas con baja probabilidad de estar infectadas (como ocurre en los cribados de población general) aumenta la probabilidad de obtener falsos positivos.

Por otro lado, un resultado positivo semanas después de la aparición de los síntomas puede ser debido a la detección de fragmentos no viables del virus en personas que ya no tienen capacidad infecciosa.

Dentro de esta categoría de pruebas infección activa se encuentran las nuevas pruebas de detección de antígenos que se consideran “rápidas y baratas”.

Detectan la presencia de proteínas virales de SARS-CoV-2 y tienen las ventajas de dar resultados en 15-30 minutos y poderse realizar fuera del ámbito del laboratorio clínico, en el ámbito cercano al paciente.

Su recibimiento por parte de la población y la clase política ha sido entusiasta.

No obstante, su sensibilidad (especialmente en poblaciones asintomáticas) es menor a la de la PCR, con una mayor tasa de falsos negativos, por lo que un resultado negativo en alguien con sospecha de estar infectado necesita confirmación con una determinación por PCR.

Raspado nasal para aplicar una prueba molecular de covid-19 a un paciente.

Getty Images
La prueba molecular se aplica sobre muestras del tracto respiratorio del paciente.

La OMS y el ECDC han recomendado su uso en ámbitos donde no es posible realizar la PCR o se necesita un resultado rápido para la toma de decisiones clínicas (aislamiento, hospitalización, inicio de tratamiento específico, etc.), aun señalando que deben realizarse dentro de los 5 días desde el comienzo de los síntomas.

Estas pruebas no se aconsejan para la detección de personas infectadas entre los casos asintomáticos, ya que su rendimiento diagnóstico en esta población es bajo.

Los estudios en estas poblaciones en nuestro país (España) sitúan su sensibilidad entre el 45% y 57% (un estudio que la eleva hasta al 79%, pero en una población con una prevalencia de enfermedad muy alta).

En el caso de los niños sintomáticos, con una sensibilidad en torno al 62 %, también podría ser preferible la PCR.

Pruebas en farmacias y administradas por los propios pacientes

Algunas pruebas de infección pasada (anticuerpos) se han empezado a comercializar en las farmacias comunitarias para su uso por los propios pacientes tras prescripción médica.

Igualmente, algunas Comunidades Autónomas -regiones en España- y colegios farmacéuticos han abierto el debate sobre la realización de pruebas de antígenos en las farmacias comunitarias.

Una práctica que ya se da en países como Francia, un país con un sistema sanitario muy diferente al español.

En el Sistema Nacional de Salud español (no tanto en las aseguradoras privadas) las pruebas de antígenos están disponibles en los centros de atención primaria y hay que evaluar cuidadosamente la necesidad de remitir a las farmacias comunitarias una prueba que puede hacerse inmediatamente en el propio centro.

No obstante, en la situación tan excepcional que estamos viviendo, y con la necesidad de ampliar la capacidad de detección del virus, son iniciativas a evaluar.

Pese a las discusiones en los medios sobre las competencias de cada profesión y el lugar de realización de las pruebas, el problema importante se debe centrar en el hecho de que una prueba diagnóstica exige una interpretación rigurosa de sus resultados en función de la situación clínica del paciente o la persona en que se realiza.

Esto es lo que se debe asegurar en cada caso.

El hecho de que una prueba pueda dar falsos positivos y negativos no significa que no sea útil, sino que debe ser realizada en el entorno en el que es más útil y ser interpretada teniendo en cuenta la información clínica del paciente y la prevalencia de la infección en el ámbito de actuación.

Por tanto, las iniciativas en las que es el propio paciente el que recoge el test de anticuerpos en la farmacia para hacerlo en su casa puede llevar a múltiples situaciones confusas.

Estas suponen un riesgo tanto para la salud individual como para la colectiva.

Interpretación apropiada de pruebas imperfectas

Buena parte del lío en torno a las pruebas de covid-19 deriva de la confusión entre asintomáticos y presintomáticos, del valor informativo de cada prueba en la dinámica temporal de la infección y del falso discurso de “cuantas más, mejor”.

Al mismo tiempo se olvida que, como en cualquier otra enfermedad, la medicina científica exige el uso de la prueba adecuada, en la persona adecuada y en el momento adecuado.

Más allá de la confusión, el uso de pruebas diagnósticas de covid-19 requiere no olvidar algunas reglas de extrema importancia:

  • Las personas con síntomas o que sean contacto estrecho de caso de covid-19, aunque sean asintomáticas, deben ser aisladas y controladas por los servicios de atención sanitaria. Todo esto aunque los resultados de sus pruebas, sean cuales sean, den negativo.
  • Un resultado negativo de una prueba de antígenos (o una PCR) no excluye el desarrollo de enfermedad o la posibilidad de contagiar (especialmente en los días inmediatamente siguientes). Tampoco permite relajar ninguna medida de distanciamiento social (mascarillas, distancia, aforos, etc.).
  • Una prueba de anticuerpos positiva no es un pasaporte biológico. No garantiza que una persona concreta haya pasado la infección o que no la pueda volver a contraer, sobre todo si se ha llevado a cabo mediante test rápidos.

* Blanca Lumbreras es catedrática de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Miguel Hernández y Salvador Peiró es investigador de Fisabio Salud Pública.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes ver la versión original aquí.


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