[contextly_sidebar id=”n3Ot26MLP7FWO4fIAIrU56usq1y00xuU”]Celestino Espinoza Rivera, jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, fue despedido el pasado miércoles de su trabajo. No le dieron un motivo, pero su destitución ocurrió luego de que decidió asesorar legalmente a padres de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, Veracruz.
El jueves, 24 horas después y cuando el caso se había hecho público por la denuncia de los familiares, Espinoza fue reinstalado en su trabajo por orden del secretario de Desarrollo Social.
En entrevista con Animal Político el funcionario, quien tiene un Maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo, relató cómo es que ocurrieron los hechos; de entrada advirtió que continuará apoyando a los familiares.
“Yo no estoy haciendo nada ilegal. Yo puedo llevar casos aparte mientras no intervenga o entorpezcan con las actividades propias del cargo que desempeño como servidor público. Lo que pasó no me va a hacer desistir ni me va a intimidar” dijo.
El funcionario explicó que el pasado miércoles cuando llegó al trabajo, el contador Emilio Salazar, titular del área de Recursos Humanos de Sedesol Veracruz, le dijo que de inmediato tenía que entregar su oficina, sin darle a conocer motivo alguno.
“Me pidieron simplemente que dejara la oficina, que la desocupara así sin más y que ya se había hecho el nombramiento de otra persona. No hubo un motivo que me comunicaran. Yo les pregunto que cuándo necesitaban desocupado mi lugar y me dijeron que ese mismo día”, narró en entrevista.
El jueves por la mañana, José Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, denunció en una entrevista radiofónica que Veracruz había dejado sin trabajo a Espinoza y acusó que fue una represalia por el apoyo que les había dado.
Ese mismo día más tarde, ya con el caso hecho público, el titular de Sedesol Veracruz, Alfredo Ferrari, citó a Espinoza para comunicarle que él no había ordenado su despido y que podía volver a ocupar su oficina.
“Pues me dijo que desconocía qué había sucedido, que fue una atribución que se tomó el responsable de Recursos Humanos y que yo podía regresar a mi oficina. Pero la verdad todo esto pasó gracias a que los familiares (de los jóvenes desaparecidos) habían ya denunciado y hecho presión públicamente”, dijo Espinoza.
José Benítez confirmó que recibieron el apoyo legal de Espinoza ya que es una persona que conoce desde hace varios años y que fue agente del Ministerio Público precisamente en la zona de Tierra Blanca, por lo que tiene conocimientos amplios sobre el tema.
“Ahora él ya no es Ministerio Público pero sí es abogado y se ofreció a ayudarnos y asesorarnos aunque ponía en riesgo su trabajo. Nosotros estamos seguros que ahora se la están cobrando por el apoyo que nos ha dado. Los del gobierno de Veracruz ya lo ven como enemigo y por eso toman esta represalia. Se nos hace muy triste porque de su trabajo es el sueldo que recibe, a nosotros nos apoya por la amistad”, dijo en entrevista.
“Nos sentimos abandonados, peligra nuestra vida”
El señor José Benítez mostró su desilusión de que hasta ahora no haya resultados en cuanto a la búsqueda de sus hijos y señaló que en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, solo se detallaron acciones realizadas.
“No hubo nada hombre, nada. Lo que hubo fue como promesas de que le creyéramos que no nos van a abandonar. Fue un resumen con números de lo que han hecho nada más. Es triste pero así es”, comentó.
Pero además de lo anterior José Benítez externó su preocupación porque dice que teme por su vida y la de los otros familiares, luego de que por escrito solicitaron seguridad debido a que han recibido amenazas.
“Yo quiero unas escoltas como debe de ser, alguien que nos garantice que no nos van a matar. Ya lo pedimos por escrito pero hasta ahorita no nos han dicho nada”, dijo Benítez.
Sobre esta tema el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, explico a Animal Político que la solicitud está en proceso ante las autoridades correspondientes, pero se sigue analizando cuál es el esquema más adecuado, para que además las medidas que se implementen sean la adecuadas.
Diseñan plan de atención
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asumió la representación jurídica de las familias afectadas ante las autoridades federales y estatales que llevan el caso. Esto, luego de que las víctimas dieran su pleno consentimiento para ello.
Rochín explicó que el papel que jugará la Comisión en este rol específico será el de presionar a las autoridades federales y estatales para que no cesen las acciones de búsqueda y de investigación, a la par de dar seguimiento a las mismas.
En ese contexto, detalló que el trabajo de investigación el caso y de los probables involucrados está a cargo tanto de la Fiscalía del Estado como de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, mientras que el trabajo de búsqueda de los jóvenes involucra a autoridades estatales y a la Gendarmería Nacional.
Adelantó que es muy probable que la próxima semana se lleve a cabo una nueva reunión para actualizar los avances del caso en ambas vertientes.
Por otro lado dijo que la Comisión ha dado un acompañamiento también con recursos económicos para los traslados de los familiares sobre todo a Xalapa y a la Ciudad de México, pero aclaró que esto solo es momentáneo pues en breve se les presentará un plan mucho más completo de atención.
“Ellos son víctimas indirectas de un delito tan grave como es el de la desaparición forzada y la ley les da mucho más derechos. Ahora han estado muy enfocados en la localización de sus hijos pero nosotros nos acercaremos en una próxima etapa para plantearles un plan integral de atención a mediano y largo plazo”, detalló Rochín.
