Solo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync

Solo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan

Un diagnóstico evidencia fallas estructurales en el combate a este delito en el país. El seguimiento de las víctimas es deficiente, los delitos en cada estado no están homologados, se consignan menos de la mitad de los casos.
Por Arturo Angel
16 de marzo, 2016
Comparte

Una persona en México puede atacar sexualmente a otra prácticamente con la seguridad de que no habrá consecuencias. De cada 100 agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías.

¿Cuál es la razón detrás de esto? Un diagnóstico sobre violencia sexual en el país a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) evidencia fallas estructurales que van desde la pobre detección oportuna de los casos, hasta deficiencias en los registros,  diferencias entre los estados sobre los tipos y gravedad de los delitos,  y una mala atención y seguimiento de las víctimas.

Según proyecciones hechas por la CEAV a partir de las encuestas de victimización del INEGI, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, pero el 94 por ciento ni siquiera fueron denunciados.

La Comisión solicitó a las procuradurías de los estados el número de averiguaciones previas por delitos sexuales en este mismo periodo. Solo la mitad respondió y la cifra fue de 83 mil expedientes, un mínimo del universo de casos proyectados que se cometieron.

grafico-delincuencia-sexual (1)

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proporcionó a Animal Político el documento completo del diagnóstico y a partir del mismo, se presentan las cinco principales fallas descubiertas por los investigadores, queque los casos no sean atendidos o denunciados:

Caos en códigos penales

En México los delitos sexuales no se miden con la misma vara.  Esto se debe a  que  no existe una ley homologada o general para este tipo de ilícitos, por lo que cada estado define a su criterio en su código penal que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.

Por ejemplo, hay tres códigos penales, el de Zacatecas, Tamaulipas y el Federal, que para sancionar el hostigamiento sexual piden como requisito que haya un daño o perjuicio comprobable, lo que debería ser irrelevante (según el análisis) pues dicho ilícito atenta contra la libertad y seguridad sexual, sin que necesariamente llegue a perderse.

Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora, que dejan de castigar el estupro (relación sexual con un menor) si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal”.

Otro caso que ejemplifica el desorden en la legislación es el delito de violación el cual debería castigarse igual en los estados dada la gravedad que conlleva.

La realidad es distinta. Resulta que la violación impropia (utilizar un objeto para penetrar a la víctima) en estados como Aguascalientes, Nayarit Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia (copular con la víctima contra su voluntad), mientras que en otros estados como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.

Además de confusión hay duplicidad dentro de los mismos códigos. Por ejemplo el estado de México, Nayarit y Coahuila contemplan una pena para el feminicidio si la víctima es violada, y otra pena para la violación si la víctima muere, aunque en los hechos el resultado es el mismo.

Hay más. Todos los códigos prevén el aborto luego de una violación como libre de responsabilidad pero, según el análisis, la mayoría de estas leyes son omisas en determinar requisitos, tiempos y autoridades responsables de dar la autorización.

Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde las violaciones no prescriben, es decir, donde no hay un límite de tiempo para que se indague el delito y castigue al responsable.

Diagnósticos oficiales incompletos

Para conocer la gravedad de una enfermedad y establecer el tratamiento adecuado, hay que contar con un diagnóstico confiable. De esa elemental herramienta carecen las instituciones en México.

El estudio de la Comisión de Víctimas concluyó que existe un desorden generalizado en el registro de los casos de violencia sexual. Cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios brindados.

Por supuesto esto impide contar con información homologada que facilite un análisis y diagnóstico.

Por citar algunos ejemplos, cada procuraría del país tiene formatos distintos para el registro de los casos; hay instituciones de salud que no cuentan con información del número y edad de mujeres víctimas de violación que recibieron anticonceptivos de emergencia; 14 comisiones estatales de Derechos Humanos no tienen información sistematizada; 20 secretarías del trabajo de plano no cuentan ni con una base de datos.

Incluso, las propias delegaciones estatales de la  CEAV tienen distintas formas de registrar los datos, y no poseen una contabilidad de los casos que canalizan a otras instituciones.

“A pesar de existir normas y –en algunos casos – formatos para el registro de información sobre las víctimas de violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados y/o sobre las presuntas personas agresoras, resulta evidente que en términos generales cada dependencia registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera distinta, considerando diferentes rangos, periodos y tipo de información” dice el estudio.

Pocos casos resueltos

Una de las causas que desincentiva la denuncia son los escasos resultados en los casos que “si se investigan”, por lo menos en teoría.

Si bien las procuradurías de los estados (que si proporcionaron información) indicaron que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 80 mil averiguaciones por delitos de tipo sexual, solamente 29 mil terminaron consignadas ante un juez.

Esto quiere decir, según el diagnóstico, que 50 mil casos se quedaron en los escritorios de los fiscales sin que por alguna razón se terminara procediendo en contra de los probables responsables.

“En las entrevistas realizadas, el personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son pocos los casos de violencia sexual que son consignados y sentenciados. Sin embargo, desconocen los motivos por los que los casos “no llegan” a los Tribunales, lo que denota una falta de coordinación y comunicación entre los organismos de procuración y de impartición de justicia” indica el diagnóstico.

Nula detección en trabajos y escuelas

La escuela y el trabajo son sitios en los cuales se presenta múltiples formas de agresiones sexuales, desde el acoso y hostigamiento hasta violaciones, pero los sistemas de detección en México son ineficientes.

En el tema laboral, solamente las secretarías de trabajo de Chihuahua, Distrito Federal, Querétaro y Tlaxcala enviaron al Comité de Violencia Sexual de la CEAV información relacionada con personas atendidas por posibles ataque sexuales y el total de casos fue de apenas 422, cantidad marginal respecto al universo de miles de casos que se proyecta que ocurren. De las otras 28 entidades no hay registro de atenciones.

En cuanto al ámbito escolar, solo las las secretarías de Educación de nueve entidades (Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) además de la secretaría de Seguridad Pública Federal, contaron con información: apenas 736 casos de violencia sexual atendidos en cinco años.

“La escasa información brindada por las secretarías de educación y trabajo evidencia que las acciones de detección de la violencia sexual en los ámbitos laboral y docente son débiles o nulas. En el ámbito docente la atención parece estar concentrada en la detección y atención del bullying, sin que siquiera se reflexione sobre las prácticas de violencia sexual que están implicadas en el acoso escolar. En el ámbito laboral, igualmente, el tema de la violencia sexual no está colocado en la agenda” indica el análisis.

Servicios de salud deficientes

El diagnóstico analizó la atención integral que se da a las personas víctimas de agresiones sexuales y encontró deficiencias.

De una muestra de casi 30 mil casos atendidos en las distintas secretarías de Salud del país se descubrió que en el 51.4 por ciento de ellos, es decir poco más de la mitad, el personal a cargo no notificó al Ministerio Público de la agresión ocurrida, pese que existían evidencia de la violencia física o psicológica.

De hecho en el 71 por ciento de los casos las personas, luego de recibir la atención médica correspondiente, fueron enviados directamente a su domicilio, lo que significa que menos de la tercera parte fueron canalizados a otros servicios de atención o asesoría. Solamente el diez por ciento fueron canalizados a unidades especializadas en atención de violencia.

Se trata de una deficiencia importante, indica el estudio, ya que aunque el Estado llega a conocer de casos a través de una de sus instituciones, en este caso la secretarías de Salud, no hay ni siquiera el interés el seguimiento de los casos. Solo se da la asistencia médica.

A esto hay que agregar la falta de registros de salud sobre casos de agresiones de tipo sexual que existe por lo menos en una cuarta parte del país. Esto luego de que los analistas solicitaron los referidos datos a las entidades, pero solamente 22 contaron con la información disponible y la proporcionaron.

Resumen Ejecutivo Diagnóstico Violencia Sexual

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

5 países de América Latina más peligrosos para defender los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 147 activistas en 2021 y de otros 89 en los primeros 4 meses de 2022.
9 de junio, 2022
Comparte

Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Los 5 países más peligrosos

Activistas en riesgo. . Ranking con los países más peligrosos para los activistas de Derechos Humanos Datos de enero a diciembre de 2021.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctimas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño José Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

En la mira. [ 147 activistas de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina ],[ 89 activistas han sido asesinados en los primeros cuatro meses del 2022 ], Source: Fuente: CIDH, Image: Fotos de activistas asesinados en un campo

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las causas del problema

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

El comisionado Joel Hernández preside una audiencia pública de la CIDH en Quito (Ecuador)

CIDH
El diplomático mexicano Joel Hernández, es el relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Un indígena Yanomami en el Amazonas brasileño ve como sus tierras son explotadas por mineros ilegales

Reuters
Los indígenas que se oponen a la minería en sus tierras y quienes los defienden tienen grandes probabilidades de ser asesinados o atacados, de acuerdo a los

Algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Gb3VlQAvq_0&list=PLLhUyPZ7578eW1XsHntWhSVsNC4430xFE&index=52

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.