De vendedor de celulares a El Señor de la droga en Jalisco: así fabricó la policía el caso de Martín (parte 2)
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De vendedor de celulares a El Señor de la droga en Jalisco: así fabricó la policía el caso de Martín (parte 2)

En esta entrega se expone la versión de los agentes que detuvieron a Martín González, y las irregularidades en el expediente de su investigación. Él acusa que lo torturaron para que se acusara de ser jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación 
Cuartoscuro
Por Manuel Ureste
5 de marzo, 2016
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Animal Político presenta la segunda entrega del reportaje De vendedor de celulares a El Señor de la droga en Jalisco: así fabricó la policía el caso de Martín. En la primera entrega, Martín González narró en entrevista desde el penal de Puente Grande cómo, en cuestión de horas, la policía estatal de Jalisco allanó su casa y se lo llevó detenido a las instalaciones del Ministerio Público, donde denuncia que fue torturado en reiteradas ocasiones para que se acusara de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.

En esta segunda parte, Animal Político expone la versión de los agentes de policía que detuvieron a Martín, y la contrasta con las irregularidades que constan en el expediente de la investigación, al que este medio de comunicación tuvo acceso.

La versión de la policía

Para los siete policías del Mando Único de Jalisco los hechos ocurrieron de manera muy distinta a lo narrado por Martín González Moreno en la entrega uno de este reportaje.

De acuerdo con la averiguación previa 1893/2014, a la que Animal Político tuvo acceso, los uniformados refieren en su declaración firmada que se encontraban haciendo un patrullaje de vigilancia en la carretera de El Refugio-San Marcos, a la altura del kilómetro 10, en el poblado de Tehuchitlán. Cuando, “aproximadamente a las dos de la mañana” del sábado 19 de septiembre de 2014, detectaron un convoy integrado por tres camionetas, entre las que apuntan que se encontraba la BMW blanca de Martín.

En el caso de Martín, la policía precisa que al momento de su revisión portaba una pistola calibre .45 de la marca Colt, modelo Comander, con un cargador abastecido con seis cartuchos. Dos bolsas de plástico rosa “con cien pequeños envoltorios con etiquetas con la leyenda Zona Valles y en su interior gránulos cristalinos con las características del cristal –un tipo de metanfetamina-“. Y en el asiento trasero del lado del copiloto “fue localizada una bolsa transparente con 17 cartuchos calibre .50”.

Tras la revisión, los agentes declaran que detienen a Martín y a otras seis personas, una de ellas del sexo femenino. Interrogan a uno de los detenidos y éste les confiesa que todos trabajan “vendiendo droga, levantando y matando gente que no se alineara con ellos”.

Además, el detenido confiesa que él es “el encargado de los sicarios” del cártel Jalisco Nueva Generación en la plaza de Tala, cuyo capo es Martín, al que identifica como ‘El Señor’ o ‘El Patrón’. También admite que sabe que tiene cuatro averiguaciones previas “con número 1801/2014; 1859/2014; 1217/2014; y 1904/2014”, por numerosos homicidios.

Incluso, la policía señala que el mismo detenido les dijo que el grupo de sicarios que, supuestamente protegían a Martín al momento de la detención, acababan de robar a unos escasos kilómetros de donde se encontraban, en el poblado del Ranchito, en la delegación Cuisillos del municipio de Tala, dos pipas llenas de combustible “para su venta clandestina, y así obtener ganancias para los gastos del grupo delincuencial Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Después de la confesión, los uniformados refieren que llevan a los detenidos a las oficinas del Ministerio Público, en la calle 14 de Guadalajara, para ponerlos a disposición de la autoridad.

A los pocos días, varios medios de comunicación jaliscienses reportan la operación de los elementos policiacos. En las notas se narra que estos siete presuntos criminales, supuestamente al servicio de Martín alias El Señor, se dedicaba a secuestrar gente para llevarla en camionetas a unos campamentos que tenían en la sierra.

“Posteriormente, eran víctimas de tortura, y luego quemados en camas de leña. Fuentes cercanas aseguran que luego dinamitaban los cuerpos y graban los hechos con teléfonos celulares”, publicó el diario Crónica de Jalisco, en una nota del 29 de septiembre de 2014.

El otro calvario: falsificación de firmas, cámaras que no funcionan…

Sin embargo, aunque se reportó que la operación fue un éxito, la investigación del caso deja inconsistencias y graves irregularidades, a pesar de las cuales Martín sigue preso un año y cinco meses después.

Una de las irregularidades más importantes consiste en que se produjo una falsificación de la firma de la secretaria del Ministerio Público de Tala, Ana Delia Tovar Ruiz, quien debía dar fe de la legalidad de las 19 actuaciones policiales que se produjeron en el caso de Martín, desde su detención en Tala, Jalisco, hasta su posterior traslado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Según consta en la toca penal 239/2015 del caso, a la cual tuvo acceso Animal Político, se expone que José de Jesús Cedillo Guerrero, perito propuesto por la defensa, y Jaime Linares Zamora, propuesto por la fiscalía, “de forma uniforme concluyeron que la rúbrica estampada en los documentos cuestionados (19 actuaciones) no corresponden por su ejecución de la firma de Ana Delia Tovar Ruiz, quien supuestamente fue la secretaria que supuestamente dio fe de la legalidad de dichas actuaciones”.

A pesar de esta negligencia -a partir de la cual el abogado de Martín pidió su libertad inmediata, pues el hecho de que se falsifique una firma invalida las 19 actuaciones policiales– un juez negó el incidente de libertad por nulidad de actuaciones, alegando que la defensa cometió un error de forma en el modo de proceder, debido a que argumentó que los peritaje de las firmas tendrían que haberse hecho al inicio del proceso, y no después de desahogar las pruebas para mostrar la inocencia de Martín.

Otra irregularidad. Jesús Estrada Cervantes, el ministerio público adscrito a la Fiscalía General del Estado que debió tomarle la declaración a Martín y a los otros seis detenidos, admite que nunca los vio, ni los recibió, ni les tomó declaración.

“Cuando me los ponen a disposición únicamente me llevan lo que son armas, drogas y lo demás que se narra en la cadena de custodia, y los detenidos supongo que fueron ingresados a las celdas de la calle 14 y que si los necesito para alguna diligencia se mandan traer”, narra el Ministerio Público a pregunta de la defensa de Martín, según consta en la toca penal 239/2015.

Incluso, por segunda ocasión, la defensa insiste y le vuelve a preguntar al agente del MP que diga “el lugar exacto de las instalaciones de las oficinas de la calle 14 donde declaró a los detenidos”, a lo que éste vuelve a responder: “que yo no tomé declaraciones en relación a los hechos a los detenidos”.

Asimismo, la defensa de Martín pidió a la policía cibernética que proporcionara el video de vigilancia de las cámaras de la Fiscalía de la calle 14, “específicamente en ambas aceras, de las 18 horas del día 18 de septiembre, hasta las 4:00 horas del 19 de septiembre del 2014”, para corroborar que, como aseguran los policías estatales en su declaración, ingresaron a Martín en estas instalaciones.

En el documento de respuesta, de la que Animal Político tiene una copia, Fausto Estrella Rodríguez, coordinador de la policía cibernética adscrito al centro de inteligencia y comunicaciones para la seguridad, responde que están “imposibilitados” para responder, puesto que “las videograbaciones de las cámaras referidas están sobre escritas, esto es, se encuentra ya borrada de cada uno de los grabadores, esto debido a que el tiempo de almacenamiento ha excedido la capacidad de los respaldos, por lo que es imposible obtener grabación alguna”.

No hay registro de videograbaciones de Martín entrando a las instalaciones del MP de la calle 14, donde éste denuncia que fue torturado desde la noche del jueves 18 de septiembre hasta su traslado el día 20 a la SEIDO. Y según consta en las bitácoras de detenidos de la Fiscalía, a las que Animal Político tuvo acceso y guarda copia, tampoco consta que Martín ingresara al inmueble ni saliera de él.

Por lo tanto, ni el agente del MP vio a los detenidos ni les tomó declaración, ni supo qué pasó con ellos en el tiempo en que estuvieron en las instalaciones de la calle 14; no hay videograbaciones que acrediten que fueron trasladados allí; ni en las bitácoras de acceso hay constancia de que ingresaran en el inmueble.

Por otra parte, los agentes de la Fuerza Única Metropolitana, declararon que detuvieron a Martín y a las otras seis personas en la carretera que va de Tala a Tehuchitlán, a pocos kilómetros de donde hallaron dos pipas de combustible atascadas en el lodo –mismas que fueron robadas por Martín y el resto de detenidos, según la acusación de los agentes-.

Sin embargo, según consta en las fojas 426 a 431 del tomo II de la toca penal 239/2015, hasta cuatro testigos declararon ante las autoridades que vieron patrullas de policía estatal afuera del domicilio de Martín, tal y como éste narró en la entrega uno del reportaje.

Asimismo, en el expediente del caso se agregaron 12 fotografías que muestran que la casa de Martín fue revisada –en éstas se puede apreciar que los armarios de los dormitorios y del salón fueron registrados-. Edna Vega, esposa de Martín, denuncia que cuando llegó al domicilio encontró que habían robado dos cámaras de fotos, un iPod, las argollas de matrimonio, un anillo de compromiso, y unos aretes regalo de bodas.

Martín fue trasladado en helicóptero desde Guadalajara hasta las instalaciones de la SEIDO, en la Ciudad de México. //Foto: Cuartoscuro

Martín fue trasladado en helicóptero desde Guadalajara hasta las instalaciones de la SEIDO, en la Ciudad de México. //Foto: Cuartoscuro

“Los policías querían culpables”

Además, M.T.M., uno de los detenidos junto con Martín, y quien en un principio fue el testigo que acusó a éste de ser ‘El Señor’, amplió su declaración para desdecirse de su declaración inicial, pues asegura que ésta “se la sacaron a golpes los (policías) de la Fuerza Única”.

Así narra los hechos según su declaración, de la que Animal Político tiene copia:

“(…) Me detuvieron ilegalmente el día 18 de septiembre del año 2014, por la tarde noche, por la Avenida Solidaridad, y fue porque una persona le pedí que me diera un raite (sic) al crucero de Tala, para tomar un taxi. Cuando íbamos por dicha avenida LOS NEGROS DE LA ESTATAL, le indicó al chofer que no lo conozco que se parara y haci (sic) lo hizo. Cuando nos paramos al ver la situación me eche (sic) a correr, me alcanzaron y me subieron a una camioneta que estaba una mujer y otra persona boca abajo; estaban esposados de pies y manos. Al suscrito me empezaron a golpear que si sabía quién se dedicaba a robar gasolina. Le dije que no reiteradamente, que no sabía. Bailaban en todo mi cuerpo, patada tras patada en todo mi cuerpo y cara”.

Y añade:

“(…) No les dije nada, porque en realidad no sabía nada. Escuché a varios policías que ya tenían a quién echarle la culpa de las armas y las pipas de gasolina que habían encontrado abandonados por el poblado de Cuisillos. Antes de arrancar varios policías se pusieron de acuerdo para introducirse a un domicilio. Escuché que estaba por la subida del chorro y que hay (sic) no había problema porque estaba solo”.

A continuación, el detenido señala que las patrullas se detuvieron y que los policías se bajaron gritando “rápido, rápido, dispérsense”, y a los pocos minutos escuchó que uno de ellos decía que “la casa estaba limpia, que no habían encontrado nada, por lo que un policía dijo ‘súbanlo a la patrulla para justificar la entrada a la casa”.

“Cuando nos seguían golpeando me preguntaron que si conocía a una persona. Me la pusieron a la vista y le decía que no. Era una persona que me dijeron los policías que se llamaba José Martín González Moreno. Les decía que no, y ellos reiteraban que no me hiciera pendejo. (…) Entonces, gritaron a la calle 14. Estando en la calle 14 me dieron a firmar una declaración que ellos agregaron cosas que no dije. Y me dijeron que si no la firmas me iban a seguir golpeando hasta que firmara. Fue que de eso modo la firmé, porque ya no aguanté los golpes”, declara el detenido, quien concluye asegurando que “no conozco a ninguna persona, ni he tenido trato con ninguna persona que detuvieron junto con el suscrito ese día de los hechos”.

“Los policías querían culpables para las dos pipas y armas que encontraron abandonadas. Además, querían asegurarse que donde se metieron al domicilio esta persona no saliera por lo que habían hecho en el domicilio”, finaliza el detenido.

Juez desestima cargo de crimen organizado… pero Martín sigue en la cárcel

Tras el desahogo de pruebas, un juez determinó que las acusaciones de los siete policías contra Martín de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación eran infundadas, por lo que desechó la acusación contra él y los otros seis detenidos. Así como también consideró infundadas las acusaciones por robo de combustible.

Sin embargo, a pesar de la falsificación de la firma de la funcionaria que debe dar fe de que cada una de las 19 actuaciones policiales en el caso de Martín fueron legales, y de otras irregularidades expuestas en este reportaje, el juez sí le dictó auto de formal prisión por los delitos de posesión de 20 gramos de cristal con fines de venta y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por lo que Martín, quien ya lleva un año y cinco meses preso, podría enfrentar una condena de entre seis y siete años.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó en la queja número 8403/2015/I del 7 de diciembre de 2015, que los siete elementos policiacos que detuvieron a Martín ya tenían otra queja abierta (la 10426/2014/I tramitada el 23 de junio de 2015), a partir de la cual, la comisión resolvió proponer al comisionado de Seguridad Pública “iniciar un procedimiento administrativo” contra los uniformados, “ya que ejercieron indebidamente la función pública que les fue encomendada al haber golpeado ilegalmente a seis inconformes, entre ellos a José Martín González Moreno, y con ello lesionarlos después de que los tenían detenidos, indefensos y sometidos”.

La CEDHJ informó que también se pidió al Fiscal Central del Estado que “ordenara el inicio de una averiguación previa en contra de los oficiales involucrados”, ya que “incurrieron en hechos al parecer de carácter delictuoso, al golpear y con ello lesionar a los agraviados (…), en pleno abuso de la autoridad (…).

En la misma queja, la CEDHJ informa que “mediante oficio FDH/DVSDH/439/2015” presentado el 8 de julio de 2015, la Fiscalía aceptó la propuesta de conciliación para abrir una averiguación previa contra los elementos que detuvieron a Martín.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó el pasado 28 de enero (oficio número 04060) que investigará la denuncia de Martín sobre prácticas de tortura psicológica en la SEIDO.

Ahora, Martín está a la espera de que el próximo 13 de marzo dos peritos le hagan la prueba conocida como Protocolo de Estambul, que se emplea para determinar si hubo tortura, y también aguarda los resultados del peritaje de huellas del arma que supuestamente cargaba al momento de ser detenido.

Cuando obtenga estos últimos resultados, la defensa de Martín incluirá las irregularidades expuestas en este reportaje en un nuevo amparo ante un Tribunal Colegiado, que analizará de nuevo el caso y en abril emitirá una sentencia definitiva.

Mientras llega la decisión del juez que lo puede absolver o condenar, Martín sigue a la espera en el penal de Puente Grande. Ahí, según cuenta él mismo, pasa los días leyendo, orando, y pensando en la hija que nació poco después de que esta pesadilla comenzara.

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Martha Sepúlveda

Cancelan la eutanasia de Martha Sepúlveda, la primera colombiana que iba a recibirla sin ser enferma terminal

El centro que iba a llevar a cabo el procedimiento revisa la decisión del primer comité que evaluó el caso.
Martha Sepúlveda
10 de octubre, 2021
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La eutanasia de la colombiana Martha Sepúlveda, que estaba programada para este domingo a las 7 de la mañana, ha sido cancelada, según informó en un comunicado el Instituto Colombiano del Dolor, el centro clínico donde iba a realizarse.

La mujer iba a ser la primera persona en recibir el procedimiento en Colombia sin tener una enfermedad terminal.

Según dice el comunicado, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento” al concluir que “no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité” que evaluó su caso.

En Colombia la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015. Desde entonces, se han realizado 157 procedimientos.

En julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por causa de una lesión o enfermedad incurable. Y el de Martha Sepúlveda se había convertido en el primer caso en que se autoriza una eutanasia en un paciente que no tiene una enfermedad terminal.

Desde que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable, su familia decía que la vida de Sepúlveda, de 51 años, se había transformado en un tormento. La noticia de que podría ponerle fin había supuesto un alivio, según le contó su hijo Federico a BBC Mundo.

Recientemente, la Conferencia Episcopal colombiana le había pedido que reconsiderara su decisión.


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