INAH aprueba la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo
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INAH aprueba la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo

La empresa Desarrollo Las Monjas, propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, desarrolla una construcción en una "importante" zona arqueológica con vestigios de la cultura matlatzeca, conocida como La Peña, donde pobladores y especialistas reclaman devastación y afectaciones.
Por Nayeli Roldán
8 de marzo, 2016
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Cintillo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó a la empresa Desarrollo Las Monjas, propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo, Estado de México, protegida desde 1984 debido a su valor histórico.

Éste es el capítulo más reciente de edificación sobre el “importante” sitio arqueológico conocido como La Peña, definido así por los propios antropólogos.

Desde hace tres décadas empezaron estas edificaciones gracias a que el INAH avaló que inmobiliarias construyeran casas de descanso en la parte sur del terreno, sin realizar investigación ni rescate de vestigios, y a que pobladores edificaran de manera irregular, en la parte norte. Sin embargo, ahora habrá incluso un centro comercial.

Sobre el nuevo centro, el apoderado legal de Desarrollo Las Monjas, Adalberto Arrellano, aseguró que ha cumplido con todos los permisos, pero ignoraba que en uno de los tres terrenos que compraron para la obra no había autorización para construir.

Lo cierto es que en el terreno donde ahora se trabaja, el INAH había prohibido cualquier edificación desde 1989, pero en diciembre pasado cambió la decisión y liberó el terreno, es decir, avaló la edificación del centro comercial. El permiso se concedió con el argumento de que habría labores de rescate por parte de los constructores.

A partir de una filtración recibida en la plataforma Méxicoleaks, los medios y organizaciones que la integran –entre ellos Animal Político– realizaron una investigación conjunta que confirma la pérdida irremediable del patrimonio histórico en el Estado de México. Ésta es la historia.

INAH cede terreno a centro comercial

Desde hace 13 años, la empresa Desarrollo Las Monjas Valle de Bravo, S. A. de C. V. inició la estrategia para construir la plaza comercial Patio Valle, que incluirá una Bodega Aurrerá, locales, restaurantes, cines y 218 cajones de estacionamiento sobre un terreno de 17 mil 355 metros cuadrados en La Peña.

La obra, que prevén terminar en cuatro meses, quedará flanqueada por bosque y terrenos que se cotizan entre mil 500 y 6 mil pesos el metro cuadrado y casas veraniegas con valor de hasta 38 millones de pesos.

El 14 de octubre de 2003 los empresarios Alejandro Martí (director y accionista de Procorp, S.A. De C.V. Sociedad de Inversión de Capitales y Grupo Martí), Alejandro Aboumrad (presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, de donde es consejero desde hace 24 años) y Laila Kawage (esposa de Alejandro Aboumrad) compraron un terreno de dos hectáreas llamado La joya en Valle de Bravo, por 4 millones de pesos a la Asociación Civil Institución Providencial de México. En 2004 compraron otro terreno a Heriberto Robertson por 2 millones 400 mil pesos.

El 2006 Martí y Aboumrad constituyeron la empresa Desarrollo las Monjas Valle de Bravo, a la cual le traspasaron los terrenos antes comprados. El 21 de junio de 2006 tramitaron la fusión de predios para hacerlo un terreno de 29 mil 753 metros cuadrados, según se establece en el acta emitida por el notario público 99 del Estado de México, Juan José Ruiz Ortega.

La empresa siguió adquiriendo terrenos. El segundo, de 7 mil metros cuadrados, lo compró a Llilian Garibay en agosto de 2011. El tercero, de 794 metros cuadrados, en el que se encuentra el terreno Casa de ídolos, lo vendió Abel Núñez el 2 de septiembre del mismo año.

Este último terreno, al tratarse de un sitio arqueológico de resguardo, con “alto potencial” para explicar la cultura matlatzeca, era el único que no tenía permiso de construcción emitido por el INAH.

De allí rescataron esculturas con forma de cabeza de serpiente en la década de los 80, que forman parte del acervo del Museo Arqueológico de Valle de Bravo; por eso es que el INAH negó el permiso de construcción a Andrés Robertson, cuando lo solicitó en 1989, 1997 y 2000.

Para poder construir, Desarrolladora Las Monjas tramitó la manifestación de impacto ambiental, pero por los tres terrenos (una superficie total de 44 mil 694 metros cuadrados); fue autorizado por Salvador Díaz Vanegas, ex director general de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Estado de México, el 3 de diciembre de 2012.

Con este trámite aprobado, la empresa consiguió la licencia de uso de suelo el 15 de mayo de 2013. El último paso fue la licencia de construcción concedida por el municipio de Valle de Bravo el 21 de diciembre de 2013, como consta en la licencia número DDUYOP/446/2013.

Mapa

Ante la denuncia y manifestaciones de los vecinos, el delegado del INAH en el Estado de México, Ricardo Jaramillo, acudió a la zona para verificar las obras. Constató la “afectación” en el terreno, lo que “anunciaba la destrucción de patrimonio arqueológico”, por lo que el instituto detuvo la obra el 14 de febrero de 2014.

“Casa de ídolos no ha contado con una liberación; se localiza dentro de la poligonal de protección institucional; no forma parte de los predios liberados y por lo tanto es sujeto de protección de las normas en la materia de investigación arqueológica”, según se advierte en el proyecto de salvamento en su primera fase.

Una vez que la obra fue suspendida, Desarrolladora Las Monjas solicitó por primera vez el permiso de construcción para el terreno Casa de ídolos, como consta en el oficio número 144.2014/0300, dirigido al INAH y firmado por el representante legal de la empresa, Adalberto Arellano, el 17 de febrero de 2014.

El proyecto de rescate arqueológico inició en marzo de 2014 y los arqueólogos advertían su preocupación porque la obra requería haría excavaciones de cuatro metros de profundidad, por lo que “definitivamente los contextos arqueológicos localizados en el predio Casa de ídolos se verían totalmente destruidos”.

Después de la exploración, los arqueólogos propusieron una segunda fase para el salvamento de patrimonio debido a la “complejidad” del asentamiento prehispánico en el cual encontraron “vestigios relevantes del periodo prehispánicos”.

Pero esta vez hubo un compromiso más estricto: “Cuando termine cada una de las etapas de los trabajos de salvamento arqueológico, el INAH se obliga a liberar las zonas por escrito a la empresa propietaria”, según se lee en la minuta de acuerdos firmada por el delegado del centro INAH, Ricardo Jaramillo, el apoderado legal de la empresa, Adalberto Arellano, y el arqueólogo encargado, José Hernández, el 21 de agosto de 2014.

Durante los trabajos, el arqueólogo José Hernández ordenó a sus colegas encargados de la segunda fase de rescate “realizar a la brevedad, el levantamiento de los arranques de muros del nivel superficial” y dejar el área de reserva arqueológica para una “posible reconstrucción futura del pequeño basamento”, que “esperamos, algún día se lleven a cabo”.

Esto, argumentó Hernández, “se debe realizar para proceder a la liberación del área para que la empresa pueda iniciar sus trabajos de remoción del suelo”, según consta en un oficio del 26 de septiembre de 2014.

Los arqueólogos respondieron en su informe final que “se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”.

Consultado al respecto, José Hernández, arqueólogo encargado de la investigación en la zona de 1997 a 2014, confirma que el terreno no había sido liberado en décadas pasadas. “No pudimos haber cometido un error semejante.”

Sin embargo, defiende su propuesta de desmantelar los dos pequeños altares encontrados y restaurar otra parte de la estructura de Casa de ídolos para ser expuesta como parte del centro comercial. “No puedo parar una obra de desarrollo urbano, pero podemos integrarnos con el desarrollo respetando los vestigios”.

El Consejo de Arqueología, la máxima autoridad en materia de patrimonio, rechazó la propuesta de primera instancia. Por ello, dice, el representante legal de Desarrollo las monjas, Adalberto Arellano, le llamó “muy molesto”.

“Me habló preguntándome qué hacía, pero yo le dije que yo no podía hacer nada porque el Consejo es el que dictamina y es nuestra máxima autoridad en el país”, dice Hernández.

Según Adalberto Arellano, el proyecto cumplió con todos los permisos legales, pero “no sabíamos que Casa de ídolos no había sido liberado”, por eso es que el INAH inició trabajos de inspección. Además niega que hayan destruido vestigios en la zona y, por tanto, dice, la empresa no fue sancionada.

Según establece el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien “por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

El arqueólogo Hernández insiste en que los moradores “destruyeron mucho y la constructora, sí afectó un montículo, pero el daño fue menor”.

Tres

Aunque Méxicoleaks solicitó información y entrevistas al INAH para conocer la razón sobre la falta de sanciones y la inacción para rescatar los vestigios antes de que iniciaran las obras de construcción, no hubo respuesta en dos meses.

El 17 de diciembre de 2015, el INAH finalmente “liberó” el predio, es decir, otorgó el permiso para que la empresa retomara la obra en Casa de ídolos, donde se encontraron 22 áreas de actividad (monolitos, cerámica, utensilios), 28 entierros y 112 vasijas completas, según informó el organismo a una solicitud de información realizada por Méxicoleaks.

La arquitecta María de Lourdes Toscano, quien firmó la autorización, expuso que liberaba los terrenos “sin restricción alguna”.  Y retomó la propuesta de Hernández de que las estructuras mejor conservadas fuesen restauradas y expuestas dentro de la plaza comercial.

Los empresarios tras el proyecto

La falta de liberación del terreno fue el único obstáculo que había enfrentado el proyecto, pero con el aval del INAH, la empresa prevé concluir el centro comercial durante el próximo cuatrimestre, explica en entrevista el apoderado legal, Adalberto Arellano.

Asegura que sólo existe “desinformación” respecto al proyecto, pues se ha cumplido con todos los requerimientos legales. Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental, la licencia de uso de suelo y de construcción vencieron en 2014, ya tramitan las renovaciones.

Desarrolladora Las Monjas es propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Abounrad. Éste último, además de ser presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, es consejero independiente y a la vez suplente de Patrick Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú, en el Consejo de Administración de Grupo Carso.

En tanto, la empresas encargada del desarrollo de la obra es Mexico Reail Propierties, creada en 2003 por Jerónimo Marcos Gerard Rivero –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y John A. Blumberg, fundador del fondo de inversión inmobiliaria Black Creek Group.

De acuerdo con el perfil de MRP de la página de Equity International, se trata de “uno de los desarrolladores más activos de tiendas Walmart en México”. Opera 71 centros comerciales en 21 estados del país y renta sus espacios a 2 mil 700 arrendatarios como Bodega Aurrera, Sam’s Club y  Walmart.

Dos

Historia de la devastación

La Peña fue un “monumental” centro administrativo y ceremonial de la cultura matlatzeca, tan importante como otras civilizaciones de Mesoamérica, y contemporánea de los tehotihuacanos. Sin embargo, no se sabrá más. El patrimonio arqueológico que podría explicar el resto de la historia quedó sepultado.

La Peña abarca 236 mil 421 metros cuadrados y está dividido en 136 lotes y avecinados. En 1984, el INAH emitió una declaratoria de protección a un polígono de 30 hectáreas, debido al “alto potencial” para explicar el contexto arqueológico.

De acuerdo con los informes de las excavaciones consultados por Méxicoleaks en el archivo del INAH, la zona ha sido devastada sin que alguna autoridad lo detenga. En 1989, por ejemplo, el arqueólogo Basante Gutiérrez denunció ante el Centro INAH la destrucción de estructuras en el terreno donde el gobierno local construyó un Centro de Salud.

“Desafortunadamente ninguna acción administrativa y legal fue emprendida para llevar a cabo el rescate correspondiente por lo que no se realizó exploración alguna perdiéndose valiosa información”, se explica en el archivo histórico de 1997.

Devasta

En 1984, la ex delegada del INAH en el Estado de México, Silvia Gutiérrez y Vera, hizo una serie de “liberaciones otorgadas de manera irregular”, sin realizar trabajos previos de rescate, por lo que “el lado sureste de La Peña, que también contenía importantes vestigios, se perdió irremediablemente”.

La funcionaria, dice el arqueólogo José Hernández, fue despedida del INAH, pero el daño ya estaba hecho. La zona liberada alberga ahora casas de descanso cotizadas hasta en 38 millones de pesos.

Los pobladores de lado norte de La Peña, se inconformaron por haber permitido la construcción “a los ricos”, mientras que a ellos, les prohibían construir los terrenos que el gobierno les cedió desde 1947.

La única multa por construir sin permiso fue para dueño de lote 62, Francisco Rojas González, firmada por el director general de Desarrollo Urbano, Víctor Humberto Martínez Almazán en 1996.

El INAH y los comuneros logran un primer acuerdo en 1986 para que los arqueólogos iniciaran la investigación y otorgar o restringir permisos de construcción. Sin embargo, el arqueólogo Alfredo Dumaine López denunció que no concluyó el proyecto debido a la “falta de presupuesto e interés, prometido por algunas autoridades del INAH”.

Aunque el Instituto envió a arqueólogos para seguir investigando, en realidad afectaron la zona, según denuncian en los informes emitidos años después.

Por ejemplo, el arqueólogo José Hernández hizo “trabajos deficientes, sobrepasando el salvamento, sin planificación y sin prever los altos costos”.  También se desconoce la historia del terreno donde se construyó el Centro de Salud y el Conjunto de la Cruz, cuyas construcciones demostraban el alto desarrollo alcanzado por la cultura matlatzinca.

Del monumental centro ceremonial, sólo persiste la protección en las zonas conocidas como El campamento, La Mora, Los peñascos, La Palma y hasta antes de diciembre de 2015, Casa de ídolos.

Los pobladores de la zona han denunciado los saqueos, realizan marchas, levantan firmas y exigen rendición de cuentas sobre el proyecto sin que nadie los escuche. Incluso, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para demandar el respeto al medio ambiente y a la cultura.

Esperan que la carta que enviaron al presidente Enrique Peña Nieto pueda ayudar para impedir la devastación en la zona, aunque no olvidan que el político incumplió la promesa que firmó ante notario cuando era candidato a gobernador del Estado de México en 2005: “Rescatar la zona arqueológica y construir el Museo de Sitio en La Peña”.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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