INAH aprueba la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo
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INAH aprueba la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo

La empresa Desarrollo Las Monjas, propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, desarrolla una construcción en una "importante" zona arqueológica con vestigios de la cultura matlatzeca, conocida como La Peña, donde pobladores y especialistas reclaman devastación y afectaciones.
Por Nayeli Roldán
8 de marzo, 2016
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Cintillo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) autorizó a la empresa Desarrollo Las Monjas, propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, la construcción de un centro comercial en una zona arqueológica de Valle de Bravo, Estado de México, protegida desde 1984 debido a su valor histórico.

Éste es el capítulo más reciente de edificación sobre el “importante” sitio arqueológico conocido como La Peña, definido así por los propios antropólogos.

Desde hace tres décadas empezaron estas edificaciones gracias a que el INAH avaló que inmobiliarias construyeran casas de descanso en la parte sur del terreno, sin realizar investigación ni rescate de vestigios, y a que pobladores edificaran de manera irregular, en la parte norte. Sin embargo, ahora habrá incluso un centro comercial.

Sobre el nuevo centro, el apoderado legal de Desarrollo Las Monjas, Adalberto Arrellano, aseguró que ha cumplido con todos los permisos, pero ignoraba que en uno de los tres terrenos que compraron para la obra no había autorización para construir.

Lo cierto es que en el terreno donde ahora se trabaja, el INAH había prohibido cualquier edificación desde 1989, pero en diciembre pasado cambió la decisión y liberó el terreno, es decir, avaló la edificación del centro comercial. El permiso se concedió con el argumento de que habría labores de rescate por parte de los constructores.

A partir de una filtración recibida en la plataforma Méxicoleaks, los medios y organizaciones que la integran –entre ellos Animal Político– realizaron una investigación conjunta que confirma la pérdida irremediable del patrimonio histórico en el Estado de México. Ésta es la historia.

INAH cede terreno a centro comercial

Desde hace 13 años, la empresa Desarrollo Las Monjas Valle de Bravo, S. A. de C. V. inició la estrategia para construir la plaza comercial Patio Valle, que incluirá una Bodega Aurrerá, locales, restaurantes, cines y 218 cajones de estacionamiento sobre un terreno de 17 mil 355 metros cuadrados en La Peña.

La obra, que prevén terminar en cuatro meses, quedará flanqueada por bosque y terrenos que se cotizan entre mil 500 y 6 mil pesos el metro cuadrado y casas veraniegas con valor de hasta 38 millones de pesos.

El 14 de octubre de 2003 los empresarios Alejandro Martí (director y accionista de Procorp, S.A. De C.V. Sociedad de Inversión de Capitales y Grupo Martí), Alejandro Aboumrad (presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, de donde es consejero desde hace 24 años) y Laila Kawage (esposa de Alejandro Aboumrad) compraron un terreno de dos hectáreas llamado La joya en Valle de Bravo, por 4 millones de pesos a la Asociación Civil Institución Providencial de México. En 2004 compraron otro terreno a Heriberto Robertson por 2 millones 400 mil pesos.

El 2006 Martí y Aboumrad constituyeron la empresa Desarrollo las Monjas Valle de Bravo, a la cual le traspasaron los terrenos antes comprados. El 21 de junio de 2006 tramitaron la fusión de predios para hacerlo un terreno de 29 mil 753 metros cuadrados, según se establece en el acta emitida por el notario público 99 del Estado de México, Juan José Ruiz Ortega.

La empresa siguió adquiriendo terrenos. El segundo, de 7 mil metros cuadrados, lo compró a Llilian Garibay en agosto de 2011. El tercero, de 794 metros cuadrados, en el que se encuentra el terreno Casa de ídolos, lo vendió Abel Núñez el 2 de septiembre del mismo año.

Este último terreno, al tratarse de un sitio arqueológico de resguardo, con “alto potencial” para explicar la cultura matlatzeca, era el único que no tenía permiso de construcción emitido por el INAH.

De allí rescataron esculturas con forma de cabeza de serpiente en la década de los 80, que forman parte del acervo del Museo Arqueológico de Valle de Bravo; por eso es que el INAH negó el permiso de construcción a Andrés Robertson, cuando lo solicitó en 1989, 1997 y 2000.

Para poder construir, Desarrolladora Las Monjas tramitó la manifestación de impacto ambiental, pero por los tres terrenos (una superficie total de 44 mil 694 metros cuadrados); fue autorizado por Salvador Díaz Vanegas, ex director general de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Estado de México, el 3 de diciembre de 2012.

Con este trámite aprobado, la empresa consiguió la licencia de uso de suelo el 15 de mayo de 2013. El último paso fue la licencia de construcción concedida por el municipio de Valle de Bravo el 21 de diciembre de 2013, como consta en la licencia número DDUYOP/446/2013.

Mapa

Ante la denuncia y manifestaciones de los vecinos, el delegado del INAH en el Estado de México, Ricardo Jaramillo, acudió a la zona para verificar las obras. Constató la “afectación” en el terreno, lo que “anunciaba la destrucción de patrimonio arqueológico”, por lo que el instituto detuvo la obra el 14 de febrero de 2014.

“Casa de ídolos no ha contado con una liberación; se localiza dentro de la poligonal de protección institucional; no forma parte de los predios liberados y por lo tanto es sujeto de protección de las normas en la materia de investigación arqueológica”, según se advierte en el proyecto de salvamento en su primera fase.

Una vez que la obra fue suspendida, Desarrolladora Las Monjas solicitó por primera vez el permiso de construcción para el terreno Casa de ídolos, como consta en el oficio número 144.2014/0300, dirigido al INAH y firmado por el representante legal de la empresa, Adalberto Arellano, el 17 de febrero de 2014.

El proyecto de rescate arqueológico inició en marzo de 2014 y los arqueólogos advertían su preocupación porque la obra requería haría excavaciones de cuatro metros de profundidad, por lo que “definitivamente los contextos arqueológicos localizados en el predio Casa de ídolos se verían totalmente destruidos”.

Después de la exploración, los arqueólogos propusieron una segunda fase para el salvamento de patrimonio debido a la “complejidad” del asentamiento prehispánico en el cual encontraron “vestigios relevantes del periodo prehispánicos”.

Pero esta vez hubo un compromiso más estricto: “Cuando termine cada una de las etapas de los trabajos de salvamento arqueológico, el INAH se obliga a liberar las zonas por escrito a la empresa propietaria”, según se lee en la minuta de acuerdos firmada por el delegado del centro INAH, Ricardo Jaramillo, el apoderado legal de la empresa, Adalberto Arellano, y el arqueólogo encargado, José Hernández, el 21 de agosto de 2014.

Durante los trabajos, el arqueólogo José Hernández ordenó a sus colegas encargados de la segunda fase de rescate “realizar a la brevedad, el levantamiento de los arranques de muros del nivel superficial” y dejar el área de reserva arqueológica para una “posible reconstrucción futura del pequeño basamento”, que “esperamos, algún día se lleven a cabo”.

Esto, argumentó Hernández, “se debe realizar para proceder a la liberación del área para que la empresa pueda iniciar sus trabajos de remoción del suelo”, según consta en un oficio del 26 de septiembre de 2014.

Los arqueólogos respondieron en su informe final que “se tuvo que cumplir con dicha acción aunque no se estuviera de acuerdo”.

Consultado al respecto, José Hernández, arqueólogo encargado de la investigación en la zona de 1997 a 2014, confirma que el terreno no había sido liberado en décadas pasadas. “No pudimos haber cometido un error semejante.”

Sin embargo, defiende su propuesta de desmantelar los dos pequeños altares encontrados y restaurar otra parte de la estructura de Casa de ídolos para ser expuesta como parte del centro comercial. “No puedo parar una obra de desarrollo urbano, pero podemos integrarnos con el desarrollo respetando los vestigios”.

El Consejo de Arqueología, la máxima autoridad en materia de patrimonio, rechazó la propuesta de primera instancia. Por ello, dice, el representante legal de Desarrollo las monjas, Adalberto Arellano, le llamó “muy molesto”.

“Me habló preguntándome qué hacía, pero yo le dije que yo no podía hacer nada porque el Consejo es el que dictamina y es nuestra máxima autoridad en el país”, dice Hernández.

Según Adalberto Arellano, el proyecto cumplió con todos los permisos legales, pero “no sabíamos que Casa de ídolos no había sido liberado”, por eso es que el INAH inició trabajos de inspección. Además niega que hayan destruido vestigios en la zona y, por tanto, dice, la empresa no fue sancionada.

Según establece el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, quien “por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado”.

El arqueólogo Hernández insiste en que los moradores “destruyeron mucho y la constructora, sí afectó un montículo, pero el daño fue menor”.

Tres

Aunque Méxicoleaks solicitó información y entrevistas al INAH para conocer la razón sobre la falta de sanciones y la inacción para rescatar los vestigios antes de que iniciaran las obras de construcción, no hubo respuesta en dos meses.

El 17 de diciembre de 2015, el INAH finalmente “liberó” el predio, es decir, otorgó el permiso para que la empresa retomara la obra en Casa de ídolos, donde se encontraron 22 áreas de actividad (monolitos, cerámica, utensilios), 28 entierros y 112 vasijas completas, según informó el organismo a una solicitud de información realizada por Méxicoleaks.

La arquitecta María de Lourdes Toscano, quien firmó la autorización, expuso que liberaba los terrenos “sin restricción alguna”.  Y retomó la propuesta de Hernández de que las estructuras mejor conservadas fuesen restauradas y expuestas dentro de la plaza comercial.

Los empresarios tras el proyecto

La falta de liberación del terreno fue el único obstáculo que había enfrentado el proyecto, pero con el aval del INAH, la empresa prevé concluir el centro comercial durante el próximo cuatrimestre, explica en entrevista el apoderado legal, Adalberto Arellano.

Asegura que sólo existe “desinformación” respecto al proyecto, pues se ha cumplido con todos los requerimientos legales. Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental, la licencia de uso de suelo y de construcción vencieron en 2014, ya tramitan las renovaciones.

Desarrolladora Las Monjas es propiedad de Alejandro Martí y Alejandro Abounrad. Éste último, además de ser presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso, es consejero independiente y a la vez suplente de Patrick Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú, en el Consejo de Administración de Grupo Carso.

En tanto, la empresas encargada del desarrollo de la obra es Mexico Reail Propierties, creada en 2003 por Jerónimo Marcos Gerard Rivero –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y John A. Blumberg, fundador del fondo de inversión inmobiliaria Black Creek Group.

De acuerdo con el perfil de MRP de la página de Equity International, se trata de “uno de los desarrolladores más activos de tiendas Walmart en México”. Opera 71 centros comerciales en 21 estados del país y renta sus espacios a 2 mil 700 arrendatarios como Bodega Aurrera, Sam’s Club y  Walmart.

Dos

Historia de la devastación

La Peña fue un “monumental” centro administrativo y ceremonial de la cultura matlatzeca, tan importante como otras civilizaciones de Mesoamérica, y contemporánea de los tehotihuacanos. Sin embargo, no se sabrá más. El patrimonio arqueológico que podría explicar el resto de la historia quedó sepultado.

La Peña abarca 236 mil 421 metros cuadrados y está dividido en 136 lotes y avecinados. En 1984, el INAH emitió una declaratoria de protección a un polígono de 30 hectáreas, debido al “alto potencial” para explicar el contexto arqueológico.

De acuerdo con los informes de las excavaciones consultados por Méxicoleaks en el archivo del INAH, la zona ha sido devastada sin que alguna autoridad lo detenga. En 1989, por ejemplo, el arqueólogo Basante Gutiérrez denunció ante el Centro INAH la destrucción de estructuras en el terreno donde el gobierno local construyó un Centro de Salud.

“Desafortunadamente ninguna acción administrativa y legal fue emprendida para llevar a cabo el rescate correspondiente por lo que no se realizó exploración alguna perdiéndose valiosa información”, se explica en el archivo histórico de 1997.

Devasta

En 1984, la ex delegada del INAH en el Estado de México, Silvia Gutiérrez y Vera, hizo una serie de “liberaciones otorgadas de manera irregular”, sin realizar trabajos previos de rescate, por lo que “el lado sureste de La Peña, que también contenía importantes vestigios, se perdió irremediablemente”.

La funcionaria, dice el arqueólogo José Hernández, fue despedida del INAH, pero el daño ya estaba hecho. La zona liberada alberga ahora casas de descanso cotizadas hasta en 38 millones de pesos.

Los pobladores de lado norte de La Peña, se inconformaron por haber permitido la construcción “a los ricos”, mientras que a ellos, les prohibían construir los terrenos que el gobierno les cedió desde 1947.

La única multa por construir sin permiso fue para dueño de lote 62, Francisco Rojas González, firmada por el director general de Desarrollo Urbano, Víctor Humberto Martínez Almazán en 1996.

El INAH y los comuneros logran un primer acuerdo en 1986 para que los arqueólogos iniciaran la investigación y otorgar o restringir permisos de construcción. Sin embargo, el arqueólogo Alfredo Dumaine López denunció que no concluyó el proyecto debido a la “falta de presupuesto e interés, prometido por algunas autoridades del INAH”.

Aunque el Instituto envió a arqueólogos para seguir investigando, en realidad afectaron la zona, según denuncian en los informes emitidos años después.

Por ejemplo, el arqueólogo José Hernández hizo “trabajos deficientes, sobrepasando el salvamento, sin planificación y sin prever los altos costos”.  También se desconoce la historia del terreno donde se construyó el Centro de Salud y el Conjunto de la Cruz, cuyas construcciones demostraban el alto desarrollo alcanzado por la cultura matlatzinca.

Del monumental centro ceremonial, sólo persiste la protección en las zonas conocidas como El campamento, La Mora, Los peñascos, La Palma y hasta antes de diciembre de 2015, Casa de ídolos.

Los pobladores de la zona han denunciado los saqueos, realizan marchas, levantan firmas y exigen rendición de cuentas sobre el proyecto sin que nadie los escuche. Incluso, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para demandar el respeto al medio ambiente y a la cultura.

Esperan que la carta que enviaron al presidente Enrique Peña Nieto pueda ayudar para impedir la devastación en la zona, aunque no olvidan que el político incumplió la promesa que firmó ante notario cuando era candidato a gobernador del Estado de México en 2005: “Rescatar la zona arqueológica y construir el Museo de Sitio en La Peña”.

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COVID: 6 efectos de la catástrofe generacional en la educación en América Latina

En BBC Mundo te presentamos algunos de los efectos y soluciones de emergencia que se han implementado en varios países.
19 de septiembre, 2020
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Es tan alto el riesgo de contagio al reabrir las escuelas, que en muchos países de América Latina y otras partes del mundo, el sistema educativo tuvo que moverse de la noche a la mañana hacia las clases virtuales.

Pero en las zonas rurales más apartadas o los barrios vulnerables con poca conectividad, las clases online son prácticamente imposibles.

Es ahí, en medio de la emergencia, cuando los maestros reparten guías de trabajo puerta a puerta o dejan los deberes a través de una llamada telefónica.

Sin embargo, hay zonas donde la covid-19 se ha propagado con tanta fuerza que ni siquiera los profesores pueden acercarse a las casas. Y como muchas familias que viven en el campo no tienen teléfono, se ha perdido el contacto.

“Hay niños que se quedaron sin aprender a leer ni escribir”, le dice a BBC Mundo Wilson León, profesor boliviano de primaria en Loman, Chuquisaca, una zona agrícola y ganadera con mínimo acceso a internet.

Wilson León

Wilson León
“Hay niños que se quedaron sin aprender a leer ni escribir”, le dice a BBC Mundo Wilson León, profesor boliviano.

Una de las cosas que más le preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los estudiantes y la imposibilidad de llegar a ellos.

“Donde viven mis alumnos no hay señal de internet”, cuenta León, quien solía caminar durante horas para llevar material educativo casa por casa, algo que ya no puede hacer.

Primero porque en su distrito se han disparado los contagios. Y segundo, porque el gobierno de Bolivia anunció en agosto el cierre anticipado del año escolar, por la falta de condiciones para garantizar el acceso a la educación virtual.

Como resultado, los alumnos fueron promovidos automáticamente al curso siguiente, con un vacío de conocimiento que probablemente será difícil de recuperar.

En América Latina la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La conectividad debería ser un derecho humano“, argumenta Claudia Uribe, directora de Educación para América Latina de la organización, en diálogo con BBC Mundo.

Pero mientras eso no ocurra, la región está expuesta a “enfrentar una catástrofe generacional” en educación, advierte.

Niñas mexicana estudiando en casa

Getty Images
En América Latina la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando a 160 millones de estudiantes.

De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

Y si no están conectados, la posibilidad de que las familias con hijos sigan las clases, es bastante baja.

Estos son seis efectos que ha provocado la pandemia a nivel educacional:

1. Interrupción del aprendizaje

El efecto más evidente del cierre de escuelas es la interrupción del aprendizaje. Aunque es un problema en todos los niveles educacionales, quienes más lo sufren son los pequeños que están iniciando el ciclo escolar y aquellos a punto de egresar.

Los más pequeños porque, si no adquieren las destrezas básicas como leer y escribir o sumar y restar, se enfrentan a un déficit esencial para avanzar hacia los cursos superiores.

Y los más grandes porque se hacen más difíciles sus perspectivas de ingreso a la educación superior o al mundo laboral.

2. Falta de alimentación

Gran parte de las escuelas públicas en Latinoamérica reparten alimentación gratuita a los niños que no tienen los recursos económicos para financiar el desayuno y el almuerzo.

3. Familias sin preparación para enseñar

Ya sea que los niños se conecten virtualmente o que reciban guías de trabajo en papel, muchos padres no están preparados para responder preguntas y para asistir todo el proceso de enseñanza.

Niño frente a computador en México

Getty Images
Las familias han tenido que adaptarse a las duras condiciones que imponen los confinamientos y en muchas ocasiones no tienen los conocimientos necesarios para apoyar a los estudiantes de primaria.

Durante la pandemia les ha caído esta gran responsabilidad que habitualmente se suma a las responsabilidades laborales.

4. Desigualdad en el acceso a las clases digitales

En muchas zonas de la región no hay señal de internet y la posibilidad de que algún día llegue es bastante remota.

Hay países en África donde empresas como Google han invertido en planes piloto como el envío de señal a través de globos aerostáticos, pero son iniciativas muy complejas de replicar a una escala más masiva, como le explica a BBC Mundo Valtencir Mendes, especialista en programas de educación e innovación de la Unesco.

“Es difícil implementar esas alternativas porque el costo es muy alto”, apunta.

Estudiantes en México

Getty Images
Cerca del 20% de la población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil.

También hay casas donde sí tienen acceso a internet -a través de la compra de minutos de conexión- pero es un acceso limitado.

Hay padres que me dicen que tienen que elegir entre comprar minutos o comprar comida”, dice una profesora chilena que se enfrenta a este tipo de problemas trabajando en zonas vulnerables de Santiago.

Los expertos coinciden en que, si bien la brecha digital siempre ha existido, la pandemia ha puesto en evidencia las huellas que deja la desigualdad en el acceso tecnológico.

5. Aumento del abandono escolar

Aunque aún no hay cifras sobre el abandono escolar en Latinoamérica durante la pandemia, fuentes consultadas por BBC Mundo en escuelas y organizaciones que trabajan en barrios pobres o zonas alejadas, dicen que hay estudiantes que abandonaron las clases en los últimos meses a raíz de la pandemia.

Niña estudiando

Dalia Dávila
Aún no hay estadísticas regionales, pero los expertos estiman que durante la pandemia aumentará la tasa de abandono escolar.

“El mayor problema es que algunos de esos estudiantes no van a regresar”, dice Uribe, porque algunos se integran directamente al mercado laboral o las niñas se quedan en la casa ayudando a cuidar a los familiares que necesitan asistencia.

6. Violencia doméstica y embarazos prematuros

“Esta crisis ha afectado más a las niñas”, comenta Mendes, porque al permanecer en la casa quedan expuestas a situaciones de abusos o porque simplemente quedan relegadas a las labores del hogar.

La cara más dramática de esta situación es que han aumentado los embarazos prematuros y en algunos países, los matrimonios forzados.

“La mayoría de esas niñas no va a volver al sistema educativo”, agrega, y su vida cambiará para siempre.


Dado que el cierre de escuelas es una situación tan grave, han surgido algunas iniciativas de emergencia que tratan de mitigar en parte los efectos del cierre de las escuelas por parte de gobiernos, empresas o la propia comunidad.

1. Un modelo “modelo híbrido” durante la pandemia

En muchos países de la región, incluidos Brasil y México, los gobiernos centrales y locales han puesto en marcha programas de educación a través de la televisión y la radio, pensando precisamente en las familias sin acceso a internet.

Sin embargo, expertos como Mendes de la Unesco, aseguran que los estudios han demostrado que las clases por televisión son una buena opción si van acompañadas de material impreso, tutorías por teléfono, o algún tipo de seguimiento a los alumnos.

Si son clases por televisión sin ningún otro complemento, no generan buenos resultados.

“Los más efectivos son los modelos híbridos”, plantea Mendes, y cita como ejemplo el plan que se está implementando en Sao Paulo, Brasil, donde combinan clases por televisión, recursos online y contenidos en papel.

Materiales escolares en una mesa

Getty Images
Expertos en educación recomiendan la aplicación de modelos híbridos de educación para enfrentar la emergencia.

Las clases en Sao Paulo se interrumpieron a mediados de marzo con el cierre de 5.400 escuelas y en septiembre han comenzado a reabrir sus puertas solo algunos establecimientos.

“Creamos una aplicación para celulares, negociada con operadores telefónicos, para ofrecer internet gratuito a los estudiantes más pobres y transmitimos clases en dos canales de televisión”, le explica a BBC Mundo Rossieli Soares da Silva , secretario de Educación del estado de Sao Paulo.

Y en México, desde fines de agosto los estudiantes comenzaron a tener clases por televisión tras un acuerdo del gobierno con las televisoras para impartir contenidos a distancia, dado que solo el 56% de los hogares tiene acceso a internet, según cifras oficiales.

Las autoridades esperan producir 4.550 programas de televisión y 640 de radio en español y en lenguas indígenas.

Niña mexicana estudiando en su casa

Getty Images
A fines de agosto el gobierno mexicano decidió impartir clases a través de la televisión.

Sin embargo, sindicatos de maestros han expresado reparos ante la iniciativa, argumentando que el aprendizaje no funciona con la observación de contenidos informativos, sino a través de la interacción con los alumnos.

2. Participación de empresas

Las alianzas entre empresas y gobiernos u organismos internacionales son uno de los caminos más utilizados para aumentar la conectividad. Este año, con la urgencia impuesta por la pandemia, surgieron nuevos proyectos o se expandieron aquellos que ya existían.

Por ejemplo, en Argentina, la empresa Telefónica hizo un acuerdo con el gobierno para dar acceso gratuito a sitios educativos de internet durante la pandemia a familias que no pueden pagar el servicio.

Y en Perú, la misma empresa junto a Facebook, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), crearon “Internet para Todos”, una firma que ofrece servicios a los operadores móviles locales para llegar a zonas remotas.

A escala más pequeña, hay organizaciones que reparten chips, celulares, paquetes con gigas y minutos de conexión, computadores y cualquier herramienta que ayude a mejorar el acceso a internet.

Niñas estudiando

Getty Images
Las alianzas entre empresas y gobierno ha sido esencial para facilitar el acceso a internet en algunas zonas de la región.

Y en las actuales circunstancias, en aquellas zonas donde las familias no tienen ninguna posibilidad de conectarse, hay organizaciones que reparten tinta para las impresoras en colegios, con el fin de que los padres lleven los deberes en papel a la casa.

También hay iniciativas para entrenar a los maestros en habilidades digitales básicas. Es el caso de Unicef y la empresa Tigo-Millicom que han entrenado a cerca de 130.000 docentes en Bolivia y Paraguay.

O lo que está haciendo Technovation Chile, con apoyo de la empresa telefónica Wom y otros fondos internacionales, al distribuir contenidos digitales -que también se pueden descargar e imprimir en papel- en colegios que entregan canastas de alimentos a sus alumnos.

3. Héroes anónimos de las propias comunidades

Aunque existen iniciativas del sector público y privado, lo cierto es que Latinoamérica está lleno de lugares donde los niños quedaron completamente excluidos del sistema escolar.

Mientras sigue propagándose la covid-19, hay ocasiones en que la única alternativa es la ayuda de los vecinos.

Dalia Dávila

Dalia Dávila
La mexicana Dalia Dávila comparte internet desde su tortillería a los niños del barrio.

Vecinos que se consiguen fotocopiadoras para compartir las lecciones, que hacen turnos para compartir los computadores o que se prestan internet.

Incluso hay personas que ayudan a los estudiantes desde su lugar de trabajo.

Eso hace Dalia Dávila, una mexicana de Tlalpan, que comparte el internet de su negocio, “Tortillerías La Abuela”, con los niños del barrio y les facilita un computador portátil, un celular y un televisor.

Para que no estuvieran sentados en el suelo, Dávila convirtió la cajuela de una camioneta en un lugar de aprendizaje. Y lo llamó “El rinconcito de la esperanza”.

Dalia Dávila

Dalia Dávila
Dávila comenzó habilitando la cajuela de una camioneta para que los niños del sector pudieran continuar aprendiendo.

Tanto éxito tuvo su iniciativa, que llegaron personas a ofrecer ayuda económica a través de un “apadrinamiento” a los niños y maestros voluntarios que refuerzan los contenidos que se transmiten por televisión.

“Me conseguí otros lugares cercanos a la tortillería donde los niños siguen aprendiendo”, le dice a BBC Mundo. Ahora tengo entre 50 y 60 niños que vienen a buscar ayuda.

“Estoy muy feliz“, dice emocionada. “Quisiera que todos los niños pudieran estudiar”.


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