[contextly_sidebar id=”d61yf4z3qztB7KfUv0Gtolcrjwx9u0Xs”] La averiguación previa contra mí tiene un efecto amedrentador en los defensores de los derechos humanos, y si persiste es una regresión al México autoritario, expresó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, de acuerdo con mensajes difundidos por el organismo en redes sociales.
Es inaudito que el Estado mexicano, expresó Álvarez Icaza, por un lado trabaje con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por otro dé curso a la averiguación previa, por un supuesto fraude.
.@EmilioAlvarezI: no hay antecedentes en historia de CIDH de una averiguación previa contra un Secretario Ejecutivo. #México
— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016
.@EmilioAlvarezI: México abre averiguación previa contra Secretario de organización internacional, mensaje claro contra defensores de DDHH
— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016
.@EmilioAlvarezI “#México tiene instrumentos para no tramitar denuncias temerarias e infundadas. La averiguación previa es un mensaje claro”
— CIDH (@CIDH) 30 de marzo de 2016
En un comunicado previo, publicado el martes 29 de marzo, la CIDH denunció “una campaña de desprestigio en México” contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra su secretario ejecutivo.
A través de un comunicado, la Comisión rechazó “en forma contundente” la averiguación previa iniciada contra Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en perjuicio del estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, “tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”.
La CIDH explicó que Emilio Álvarez Icaza, en su carácter de secretario ejecutivo de la Comisión, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”.
“Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo”, subrayó la Comisión, la cual consideró “inadmisible” la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, “que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”.
La Comisión Interamericana recordó que en 2014 se firmó un convenio de asistencia con el gobierno mexicano y con los representantes de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición formada, a partir del cual se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que tiene por objeto investigar qué sucedió aquel 26 de septiembre de 2014 con los normalistas.
En este sentido, la CIDH remarcó que el informe de investigación y las primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala “irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales”.
“En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, recalcó la Comisión.
Aquí puedes leer el comunicado íntegro de la CIDH:
GIEI ya denunció obstáculos a su investigación
Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, Animal Político publicó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunció que la Procuraduría General de la República les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con esta investigación, y que no han sido incluidas en la averiguación previa original.
Entre estas evidencias se encuentran declaraciones de presuntos implicados que han sido detenidos en los últimos meses, como la de Gilberto López Astudillo(detenido en septiembre de 2015) así como peritajes, que la PGR ha integrado a nuevas carpetas de investigación no contempladas en el acuerdo de colaboración signado entre la CIDH y el gobierno mexicano, y por esta razón, quedan fuera del escrutinio del grupo de expertos independientes.
Por ello, el GIEI instó a las autoridades mexicanas a desistirse de esta estrategia de “fragmentación” de las investigaciones, y concentrar toda la información relacionada con la desaparición de los normalistas en una sola averiguación previa.
