La falta de personal pone en riesgo el éxito de la justicia alternativa: estudio
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La falta de personal pone en riesgo el éxito de la justicia alternativa: estudio

Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo indica que son insuficientes los recursos destinados hasta ahora para poner en práctica la figura de la justicia alternativa, aunque su efectividad para resolver conflictos está demostrada.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán
29 de marzo, 2016
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La justicia alternativa es una figura del nuevo sistema penal que permite la solución de conflictos antes de llegar a un juicio. Su efectividad está demostrada, pero hasta el momento los recursos y el personal asignado a este proceso es insuficiente en el país, lo que pone en riesgo el éxito del modelo.

Así lo advierte el informe “La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México”, realizado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), que será presentado este martes 29 de marzo.

Tras la reforma penal de 2008, que obliga a todos los estados a implementar el nuevo sistema penal acusatorio a más tardar el 18 de junio de 2016, se establecieron Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP), que permiten a la víctima y el ofensor, conseguir una resolución de conflictos para la reparación del daño, reconstrucción del tejido social y quitar carga de trabajo al sistema de justicia penal.

Sin embargo, el estudio coordinado por Carlos de la Rosa, señala que la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa “comprometen el cumplimiento de la ley”. Por ejemplo, la falta de personal obliga a desarrollar funciones adicionales, lo que “pone en riesgo el éxito de los Mecanismos Alternativos”.

Hasta el momento el modelo ha tenido avances en los años de implementación. De acuerdo con el INEGI, durante el 2014 hubo 168 mil 553casos presentados en los Centros de Justicia Alternativa del país, lo que representa 30% más que en 2013 (139 mil 602 casos). Los asuntos solucionados también aumentaron de 130 mil 193 a 138 mil 758, respectivamente. Sin embargo, el número de asuntos pendientes se duplicó al pasar de 6 mil 373 en 2013 a 12 mil 315 en 2014.

Esto puede explicarse por la falta de personal, pues, por ejemplo, en el proceso existe una figura clave: los facilitadores, quienes están encargados de mediar entre la víctima y el ofensor. Prácticamente se hacen cargo de los casos pues tienen que organizar los encuentros entre los involucrados e incluso con la comunidad, además debe hablar con policías y medios de comunicación y debe conocer a detalle los servicios y las redes sociales de soporte.

Sin embargo, el estudio advierte que las entidades carecen de una definición de perfiles por competencias para los operadores del área de justicia alternativa, lo que “resulta preocupante dado que los facilitadores requieren del desarrollo de competencias particulares para garantizar el desempeño de sus funciones”.

De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia Estatal de 2015, sólo hay 674 facilitadores en todo el país, con magras condiciones laborales. Tienen plazas como Ministerio Público o auxiliares, con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales y compensaciones de 2 mil a 7 mil pesos.

Pero las malas condiciones afectan a todos los Centros de Justicia Alternativa. En Oaxaca, por ejemplo, ni siquiera hay funcionarios administrativos para la justicia alternativa. En Chihuahua sólo hay tres secretarias, un ayudante de archivo, un notificador, dos policías que fungen como notificadores. En el Estado de México sólo hay dos personas administrativas de apoyo y Morelos es el más holgado, pues cuenta con 25 funcionarios administrativos de apoyo.

De acuerdo con los investigadores Mireya Moreno, Paulina Sánchez y Karen Silva, “gran parte del éxito de la justicia alternativa depende de las capacidades de los operadores y de su compromiso con los mecanismos”. Incluso, si la justicia alternativa opera de forma efectiva, “afectarán una serie de cotos de interés, influencias profesionales y esferas de poder y de control”.

Lee: Retos de la profesionalización policial en el nuevo sistema de justicia penal para el 2016

¿Por qué apostar por la justicia alternativa?

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece tres mecanismos: conciliación, mediación y junta restaurativa. Los primeros dos son similares pues implican la participación del requerido y el solicitante, más un tercero imparcial (llamado por la ley “facilitador”).

Entre las críticas a estos tópicos es que tanto la mediación como la conciliación no necesariamente implican un enfoque restaurativo, sino que se limitan a buscar un acuerdo por medio de negociación de manera similar a lo que ocurre en la materia mercantil o civil.

El modelo de justicia alternativa no aspira a ser justicia de pequeñas causas o para delitos cometidos por menores, ni un proceso abreviado, sino como un mecanismo que “transforme y sane la relación lastimada entre la comunidad y las instituciones del sistema de justicia”.

A partir de la revisión de diversos códigos penales locales, los delitos que son susceptibles a la justicia alternativa son: homicidio culposo, lesiones, aborto, manipulación genética, delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación, amenazas, allanamiento de vivienda, robo, abuso de confianza, fraude, entre otros.

Además, evitar que los infractores lleguen a la cárcel por este tipo de delitos también significa un menor costo para el sistema penitenciario, pues los penales están a 130% de su capacidad en promedio. Esto representaba un gasto aproximado de 213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al año.

El impacto económico también se observa entre las familias. De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de internos de prisiones en el estado de Morelos y en la Ciudad de México más de 70% de los entrevistados gastó entre 10 mil y 50 mil. En contraste, con la justicia alternativa, 23% los usuarios entrevistados gastó 100 pesos; 30% afirmó haber gastado hasta 500 pesos y 24% hasta 5 mil pesos.

Además, una vez que una persona está en la cárcel, los gastos continúan: 20% de los familiares de internos en prisiones gastan entre 501 y hasta mil pesos mensuales en insumos y protección para su familiar, pero el pago puede llegar hasta cinco mil pesos.

El estudio incluyó encuestas a 458 usuarios de los mecanismos alternativos en Morelos, Estado de México y Oaxaca. Del total, 44% dijo sentirse muy satisfecho, 25% algo satisfecho, 3% ni mucho ni poco, 14% poco satisfecho y 12% nada satisfecho y 3% no sabe o no contestó.

Al preguntarles sobre el tipo de acuerdo fijado en los casos, 42% refirió que se trató de un arreglo de tipo monetario. De acuerdo con la Ley Nacional, los acuerdos también incluye la realización u omisión de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o cualquier otra forma lícita como la inscripción a programas o actividades destinadas a la no repetición de la conducta.

Los mecanismos alternativos, afirman los investigadores, representan una forma innovadora de hacer justicia de forma transparente y horizontal, lo que deja satisfechos a los usuarios con el resultado, no por el sentido de la resolución, sino por que perciben que hubo un proceso justo y que participaron de forma activa.

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Rusia y Ucrania: qué se considera un crimen de guerra y puede ser Putin procesado por sus acciones

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de atacar civiles y cometer "crímenes de guerra", algo que está investigando la Corte Penal Internacional.
11 de marzo, 2022
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Ciudades ucranianas como Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol han sido objeto de intensos ataques por parte de las fuerzas rusas en los últimos días.

En la última de ellas se produjo el bombardeo de una maternidad y hospital infantil este miércoles, algo que fue calificado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un “crimen de guerra”.

No fue la primera vez que Zelensky lanzó esa acusación contra Rusia. También lo hizo después de los ataques aéreos en Járkiv, que causaron la muerte de civiles.

Rusia ha negado que su ejército ataque civiles e instituciones de salud.

No obstante, tras la petición de 39 naciones, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo hace unos días que se están recopilando pruebas sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por fuerzas rusas en Ucrania.

Aquí te contamos qué son los crímenes de guerra y de qué se acusa a Rusia.

¿Qué es un crimen de guerra?

Las reglas que definen un crimen de guerra figuran en el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, un conjunto de leyes más amplias relativas a las normas y costumbres de la guerra terrestre.

En algunos casos, también se utilizan los estatutos de órganos como las cortes penales internacionales que juzgaron crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Los Convenios de Ginebra son varios tratados que establecen estándares legales internacionales para el trato humano durante la guerra.

Las primeras tres convenciones protegen a los combatientes y prisioneros de guerra, mientras que la cuarta, adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, protege a los civiles en las zonas de conflicto.

Los Convenios de Ginebra de 1949 han sido ratificados por todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluida Rusia.

Firma de los Convenios de Ginebra

Getty Images
Los Convenios de Ginebra fueron firmados en 1949.

La definición de crímenes de guerra de la Cuarta Convención de Ginebra incluye:

  • El homicidio intencional.
  • La tortura o tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.

El Estatuto de Roma de 1998, otro importante tratado internacional relacionado con los conflictos armados, también incluye como crímenes de guerra:

  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Además, establece que ciertos tipos de edificios, como hospitales o aquellos dedicados a la religión o la educación, no pueden ser atacados intencionalmente.

También prohíbe el uso de ciertos tipos de armas, así como gases venenosos.

¿Qué es la CPI y cómo se procesan los crímenes de guerra?

La CPI se creó en 1998 bajo el Estatuto de Roma. Es una institución independiente que procesa a las personas acusadas de los crímenes más graves contra la comunidad internacional.

Investiga crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.

Los Estados pueden procesar a los presuntos delincuentes en sus propios tribunales. La CPI solo puede ejercer jurisdicción donde los Estados no pueden o no quieren hacerlo. Por ello, es un “tribunal de último recurso”.

El tribunal no tiene su propia fuerza policial y depende de la cooperación estatal para arrestar a los sospechosos. Las sanciones impuestas por la CPI pueden incluir penas de prisión y multas.

Rusia y Ucrania no se encuentran entre los 123 estados miembros de la corte, pero Ucrania ha aceptado su jurisdicción, lo que significa que la CPI puede investigar ciertos presuntos delitos.

Otros países destacados que no son miembros incluyen Estados Unidos, China e India.

Sala de la Corte Penal Internacional

Getty Images
La Corte Penal Internacional decidió investigar si ha habido crímenes de guerra en Ucrania.

¿Ha habido enjuiciamientos por crímenes de guerra antes?

Durante la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de varios millones de personas, principalmente judíos, a manos de la Alemania nazi y el maltrato tanto de civiles como de prisioneros de guerra, llevaron a las potencias aliadas a procesar a las personas responsables.

Los Juicios de Núremberg entre 1945 y 1946 llevaron a la condena a muerte de diez líderes nazis. Un proceso similar comenzó en Tokio en 1948, donde siete comandantes japoneses fueron ahorcados.

Estos juicios sentaron precedente para procesamientos posteriores.

En 2012, el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la CPI cuando fue declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados en su ejército rebelde entre 2002 y 2003. Fue condenado a 14 años.

Thomas Lubanga

Getty Images
Thomas Lubanga fue condenado por reclutar a niños soldados en la guerra del Congo

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue un organismo de Naciones Unidas que funcionó desde 1993 hasta 2017, creado para enjuiciar los crímenes cometidos durante las guerras de Yugoslavia.

El tribunal encontró a Radovan Karadzic, un exlíder serbobosnio, culpable en 2016 de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ratko Mladic, el comandante militar de las fuerzas serbias de Bosnia, también fue condenado en 2017 por los mismos delitos.

Otros tribunales ad hoc también han procesado a personas por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Ruanda y Camboya. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue la primera institución en reconocer la violación como un medio para perpetrar el genocidio.

¿De qué se ha acusado a Rusia?

El bombardeo del miércoles sobre una maternidad y un hospital infantil en Mariúpol causó indignación internacional.

“¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?”, cuestionó Zelensky en un discurso grabado desde Kiev.

Médicos Sin Fronteras, que tiene personal destacado en Ucrania, comentó que su equipo está “horrorizado” ante el ataque.

“En una ciudad en la que el sistema sanitario está al borde del colapso, privar a la gente de la tan necesaria asistencia sanitaria es una violación de las leyes de la guerra”, agregó la organización.

Moscú también está acusada de utilizar bombas de racimo en otros ataques. Las bombas de racimo son armas que, una vez que se lanzan, dispersan municiones más pequeñas.

Están prohibidas por muchos países en virtud de la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008, pero no en Rusia o Ucrania, que no firmaron el acuerdo.

Los grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU también acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra la ciudad nororiental de Ojtirka.

Las bombas de vacío son un arma termobárica que puede causar gran destrucción al encender una nube de combustible vaporizado.

No existen leyes internacionales que prohíban específicamente su uso, pero si un país los usa para atacar a poblaciones civiles en áreas urbanizadas, escuelas u hospitales, entonces podría ser condenado por un crimen de guerra según las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907.

Un comercio en la ciudad ucraniana de Járkiv

Getty Images
La ciudad ucraniana de Járkiv ha sido atacada por las fuerzas militares rusas

El Kremlin ha negado haber cometido crímenes de guerra o haber usado bombas de racimo y de vacío. Ha descartado las acusaciones como “noticias falsas”.

El ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, dijo: “Los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión”.

¿Puede Putin ser procesado?

Es mucho más fácil responsabilizar de un crimen de guerra a un soldado que lo ha cometido que a los líderes que le ordenaron disparar.

Pero la CPI también puede iniciar un proceso por la ofensa de “librar una guerra agresiva”.

Ese es un crimen por invasión o conflicto injustificado, que va más allá de una justificable acción militar en defensa propia.

Un cartel con la cara de Vladimir Putin y la palabra "Asesino" pegado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago Chile

EPA
Este cartel colgado en la entrada de la embajada de Rusia, en Santiago, Chile, deja claro lo que algunos piensan sobre Vladimir Putin.

Curiosamente, esa tipificación se originó en Núremberg, después de que el juez enviado por Moscú convenció a los aliados de que los líderes nazis deberían enfrentar la justicia por “crímenes contra la paz”.

Pero este es el problema: el profesor y magistrado británico Philippe Sands, un experto en ley internacional de University College London, dice que la CPI no podría procesar a los líderes rusos por esa ofensa porque dicho país no es signatario del tribunal.

En teoría, el Consejo de Seguridad de la ONU podría pedirle a la CPI que investigue esa ofensa. Pero, una vez más, Rusia podría usar su veto como uno de los cinco miembros permanentes del consejo.


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