[contextly_sidebar id=”ZckxZVenGTmoduMEI9JvpRtvUKhLt8Do”]El 20 de noviembre de 2014, Hugo, Tania, Luis Carlos, Atzin e Isaac fueron detenidos por policías federales y de la Ciudad de México, por participar o estar cerca de las manifestaciones que ese día se realizaron en la capital del país, para reclamar la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala… los cinco fueron golpeados por los agentes, amenazados con sufrir desapariciones forzadas como aquellas contra las que se manifestaban, y luego fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.
Pero nueve días después, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que, en realidad, eran inocentes, y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Ha pasado un año y cuatro meses, durante los cuales, estas víctimas han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables de la detención y tortura sufridas respondan ante un juez penal por los delitos cometidos en su contra, y que las dependencias de gobierno involucrada en estos abusos restituyan a las víctimas por las afectaciones sufridas a manos de sus servidores públicos.
De hecho, destacó la abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policiaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito.”
Esta omisión por parte de la PGR, explicó la también directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, representa una abierta violación al Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de forma inmediata ante cualquier denuncia de delitos graves, y en este caso los delitos que se denuncian son considerados graves: detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.
“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución –subrayó la abogada–, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes.”
Este veredicto no sólo puso en evidencia las irregularidades cometidas por la PGR durante el proceso (especialmente el haber fabricado la acusación contra los detenidos), sino que, a partir de tal determinación del juez, la Procuraduría incurrió en nuevas irregularidades: “En realidad, no era necesario que las víctimas denunciaran los atropellos que sufrieron, la PGR tenía la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de estos abusos, durante el proceso penal seguido a las víctimas que, finalmente, fueron liberadas”.
Sin embargo, abundó la abogada, la PGR no abrió ninguna investigación por iniciativa propia, “y ahora no quiere iniciar una averiguación ante la demanda presentada formalmente por las víctimas, aún cuando, para ello, tenga que violar el Código Federal de Procedimientos Penales, en el que claramente se estipula que cuando una persona acude a denunciar un delito, esta denuncia le debe ser recibida oficialmente y, como segundo paso, se debe citar al denunciante para que ratifique su dicho. Eso está establecido en la ley, no a gusto de la PGR.”
La demanda penal presentada en noviembre pasado, cabe destacar, no sólo va firmada por cinco de las once personas que fueron detenidas durante el operativo del #20NovMx, sino también por ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Francisco Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan martín Pérez García y Lydia Cacho.
–¿Cuál fue el objetivo de integrar el ColectivoDH, y de que se sumen como denunciantes, aún cuando no hayan sido detenidos el 20 de noviembre de 2014? –se pregunta a la abogada.
–Éste es un grupo integrado en el que habemos muchas personas, y algunas de ellas son personalidades de reconocida calidad ética. Y somos personas cansadas de denunciar en lo particular un acto represivo, y luego otro acto represivo también en lo particular, y luego otro… cuando, lo que nos deja ver esa situación es que se está aplicando una estrategia de Estado, una estrategia represiva.
Para entender esto, abundó, “hay que subrayar la diferencia entre delitos cometidos por servidores públicos, y crímenes de Estado. Si lo vemos de forma particular, pareciera que en cada caso de represión, lo que ocurre es que un grupo reducido de agentes del Estado cometieron delitos. Pero si lo vemos de forma más amplia, nos damos cuenta de que esto es tan sistemático y generalizado que puede visualizarse un patrón, que se repite por todo el país: ante la protesta social, se responde con operativos de barrido policiaco, con detenciones arbitrarias, con tortura, con fabricación de pruebas para encarcelar a inocentes. Y entonces ya no puede verse éste como un problema de unos agentes que se salieron de sus obligaciones, sino como una estrategia a la que responden las distintas dependencias de gobierno involucradas. Y este mismo esquema de barrido de espacios donde se realizan manifestaciones, con detenciones arbitraria, tortura y criminalización, se viene aplicando al menos desde el 1 de diciembre de 2012″.
El objetivo final que se planteó este colectivo, señaló la abogada, es obligar a las autoridades a realizar una investigación real, sobre esta estrategia represiva de Estado. “Queremos que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en los operativos represivos, sí, pero también que se investigue a los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados, e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión, porque estas son acciones que rebasan la capacidad de decisión de los mandos medios, de los comandantes de tropa, esta estrategia represiva demanda la coordinación de altos mandos a muchos niveles de la administración pública: sólo el 20 de noviembre de 2014, en el operativo con el que se desalojó a los manifestantes pacíficos del Zócalo, participó la policía del DF y la Federal, coordinándose con militares desde Palacio Nacional”.
–Pero, ¿cómo llegar a esa investigación, si la PGR ni siquiera les tomó nota de su denuncia?
–Nosotros esperamos el plazo razonable para recibir respuesta, que en asuntos legales es de 90 días, y al no obtener nada, el pasado 25 de febrero presentamos un amparo, que esperamos se resuelva en dos meses. Y confiamos, obviamente, en que un juez de amparo nos conceda la razón y obligue a la PGR a iniciar una investigación por los hechos denunciados. Creemos que es un amparo imperdible: ningún juez podría convalidar que la PGR ignore los procedimientos básicos estipulados en el Código Federal de Procedimientos Penales –concluyó.
