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Cuartoscuro

Que los militares declaren por el caso Ayotzinapa, pide la CIDH a Peña Nieto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe “Situación de Derechos Humanos en México” que la desaparición de los jóvenes en Iguala es una muestra de “las graves deficiencias que sufren las investigaciones.
Cuartoscuro
2 de marzo, 2016
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente Enrique Peña Nieto –en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas– que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del 27 Batallón de Iguala, que presenciaron el ataque contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado este miércoles 2 de marzo, la CIDH advierte que la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero es una muestra de “las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos crímenes” y un un ejemplo “emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.

Los comisionados constataron en su visita a México, realizada el año pasado, que existen “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares” y que el país atraviesa “una grave crisis de violencia y de seguridad”.

La falta de acceso a la justicia, insiste, “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.

En el informe, la CIDH respalda la actuación de los miembros del GIEI sobre el caso Ayotzinapa y señala que el Estado mexicano no ha permitido las entrevistas a los miembros del Batallón 27 que presenciaron el ataque contra los estudiantes.

En la una audiencia pública, previa a la realización del informe, el Estado mexicano  recalcó que “la decisión de permitir acceso o no a que los integrantes del GIEI entrevisten a los soldados recae en el Presidente de la República, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas por mandato constitucional, y no en los líderes castrenses”.

Por tanto, en el informe a CIDH reitera su llamado “al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a los integrantes de Infantería tal y como ha sido solicitado”.

El informe refiere que hubo una actuación “tardía” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), pues intervino ocho días después de la desaparición de los estudiantes. Por ejemplo, horas después del ataque a estudiantes, fueron los propios padres y organizaciones sociales quienes consolidaron la lista completa de los desaparecidos, ante la inacción de la autoridad.

Después de estos hechos, el hallazgo de fosas con decenas de cadáveres resaltan que los familiares, “ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”.

El pasado 28 de febrero la PGR anunció, junto con el GIEI el inicio del nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial los estudiantes fueron incinerados.

Será hasta el 31 de marzo cuando los expertos encargados de hacer el estudio entreguen a ambas partes un “informe conclusivo”.

Situación de Derechos Humanos en México CIDH

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AFP

Paro nacional en Colombia: decretan toque de queda en Bogotá tras nuevas protestas y saqueos

El alcalde informó, además, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzar la seguridad en la capital.
AFP
22 de noviembre, 2019
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Las autoridades de Bogotá decretaron este viernes toque de queda en tres zonas de la capital de Colombia por los “saqueos” y “actos vandálicos” registrados en una nueva jornada de protestas este viernes tras el paro nacional del jueves.

“Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

El funcionario indicó que la medida abarcará las zonas de Bosa, Kennedía y Ciudad Bolívar, desde las 20:00 de este viernes (01:00 UTC del sábado) hasta las 5:00 del sábado.

El alcalde informó, demás, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzarán la seguridad en la capital.

De acuerdo con las autoridades de Bogotá, este viernes se reportaron algunos actos vandálicos en algunos sectores de la capital, como resultados de los cuales se vieron afectadas 76 estaciones y 79 autobuses del servicio de transporte conocido como Transmilenio, así como varios supermercados.

Las autoridades locales habían decretado en la mañana una ley seca en toda la ciudad que se extenderá hasta el mediodía del sábado 23 de noviembre.

El gran paro del jueves

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por una jornada de manifestaciones el jueves, considerada entre las mayores en los últimos tiempos, que se saldó con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa.

Las marchas fueron convocadas como una iniciativa de los sindicatos para prevenir que el gobierno del presidente Iván Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores.

También reclaman más inversión en educación y medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

Las organizaciones sociales también exigen al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

Bogotá

AFP
Bogotá volvió a sentir el sonido de los cacerolazos.

A la convocatoria se sumaron numerosos sectores sociales -estudiantes, docentes, indígenas, campesinos, mujeres, grupos opositores, así como defensores de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de la FARC.

En la capital, donde la jornada terminó el jueves con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron al igual que este viernes, algunos disturbios tanto en zonas del centro como en el noroeste.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la noche del jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.

Antes del paro del jueves, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas que incluyeron el cierre de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú y el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Las protestas tienen lugar poco después una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de apenas 26%.


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