¿Qué provoca la violencia en México? La CIDH identifica 7 factores
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

¿Qué provoca la violencia en México? La CIDH identifica 7 factores

Un informe de la Comisión Interamericana indica que México padece tortura generalizada y un grave problema de desapariciones.
Cuartoscuro
2 de marzo, 2016
Comparte

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó este miércoles 2 de marzo en un informe que México padece tortura generalizada y violencia en gran parte del territorio, además de un grave problema de desapariciones.

En su reporte,“Situación de Derechos Humanos en México”, elaborado tras una visita a México del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015,  incluso identificó al menos siete fuentes o factores que generan esos problemas sociales:

1.- Corrupción y crimen organizado

En México la corrupción y la impunidad han permitido a los grupos criminales establecer estructuras de poder paralelas, actuando coludidas con las autoridades, como en el caso Ayotzinapa, apuntó la CIDH.

“La Comisión recibió testimonios, sobre todo de zonas rurales del país, sobre colusión entre grupos delincuenciales e integrantes de policías municipales”, apuntó.

En 2014, según cifras oficiales citadas por la CIDH, se registraron 6,809 homicidios dolosos relacionados con presuntas rivalidades entre grupos del crimen organizado, sobre todo narcotraficantes.

“La fragmentación de los carteles del narcotráfico como consecuencia de la detención de líderes y desarticulación de algunos grupos, las disputas por el control territorial y las nuevas alianzas entre los mismos grupos criminales, así como el surgimiento de nuevos grupos delincuenciales, han exacerbado el fenómeno”, describió la Comisión.

Los grupos criminales en México, agregó, se dedican principalmente al narcotráfico, pero también cometen asesinatos, extorsión, secuestro, robo, “cobro de piso”, control de rutas de migrantes, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y tráfico de armas.

“Esta diversificación de sus actividades delictivas, aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierten al fenómeno del crimen organizado en la principal fuente de violencia por parte de actores privados en México… que a su vez trae aparejada la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de una respuesta eficaz frente a este problema”, indicó el informe.

2.- Los actores estatales

La Comisión indicó en su informe que, en medio de la lucha contra el narcotráfico y la militarización de diferentes zonas del país, “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

Al respecto, citó casos emblemáticos como el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, donde se acusó a militares de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y el ataque contra 43 normalistas de Ayotzinapa, donde participaron policías y por el que está preso quien era alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“En efecto, en México se observan los actores estatales como fuentes de violencia”, indicó la CIDH, señalando a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal, las policías estatales, a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las distintas procuradurías de justicia de los estados, al personal penitenciario federal y estatal, y a elementos de otras agencias estatales, como el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Las actividades de seguridad ciudadana interna realizadas por parte de elementos de las fuerzas armadas han traído consigo un número considerable de quejas por violaciones a los derechos humanos”, apuntó la CIDH en su informe.

3.- Autodefensas  

La CIDH indicó que, en principio, la mayoría de los grupos de autodefensa tuvieron como común denominador “la desesperación” ante los altos niveles de criminalidad, por lo que tuvieron que actuar por su cuenta, ante la ineficacia de las autoridades.

Sin embargo, a la postre, algunos de esos grupos se transformaron “en grupos violentos y criminales, tal y como es el caso de algunos grupos en Michoacán, los cuales supuestamente habrían iniciado como grupos de autodefensa comunitaria, y luego se habrían convertido en cárteles de la droga, contribuyendo al aumento de la violencia en la región”.

En ese sentido, la Comisión expresó su preocupación, respecto a que los grupos de autodefensa se hayan convertido en fuentes adicionales de violencia.

4.- Fuerzas privadas de seguridad

La CIDH también se refirió a las fuerzas privadas de seguridad que, “según algunos informes”, han surgido ante “la incapacidad de las fuerzas estatales de seguridad” en el país.

“Algunas grandes empresas nacionales e internacionales cuentan con sus propios cuerpos privados de seguridad. Las fuerzas privadas de seguridad también suelen ser fuentes de violencia”, indicó la Comisión.

“Cuando estas empresas privadas llegan a cometer violaciones a los derechos humanos, el Estado puede ser responsable, ya que la garantía de los derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana implica responsabilidades estatales en la materia”, agregó.

Según la Comisión, la proliferación de las fuerzas privadas de seguridad en México es un fenómeno nuevo, pero creciente. Además, apuntó, otro punto de preocupación es la “creciente tendencia” de que empresas privadas operen cárceles, por la falta de regulación adecuada.

5.- La desigualdad

En México hay aproximadamente 55 millones 300,000 personas en situación de pobreza, de las cuales 11 millones 400,000 viven en situación de pobreza extrema. Casi la mitad de la población mexicana (46.2%) vive en situación de pobreza, mientras que el 1% más rico de la población controla más de una quinta parte de la riqueza del país.

“La desigualdad afecta de manera diferenciada a los sectores más vulnerables de la población, como los pueblos indígenas—quienes tienen una tasa de pobreza cuatro veces mayor—y las personas migrantes. Esta situación contribuye ampliamente a los niveles de violencia en el país”, indicó la Comisión.

“En México, las zonas del país con los índices de violencia más elevados son también algunas de las zonas con los más altos índices de pobreza, desigualdad y marginación”, agregó. La falta de recursos económicos, apuntó la CIDH, suele ser un obstáculo más para el acceso a la justicia en el país.

6.-La impunidad

La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste, indicó la Comisión.

“Cuando los delitos de violencia, tanto aquéllos cometidos por particulares como por agentes del Estado, quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos y se crea una espiral de impunidad”, se lee en el informe.

Al respecto, la CIDH dio la cifra de que más del 98% de los delitos cometidos en México permanecen en la impunidad.

7.- El tráfico de armas

Desde 2009, el porcentaje de armas ilegales que ingresan a México de Estados Unidos se ha mantenido constante, alrededor de 70% del total de armas ilegales que entran al país, según la CIDH.

“Según información de especialistas, en México podrían existir más de veinte millones de armas no registradas”, alertó la Comisión.

“Para evitar que el tráfico de armas y su fácil acceso contribuyan a la ola de violencia, es fundamental que el Estado cumpla y haga cumplir los requisitos de ley para su posesión, portación y comercialización, así como sus obligaciones internacionales en la materia”, agregó.

Aquí puedes consultar el informe completo de la CIDH:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
Comparte

El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=17IOYOyeNf0

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.