4 de cada 10 detenidos por drogas llega a la cárcel por llevar menos de 500 pesos en sustancias
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Cuartoscuro

4 de cada 10 detenidos por drogas llega a la cárcel por llevar menos de 500 pesos en sustancias

Aunque el consumo de drogas no es un delito en el país, sí lo es la posesión. Eso ha llevado a la criminalización de los usuarios de droga.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
21 de abril, 2016
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El 41% de los presos federales por delitos de drogas fue detenido con sustancias ilícitas que tienen un valor inferior a los 500 pesos.

Menos del 14% de los presos por delitos contra la salud han sido procesados por la posesión de drogas que superen el millón de pesos, según datos recolectados por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esos datos muestran que en México se criminaliza a los usuarios de droga y cómo, en el tema, los consumidores se han convertido en el objetivo del sistema de procuración de justicia.

En el país el consumo de drogas no se persigue pero la posesión, sí. La Ley General de Salud indica el gramaje máximo permitido para no cometer un delito.

En el caso de la mariguana —la droga por la que hay más detenidos por posesión de drogas, el 63%—, se permiten hasta cinco gramos, cuando el estándar internacional es de 28.

El mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero pasado que las bajas cifras de posesión permitidas implican la constante detención (y criminalización) de los consumidores.

“Las dosis máximas permitidas por la Ley General de Salud son, digamos, pequeñas, que a la gran mayoría de los casos puede considerarse como narcomenudeo, a pasar de ser de autoconsumo. Los consumidores suelen adquirir dosis de aprovisionamiento, no solo para su consumo inmediato, y entonces al ser detenidos, los detienen por dosis mayores, que incluso es la venta que se les ofrece”, dijo Osorio Chong durante el segundo Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana.

7 de cada 10 averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud están vinculadas al delito de posesión, según datos de la Procuraduría General de la República; lo que refleja, según el Programa de Política de Drogas del CIDE, que los consumidores son de facto criminalizados y equiparados a narcomenudistas.

La posesión puede ser castigada hasta con tres años de prisión cuando se supera el gramaje permitido y se confirma que la portación de droga no es para venta o comercio.

Pero cualquier consumidor se enfrenta a un proceso de criminalización y privación de la libertad: al ser detenido por posesión, los policías lo presentan ante el Ministerio Público y pueden pasar hasta 48 horas para determinar si lleva o no más del gramaje que indica la Ley General de Salud.

“La criminalización que de facto existe en México hacia los usuarios de sustancias ilícitas favorece su marginación y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía, a la no discriminación, a la salud, a la información y al debido proceso. Significa también el gasto de recursos institucionales para el procesamiento penal de consumidores”, señala el Programa de Política de Drogas del CIDE en el informe “El Estado frente al consumo y los consumidores de drogas ilícitas en México”.

En ese contexto, este jueves el presidente Enrique Peña Nieto anuncia en la Secretaría de Salud el plan de su gobierno para frenar la criminalización de consumidores.

Peña Nieto adelantó este martes en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el tema de drogas que el país buscará un enfoque “que combata decididamente a los criminales, pero en lugar de criminalizar a los consumidores les de oportunidades y alternativas”.

Esta es la primera vez que el Estado mexicano reconoce que la legislación vigente criminaliza a los consumidores de drogas.

El presidente también dijo que “en los delitos relacionados con las drogas se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género. Las sanciones desproporcionadas, que castigan a mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad, lejos de resolver un problema, generan círculos viciosos de marginación y criminalidad”.

Los datos oficiales y de organizaciones civiles muestran que 8 de cada 10 mujeres detenidas en penales federales lo están por delitos vinculados a las drogas.

El 99% de estas mujeres son primodelincuentes, nunca antes habían cometido un delito; y cuando se trata de mujeres indígenas, el 43% esta presa por transportar drogas en una situación de necesidad económica o violencia.

En ese sentido, el mensaje de Peña Nieto en UNGASS fue recibido por sociedad civil como una oportunidad para que la política de drogas vigente en México de un primer paso para avanzar del enfoque de seguridad y prohibicionismo hacia uno de salud pública y derechos humanos.

En el anuncio de este jueves, se espera también la hoja de ruta para autorizar en México el uso de mariguana con fines médicos y científicos, mientras en el Senado ya existe una iniciativa que va más allá y apuesta también por la regulación de esa droga para fines recreativos.

 

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Escándalos con la vacuna del coronavirus: cómo la lucha contra el COVID-19 desnuda viejos vicios de América Latina

El desarrollo de vacunas para combatir el coronarios ilusionó a la región, golpeada con especial dureza por la pandemia. Después surgieron los problemas.
27 de febrero, 2021
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En Argentina, Ecuador y Perú, los escándalos tumban a ministros de Salud. En Brasil, hubo al mismo tiempo escasez y desperdicio de vacunas. Y en otros países de la región recién llegan las primeras dosis.

La vacunación contra el COVID-19 se volvió de pronto un espejo flamante de viejos problemas del subcontinente como la corrupción, el favoritismo, la falta de planificación o la incapacidad para resolver grandes desafíos.

Cuando México protestó la semana pasada en Naciones Unidas por el “acaparamiento” de vacunas en los países ricos, puso el foco sobre algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud: la alarmante brecha en la distribución global de las dosis.

Pero el rezago de la vacunación en Latinoamérica respecto a otras regiones se debe también a deficiencias propias, advierten expertos.

Por ejemplo, la carencia de materiales elementales como viales o filtros en México retrasó el envase y la distribución de millones de dosis de la “vacuna latinoamericana” producida en Argentina tras un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca.

“Hay una cuestión de dependencia externa, pero esa dependencia también es un fallo de América Latina: no tenemos la capacidad de producir esas vacunas, mientras que India o China, que eran tan subdesarrollados como nosotros hace 30 años, logran hacerlo”, dice Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS) en Brasil, a BBC Mundo.

“Terminemos con la payasada”

Con cerca de un cuarto de las muertes por COVID-19 en el mundo, pese a tener 8,5% de la población global, América Latina ha sido golpeada con especial dureza por la pandemia.

La región también sufrió el año pasado el peor desplome económico mundial tras la llegada del coronavirus, con una contracción de 7,4% del PIB según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.

Exministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos

Getty Images
El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, renunció tras un escándalo por el envío de vacunas a un geriátrico donde estaba su madre.

En este contexto, el descubrimiento de las vacunas contra el coronavirus ilusionó a los latinoamericanos con ver pronto la luz al final del túnel.

Sin embargo, los esfuerzos de vacunación regional han estado marcados por polémicas, demoras y frustraciones.

Las renuncias de los ministros de Salud en Argentina, Ecuador y Perú ocurrieron después que en sus países se denunciara favoritismo en el acceso a las vacunas que escasean para la población en general.

El ministro ecuatoriano de Salud, Juan Carlos Zevallos, dimitió a su cargo este viernes, en medio de investigaciones por el envío de parte de las primeras dosis de vacunas a un geriátrico privado donde estaba su madre.

En Argentina y Perú se reveló que funcionarios, exgobernantes o personas influyentes también se vacunaron de forma preferencial, sin seguir las reglas puestas al resto de la población.

Durante una visita a México esta semana tras pedir la dimisión de su ministro, el presidente argentino, Alberto Fernández, buscó enterrar el escándalo: “Terminemos con la payasada”, dijo.

El presidente argentino, Alberto Fernández, durante una visita a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió a la polémica por “vacunas VIP” en su país durante una visita a su par mexicano López Obrador.

El mandatario aludió a la investigación judicial abierta sobre el caso denominado “Vacunatorio VIP” en su país y sostuvo que “no hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'”.

Pero otros creen que estos casos son síntomas de antiguos vicios de la región, como el irrespeto a las normas o el uso de recursos públicos para beneficio de algunos.

“En todos los países donde saltan escándalos se repite una práctica bastante común: eludir las estructuras formales del Estado para canalizar las vacunas sin planes y protocolos claros y transparentes de atención a las poblaciones vulnerables. Más bien lo contrario: protejo y atiendo a los míos”, escribió Felipe Burbano de Lara, sociólogo, politólogo y columnista del diario El Universo de Ecuador.

Chile es el país de la región donde el proceso de inoculación avanza de forma más aceitada: casi 17% de su población de 19 millones fue vacunada en febrero.

Plan de vacunación masiva en Chile.

Getty Images
En Chile la campaña de vacunación masiva avanza con rapidez.

El caso chileno es visto como una prueba de que en la región es posible vacunar a tasas similares o incluso superiores al mundo desarrollado gracias a una robusta red de atención de salud que falta en otros países, además del poder adquisitivo y la rapidez del gobierno para comprar millones de dosis.

Pero tampoco Chile ha estado libre de polémicas en su campaña de vacunación: al menos 37.000 personas en ese país se adelantaron a su turno sin tener factores de riesgo, según datos oficiales.

“Ninguna fuerza”

Otro país latinoamericano que evidencia los contratiempos de vacunación en la región es Brasil, donde menos de 4% de la población ha recibido dosis hasta ahora.

Además de tener sus propias denuncias de irregularidades en el acceso a las vacunas, Brasil experimenta una escasez de dosis que expertos atribuyen a errores de planificación del gobierno de Jair Boslonaro.

Grandes ciudades brasileñas como Río de Janeiro, Porto Alegre o Salvador llegaron a suspender las inoculaciones por falta de vacunas, mientras también se reportaban en el país desperdicios de dosis abiertas que perdieron validez antes de ser inyectadas.

Vacuna en Rio de Janeiro

EPA/ANTONIO LACERDA
La primera etapa de vacunación en Brasil tuvo al mismo tiempo escasez y desperdicio de dosis.

Los países más rezagados de América Latina en la carrera de la vacunación contra el COVID-19 son Guatemala, Honduras, Nicaragua y Uruguay, que apenas importaron sus primeras dosis esta semana, mientras Cuba aún busca desarrollar sus propias vacunas.

Algunos observan que otra característica histórica de la región, como la falta de unidad y coordinación entre los países, también afectó sus posibilidades de demandar más vacunas al resto del mundo.

“América Latina no negocia como bloque, sino que cada país negocia como puede, entonces claro que no tiene ninguna fuerza”, señala Lago.

Se estima que, sin acelerar su ritmo actual de vacunación, varios países latinoamericanos podrían tardar años en alcanzar los niveles de inmunidad necesarios en sus poblaciones para volver a la normalidad.

Ciudad de Panamá

Getty Images
La lentitud de la vacunación en América Latina puede profundizar viejos problemas sociales de la región, como la desigualdad.

Como si se tratara de un círculo vicioso, esto amenaza a su vez con profundizar problemas sociales de una región que ya era considerada la más desigual del mundo.

Nora Lustig, una profesora de economía en la Universidad de Tulane, advierte que los efectos podrían llegar incluso a largo plazo por el cierre de escuelas para niños de familias de bajos recursos.

“En la medida que no tengas la capacidad de crear un espacio de normalidad a través de un proceso de vacunación más rápido”, dice Lustig a BBC Mundo, “vas a tener un impacto sobre la economía, la desigualdad y la pobreza”.


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