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Cuartoscuro

Hay un acuerdo para suspender las obras en Xochicuautla: habitantes

El Frente Juvenil Xochicuautla informó sobre acuerdos con el gobierno del Estado de México, para que haya reparación del daño por el desalojo del 11 de abril y paren las obras mientras se realizan mesas de trabajo.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
14 de abril, 2016
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Habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla informaron sobre un acuerdo establecido con las autoridades del Estado de México, para suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, mientras se realizan mesas de trabajo y se plantean alternativas respecto al proyecto de construcción. 

“El Gobierno del Estado de México se compromete a suspender los trabajos en el lugar para la construcción de la Carretera de Toluca Naucalpan, en tanto se realizan mesas técnicas que buscarán alternativas a la construcción de dicho proyecto en acuerdo con los representados de la Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla”, se lee en un documento difundido en la cuenta de Facebook del Frente Juvenil Xochicuautla.

Las mesas contarán con la participación de asesores que presentará la comunidad, y se realizarán con respeto a los derechos de los pueblos indígenas, agrega el texto.

Como segundo acuerdo, está el atender las afectaciones reportadas tras los hechos del pasado 11 de abril, cuando policías estatales y maquinaria pesada ingresaron a la comunidad para hacer un desalojo y continuar con los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan. 

“Se hará lo conducente para la reparación del daño a Armando García Salazar y su familia. Específicamente el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México pagará una renta en tanto se restablezca el patrimonio perdido y celebrarán un contrato de reparación del daño a la propiedad mencionada de manera independiente a cualquier tema relacionado a la construcción de la carretera”, detalla el documento.

En el tercer punto, se establece que el gobierno del Estado de México realizará los trabajos necesarios para reparar los daños a la tubería de agua de la comunidad. “Para ello se comprometen los integrantes de la comunidad a garantizar las condiciones de seguridad en función de sus posibilidades”, apunta el texto difundido.

“El Gobierno del Estado dará las indicaciones necesarias para que la Policía Estatal se retire del lugar, únicamente manteniendo una pequeña presencia para el resguardo de la maquinaria, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia de la comunidad”, agrega.

A la reunión para establecer el acuerdo, informó el Frente Juvenil Xochicuautla, acudieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno del Estado de México, integrantes del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Este miércoles 13 de abril, el gobierno del Estado de México indicó en un comunicado que el desalojo realizado en la comunidad de Xochicuautla, en el municipio de Lerma, se realizó dentro de la legalidad.

“Respecto del Juicio de Amparo 771/2015, interpuesto por Antonio Miguel Reyes Valdez y otros, la autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, apuntó el gobierno estatal.

“Ante esto, el Sistema de Autopistas del Estado de México ha continuado con los trabajos de la Autopista Toluca-Naucalpan, atendiendo lo dispuesto en el Decreto de Expropiación publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación”, agregó.

La autopista Toluca-Naucalpan es construida por Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V., empresa perteneciente al Grupo Higa.

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

SSPyPC
El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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