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Omar Bobadilla (@obobadilla)

La alerta de género, una herramienta ineficaz para detener los asesinatos de mujeres

Al decretar una alerta por feminicidios los gobiernos ponen en marcha acciones de emergencia, sin embargo en los estados donde se ha decretado los asesinatos no se han detenido.
Omar Bobadilla (@obobadilla)
Por Tania L. Montalvo
18 de abril, 2016
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cintillo

El cuerpo de una mujer de 25 años quedó tendido sobre pastizales de la colonia Ciudad Cuauhtémoc en Ecatepec, Estado de México.

El 16 de junio de 2015, autoridades locales confirmaron que la joven fue víctima de violación y tortura. Los agresores le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla pero antes de dejarla sin vida, le prendieron fuego. No pudieron identificarla.

Un mes después de su muerte, el Estado de México se convirtió en la primer entidad del país en declarar una Alerta por Violencia de Género, tras el aumento de la violencia feminicida o crímenes de odio en contra de mujeres. 

La Alerta de Violencia de Género son las acciones de emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. Contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas.

De 2011 a 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó en el Estado de México 840 asesinatos y 1,258 casos de desaparición de mujeres de entre 10 y 17 años.

Pero pese al escenario, la Alerta por Violencia de Género que se aprobó el 10 de julio de 2015 aplica únicamente en once de los 114 municipios mexiquenses.

El Observatorio y otras organizaciones civiles argumentan que la alerta debe extenderse a todo el Estado de México para contar con políticas y acciones estatales verdaderamente efectivas y amplias en contra de la violencia contra las mujeres.

Desde que se decretó la Alerta de Género en once municipios —Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco— la violencia y feminicidios no han cesado.

Las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena denunciaron en enero pasado que en el Estado de México ocurrieron 87 feminicidios desde que se decretó la Alerta; de los cuáles, 50 casos de muertes violentas de mujeres ocurrieron en lo que va de este año.

Apenas un mes después de que el Estado de México lanzara la primer Alerta de Género, el estado de Morelos —también en el centro del país— la decretó el 10 de agosto en ocho de sus 33 municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla.

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En Morelos, los feminicidios tampoco han cesado pese a la alerta. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos documentó hasta febrero pasado 38 homicidios violentos contra mujeres.

Desde el 10 de agosto, los feminicidios en la entidad han ocurrido en 17 municipios diferentes; nueve que no forman parte de la Alerta por Violencia de Género.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos alerta que casi 20% de las mujeres víctimas de feminicidio tienen entre 21 y 30 años, con más casos de mujeres que son atacadas y asesinadas por sus parejas.

En total, en los últimos 16 años en el estado de Morelos han ocurrido 686 feminicidios, registrados en 31 de los 33 municipios de la entidad; la Alerta de Género sólo incluye ocho.

Este año, el 9 de febrero pasado, otros ocho municipios de Jalisco se sumaron a los 19 del Estado de México y Morelos con Alerta por Violencia de Género.

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Ameca entraron en Alerta después de que organizaciones civiles denunciaron que sólo durante 2015 se cometieron 151 feminicidios.

En los tres estados la exigencia de sociedad civil es la misma: que la Alerta se extienda a todo el estado. Las prácticas de violencia contra las mujeres no son exclusivas de algunos municipios, argumentan; y es preciso que las campañas de sensibilización y prevención de esta violencia se difunda en todo el territorio afectado.

Otros 9 estados, en busca de la Alerta de Género

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado 2 mil 299 casos de feminicidio en el país sólo entre 2012 y 2013.

La presencia de la violencia feminicida en el país ha llevado a que en Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí organizaciones civiles también busquen que se decrete una Alerta por Violencia de Género.

Algunos de los argumentos que llevaron a organizaciones civiles a solicitar Alerta de Género en estas entidades son:

Nuevo León: los feminicidios se incrementaron 689% de 2000 a 2011.

Chiapas: el 2013 terminó con 84 registros de mujeres asesinadas con violencia y cada año esa cifra ha ido en aumento.

Colima: Entre 2003 y 2014 al menos 101 mujeres fueron asesinadas con violencia. El 49% de las mujeres no habían cumplido 30 años y en 60% de las muertes ocurrieron en los hogares de las víctimas.

-Michoacán: No existe registro de alguna investigación de homicidio por condición de género o feminicidio; pese a que en los últimos cuatro años hay registro de al menos 600 casos de asesinato violento de mujeres.

-Baja California: Al menos 230 homicidios violentos de mujeres ocurrieron durante 2013, pero las autoridades rechazan investigarlos como feminicidios bajo el argumento de que “están vinculados al narcomenudeo”.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

Getty Images
El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

Getty Images
Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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