Penales operados por privados, opacos, corruptos y con violaciones a derechos humanos
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Penales operados por privados, opacos, corruptos y con violaciones a derechos humanos

En una audiencia ante la CIDH, organizaciones civiles dijeron que en estos centros penitenciarios se promueve la corrupción y no contribuyen a un sistema justo pues no rinden cuentas.
Archivo Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
8 de abril, 2016
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El modelo de centros penitenciarios que están bajo operación de la iniciativa privada promueven la corrupción, no son transparentes y evitan la garantía de derechos humanos de los internos, dijeron este jueves organizaciones civiles en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el país, al menos nueve prisiones funcionan bajo el modelo de contratos de prestación de servicios, lo que permite que empresas privadas construyan el centro penitenciario y obtengan un contrato de operación, de al menos 20 años, antes de entregarlo al Estado.

Organizaciones civiles acudieron a la audiencia “Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar cómo el sistema penitenciario del país se caracteriza por las pésimas condiciones para los internos y cómo la respuesta del Estado mexicano ha sido el esquema de privatización, entregando los penales a privados que no rinden cuentas sobre la operación o respeto de derechos humanos. Este tipo de centros penitenciarios arrancaron en el país en 2010.

“Lejos de ajustarse a una política pública con visión de derechos humanos, la operación y contratos de centros penitenciarios son poco transparentes. Los modelos de privatización son costosos: promueven la corrupción y no contribuyen a un sistema penitenciario justo”, establecieron en su posicionamiento ante la CIDH organizaciones civiles como Documenta, A.C., Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDIHIE ), México Evalúa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas o la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En su demanda dijeron que los contratos de prestación de servicios no establecen criterios de evaluación mientras que la información con los detalles de los contratos ha sido reservada por la Secretaría de Gobernación bajo el argumento de que éstos son datos que atentan contra la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

“La privatización de las prisiones se contaminan con intereses económicos, sin mecanismos de control eficiente”.

Citando datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones civiles dijeron que el argumento de que la inversión privada disminuye el gasto del Estado no se sostiene, pues el costo calculado por cada persona privada de libertad en centros privados es de 90 dólares diarios aproximadamente, contra un promedio de 8-22 dólares que cuesta en centros estatales y federales públicos.

Entre las violaciones que mencionaron está la restricción de la movilidad de los internos, que pueden estar hasta 23 horas en su celda; y que “se priorizan los intereses de las empresas sobre los internos”.

Citaron el caso de la empresa ICA, que buscó vender el 70% de su participación en prisiones de Sonora y Guanajuato. Aunque la transacción fue negada, sociedad civil denunció que cuenta con testimonios de que tras el fallo en la venta “las condiciones de internamiento se degradaron de forma intensiva. La calidad y la cantidad de alimentos bajó de manera drástica. La empresa está reduciendo costos de operación en detrimento de la vida de los internos”.

En la audiencia pública en la CIDH, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerreo, habló por el Estado mexicano.

El funcionario indicó que en 2009 el gobierno federal contaba sólo con 9 mil 423 espacios y una sobrepoblación del 29.9%.

El déficit de espacios en el sistema penitenciario ascendía a 51 mil 689 espacios, dijo Guerrero. “Urgía atender la sobrepoblación”.

En una estrategia para rescatar el sistema surgió el modelo de centros penitenciarios de contratos de prestación de servicios; que opera desde 2010 y hasta la fecha.

“Bajo ninguna circunstancia significó ni significa en la actualidad la privatización del sistema penitenciario. Toda vez que la organización y administración de prisiones en México es una responsabilidad indelegable de poderes ejecutivo federal y estados. El proveedor brinda lo que se conoce como servicios integral de capacidad penitenciaria”, explicó Guerrero.

Según el Estado, la autoridad penitenciaria “es la única responsable de la organización, administración, seguridad y acceso a una efectiva inserción social”.

Tras la operación de estos contratos en nueve centros penitenciarios del país, dijo el funcionario del órgano de prevención y readaptación social, aumentaron en 15 mil los espacios en las prisiones, es decir, hubo un crecimiento de 44% en comparación con 2011.

La sociedad civil pidió a la CIDH que se realice un informe temático sobre el impacto real de la privatización de los centros penitenciarios mexicanos y sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en estas prisiones.

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Qué dicen los primeros resultados del país más avanzado en la vacunación contra la COVID

Los resultados preliminares de la vacuna contra el coronavirus en Israel muestran que ésta parece efectiva tanto para reducir infecciones como para casos que requieren hospitalización.
2 de febrero, 2021
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Los resultados preliminares de la vacunación contra el coronavirus en Israel muestran que la vacuna parece ser efectiva en reducir tanto las infecciones como los casos que requieren hospitalización.

Israel tiene uno de los programas de vacunación más avanzados en el mundo debido a un acuerdo especial con la farmaceútica Pfizer, productora de la vacuna Pfizer/BioNtech.

Con el acuerdo Israel se comprometió a ofrecer datos médicos esenciales sobre la vacunación a cambio de un programa acelerado de inmunización en su población.

Y así se ha convertido en el país que ha vacunado al mayor porcentaje de población y en una prueba de la efectividad de las vacunas para el resto del mundo.

Primeros resultados

Según datos del Ministerio de Salud israelí, cerca de 1,7 millones de personas, casi 19% de la población de 9 millones, ya recibió las dos dosis que requiere la vacuna.

Y unos 3 millones de personas ya recibieron la primera dosis.

La semana pasada el Ministerio de Salud publicó los primeros resultados de la vacunación.

Estos muestran que sólo 0,4% de las personas resultaron infectadas una semana después de haber sido vacunadas y sólo 0,002% de los vacunados tuvieron que ser internados en el hospital.

Otro estudio de uno de los proveedores de servicios médicos del país, Servicios Maccabi de Atención a la Salud, publicó también un pequeño estudio sobre la vacunación.

Este muestra que entre quienes ya recibieron ambas dosis de la vacuna, sólo 0,04% resultaron infectados.

Según la organización, estos datos preliminares sugieren que la vacuna es 92% efectiva, muy cerca del 95% de efectividad que mostraron los ensayos de Pfizer.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibe la vacuna de covid

Getty Images
El gobierno de Israel entró en un acuerdo con Pfizer que le garantiza una enorme cantidad de vacunas.

Los expertos, sin embargo, piden cautela ya que estos resultados son preliminares y no han sido revisados por otros científicos.

“Aunque estos resultados son impactantes, es muy importante señalar que no hubo un grupo de control directo o datos sobre la demografía y la geografía de las personas vacunadas”, le dijo a The Times of Israel el inmunólogo Cyrille Cohen, profesor de la Universidad Bar Ilan.

Más variables

Asimismo, los expertos señalan que comparar los cálculos de un estudio como el de Maccabi con los resultados de los ensayos de Pfizer puede ser engañoso ya que una población entera tiene muchas más variables y escenarios que cambian constantemente.

Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, le dijo a The Guardian que una sociedad “no puede actuar como una placa de Petri” para una prueba de vacunación.

“Cuando vacunas a una nación hay muchos factores de confusión”, explica Segal.

“Este (programa de vacunación) no es un ensayo. Ese es el problema. Debemos ser muy cautelosos”, agrega.

El país espera vacunar a todos sus habitantes mayores de 16 años para fines de marzo.

Sin embargo, a pesar de su avanzado programa de vacunación, Israel está sumido en una debilitante ola de infecciones y un confinamiento nacional que no ha logrado reducir las tasas de mortalidad.

En total ha registrado 640.000 casos por COVID desde que comenzó la pandemia y 4.700 muertes según datos de la Universidad Johns Hopkins.


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