Siete empresas mexicanas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados por sus vínculos con la organización Los Cuinis, dedicada al tráfico de drogas y con su líder, el ciudadano mexicano Abigael González Valencia.
[contextly_sidebar id=”rN5hE8qUGpHOHGSdfpo6rVRRpK9B3cJD”]La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) integró a su lista negra a las empresas: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo.
Cuatro de las empresas designadas hoy son las empresas agrícolas ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en tanto Asesores Turísticos, está localizada en la Ciudad de México y Step Latinamédica una empresa de consultoría de tecnología biomédica que se encuentra ubicada en Guadalajara, detalló la OFAC en un comunicado.
Los bienes e intereses de estas entidades en jurisdicción de EU quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos, según la lista de Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
“La acción de hoy es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por la organización de tráfico de drogas de Los Cuinis”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.
La OFAC identificó a Abigael González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cázares (esposa de González Valencia), Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González como parte de la organización de Los Cuinis.
Abigael González Valencia, tiene como aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ‘el Mencho’. Ambos fueron acusados varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa por un jurado en EU.
Desde junio del año 2000, más de 1,800 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares, detalló la OFAC en un comunicado.
