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Cuartoscuro

Universidades reprobadas: solo 4 tienen protocolos contra el acoso sexual

En México la mayoría de las universidades públicas y privadas no cuentan con protocolos para atender las denuncias de las alumnas que sufren acoso y violencia.
Cuartoscuro
Por *Arturo Ilizaliturri / Distintas Latitudes (distintaslatitudes.net)
13 de abril, 2016
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cintillo

“Perra”, escuchó Martha mientras caminaba por los pasillos de su universidad. Se lo dijo un hombre al que no pudo identificar porque traía puesto el gorro de la sudadera y un cubrebocas. Él traspasó una pequeña caseta de vigilancia y la insultó cuando la tuvo a unos pasos de distancia. No fue un grito, sino casi un murmullo que la dejó helada.

Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando. “Me sentí mal y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió en marzo pasado pero Martha lleva un año y medio alerta, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la había violado, y sólo encontró hostilidad en su contra.

Sin sanciones

El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban con una fiesta su participación exitosa en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Al departamento llegó Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha, quien le ofreció alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.

Después de tomar un trago Martha sólo recuerda haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo: “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos. Temblaba.

Fue cinco meses después, en octubre, que Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras el shock, Martha decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –por el que se abrió el expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.

Después de más de 15 meses de litigios y un proceso largo –y según Martha, revictimizante– que aún no termina del todo, ella y su abogada lograron que el 21 de marzo de 2016 se le dictara auto de formal prisión a Flores Soto. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.

Cuestionamientos 

La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir los fallos y en donde participan seis personas: profesores, investigadores, el Abogado General de la UNAM y dos alumnos. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.

En la audiencia ante ese tribunal, ella escuchó: “¿Para el día de los hechos eras virgen? ¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto? ¿Sueles dormir fuera de tu casa? ¿Tal día te acostaste con tal persona?”. Las preguntas las hizo la defensa del acusado con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de Martha. Todo lo demás, dice, tuvo que responderlo.

En la audiencia un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella asegura que jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó “derrumbada” a su terapia.

El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene cinco días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores dice que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad: “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”.

Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor de la UNAM, instancia ante la que apeló su expulsión.

El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor decidió no sancionar a Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando encarcelado en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá continuar estudiando en esa universidad.

Martha jamás fue notificada oficialmente por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. “Soy un cero a la izquierda para ellos”, señala.

Las autoridades universitarias tienen una opinión distinta. La presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, dice que existen “más que condiciones favorables” para que las víctimas denuncien.

Cano Soriano destaca que “hasta en los materiales de bienvenida” se invita a la comunidad universitaria a que acuda a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) dentro de la UNAM para presentar una queja, y adelantó que la casa de estudios está “por concluir” un documento de política institucional de género. Ni la Oficina de la Abogada General ni el área de Comunicación Social de esa institución dieron su punto de vista sobre las fallas o beneficios del procedimiento que está vigente para denunciar violencia sexual, pese a que fueron consultadas vía telefónica y correo electrónico.

Las cifras 

El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación, anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda” el país ha hecho avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.

En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que publicó en marzo de este año.

El documento calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias -que alcanza 94.1%-. De las víctimas, ocho de cada diez son mujeres.

De ese estudio sobresalen dos datos: de ese total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas. Y de ellas solo en 6,000 -1 por ciento de los casos- se consigna al agresor ante un juez.

Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente: 25.6 por ciento de los casos.

Por ejemplo, en la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas -34,642 personas- dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).

De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”;  22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y  71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.

La UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo- tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.

De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.

Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.

De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.

La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.

En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.

La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus  documentos.

En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.

La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”. 

Las redes 

Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen. Martha, la estudiante de la UNAM, ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual. Afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.

Al respecto la académica Natalia Flores afirma: “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.

Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.

Por ejemplo, afirma, ella y otras compañeras fueron agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.

Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle en la materia, al menos a nivel estatal, pues los agresores pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.

Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.

Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”.

En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos. Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental. El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (Está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.

A través de pintas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen alumnas de la Universidad Iberoamericana, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y señalan que seguirán exigiendo justicia a las autoridades tanto escolares como gubernamentales.

*Esta es una versión de un reportaje realizado originalmente por Distintas Latitudes para el portal Desigualdad, de Univision, que coordina la fundación española porCausa.

Con información de Nayeli Roldán.

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Gobierno de México

Carlos Slim y AMLO: la reconciliación de los personajes más poderosos de la política y la economía de México

Después de meses de una distante relación, el empresario más rico de México, Carlos Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reconciliaron. En el entendimiento hubo una buena dosis de pragmatismo… De ambos personajes.
Gobierno de México
29 de agosto, 2019
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Hace unos meses parecía muy difícil ver esta imagen: Carlos Slim Helú, el empresario más rico de México, aplaudiendo sonriente al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La escena ocurrió este martes después de la conferencia de prensa que cada mañana ofrece el mandatario.

En este encuentro se anunció un acuerdo para mantener la construcción de siete gasoductos que el gobierno pretendía modificar porque los consideraba “leoninos” para el erario.

El conflicto, que se encaminaba a resolverse en tribunales internacionales, ponía en riesgo el abasto de gas natural en el país.

Muchos se sorprendieron con la presencia de Slim, quien no hace mucho llegó a ser el hombre más rico del mundo. Desde octubre pasado la relación entre el magnate y el entonces presidente electo parecía distante.

Slim, por ejemplo, cuestionó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde tenía fuertes inversiones.

Nuevo aeropuerto México

AFP
La cancelación del nuevo aeropuerto alejó a Slim y AMLO.

Y en los meses siguientes López Obrador criticó los contratos de obra pública donde participan empresas del magnate.

Algunos analistas veían impensable una eventual reconciliación. Pero ahora el ambiente es otro. Slim no sólo se tomó una foto con López Obrador, también respaldó su política económica.

“En los objetivos que tiene este gobierno creo que todos hemos estado 100% de acuerdo” dijo.

“Combatir la corrupción, la impunidad, crecer al 4% (anual), bajar el gasto corriente. Creo que hay unanimidad, hay un gran acuerdo”.

Tal distancia fue motivo de controversia. Slim es el mayor inversionista de México, y López Obrador el presidente con mayor respaldo en la historia reciente.

La separación fue vista como una señal de incertidumbre para algunos especialistas. Ya no más.

¿Por qué cambió la relación entre estos poderosos personajes?

Historia de desencuentros

En el fondo, coinciden especialistas, Slim y AMLO, como se conoce en México al mandatario, entendieron que nadie gana con una confrontación entre el gobierno y el sector privado.

El magnate, como otros empresarios, “piensan estratégicamente” le dice a BBC Mundo el especialista Mario Maldonado, columnista de finanzas en el diario El Universal.

Gasoductos México

AFP
La construcción de gasoductos provocó controversia de AMLO con Slim.

“No terminan de convencerse de sus proyectos pero no son tontos, dicen: si nos peleamos vamos a perder“.

La confrontación empezó desde que López Obrador era presidente electo, a partir de agosto de 2018.

Desde entonces mantuvo una relación difícil con Slim y otros empresarios, a quienes acusó de tener una considerable influencia en administraciones anteriores.

“El gobierno no estará al servicio de una minoría”, dijo en octubre pasado.

Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté sólo al servicio de un grupo”.

Uno de los momentos más complicados fue la cancelación de la construcción del aeropuerto NAIM, el mayor proyecto de infraestructura en la historia reciente del país y donde Slim era uno de los principales inversionistas.

El magnate inclusive ofreció hacerse cargo de la obra y reducir costos para no usar recursos públicos. AMLO se negó, según documentó la agencia Bloomberg.

Producción de autos México

AFP
El gobierno mexicano necesita inversión privada, dicen analistas.

A partir de ese momento la relación se complicó. En varios eventos Slim insistió en la necesidad de mantener la inversión privada en el país, algo que según especialistas no parecía promover López Obrador.

“No sólo son cablecitos”

Una vez en el gobierno AMLO cuestionó la asignación de contratos para construir nueve gasoductos para suministrar combustible a plantas de la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según el presidente, las condiciones en que se firmaron los acuerdos eran “ventajosos” para las empresas, entre ellas Carso Energy, propiedad de Slim.

“Esos contratos eran abusivos, yo les llamé leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas”, dijo.

El consorcio del magnate respondió que su contrato con la CFE “fue resultado de una licitación pública internacional“.

Otro desencuentro ocurrió cuando el gobierno ofreció al sector privado una red de 50.000 kilómetros de fibra óptica de la CFE, para brindar servicio de internet en todo el país.

Ninguna compañía participó en la licitación. El presidente criticó el desinterés por el proyecto.

“Como a las empresas no les resulta rentable, no dan el servicio en los pueblos apartados”, dijo. “¿Saben cuánto territorio del país está comunicado por internet? Sólo 20%“.

Bolsa de Valores México

AFP
La reconciliación de AMLO y Slim fue bien recibida en los mercados.

También cuestionó a los concesionarios de telecomunicaciones por no ampliar la cobertura en regiones marginadas. Así, dijo, las autoridades se harían cargo del servicio.

Háganse a un lado porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos”.

Carlos Slim, quien es el mayor proveedor de telecomunicaciones en el país, respondió al comentario presidencial.

“Se deben tener redes de comunicación avanzada de última generación y muy alta penetración poblacional y territorial”, dijo.

“Es fundamental y eso no necesariamente tiene que ser con cablecitos y fibra óptica“.

La reconciliación

Hace unas semanas las diferencias entre Slim y AMLO empezaron a conciliarse.

El presidente invitó al magnate a una comida privada en Palacio Nacional, donde vive y tiene sus oficinas.

Al día siguiente López Obrador dijo que el empresario le anunció que se retiraba de los negocios, pero después de 2024, cuando termina su gobierno.

“Está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en acciones de bienestar para nuestra población”.

Luego, a mediados de julio, el presidente asistió a una cena con los empresarios más ricos del país.

Después del encuentro AMLO matizó su discurso hacia la inversión privada, e inclusive estableció una mesa de negociación con las empresas que construyen los polémicos gasoductos.

Slim y AMLO

Getty Images
López Obrador y Carlos Slim se distanciaron durante meses.

El gobierno buscaba mejores condiciones para la CFE, y para conseguirlo promovió un arbitraje internacional.

Las empresas pretendían que se cumplieran los contratos. El consorcio de Slim fue el primero en negociar un acuerdo, y después el resto de las compañías hicieron lo mismo.

Analistas como José Yuste, especialista en finanzas de Grupo Fórmula, dice que fue “un entendimiento práctico de lo que se debe hacer“.

Es decir, “honrar los compromisos firmados. Si crees que hubo contratos leoninos pues tratas de flexibilizarlo, lo que debe existir es certidumbre jurídica” explica a BBC Mundo.

Pero no sólo los empresarios actuaron con pragmatismo, advierte Mario Maldonado, pues el gabinete de AMLO pareció entender la necesidad de enviar señales de estabilidad a los inversionistas.

Un factor clave fue el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año, que según datos oficiales fue de 0,01%

“Se dieron cuenta de que si no manda un mensaje de que va a negociar y repensar las cosas en sectores estratégicos no va a llegar la inversión, y su gobierno tendrá un crecimiento económico estancado”.

El resultado fue el mensaje de reconciliación de Carlos Slim. “Estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto” dijo el magnate.

“Este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”.


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