Diez estados ignoraron el plazo constitucional para tener una ley que garantice el derecho de acceso a la información; mientras que diputados y senadores federales insisten en no discutir y aprobar dos leyes clave para que opere el Sistema Nacional de Transparencia.
[contextly_sidebar id=”kO2RcrtyxxosDM8Tyiz7y04DmVh3o9Dg”]Ese es el escenario en el país a un año de promulgada la Ley General de Transparencia que amplía las garantías para ejercer el derecho a la información pública vinculada a los tres poderes, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, estados y municipios.
Este 5 de mayo vence el plazo legal para que todos los estados armonicen su legislación para aplicar esa Ley General de Transparencia. Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Colima, Michoacán y Zacatecas no lo han hecho.
En el caso de esas tres últimas entidades, ni siquiera han presentado una iniciativa ante el Congreso.
Y aunque hay 22 estados con una ley aprobada; Querétaro, Tabasco y Oaxaca dejaron pasar legislaciones que se contradicen con el derecho a la información.
En la ley de Tabasco se creó el concepto de “seguridad estatal” para negar el acceso a información pública; mientras que Oaxaca no definió qué proceso se seguirá para resolver un recurso de revisión cuando un ciudadano no esté conforme con la respuesta que recibe.
Este jueves, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijo que evalúa tomar acciones legales en contra de los estados por omisión legislativa y que además hará uso pleno de las prerrogativas que le otorga la Ley, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.
Sobre las leyes que están pendientes de publicación, el Instituto informó en un comunicado que estará atento y verificará que las disposiciones no contravengan los principios constitucionales en la materia y, de ser el caso, interpondrá las acciones de inconstitucionalidad correspondientes.
Dos leyes ‘estancadas’ en el Congreso
Al retraso en los estados se suma que el Congreso federal no ha discutido y aprobado ni la Ley General de Protección de Datos Personales ni la Ley General de Archivo, pilares del Sistema Nacional de Transparencia que surgió tras la reforma constitucional de febrero de 2014 en materia de transparencia.
La Ley General de Archivos no ha pasado por ninguna de las dos Cámaras. Esta legislación fortalece el Archivo General de la Nación “y garantiza la existencia de un sistema efectivo de archivos en las instituciones de los diferentes poderes públicos, en los tres órdenes de gobierno, así como en los órganos autónomos”.
“Si no garantizamos que se puede archivar la información pública no vamos a poder acceder a ella”, dijo Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
En cuanto a la Ley General de Protección de Datos Personales, que está pendiente en Diputados y ya fue aprobada por el Senado, organizaciones civiles consideran que actualmente es un documento que no garantiza la protección de datos personales.
“Le da más poder al Consejero Jurídico de Presidencia que al dueño de los datos personales”, dijo Ana Cristina Ruelas de Article 19. El Consejero podrá impugnar resoluciones sobre datos personales argumentando causas de seguridad nacional.
El Sistema Nacional de Transparencia no está completo sin esas dos leyes, además de que se necesita que los estados garanticen la aplicación de la Ley General de Transparencia con la armonización de sus legislaciones locales.
“México todavía se encuentra lejos de ser un país que reconozca, en los hechos, la libertad de las personas de hacer un escrutinio informado de la gestión pública y de participar en la toma de decisiones públicas a partir de la información en posesión de autoridades u otros actores que ejercen recursos públicos”, establecieron las organizaciones México Infórmate, Fundar. Centro de Análisis e Investigación, Artículo 19 y el Colectivo por la Transparencia en un Posicionamiento respecto a la situación de la Transparencia y el derecho a la información pública.
