En Tlatlaya sí hubo ejecuciones, la PGR queda en deuda por su falta de efectividad: Centro Prodh
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En Tlatlaya sí hubo ejecuciones, la PGR queda en deuda por su falta de efectividad: Centro Prodh

"La PGR nos sigue debiendo mucho en términos de efectividad en sus acusaciones, y de reconocimiento de los derechos de las víctimas, del papel de las víctimas", dijo la coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez .
Foto: Cuartoscuro
Por Arturo Ascención
15 de mayo, 2016
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En Tlatlaya sí hubo ejecuciones extrajudiciales, así que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) para sostener la acusación es la que permitió la absolución de todos los militares señalados en el caso, dijo a Animal Político Araceli Olivos Portugal, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

“Desde que dimos a conocer la sentencia del juzgado militar por la que también se absuelve a los elementos castrenses, adelantábamos que el caso se encaminaba a quedar impune, y esta resolución ahora confirma nuestra advertencia”, mencionó en entrevista Olivos Portugal, del Centro Prodh, que ha dado seguimiento al caso defendiendo a una de las testigos y sobrevientes.

La resolución a la que se refirió Olivos Portugal es la sentencia con la que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, los últimos tres elementos que permanecían detenidos por los hechos del 30 de junio de 2014.

Aquella noche, según testimonios y reportes de organismos de Derechos Humanos, militares cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, aunque en un inicio las autoridades mexiquenses aseguraran que todas las muertes se habían dado durante un enfrentamiento, en un operativo contra presuntos criminales.

Con la resolución del Sexto Tribunal, los siete militares contra los que la PGR ejerció acción penal en el caso quedaron absueltos.

Antes, en el ámbito castrense, el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.

Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena. 

De ese modo, tanto en el ámbito civil como en el castrense, todos los militares señalados por su presunta responsabilidad en el caso quedaron absueltos.

Al respecto, Olivos Portugal mencionó que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron elementos para confirmar que sí ocurrieron ejecuciones extrajudiciales aquella noche de junio de 2014, a lo que se agregan las declaraciones de testigos como Clara Gómez González, que ha sido representada por el Centro Prodh.

De ahí que sea motivo de crítica la actuación de la PGR para presentar una acusación bien sustentada.

“La PGR nos sigue debiendo mucho en términos de efectividad en sus acusaciones, y de reconocimiento de los derechos de las víctimas, del papel de las víctimas”, dijo la coordinadora.

“No es solo a partir de las declaraciones, considerar que arbitrariamente se privó arbitrariamente de la vida, también hay periciales que así lo indican”, agregó.

En el caso, dijo Olivos Portugal, se ha percibido una postura del poder político en el sentido de obstaculizar el acceso a la justicia, arropando a los militares.

“Por otra parte, desde luego que también hay negligencia, falta de efectividad en la implementación de las estrategias investigativas, por ejemplo de la Procuraduría, de la impartición de justicia del poder judicial”, expresó vía telefónica.

Para revertir la impunidad, consideró Olivos Portugal, aún queda la posibilidad de orientar a las víctimas, los familiares de 8 personas que murieron la noche de Tlatlaya, para que traten de seguir la batalla judicial.

“Todavía se puede interponer un amparo. Desde luego quienes pueden hacerlo son las víctimas reconocidas en el proceso penal. Estas 8 familias”, mencionó la coordinadora.

“Ahí es principalmente la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como asesor jurídico, quien podría orientar a las familias en el sentido de recurrir esta sentencia para que no quede firme” y que el caso no quede en “absoluta impunidad”, agregó.

De momento, dijo, hay una “deuda muy grande” con las 8 familias de fallecidos en Tlatlaya, “pero también hacia la sociedad, para todos los que exigen justicia en este caso”.

En ese sentido, la PGR indicó la noche de este sábado 14 de mayo que, luego de analizar detalladamente la resolución del Sexto Tribunal Unitario, que ordenó liberar por falta de elementos a tres presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos, aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que sean reaprehendidos y formalmente procesados.

“Si bien dicha resolución judicial no es impugnable por parte del Ministerio Público de la Federación, el Magistrado estableció, en las páginas 216 y 217 de la misma, que el auto de libertad fue dictado ‘sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia‘”, explicó en un comunicado.

“En esos términos, la Procuraduría General de la República solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”, agregó.

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

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La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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