Las empresas fantasma, creadas con irregularidades y por notarios ligados al PRI y a Duarte
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Especial

Las empresas fantasma, creadas con irregularidades y por notarios ligados al PRI y a Duarte

Los notarios están ligados al PRI y fueron nombrados por el gobernador, Javier Duarte, o el exgobernador Fidel Herrera.
Especial
Por Arturo Angel
30 de mayo, 2016
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La red de empresas fantasma que consiguieron 21 contratos del gobierno del estado de Veracruz por un total de 645 millones de pesos tienen en común que recibieron el visto bueno de 12 notarios públicos, los cuales han sido también dirigentes o legisladores del PRI o recibieron su nombramiento de los dos últimos gobernadores del estado.

Pero además, el procedimiento que siguieron estos notarios para inscribir a las 21 empresas “se saltó” requisitos que marca la ley.

Los notarios deben verificar que los documentos utilizados sean auténticos, pero también son los responsables de garantizar que los socios estén presentes para firmar el acta y que sepan lo que firman, según explicó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano Inclán.

Si esto no ocurrió, hay una actuación irregular, añadió.

Animal Político recabó testimonios entre los supuestos socios de esta red de 21 empresas. En unos casos los “dueños” no sabían lo que firmaban y en otro tanto no estuvieron en la firma de las actas.

También se recabaron testimonios de los propietarios de los domicilios fiscales donde supuestamente tienen su sede las empresas y éstos declararon que sus documentos habían sido robados.

Las 21 empresas fueron registradas por un total de 12 notarios, los cuales en todos los casos están ligados al PRI y a los dos últimos gobernadores de ese estado: Fidel Herrera y Javier Duarte.

Algunos de ellos tienen nexos familiares entre sí y además han sido también diputados locales o funcionarios públicos.

Un ejemplo es Francisco Montes de Oca López, quien ha sido dos veces diputado local por el PRI. Él autorizó la creación de tres de estas 21 empresas.

Su hijo, Fernando Montes de Oca Zarate, también tiene una notaría –que fue inaugurada personalmente por el exgobernador Fidel Herrera meses antes de dejar el cargo– y autorizó la creación de una más.

El notario Israel Ramos Mange, quien registró una más, es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas.

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El proceso

De acuerdo con  el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano Inclán, realizar el trámite ante un notaría para registrar una empresa –y con ello obtener su registro en el Servicio de Administración Tributaria– es un proceso que lleva menos de una semana y se necesitan credenciales de elector, CURP y actas de nacimiento de los socios, así como un comprobante de domicilio.

El notario es el responsable de revisar que los documentos estén completos y que sean auténticos.

La Secretaría de Hacienda, a su vez, es la responsable de verificar los domicilios no sean falsos. Esto, según explicó Galeano, lo hace de forma aleatoria y como medida correctiva, pero no preventiva:  “Si fuesen medidas preventivas significaría que en lugar de constituirse en una semana, el procedimiento tardaría tres meses”.

Pero afirma que para la constitución de una empresa los socios deben de estar presentes ante el notario y, si esto no ocurre así, hay una actuación irregular. En el caso de la red de 21 empresas muchos de los socios ni siquiera sabían que eran los dueños de empresas que recibieron millones de pesos en contratos con el Gobierno. Y quienes viven en las sedes fiscales, tampoco tenían conocimiento de que ahí existiera una empresa.

Es el caso de Cristóbal Álvarez, quien vive en el número 410 de la calle Michoacán, en la colonia Villa de Guadalupe, puerto de Veracruz. Esa es la supuesta dirección de la empresa Carrirey, que obtuvo un contrato por casi 20 millones de pesos. Cristóbal dice que le ha llegado correspondencia con documentos bancarios de esa y de al menos otras tres empresas.

Dice que durante meses ha intentado denunciar ante las autoridades esta situación, pero hasta ahora lo han ignorado: “Fui a Hacienda a preguntar y me dijeron que una señora había ido a dar de alta a estas empresas, pero no me quisieron dar su nombre, solo que con eso fueron a abrir las cuentas en el banco. Fui al banco a decirles que quería cancelar las cuentas de estas empresas y que no quería tener yo problemas de impuestos pero no me dejaron, dijeron que solo lo podía hacer el propietario de las empresas.

Después fue al módulo del SAT en Veracruz pero la mujer que lo atendió le dijo que “solo tirara los recibos, que no iba a tener ningún problema”. Acudió entonces a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia por el uso ilegal de su domicilio, datos personales  y lo que pudiera resultar, pero le dijeron que necesitaba que él llevara las actas constitutivas de las empresas para que iniciaran la investigación.

“Estamos preocupados porque ya vimos que el gobierno le ha dado dinero a estas compañías fantasma y tenemos miedo de que vayamos a tener problemas. Por eso hemos querido presentar la denuncia, porque tenemos miedo de que algo pueda pasarnos, pero hasta ahora puros obstáculos”, afirma.

El notario Jorge Monreal Montes de Oca fue quien dio fe de que los documentos que se entregaron para la apertura de Carrirey eran reales. Cristóbal no sabe cómo es que los papeles de su domicilio se utilizaron para crear esta empresa.

A continuación se presentan los perfiles de los notarios que dieron legalidad a la creación de estas 21 empresas.

Animal Político buscó al Colegio de Notarios de Veracruz para solicitar un posicionamiento sobre el tema, pero la respuesta fue que se analizaría la situación y de haber algún comentario, se daría a conocer hoy lunes 30 de mayo.

Notario Francisco Montes de Oca López

De acuerdo con las actas constitutivas de las empresas, este notario dio fe de la legalidad de tres de ellas: Comercializadora Alifresh, el 9 de diciembre de 2010; Pefraco, el 19 de agosto de 2011; e Importadora Denylk, el tres de abril de 2012. Lo hizo estando al frente de la notaría número 10, ubicada en Córdoba, Veracruz.

Además de notario, Montes de Oca  López es un político experimentado. Su currículum publicado en internet señala que ha sido miembro activo del PRI desde 1965 y ha ocupado múltiples cargos tanto en el comité estatal como en el nacional. Ha sido diputado local en dos periodos: de 1983 a 1986, y de 2000 a 2004.

En 1986 el exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, le dio su primera patente para ejercer al frente de la notaría número 1. Luego de separarse de esas funciones para continuar con su carrera política y académica, en 2006 el exgobernador Fidel Herrera le dio una nueva patente para ejercer como titular de la notaría número 10.

En octubre de 2015 Montes de Oca  López renunció a la notaría y expresó públicamente su deseo de que uno de sus hijos, Alejandro Montes de Oca, se quede con ella, decisión que depende del gobernador Javier Duarte.

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Notario Fernando Montes de Oca Zárate

También es integrante del PRI y es hijo de Fernando Montes de Oca López. Dio fe de la constitución de la empresa Mogarver el 18 de mayo de 2012. La socia de esta empresa es una mujer de escasos recursos y madre de un taxista que aparece como socio de Importadora Denylk, una de las empresas que avaló Fernando Montes de Oca López, padre de Fernando Montes de Oca Zárate.

El 26 de febrero de 2010 el entonces gobernador Fidel Herrera acudió personalmente a cortar el listón de inauguración de la notaría 50, en la que fue designado Fernando Montes de Oca Zárate. Antes de esto, ocupaba la dirección del Registro Público de Comercio del estado.

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Notario Manuel Alonso Montes de Oca Boylan

Responsable de la aprobación del acta constitutiva de la empresa Bienart, el 27 de junio de 2012. Uno de los accionistas de esta empresa, Victorino Benítez Márquez, vive –según el acta avalada por el notario-– en un domicilio donde en realidad no se le ha visto desde hace diez años.

Montes de Oca Boylan se tituló de la carrera de Derecho en 2009, según el registro de su cédula profesional. Un año después, el entonces gobernador Fidel Herrera le otorgó la patente de aspirante al ejercicio de notario. Con esa patente de aspirante, Javier Duarte lo nombró el 26 de abril de 2011 como notario suplente en la notaría 36.

El nombramiento de Montes de Oca Boylan fue a propuesta del abogado y político priísta Salvador Mikel Rivera, quien fuera procurador del estado en el primer año del sexenio de Duarte. Mikel era el titular de la notaria 36, pero cuando fue nombrado funcionario público la dejó en manos de Montes de Oca.

Para 2016, Boylan ya había sido cambiado a la notaría 65 como “notario adscrito”.

Notario Jorge Monreal Montes de Oca

Avaló a tres empresas: Grupo Balcano, el 16 de agosto de 2011; Carrirey, el 20 de julio del 2012, y AD 911, el 17 de junio de 2013. Entre los socios de estas compañías hay desde militantes del PRI hasta una vendedora de cosméticos.

Monreal Montes de Oca fue designado como notario adscrito en 2010 por el exgobernador Fidel Herrera, con una patente de “aspirante al ejercicio de notariado”.

En 2015 el gobernador Javier Duarte lo colocó como notario adscrito de la notaría 55 con sustento, nuevamente, en su patente de aspirante al notariado.

Notario Israel Ramos Mange

Ramos Mange avaló la constitución de la compañía Rinoxa, el 8 de diciembre de 2011. En su último año de gobierno Fidel Herrera colocó a Ramos Mange como titular de la notaría 59. Actualmente, forma parte también del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Veracruz.

Ramos Mange es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas.

En 2013 Iván Ramos Mange, otro hijo de Raúl Ramos Vicarte, recibió su patente como aspirante a notario de parte del gobernador Javier Duarte.

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Notario Luis Manuel Rodríguez Quirasco

Dio fe de la constitución de la compañía Merca Carrey, el 13 de junio de 2012.  En 2010 recibió su cargo por el entonces gobernador Fidel Herrera.

Rodríguez Quirasco es hijo de Noemí Quirasco Hernandez, exsecretaria general de gobierno en el sexenio del exgobernador Miguel Alemán (1998 a 2004) y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la administración del ex mandatario Fidel Herrera.

El pasado 15 de febrero el periódico AZ publicó que este notario estaba involucrado en una investigación por falsificación de documentos y operación fraudulenta, que inició tras una denuncia del Banco Santander.

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Notario Wendy Mariana Cruz de la Fuente

Dio su visto bueno para la creación de la empresa Cymaned, el 26 de agosto de 2011. Cruz de la Fuente se tituló en Derecho en 2004 y es hija de otra notaria: Maria de Lourdes de la Fuente Guillén. El exgobernador Fidel Herrera autorizó su designación al frente de una notaría en 2010, como parte de un conjunto de nombramientos que según lo publicado por el periodo Imagen del Golfo, fueron criticados por favorecer a “hijos de políticos del PRI y de empleados del Registro Público”.

Notario Daniel Cordero Gálvez

Dio fe de la constitución de tres empresas: Publicidad Akkira, el 16 de mayo de 2012; Marvercarr, el 30 de julio de 2012; y Bloques 2DM, el 31 de mayo de 2013. Los domicilios de esas compañías corresponden a terrenos baldíos o casas semi abandonadas.

En el sexenio de Fidel Herrera fue designado como notario adscrito a la notaría número 29 y en el gobierno de Javier Duarte fue ratificado como titular de la notaría número 16.

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Notario Alberto Javier Robles Mijares

Legalizó la constitución de las empresas CERENE, el 9 de mayo de 2011, y Servizios Oktagonales, el 8 de noviembre de 2012.

Robles Mijares recibió su nombramiento como corredor público en 2008, también en el sexenio del exgobernador Fidel Herrera.

Notario Gabriel Alejandro Cruz Maraboto

Autorizó la constitución de las compañías Anzara, el 18 de julio de 2011, y Abastecedora Romcru, el 30 de marzo de 2012.

Recibió el nombramiento como titular de la notaría 14 en 2009, el penúltimo año del sexenio del exgobernador Fidel Herrera.

Notarios 04

Notario Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel

Dio fe de la constitución de la compañía Ravsan, el 23 de marzo de 2010. Titular de la notaría número 2, ubicada en San Andrés Tuxtla, desde el sexenio de Fidel Herrera y presidente del colegio de notarios de dicho municipio.

En 2009 su notaría fue una de las 186 inspeccionadas en el estado para revisar que no estuvieron incurriendo en actos irregulares. No se informaron los resultados.

Notarios 06

 Notario Oscar Alemán Páramo

Autorizó la constitución y el alta en Hacienda de la empresa Comersil el 9 de abril del 2012. En 2010 ocupó el puesto de notario suplente de la notaría número 1 con el aval del gobernador Fidel Herrera.

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Notario Pablo Morando Rodríguez

Dio su autorización para la constitución de la empresa Desarrolladores Mercalim, el 26 de febrero de 2012. Su trabajo como notario empezó con Fidel Herrera, primero como notario suplente en el 2007 y luego como titular de la notaría número ocho en el año 2010.

*Fe de erratas: En una versión previa de la nota se nombraba al notario Francisco Montes de Oca López como Fernando Montes de Oca López. Ofrecemos una disculpa al notario y a nuestros lectores.

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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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