3 periodistas asesinados y 69 agresiones a la prensa en el primer trimestre de 2016
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3 periodistas asesinados y 69 agresiones a la prensa en el primer trimestre de 2016

Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz y Guerrero, indica el informe 'Sin prensa no hay democracia que' realizó la organización Artículo 19.
Por Nayeli Roldán
3 de mayo, 2016
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En los primeros tres meses de 2016 la mitad de las 69 agresiones que se han cometido contra periodistas provinieron de funcionarios públicos, sobre todo integrantes del Ejército y fuerzas federales, de acuerdo con el primer informe trimestral de Sin prensa no hay democracia que realizó la organización Artículo 19.

El año pasado fue letal para la prensa en México: se registraron 397 agresiones, incluyendo siete asesinatos, pero el panorama de 2016 no parece mejorar. Sólo de enero a marzo tres periodistas fueron asesinados y 69 sufrieron agresiones.

En 33 de los casos -47% del total- los funcionarios fueron señalados como los agresores; sin embargo, las autoridades niegan su responsabilidad y no abren investigaciones en contra de los servidores públicos. “Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, advierte la organización en su informe.

Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, gobernada por Javier Duarte, con 17; Guerrero, cuyo gobernador es Héctor Astudillo, con 11; y la Ciudad de México, gobernada por Miguel Ángel Mancera, con nueve.  Estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa el año pasado. 

En los primeros tres meses de 2016 hubo 15 amenazas contra periodistas, un ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, ocho actos de intimidación, seis privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de violencia institucional.

Los medios digitales sufrieron 27 ataques, lo que los coloca con el mayor número de agresiones. Le siguen los medios impresos, con 14; las agencias de información, con nueve; la televisión, con siete; y la radio, con seis. Además, seis periodistas independientes o freelance fueron agredidos.

De acuerdo con Artículo 19, al atacar a un periodista o medio de comunicación “se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información”. Y en México, las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor,  agrega el documento, “no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”.

Además, el Estado ha sido omiso en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. “La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos”, advierte.

Cada año, el número de agresiones contra la prensa aumenta. Artículo 19 documentó 397 agresiones en 2015, mientras que en 2014 se registraron 326. Sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto -del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016- se han registrado 1,142 agresiones. “El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”, advierte la organización.

Los periodistas asesinados

Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, el 21 de enero pasado.

El periodista había expresado temor por posibles represalias debido a su trabajo, que incluía la cobertura local electoral y su impacto en los grupos de poder. Además cubrió la gira de Andrés Manuel López Obrador en la región y la situación de las radios comunitarias en la zona.

 La reportera de El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016.

Su cuerpo fue encontrado el martes 9 en el municipio de Tehuacán, Puebla. Desde el momento en que las autoridades se enteraron de los hechos, criminalizaron a la periodista y declararon que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado.

Esto descartó una debida investigación basada en la labor periodística, toda vez que la reportera cubría la fuente policíaca e investigó casos de desapariciones forzadas en el estado.

Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzo cortante en su casa el 20 de febrero de 2016 en Villahermosa, Tabasco. El periodista había recibido amenazas e incluso cambió el sistema de seguridad de su hogar a partir de esos hechos. Dagdug Lutzow difundía temas críticos de la administración estatal del gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República es la encargada de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión, argumenta que las fiscalías locales deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos. Pero esto “desdibuja la especialidad de la FEADLE y debilita su función en las investigaciones”.

Ataque contra mujeres

En lo que va del año, 19 mujeres periodistas fueron agredidas. De ellas, al menos siete se dieron con componente de género y los efectos afectan su vida personal, psicosocial y profesional.

En las redes sociales han ocurrido amenazas debido a que para los agresores resulta “efectivo” acosar y hostigar a mujeres periodistas por ese medio, tomando en cuenta que este tipo de actos en la red quedan impunes.

Por ejemplo, en las agresiones contra la periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, las autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.

Estas son las exigencias de Artículo 19:

1) A las autoridades encargadas de la procuración de justicia: que cada uno de los ataques contra la prensa sean investigados tomando en cuenta la labor del periodista o comunicador, su línea informativa.

2) A los organismos nacionales de protección y defensa de derechos humanos: que analicen cada uno de los casos, a la luz de la afectación que genera la muerte de un periodista o comunicador a la libertad de expresión y recomienden a las autoridades involucradas acciones efectivas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación.

3) Al poder legislativo federal y local: que se abstenga de promover la aprobación de normas que inhiben o limitan la libertad de expresión de forma directa o indirecta.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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