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Cuartoscuro
Mi hermana murió por negligencia: historias de violencia en el parto que llevaron a la muerte
Los malos tratos por parte de los médicos y la negligencia provocan la muerte de mujeres y sus hijos. Quienes más sufren de la violencia obstétrica son las mujeres pobres o indígenas.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
10 de mayo, 2016
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Malos tratos en la atención médica, discriminación, negligencia, mujeres sanas que murieron después del parto. Son 27 casos de violencia obstétrica y muerte materna ocurridos en todo el país con el mismo denominador: impunidad.

Este lunes 9 de mayo, los testimonios de las propias víctimas o los familiares de mujeres fallecidas fueron expuestos en el Tribunal Simbólico, realizado por 27 organizaciones, ante seis expertas internacionales.

Se trató de un ejercicio ciudadano para denunciar y visibilizar la violencia que decenas de mujeres sufrieron y que les costó su vida o la de sus hijos. Los Tribunales Simbólicos son “importantísimos porque concientizan a la población de la problemática y da elementos para quienes hacen la legislación”, afirma Alda Facio, una de las especialistas.

En su experiencia como una de las relatoras espaciales sobre discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Facio afirma que las mujeres pobres o indígenas sufren las mayores agresiones y la desigualdad también está marcada en la atención en salud.

Luego de escuchar el testimonio de 27 casos durante las seis horas que duró el Tribunal Simbólico, Facio concluyó que el trato que recibieron esas 27 mexicanas “es más que violento, es indignante. Es como si les dijeran ‘ustedes no merecen ningún respeto’”.

Alberto Brunori, representante interino de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera que la atención médica con “pertinencia cultural es crucial” para reducir a cero la mortalidad materna, como quedó expuesto en los testimonios.

En México no existe ninguna estadística sobre la incidencia de violencia obstétrica. Sólo se registra la mortalidad materna. De acuerdo con el INEGI, la incidencia bajó en una década, al pasar de mil 278 muertes en 2004 a mil 22 en 2014.  Sin embargo, “una sola muerte es demasiado”, asegura Brunori.

Mejorar la atención debe ser una política pública, pero lo más importante, afirma el representante de la ONU es “romper la impunidad”, porque de lo contrario, “la impunidad garantiza la repetición de violaciones a derechos humanos”.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de los casos que han documentado, en 17 hubo violencia obstétrica y en 10, muerte materna. En la mayoría de los casos las mujeres tenían entre 21 y 30 años de edad.

Del total de casos, 5 ocurrieron en Chiapas y 3 en Durango, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. También hubo casos en Hidalgo (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (2), Zacatecas (2) y Yucatán (1).

Éstas son sólo tres casos que confirman el círculo de impunidad ocurridos en el país.

Historias de muerte e impunidad

El 4 de octubre de 2013, Susana Hernández llegó al hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para dar a luz a su segundo hijo. No había personal médico para atenderla, sólo practicantes, y el área de ultrasonido estaba cerrada.

Iba acompañada por su suegra, que por no hablar español, los médicos la relegaron de inmediato. A las cuatro de la mañana entró a cesárea y tres horas más tarde, el médico informó a la familia que estaba delicada, pero estable.

Las horas siguientes negaron información hasta que el 6 de octubre, el médico les informó: “la niña nació bien, pero la mamá falleció de un paro cardio respiratorio”. Apenas tenía 26 años y su primer hijo, siete.

Romeo, el viudo de Susana, leyó su testimonio frente a las expertas del Tribunal Simbólico, y pidió que no hubiera más huérfanos por la negligencia médica hacia las madres, que el personal médico atienda a la población y que los indígenas no sean discriminados en los hospitales.

El gobierno de Chiapas, dice, ha informado que invirtió 18 millones de pesos al hospital de la Mujer, pero las mujeres aseguran que la atención no ha mejorado y “muchas no quieren ir”.

“La atención debe ser igual para todos, no importa si hablamos español o si somos indígenas. Se debe garantizar que no se discrimine a nadie”, sentencia Romeo. Él vivió en carne propia el desdén del personal médico. “Teníamos planes, pero se quedaron ahí, en el hospital donde ella falleció”.

***

Alicia Gómez habla fuerte y claro: “No me voy a dejar, no me voy a cansar de pedir justicia”. Ella es la abuela de María Guadalupe Morales, una joven que cumplió 18 años cuando se encontraba en el hospital y ese mismo día murió.

Era el tercer embarazo de la joven. Tuvo un parto sin complicaciones, pero desde las horas siguientes comenzó a sentirse mal. Regresó al Hospital general de Durango y, según la abuela, no recibió la atención médica adecuada.

Estaba pálida, helada, decía que le dolía el vientre y los médicos no hacían nada. “La dejaron morir”, dice Alicia. Días después, los médicos detectaron que tenía infección en un ovario y la intervinieron para extirparlo.

15 días después del parto, la joven murió a causa de una complicación en el corazón, según la acta de defunción. “Pero si dicen que fue por el corazón, por que le quitaron un ovario”, refuta Alicia.

Interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango y la semana pasada resolvió que el hospital efectivamente tuvo fallas, pero sólo administrativas y su recomendación fue capacitar a los médicos del hospital.

***

Anahí Bautista tenía 29 años cuando murió. Era médico en la comunidad de Asunción, Oaxaca,  y nunca tuvo ninguna complicación durante su embarazo. Cuando llegó al hospital de Juxtlahuaca fue atendida por los residentes, quienes decidieron que la programarían para cesárea al otro día.

Sin embargo, según informaron, su estado de salud era tan grave, que tenían que trasladarla al IMSS de la ciudad de Oaxaca. Cuando Bernardina Bautista, su hermana, llegó al hospital, escuchó que el médico dijo: “viene muerta, por qué nos la mandan”.

Horas después, el médico les informó que tenía muerte cerebral y a los dos días falleció. De acuerdo con su hermana, después de la investigación que han realizado los abogados, se trató de una negligencia al colocar la anestesia.

“Mi hermana no murió porque Dios lo quiso, hubo negligencia”, sentencia Bernardina. Por eso, dice, su familia no se cansará de denunciar a los responsables, de hacerle ver a otras mujeres que no están solas y, sobre todo, que lo ocurrido a su hermana no vuelva a repetirse.

Estas situaciones son consideradas como violencia obstétrica y también se incluyen otras prácticas como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas.

A esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.

Hasta febrero de 2015, los estados de Chiapas y Veracruz han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización. Ocho estados, entre ellos los dos que la tipificaron, definen “violencia obstétrica” en sus leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV); y cuatro estados ya tienen iniciativas para agregar el concepto en su LAVLV.

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Masacre en Christchurch: 5 razones por las que EU no puede prohibir armas tan rápido como Nueva Zelanda
Después de un tiroteo en dos mezquitas de Nueva Zelanda, este país anunció la prohibición de los rifles de asalto. La medida contrasta con la reacción de los políticos en EE.UU. ante los tiroteos masivos.
24 de marzo, 2019
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Guns

Getty Images

Seis días después del ataque a dos mezquitas de Christchurch, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció la prohibición de los rifles semiautomáticos “estilo militar”.

Y la noticia inmediatamente generó todo tipo de preguntas en Estados Unidos.

A pesar de que en los últimos años en el país se han producido varios tiroteos masivos. en EE.UU. se ha avanzado poco en las reformas de control de armas, especialmente a nivel federal, a pesar de que numerosas encuestas muestran un apoyo público generalizado hacia la implementación de medidas como una verificación reforzada de antecedentes y la prohibición de ciertos tipos de rifles de asalto.

El gobierno de Donald Trump prohibió el uso de bump stocks, unos dispositivos que hacen que las armas semiautomáticas puedan disparar ráfagas mucho más rápidas, como si fueran ametralladoras, y se han hecho algunos ajustes a las bases de datos de verificación de antecedentes para las compras en tiendas de armas.

Y en marzo pasado, Trump pareció considerar la posibilidad de una legislación más ambiciosa y “exhaustiva”, diciéndole a los senadores que los lobistas a favor de las armas tenían poca influencia sobre él.

Pero de este entonces el presidente no ha vuelto a tocar el tema.

Trump con un arcabuz

Getty Images
Trump ha hablado de una legislación más exhaustiva y ambiciosa. Pero hasta el momento no ha actuado.

Ahora, una de las razones por la que Nueva Zelanda ha podido actuar con rapidez, es que es una democracia parlamentaria, lo que garantiza que el gobierno esté controlado por un partido o una coalición políticamente compatible.

Sin embargo, esa no es la única explicación de por qué EE.UU. ha seguido un curso diferente.

Aquí te explicamos cinco grandes obstáculos que se interponen en el camino de EE.UU. para realizar cambios importantes en la política de armas de fuego.


1. La Asociación Nacional del Rifle (NRA)

La Asociación Nacional del Rifle es uno de los grupos de interés más influyentes en la política de EE.UU., no solo por el dinero que gasta en presionar a los políticos, sino también por el nivel de compromiso de sus cinco millones de miembros.

La NRA se opone a la mayoría de las propuestas para fortalecer las regulaciones sobre armas de fuego y está detrás de los esfuerzos a nivel federal y estatal para revertir muchas restricciones existentes sobre la posesión de armas.

Una mujer en un evento de la NRA

Getty Images
La NRA sigue siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

En 2016, la NRA gastó US$4 millones en cabildeo y en contribuciones directas a políticos, así como más de US$50 millones en campañas políticas, incluidos aproximadamente US$30 millones para ayudar a elegir al presidente Donald Trump.

Su presupuesto anual es de aproximadamente US$250 millones, que se destinan a programas educativos, eventos para sus miembros, patrocinios, defensa legal y esfuerzos relacionados.

Y, más allá de los números, la NRA es conocida en Washington como una fuerza política capaz de encumbrar o derribar incluso a los políticos más poderosos.

La asociación califica a los políticos según sus votos y utiliza sus recursos y los de sus miembros -tanto financieros como organizativos- para apoyar a sus más fieros defensores y derrotar a sus oponentes más tercos.

Trump hablando en un evento de la NRA

Getty Images
Trump dice que no le tiene miedo a la NRA. Pero hasta el momento no lo ha demostrado.

¿Podría cambiar? Los grupos a favor de un mayor control de armas, respaldados por benefactores ricos como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se han organizado más en los últimos años, intentando igualar el poder político de la NRA.

De hecho, en 2018, gastaron más que la NRA en las elecciones de medio periodo, en las que algunos demócratas prominentes a favor del control de armas ganaron reñidas contiendas.

Paralelamente, sus ingresos en 2017 se redujeron en US$56 millones, en su mayoría por una disminución de las cuotas de afiliación. Sin embargo, ese año la NRA recaudó US$ 378,1 millones, lo que garantiza seguir siendo el actor más influyente en el debate sobre armas de fuego.

2. Distribución de los votantes

Por primera vez en ocho años, los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes del congreso de EE.UU., y sus éxitos en las elecciones de medio término de 2018 se concentraron sobre todo en distritos suburbanos anteriormente bajo control de los republicanos.

En Atlanta, por ejemplo, un activista del control de armas se impuso en una de las elecciones más reñidas, derrotando al anterior representante republicano.

Sin embargo, en lo que se refiere a la Cámara las perspectivas electorales todavía se inclinan hacia los republicanos, que tienden a apoyar la posesión de armas.

Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

AFP
Miembros de la Cámara de Representantes sentados en el suelo para exigir acción en materia de legislación sobre las armas.

Debido a la forma en que se trazan las líneas de los distritos de los que salen los elegidos de la Cámara de Representantes, hay más asientos que se inclinan hacia la derecha que hacia la izquierda, lo que podría devolverle el control de la Cámara a los conservadores.

La demografía también juega un papel importante en la inclinación pro-armas de la Cámara, ya que en la misma hay más distritos rurales, que tienen mayores niveles de propiedad de armas, que distritos urbanos.

Por el momento, sin embargo, la iniciativa la tienen los demócratas, y 2019 los defensores del control de armas en la Cámara lograron dar un importante paso hacia adelante aprobando un proyecto de ley que requiere una verificación exhaustiva de los antecedentes para las ventas privadas de armas, incluidas las que se realizan en eventos de demonstración.

Anteriormente, el requisito de contrastar el nombre de los compradores de armas con una base de datos federal se limitaba solo a los distribuidores de armas registrados.

¿Podría cambiar? Con elecciones cada dos años y un electorado estadounidense que ha demostrado ser inconstante, la puerta a la reforma de la legislación sobre armas podría cerrarse de nuevo sin previo aviso.

3. Obstrucción en el Senado

El Senado es el mayor obstáculo para el éxito legislativo del control de armas.

Los estados dominados por votantes de grandes ciudades, como Nueva York, Massachusetts o California, son superados en número por los estados rurales y del sur, con inclinaciones pro-armas.

Y las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación de armas más estricta, gracias a un mecanismo que en EE.UU. se conoce como “filibuster”.

Manifestantes pro-armas en EE.UU.

Getty Images
Los estados con inclinaciones pro-armas son mayoría en el Senado.

Se trata de un obstáculo que implica que la mayoría de leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de los 100 senadores para aprobarse, en lugar de una mayoría simple, que vendrían a ser 51 votos.

En 2013, después del tiroteo en una escuela de Newtown, Connecticut, parecía que los esfuerzos para fortalecer las verificaciones de antecedentes para comprar armas tenían el apoyo de ambos partidos en el Senado.

Sin embargo, el proyecto de ley recibió solo 56 votos a favor, cuatro menos de los necesarios para romper la obstrucción.

Desde entonces, ninguna medida de control de armas ha estado tan cerca de aprobarse. Y, por el momento, parece poco probable que el Senado apruebe el proyecto de ley de verificación de antecedentes aprobado por la Cámara, a pesar de que todo sugiere que una pequeña mayoría de senadores votaría a su favor.

¿Podría cambiar? Trump se ha manifestado a favor de acabar con el “filibuster” del Senado, y varios posibles candidatos presidenciales demócratas han hecho pedidos similares. Sin embargo, la mayoría de los senadores se oponen a cambiar las reglas.

4. Las cortes

Ante el estancamiento del tema en el Congreso, los estados de EE.UU. inclinados a la izquierda han desempeñado un papel más importante en la implementación de medidas de control de armas.

Después del tiroteo de Newtown, Connecticut, en 2012, 21 estados aprobaron nuevas leyes de armas, incluida la prohibición de armas de asalto en Connecticut, Maryland y Nueva York.

Pero algunas de las leyes se han topado con otra barrera: el sistema judicial de EE.UU.

protesters in front of the Supreme Court in 2008

Getty Images
Protesters in front of the Supreme Court in 2008

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha dictaminado dos veces que el derecho a poseer armas personales, como pistolas, está consagrado en la constitución de EE.UU.

La Segunda Enmienda dice que “al ser una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la gente a portar armas no debe ser vulnerado”.

Y aunque los activistas de control de armas apuntan a la cláusula introductoria como evidencia de que la enmienda estaba destinada principalmente a crear una milicia “bien regulada”, en 2008 un tribunal muy dividido concluyó que la Segunda Enmienda garantiza un amplio derecho a la posesión de armas de fuego que prohíbe la imposición de requisitos estrictos de registro de armas personales.

Desde entonces, los tribunales inferiores han tenido que considerar demandas contra las prohibiciones de armas de asalto, contra los requisitos de registro y contra las prohibiciones de portación visible, impuestas por algunos estados.

'U mad bro'?

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La batalla también se da en las cortes.

¿Podría cambiar? Los jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, históricamente han hecho una interpretación amplia de los derechos de la Segunda Enmienda. Y el presidente está llenando las filas de los tribunales inferiores con jueces a favor de las armas. Si acaso, el poder judicial se está moviendo hacia la derecha en este tema.

5. La diferencia de entusiasmo

Quizás el mayor obstáculo para promulgar nuevas leyes de control de armas a nivel nacional es que los opositores tienden a defender sus creencias con fiereza, mientras que el apoyo a la nueva regulación tiende a ir y venir con cada episodio de violencia.

La estrategia de la NRA, y la de los políticos pro-armas, es esperar a que amaine la tormenta y retrasar los esfuerzos legislativos hasta que la atención se desvíe y el clamor se desvanezca.

Los políticos a favor de las armas de fuego ofrecen sus pensamientos y oraciones, observan momentos de silencio y ordenan que las banderas ondeen a media asta. Luego, en silencio, los esfuerzos legislativos se atrasan y finalmente son descarrilados.

Protesta a favor del control de armas

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Los esfuerzos por un mayor control de arman suelen ir y venir con los episodios de violencia.

Las protestas masivas dirigidas por estudiantes después del tiroteo en la escuela Parkland, ocurrido en febrero de 2018, centraron la atención en el tema durante un tiempo.

Pero luego las marchas se apagaron y los cambios en las leyes sobre armas de fuego, al menos a nivel federal, fueron mínimos.

Poco después del tiroteo de Las Vegas de octubre de 2017, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, le dijo a los periodistas que “hay un momento y lugar para un debate político, pero ahora es el momento de unirnos como país”.

“Hablaremos de las leyes sobre armas de fuego cuando pase el tiempo“, dijo Trump luego.

Y como dice la canción de la película Casablanca con un título parecido, todo sigue siendo la misma vieja historia.

¿Podría cambiar? Según una encuesta realizada durante la campaña presidencial de 2016, las armas de fuego fueron un tema importante tanto para los demócratas como para los republicanos. Este resultado podría ser reflejo del tiroteo masivo ocurrido ese año en un club nocturno de Orlando o el primer indicio de una nueva tendencia.


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