Mi hermana murió por negligencia: historias de violencia en el parto que llevaron a la muerte
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Mi hermana murió por negligencia: historias de violencia en el parto que llevaron a la muerte

Los malos tratos por parte de los médicos y la negligencia provocan la muerte de mujeres y sus hijos. Quienes más sufren de la violencia obstétrica son las mujeres pobres o indígenas.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
10 de mayo, 2016
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Malos tratos en la atención médica, discriminación, negligencia, mujeres sanas que murieron después del parto. Son 27 casos de violencia obstétrica y muerte materna ocurridos en todo el país con el mismo denominador: impunidad.

Este lunes 9 de mayo, los testimonios de las propias víctimas o los familiares de mujeres fallecidas fueron expuestos en el Tribunal Simbólico, realizado por 27 organizaciones, ante seis expertas internacionales.

Se trató de un ejercicio ciudadano para denunciar y visibilizar la violencia que decenas de mujeres sufrieron y que les costó su vida o la de sus hijos. Los Tribunales Simbólicos son “importantísimos porque concientizan a la población de la problemática y da elementos para quienes hacen la legislación”, afirma Alda Facio, una de las especialistas.

En su experiencia como una de las relatoras espaciales sobre discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Facio afirma que las mujeres pobres o indígenas sufren las mayores agresiones y la desigualdad también está marcada en la atención en salud.

Luego de escuchar el testimonio de 27 casos durante las seis horas que duró el Tribunal Simbólico, Facio concluyó que el trato que recibieron esas 27 mexicanas “es más que violento, es indignante. Es como si les dijeran ‘ustedes no merecen ningún respeto’”.

Alberto Brunori, representante interino de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera que la atención médica con “pertinencia cultural es crucial” para reducir a cero la mortalidad materna, como quedó expuesto en los testimonios.

En México no existe ninguna estadística sobre la incidencia de violencia obstétrica. Sólo se registra la mortalidad materna. De acuerdo con el INEGI, la incidencia bajó en una década, al pasar de mil 278 muertes en 2004 a mil 22 en 2014.  Sin embargo, “una sola muerte es demasiado”, asegura Brunori.

Mejorar la atención debe ser una política pública, pero lo más importante, afirma el representante de la ONU es “romper la impunidad”, porque de lo contrario, “la impunidad garantiza la repetición de violaciones a derechos humanos”.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de los casos que han documentado, en 17 hubo violencia obstétrica y en 10, muerte materna. En la mayoría de los casos las mujeres tenían entre 21 y 30 años de edad.

Del total de casos, 5 ocurrieron en Chiapas y 3 en Durango, Oaxaca, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. También hubo casos en Hidalgo (2), Guanajuato (2), Ciudad de México (2), Zacatecas (2) y Yucatán (1).

Éstas son sólo tres casos que confirman el círculo de impunidad ocurridos en el país.

Historias de muerte e impunidad

El 4 de octubre de 2013, Susana Hernández llegó al hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para dar a luz a su segundo hijo. No había personal médico para atenderla, sólo practicantes, y el área de ultrasonido estaba cerrada.

Iba acompañada por su suegra, que por no hablar español, los médicos la relegaron de inmediato. A las cuatro de la mañana entró a cesárea y tres horas más tarde, el médico informó a la familia que estaba delicada, pero estable.

Las horas siguientes negaron información hasta que el 6 de octubre, el médico les informó: “la niña nació bien, pero la mamá falleció de un paro cardio respiratorio”. Apenas tenía 26 años y su primer hijo, siete.

Romeo, el viudo de Susana, leyó su testimonio frente a las expertas del Tribunal Simbólico, y pidió que no hubiera más huérfanos por la negligencia médica hacia las madres, que el personal médico atienda a la población y que los indígenas no sean discriminados en los hospitales.

El gobierno de Chiapas, dice, ha informado que invirtió 18 millones de pesos al hospital de la Mujer, pero las mujeres aseguran que la atención no ha mejorado y “muchas no quieren ir”.

“La atención debe ser igual para todos, no importa si hablamos español o si somos indígenas. Se debe garantizar que no se discrimine a nadie”, sentencia Romeo. Él vivió en carne propia el desdén del personal médico. “Teníamos planes, pero se quedaron ahí, en el hospital donde ella falleció”.

***

Alicia Gómez habla fuerte y claro: “No me voy a dejar, no me voy a cansar de pedir justicia”. Ella es la abuela de María Guadalupe Morales, una joven que cumplió 18 años cuando se encontraba en el hospital y ese mismo día murió.

Era el tercer embarazo de la joven. Tuvo un parto sin complicaciones, pero desde las horas siguientes comenzó a sentirse mal. Regresó al Hospital general de Durango y, según la abuela, no recibió la atención médica adecuada.

Estaba pálida, helada, decía que le dolía el vientre y los médicos no hacían nada. “La dejaron morir”, dice Alicia. Días después, los médicos detectaron que tenía infección en un ovario y la intervinieron para extirparlo.

15 días después del parto, la joven murió a causa de una complicación en el corazón, según la acta de defunción. “Pero si dicen que fue por el corazón, por que le quitaron un ovario”, refuta Alicia.

Interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango y la semana pasada resolvió que el hospital efectivamente tuvo fallas, pero sólo administrativas y su recomendación fue capacitar a los médicos del hospital.

***

Anahí Bautista tenía 29 años cuando murió. Era médico en la comunidad de Asunción, Oaxaca,  y nunca tuvo ninguna complicación durante su embarazo. Cuando llegó al hospital de Juxtlahuaca fue atendida por los residentes, quienes decidieron que la programarían para cesárea al otro día.

Sin embargo, según informaron, su estado de salud era tan grave, que tenían que trasladarla al IMSS de la ciudad de Oaxaca. Cuando Bernardina Bautista, su hermana, llegó al hospital, escuchó que el médico dijo: “viene muerta, por qué nos la mandan”.

Horas después, el médico les informó que tenía muerte cerebral y a los dos días falleció. De acuerdo con su hermana, después de la investigación que han realizado los abogados, se trató de una negligencia al colocar la anestesia.

“Mi hermana no murió porque Dios lo quiso, hubo negligencia”, sentencia Bernardina. Por eso, dice, su familia no se cansará de denunciar a los responsables, de hacerle ver a otras mujeres que no están solas y, sobre todo, que lo ocurrido a su hermana no vuelva a repetirse.

Estas situaciones son consideradas como violencia obstétrica y también se incluyen otras prácticas como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas.

A esa violencia se exponen más de 6 mil 800 mexicanas al día, pues México registra alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.

Hasta febrero de 2015, los estados de Chiapas y Veracruz han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización. Ocho estados, entre ellos los dos que la tipificaron, definen “violencia obstétrica” en sus leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV); y cuatro estados ya tienen iniciativas para agregar el concepto en su LAVLV.

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¿Por qué no se liberan las patentes de la vacuna COVID para que lleguen a todo el mundo?

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito.
19 de marzo, 2021
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La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.

Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos.

Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.

Varios países de bajos y medianos ingresos están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -el organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.

Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.

Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Sólo 10 países

Hasta ahora sólo unos cuantos países de altos ingresos parecen tener acceso a las inoculaciones.

La OMS dijo a principios de febrero que se han administrado unos 200 millones de vacunas contra covid-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la organización, se dieron en 10 países ricos.

Gavin Yamey, profesor de Salud Global y Política Pública de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que en unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

“Ha sido sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas básicamente diciendo ‘yo primero’ y ‘sólo yo’ y esto no solo es muy injusto, también es una actitud terrible de salud pública”, le dijo el experto a la BBC.

vacuna

Getty Images
En unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna.

En efecto los expertos aseguran que para detener esta pandemia global se requiere de una respuesta global porque no se puede acabar con la crisis si sólo unos cuantos países tienen a su población vacunada de forma masiva.

Es por eso que se han presentado propuestas para que las farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para poder acabar con lo que los expertos llaman “apartheid de vacunas”.

¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse.

En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19).

Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 40 países lo suscriben, pero como explica a BBC Mundo Raquel González, responsable de relaciones externas de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora ha tenido muy pocas respuestas.

“Al día de hoy no se ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido nada. Es decir la cartera de productos en el C-Tap está a cero”, señala González.

“Fue una iniciativa que de manera indirecta permitiría un aumento de la fabricación, particularmente en los países en desarrollo, pero ha tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéutica, que en este caso es la titular de las patentes”, agrega González.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

El objetivo, explica Raquel González, es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones.

“Lo que plantean India y Sudáfrica es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de producción que se podrían poner en marcha si se compartiera el conocimiento . Si no se comparte el conocimiento ahora mismo las únicas compañías que pueden fabricar la vacuna son las que tienen la patente”, señala.

Un trabajador médico en Italia manipula dosis de AstraZeneca.

Reuters
Las patentes le permiten a las farmacéuticas controlar el precio y la producción de sus vacunas.

Pero los países de altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando que la suspensión de patentes obstruirá la innovación científica al desalentar a los inversores privados a involucrarse en la industria.

Señalan que las regulaciones que existen actualmente, que permiten a los fabricantes de fármacos establecer acuerdos bilaterales con los productores de fármacos genéricos, son “suficientemente flexibles cuando se trata de enfrentar una emergencia de salud pública”.

“Creo que la PI (propiedad intelectual) es una parte fundamental de nuestra industria”, declaró en mayo Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca, durante una conferencia de prensa para discutir la creación del C-Tap.

“Y si no proteges la PI, entonces esencialmente no hay ningún incentivo para nadie para innovar”, agregó.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.

Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.

Y a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que no son las patentes las que están provocando una escasez de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos.

“Los derechos de PI no son el problema” señala Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) que representa a los principales productores de vacunas.

“Los cuellos de botella (en la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento”, declaró durante una conferencia organizada hace unos días por la OMS sobre distribución de vacunas.

vacuna

EPA
Según la IFPMA las patentes no son el obstáculo para acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingredientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA “el aumento sin precedentes en la fabricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha impactado todo la cadena de abastecimiento de vacunas”.

Barreras técnicas y legales

Los expertos señalan que, aún si se lograra, una suspensión temporal de patentes no sería suficiente para acelerar el acceso global a las vacunas.

“No creo que la suspensión de patentes sea la respuesta”, le dice a BBC Mundo Rory Horner, profesor del Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, Inglaterra, quien ha estado investigando la industria farmacéutica de India y África subsahariana.

“Las vacunas son productos mucho más complejos de fabricar que otras medicinas”, explica.

“En los 1980, antes de que se establecieran las protecciones de patentes, los laboratorios podían copiar un fármaco en el laboratorio y venderlo por una fracción del precio en India. Era un proceso relativamente simple”.

“Pero para producir una vacuna necesitas la cooperación de la compañía que la inventó y la información sobre los varios procesos y etapas involucrados en la fabricación del producto”, explica el experto.

Esto se aplica principalmente a la producción de las nuevas vacunas “complejas” de ARN-mensajero que están produciendo las empresas Pfizer y Moderna y que ya fueron aprobadas.

Para que los laboratorios de los países de medianos y bajos ingresos puedan producir las vacunas contra la covid necesitan conocimientos técnicos, que muchas veces se mantienen como secretos comerciales de las farmacéuticas, y se necesita acceso a información sobre seguridad que a menudo está protegida como datos confidenciales de la empresa dueña de la patente.

“Estamos hablando de barreras técnicas, además de las barreras legales,para poder aumentar la producción de vacunas de covid”, le dice el profesor Horner a BBC Mundo.

Pero quienes piden la exención de los derechos de propiedad intelectual afirman que en los países de medianos y bajos ingresos sí hay laboratorios y empresas capacitadas para producir estas vacunas.

“Efectivamente no todos los países tienen capacidad de producción, pero sí hay muchos países de rentas bajas o medias, como India o Pakistán, que sí podrían tener capacidad de producción”, señala Raquel González de MSF.

“Digamos que si tenemos la receta de cómo se hace una vacuna, lógicamente va a pasar un tiempo hasta que se hace una fábrica de producción y se consigue la materia prima. Si hay ahora mismo, por nombrar un número, 10 plantas de producción, si se comparte la tecnología y el conocimiento a lo mejor dentro de cinco meses podría haber 15 plantas de producción”, le dice a BBC Mundo.

Mujer siendo vacunada en India

EPA
AstraZeneca tiene un acuerdo bilateral con el Instituto Serum de India para que produzca su vacuna.

En efecto, la transferencia de tecnología tomará tiempo y tiempo es lo que no se tiene con la pandemia de covid-19.

¿Acuerdos bilaterales o Covax?

Algunos expertos creen que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos.

Pero el profesor Rory Horner cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

“En términos de producción (estos acuerdos) ayudarían, pero también se trata de mejorar la adquisición, la compra y distribución de vacunas“, le dice el experto a BBC Mundo.

“El hecho de que las vacunas estén tan inequitativamente distribuidas no es el resultado de la capacidad de fabricación en el mundo, es resultado de cómo algunos países han podido comprar y tener acceso a esas vacunas primero”.

Horner cree que la solución está en Covax, el mecanismo creado por la OMS en 2020 para el acceso global a las vacunas y mejorar la distribución en los países de bajos ingresos.

Pero el proyecto se ha visto en dificultades porque aunque los países desarrollados han donado dinero para Covax también han comprado todas las dosis de vacunas y Covax no ha podido cumplir su objetivo de entregar vacunas a los países de bajos ingresos.

“Lo ideal será que Covax no sólo tenga el dinero de los países ricos sino también las dosis, los derechos y el acceso prioritario a esas dosis que los países ricos han acaparado”, señala el experto de la Universidad de Manchester.

“Covax es un programa extraordinario que ha tenido que evolucionar en un contexto muy difícil, así que si logra avanzar sería algo realmente beneficioso”, agrega.

Y el profesor Gavin Yamey de la Universidad de Duke está de acuerdo: “Esta es una pandemia global y necesitamos una respuesta globa que incluya vacunación en todo el planeta y Covax es un mecanismo esencial para lograrlo”.

“Pero tenemos que hacer mucho más para solucionar este apartheid de vacunas”, dice el experto.


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