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Absuelven a los 3 últimos militares que permanecían detenidos por el caso Tlatlaya
La resolución judicial desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de los tres elementos en los delitos de homicidio y encubrimiento.
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Por Redacción Animal Político
13 de mayo, 2016
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El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, detenidos por los hechos del 30 de junio de 2014, cuando según testimonios y reportes de organismos de Derechos Humanos se dieron presuntas ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Con esta resolución, los siete militares contra los que la PGR ejerció acción penal en el caso quedan absueltos.

En su determinación, el Tribunal absolvió a Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides de los delitos de Homicidio, Encubrimiento (en la modalidad de alteración) y Modificación Ilícita de vestigio del hecho delictivo, informó la PGR, en un comunicado este viernes 13 de mayo.

“La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) emitida en esta fecha, desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos”, apuntó la Procuraduría.

“Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”, agregó.

Con la resolución judicial a su favor, detalló la PGR, los tres elementos castrenses serán puestos en libertad de la reclusión en que permanecían en la Prisión Militar Número 1-A en la Ciudad de México.

El Consejo de la Judicatura Federal hizo pública la resolución “correspondiente al toca penal 247/2015, relacionada con el llamado caso Tlatlaya, emitida por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito”:

Resolución sobre el caso Tlatlaya

El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.

Meses después, la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles.

El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.

Por el caso, en el ámbito civil, la PGR ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos.

El Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento.

De ese modo, con la determinación sobre la que se informó este viernes 13 de mayo, todos los elementos militares detenidos por el caso Tlatlaya quedarán libres.

En el ámbito castrense, el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militaresseis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.

Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena. 

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Guardería ABC: los padres que aún buscan justicia 10 años después de la tragedia que dejó 49 niños muertos
A una década del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, México, la madre del niño Andrés Alonso resume lo que siente con una palabra: "Cansancio". Y es que ninguna persona se encuentra en prisión por lo sucedido.
5 de junio, 2019
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“Cansancio” es la palabra que Patricia Duarte usa para describir lo que siente.

Este miércoles se cumple una década del incendio en la guardería ABC de la ciudad mexicana de Hermosillo, en el que murieron 49 niños y un centenar resultaron heridos, muchos de ellos con graves quemaduras.

“En la cuestión emocional sigue siendo muy cansado, muy pesado. Sigue doliendo mucho y eso no va a cambiar. Es un dolor para toda la vida, solo que aprendes a sobrellevarlo”, expresa a BBC Mundo Duarte, quien perdió en la tragedia a su hijo único, Andrés Alonso.

“Era un niño muy feliz, muy inteligente, muy amado. Lo sigue siendo”, dice sobre su pequeño.

“Nuestra vida era para él, todo era para él. Y de repente te quedas con los brazos vacíos. Eso a nosotros como matrimonios nos llevó a tener muchos problemas emocionales, en la salud emocional y física. Todavía seguimos con secuelas respecto a esto”, añade.

Para los padres de las víctimas, la llegada de López Obrador al gobierno ha significado una posibilidad de que puedan obtener la justicia que piden, pero Duarte dice que hasta ahora no ha habido respuestas.

“Están callados, no hay nada que nos digan. Lo que hemos sentido es que le están restando importancia al caso de la guardería ABC”, señala.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Gobernación para buscar un comentario, pero no hubo respuesta este martes.

Duarte enfatiza que el reclamo de justicia sigue siendo “que paguen los responsables”, que haya “garantía de no repetición” de un caso así; la aplicación de la ley “5 de junio” sobre regulación de guarderías y estancias infantiles, y la “reparación integral del daño” a las víctimas.

“Se terminaron los sueños de mi hijo y los sueños de nosotros con él. Es algo que jamás jamás se va a poder reparar. Y eso es lo que debería tener muy claro el gobierno”, dice Duarte.

Sin sentencia definitiva

En los diez años transcurridos la justicia mexicana no ha dictado una sentencia definitiva en contra de los responsables de la tragedia.

Todos los involucrados en procesos judiciales, tanto los responsables del centro como los funcionarios públicos vinculados al caso, se encuentran en libertad.

“En cuestión de justicia, es demasiado tiempo. Son 10 años. Seguimos todavía empujando como padres para que llegue la justicia. Las autoridades todavía siguen siendo indiferentes, omisas, no resuelven”, dice Duarte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en su lista de pendientes una resolución sobre las sentencias emitidas por jueces y tribunales inferiores.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril pasado que su gobierno haría justicia, el mandatario no ha abierto un espacio para recibir a los padres de las víctimas.

“No hemos tenido respuesta a la fecha (a la petición de audiencia). Tampoco hemos recibido noticias de lo que se está haciendo por iniciativa de López Obrador”, dice Duarte.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de México para obtener comentarios sobre el caso de la Guardería ABC, pero no obtuvo respuesta.

¿Cómo se inició el incendio?

El 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, la capital de Sonora (norte de México), había decenas de menores de entre 5 meses y 5 años de edad.

El centro infantil privado, financiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del gobierno federal, tenía una matrícula de 176 menores que estaban a cargo de una plantilla de 41 empleados.

El edificio estaba habilitado en una de varias naves industriales ubicadas en el sur de la ciudad.

A un costado de la guardería, literalmente pared contra pared, había una bodega de archivos de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora.

Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando se desató un incendio en esa bodega, el cual se alimentó de las toneladas de papel almacenado, así como de materiales inflamables y tóxicos (como un aislamiento de espuma de poliuretano), según una investigación de la Suprema Corte llevada a cabo en 2009.

La guardería y la bodega estaban conectadas en el techo, lo que llevó rápidamente el fuego y el humo tóxico hacia las distintas áreas en donde estaban los niños.

“El incendio progresó en condiciones de combustión súbita generalizada (flashover), con lo cual se vinieron abajo tanto las losetas del cielo raso de las salas, como el toldo plástico que había comenzado a arder —lo que fue descrito por los testigos como una lluvia de fuego—, de manera que en poco tiempo las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico”, describe el informe de la SCJN.

La hora de la siesta

Cuando se inició el incendio, los niños se encontraban en la hora de la siesta.

Una parte del personal de cuidados había concluido su horario a las 2:45 de la tarde, mientras que otros estaban en su hora de comida.

Las investigaciones determinaron que en el momento en el que se inició la emergencia solo había 14 empleados a cargo del cuidado de los niños.

Hubo un llamado de alerta para que los empleados que estaban en su descanso ayudaran en la evacuación, pero había entre 8 y 10 niños para auxiliar por cada adulto, según la SCJN.

“Las maestras jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía”, dice la investigación.

Los bomberos llegaron 9 minutos después de la primera llamada.

Los vecinos y personas en que se encontraban en los alrededores del centro empezaron a abrir boquetes en las paredes -incluso con vehículos- ya que no había salidas de emergencia suficientes, y las que había estaban inhabilitadas.

La investigación indica que la evacuación de los niños se prolongó a lo largo de 30 minutos.

El “caos” marcó las labores de rescate y las autoridades se vieron “rebasadas” por la emergencia.

Responsables

Las investigaciones se centró en deslindar responsabilidades sobre el origen del fuego -si fue accidental o provocado-, las condiciones de la guardería, los permisos otorgados, el financiamiento y la supervisión.

A lo largo de estos 10 años, los dueños de la guardería y varios funcionarios públicos fueron procesados. Un total de 22 personas fueron llevadas ante los tribunales y 19 recibieron condenas de prisión.

Ningún funcionario de alto nivel fue responsabilizado por lo sucedido.

Las 19 personas, la mayoría encargadas del cuidado de los niños, fueron sentenciadas a diversas penas de cárcel, todas menores a 30 años.

Varios de ellos fueron procesados por “homicidio culposo” que, al no tratarse de un cargo por una acción intencional sino de omisión, ha sido combatido en tribunales con apelaciones.

A 10 años de la incendio no hay ninguna persona en la cárcel de las que fueron procesadas.

El mes pasado, los padres fueron notificados por la Fiscalía General de la República que se daría por concluida la investigación sobre si el incendio fue intencional por falta de pruebas.

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que presentó una denuncia contra el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, por las omisiones en el sistema de Protección Civil a su cargo.

Una década después de la tragedia, Patricia Duarte y muchos otros padres de los menores fallecidos creen que no se ha hecho justicia.


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