[contextly_sidebar id=”HiOTzT3sj8Z3sOGL0HXEG8qflphYiUd8″]La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dictaminó la noche de este jueves 11 de mayo sobre si procede o no el juicio de desafuero contra la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, para que pueda ser investigada sobre el supuesto delito de utilizar una credencial falsa de elector.
En una sesión que duró aproximadamente una hora, los cuatro diputados del PRI, panistas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que integran la Sección Instructora, votaron el dictamen, el cual no se puede a dar a conocer si se resolvió que haya o no desafuero, porque lo prohíbe la ley.
La determinación se tomó con base en las pruebas que presentaron la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de la legisladora.
De esta manera resolvieron jurídicamente y avalaron el resolutivo por unanimidad, que se dará a conocer en la sesión extraordinaria del pleno camaral que se convocará mediante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En marzo pasado, la PGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada local, para que sin la inmunidad constitucional pueda ser investigada por haber utilizado documentos falsos para ingresar al penal federal del Altiplano y visitar al narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, explicó que, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se puede adelantar el sentido del dictamen.
“Hemos emitido el dictamen correspondiente por unanimidad con la certeza de haber hecho una resolución estrictamente apegada a derecho, con base exclusivamente en las constancias de los autos, sin ningún tinte político de ninguna naturaleza, sin ninguna presión de los partidos políticos, y estamos seguros que esta resolución tiene un soporte jurídico de alto nivel”, afirmó.
Agregó que conforme al procedimiento, ya sea en sentido positivo o negativo el resolutivo, la Sección Instructora tiene que entregar el documento a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que comunique a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Debido a que hay receso en las Cámaras del Congreso de la Unión, se tiene que solicitar a la Comisión Permanente un periodo extraordinario para desahogar el asunto, y no se puede a dar a conocer si se resolvió que haya o no desafuero, por disposición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El sentido del dictamen se dará a conocer el día de la sesión que “nos citará la Comisión Permanente, señalará que día y la hora, sesionará para este solo efecto o bien si hay otra agenda que tratar”, expuso.
Cuando se determine la fecha de la sesión o del periodo extraordinario, que sería únicamente para la Cámara de Diputados, y que se estima podría ser la semana próxima, la Mesa Directiva notificará a la parte acusadora, a la defensa y a la diputada.
En la sesión extraordinaria, la asamblea de diputados se convertiría en jurado de procedencia y después de que se conozca el dictamen y las partes expongan, si tienen algo que decir, los diputados votarían el desafuero, si así se determina.
Ramírez Nieto sostuvo que se cumplió a cabalidad con el análisis y resolución del dictamen, y se hizo incluso antes de que concluyeran los 60 días hábiles que marca la ley para este trabajo.
Reiteró que en todos los casos tiene que concluir una declaración de juicio de procedencia en el pleno de la Cámara, y destacó que una vez que se suba al pleno el dictamen, la resolución que se tome será inapelable y tampoco es procedente el juicio de amparo.
Al concluir la última sesión de la Sección Instructora, los diputados del PRI, Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez Hernández, así como Juan Pablo Piña, del Partido Acción Nacional (PAN), entregaron el documento a Pascual Juárez Cervantes, secretario técnico de la Mesa Directiva.
