El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima (Osafig) presentó una denuncia penal contra el exgobernador Mario Anguiano y dos de sus excolaboradores por desvío de 638 millones de pesos. Además pidió la inhabilitación de los funcionarios y el pago de multas millonarias.
[contextly_sidebar id=”SeVDYJrngVRCq1j1P7fdnTyAWzkTqAF2″]El órgano fiscalizador también pidió al Congreso del Estado inhabilitar al exmandatario por 14 años para desempeñar cargos públicos; a Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno por 6 años y a Blanca Isabel Avalos, secretaria de Finanzas por 10 años.
Cada uno debe pagar como sanción económica 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados, y de 69 millones 66,097 pesos para resarcir los daños y perjuicios a la hacienda pública.
Mario Anguiano, militante del PRI, gobernó Colima de 2009 a 2015.
Una auditoría excepcional realizada a las finanzas del estado concluyó que en 2015, Anguiano, entonces gobernador y Blanca Isabel Avalos, y Rafael Gutiérrez Villalobos, hicieron mal uso de un préstamo pedido al banco Interacciones por 638 millones de pesos.
El dinero se utilizó para el pago de gastos de la cuenta corriente (salarios) y préstamos pedidos a otros bancos, lo que contraviene a la Ley de Deuda Pública del Estado, que determina que los créditos que el gobierno del estado adquiera deberán ser para inversiones públicas productivas, como obras, adquisición de maquinaria y equipo, proyectos y modernización de la infraestructura operativa de la entidad.
“En ningún caso los recursos provenientes de la reestructuración o refinanciamiento, podrán destinarse al concepto de gasto corriente”, señala el artículo 2 de la ley.
De acuerdo con la auditoria, los funcionarios presentaron información falsa al Congreso del estado, pues el gobierno argumentó en el Decreto 565 aprobado el 20 de septiembre de 2015 que el crédito por 638 millones sería para la Infraestructura Pública Productiva, lo que “no corresponde” con el destino final de los recursos.
El órgano fiscalizador pidió a la Secretaría de Finanzas estatal justificar el destino de los recursos, a través de contratos de obras, servicios, facturación, comprobantes de pagos de impuestos, entre otros documentos; pero la dependencia respondió que no era factible realizar la justificación
Por ello, el Osafig resolvió que “se considera necesaria la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio de cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causó daños o perjuicios a la hacienda pública”.
