La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) hará una revisión integral de la venta de los terrenos donde se instalará la automotriz Toyota, así como del proyecto de inversión de la empresa.
[contextly_sidebar id=”aw1M8Na3E2LqsrDNMxMv9JeXlvnSkmWY”]El pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves 16 de junio la petición del grupo parlamentario del Partido Verde para que el gobernador panista Miguel Márquez Márquez informe al congreso sobre el proceso de adquisición de los terrenos en el municipio de Apaseo el Grande.
El diputado del PRD, Gerardo Silva Campos, pidió al gobernador que la Secretaría de Gobierno acuda con las personas inconformes que vendieron sus terrenos a la empresa y les brinde atención.
Silva Campos denunció que algunos de los campesinos fueron doblemente engañados: primero por la empresa que no les informó que los terrenos serían para la instalación de Toyota y el segundo por parte del gobierno estatal al Poder Legislativo para que se les autorizara la compra de los terrenos.
“No podemos permitir que gente que tenía información privilegiada, información por parte del gobierno, se enriquezca de manera ilícita a costillas del erario público y en perjuicio de los dueños originales que por necesidad vendieron sus hectáreas a esta empresa”, dijo el diputado.
En mayo pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que una empresa intermediaria compró terrenos en menos de 4 pesos el metro cuadrado, que un mes después revendió al Gobierno de Guanajuato en 161 pesos el metro cuadrado.
En conjunto, se pagó un sobreprecio de 290 millones de pesos.
Esta operación de comprar barato para revender caro lo replicó de distintas maneras la intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas, lo que supuso una ganancia millonaria a esa empresa por la venta de unas tierras que luego fueron regaladas por el gobierno de Miguel Márquez a la trasnacional Toyota.
