Los legisladores ignoraron a los ciudadanos otra vez. La Cámara de Diputados ratificó la Ley de responsabilidades administrativas tal y como el Senado la aprobó el miércoles pasado, lo que permitirá a los funcionarios públicos ocultar información en su declaración patrimonial, fiscal y de interés, con el argumento de proteger su “vida privada”.
[contextly_sidebar id=”rTcdIl3EhqZ7pUA8ly24RSNvYb29RwJ9″]Horas antes de la sesión de este jueves, organizaciones sociales pidieron a los diputados que modificaran el artículo 29 (que permite la opacidad) y aprobaran una verdadera ley 3de3 con la máxima publicidad de las tres declaraciones con el formato de la plataforma ciudadana 3de3, donde 700 funcionarios y candidatos han publicado su información voluntariamente.
Sin embargo, los 228 votos de los diputados del PRI, PVEM y PANAL fueron suficientes para impedir cambios a dicho artículo; además, la ausencia de 63 diputados, afianzó el resultado de la votación.
El PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano sumaron 209 votos a favor de la modificación. Sin embargo, tuvieron ausencias. Faltaron seis panistas, nueve perredistas, cinco de Morena y uno de MC. Estos 21 votos hubieran puesto la balanza a su favor.
Justamente cuando se cerró el tablero electrónico, regresaron a sus curules y pidieron emitir su voto, pero no les fue permitido. En respuesta, los diputados a su alrededor les gritaron ¡traidores, traidores!
Durante la sesión, los diputados César Flores Sosa (PAN), Herminio Corral Estrada (PAN), Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), Maricela Contreras Julián (PRD), Sergio López Sánchez (PRD) y Melissa Torres Sandoval (PES) presentaron reservas al artículo 29, es decir, propusieron su modificación.
A propuesta de Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, no se decidió por cada una de las reservass en votación económica (mano alzada), sino que al final de las participaciones se abrió el tablero electrónico para que los diputados emitieran su voto.
En cinco minutos, los diputados rechazaron el aspecto fundamental de la ley 3de3, propuesta de organizaciones civiles y apoyada por la firma de 634 mil ciudadanos. No le movieron ni una coma a la redacción del Senado, que resultaba en una ley a medias, según los activistas.
Por lo tanto, las declaraciones patrimonial y de interés serán públicas “excepto los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
También se mantiene que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, sea el organismo que “emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Esto, dice Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) será un desgaste para quienes integren que Consejo ciudadano porque los legisladores evadieron asumir su responsabilidad de definir los formatos de las declaraciones, es decir, los datos que debían contener.
Los empresarios sí deberán publicar su 3de3
La propuesta para modificar el artículo 32, referente a la obligación de los particulares que reciban recursos públicos para publicar su 3de3, también fue desechada en votación económica (mano alzada).
Los diputados también ignoraron a los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)que expresaron su desacuerdo a la legislación durante una protesta realizada en el Ángel de la Independencia este jueves.
El artículo 32, avalada por el Senado durante la madrugada del miércoles, fue ratificado por la Cámara de Diputados, por lo tanto, deberá presentar su declaración patrimonial, fiscal y de interés “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
La legislación es tan amplia que también se incluye a “personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a las que se les haya asignado los recursos o con el que haya contratado”. Aunque resulte difícil, con esta legislación, cualquier persona que reciba un programa social o una beca, podría entrar en este supuesto.
En la sesión de este jueves, los diputados también aprobaron la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin modificaciones. Por lo tanto, éstas y la Ley de responsabilidades administrativas, fueron enviadas al Ejecutivo para que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entren en vigor.
