Cuando Tairo Duque, un colombiano de 36 años de edad que padece trastorno de bipolaridad, se llevó sin pagar de una tienda Seven Eleven unos sustitutos de crema para el café valorados en 7 pesos con 50 centavos, no imaginaba las graves consecuencias que estaban por desatarse.
[contextly_sidebar id=”rir63eqigsrU4Jic8yFXBQLmA2LMiYXm”]El pasado 17 de mayo, el sudamericano con pasaporte mexicano entró a una de las sucursales que la tienda de autoservicio tiene en la colonia Del Carmen de la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Allí, según la averiguación previa del caso, tomó cinco cubitos de crema de los que las tiendas ofrecen gratuitamente en sus exhibidores a quienes compran café. Sin embargo, Tairo salió del establecimiento con las cremas pero sin comprar nada.
A continuación, la empleada de la tienda alertó a la policía del robo tras percatarse del suceso por las cámaras de videovigilancia. Cerca del local, a la altura del jardín Hidalgo, dos motropatrulleros interceptaron a Tairo y lo detuvieron, aunque en la declaración de uno de los agentes ante el Ministerio Público admitió que ni a él, ni a su compañero, le constaba “los hechos del robo”.
Por su parte, la empleada aseguró en su declaración que no imprimió el ticket de los sustitutos de crema como prueba del daño económico en contra de la tienda, “porque no tiene un valor-costo asignado”. Es decir, es un producto que se da gratis al cliente con el café. Por lo que para determinar el daño de 7.50 pesos a Seven Eleven, se tuvo que hacer un peritaje.
A pesar de lo anterior, Tairo ingresó el 17 de mayo con la causa penal 88/2016 en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi), en la delegación Xochimilco de la Ciudad de México, acusado de robo agravado con violencia, debido a que presuntamente ofreció resistencia a la detención.
Tairo estuvo preso hasta la noche del miércoles 8 de junio, luego de que el magistrado del Juzgado Penal 64 declarara “extinguida la pretensión punitiva en contra del acusado” por parte de la tienda.
Pero para entonces, el joven ya había pagado con creces su falta: hasta cuatro días de cárcel por cada cubito de crema para café robado.
Por irregularidades, comisión de reclusorios pide revisar casos de enfermos mentales presos
Para la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), los casos de personas con alguna discapacidad intelectual encarceladas por robar alimentos de poco valor en tiendas y supermercados no son aislados. De hecho, el caso de Tairo es prácticamente idéntico al de otro joven: Erick Najar, quien también estuvo en la cárcel para personas con trastornos psicológicos (Cevarepsi), acusado de robarle a Soriana 21 pesos en dos manzanas y un refresco.
A raíz del encarcelamiento y posterior puesta en libertad de Erick Nájar, la legisladora Rebeca Peralta, vicepresidenta de la Comisión de Reclusorios de la ALDF, realizó varias visitas al Cevarepsi. Allí, además de acompañar el caso de Erick y de documentar el de Tairo, la diputada asegura que se ha encontrado con otras historias muy similares de robos “en los que las cantidades no exceden de 40 pesos”.
“Hay varios casos que estamos revisando. Sólo por poner ejemplo, hay otra señora que está en reclusión por robar una sopa”, apunta Peralta, quien detalla que en el Cevarepsi hay 313 internos con problemas mentales, los cuales “están recluidos en su mayoría por robo”.
Ante este contexto, la legisladora subraya que es necesario hacer una revisión de todos los expedientes de personas con problemas mentales presas por robos menores. Y no sólo de los 313 internos del Cevarepsi, sino de los mil 030 internos con enfermedades mentales que hay en la capital. Porque, subraya la diputada, casos como el de Érick Nájar, a quien según su defensa las autoridades le violaron sus derechos al hacerle firmar una declaración sin su abogado y sin que previamente se le hiciera un peritaje médico para determinar su discapacidad, evidencian irregularidades en las acusaciones.
Además, Peralta señala que la Comisión de Reclusorios solicitó a la Secretaría de Gobierno del DF, a la subsecretaría del Sistema Penitenciario y al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que realicen un informe de las tiendas departamentales o supermercados que han interpuesto demandas en contra de personas con alguna discapacidad por robos menores.
La idea, plantea la legisladora, es analizar no solo los casos de personas con discapacidad intelectual presos por robos menores, sino también aquellos expedientes en los que los imputados presuntamente amenazaron o golpearon a policías o guardias de seguridad de las tiendas al momento de su detención. Lo cual hace que su falta se convierta en delito grave y pueda ser merecedora de prisión preventiva si no se paga una fianza.
En este sentido, Peralta apunta que las grandes cadenas de tiendas y supermercados tienen como ‘modus operandi’ incluir algún agravante en la denuncia, como robo con violencia o en pandilla, para llevar a quienes cometen pequeños hurtos en sus locales hasta la prisión.
“La práctica común de los abogados de estas tiendas es siempre meter algún tipo de agravante al delito de robo simple, para que sea un delito grave y la persona ya no pueda acceder a los beneficios de la ley”, denuncia la legisladora, quien acusa a los dueños de las tiendas de carecer de “sensibilidad” para entender que quienes llevan hasta la cárcel son personas con problemas mentales que, presuntamente, robaron unos pocos pesos.
Exigen indemnización para Erick y Tairo
Por lo pronto, tras la salida de Tairo de prisión, quien regresará a Colombia para tratarse en una clínica el trastorno bipolar, la vicepresidenta de la Comisión de Reclusorios anunció en un comunicado que pedirán a las tiendas departamentales que capaciten a su personal para atender a personas con alguna discapacidad intelectual.
Asimismo, dijo que la comisión exigirá a tiendas como Seven Eleven, Oxxo y Soriana, que paguen una indemnización “a personas como Erick Nájar y Tairo Duque, quienes sufrieron abusos y maltratos al momento de su detención”. Asimismo, el pleno de la Asamblea Legislativa del DF solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad que investigue el caso de Erick Nájar, y pidió al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) que inicie un proceso para que las autoridades capitalinas ofrezcan una disculpa pública al joven.
Ante esta exigencia, Animal Político contactó vía correo electrónico a Seven Eleven para pedir su versión, pero al momento de publicar esta nota no dio respuesta.
Cabe recordar que el pasado 1 de junio, en la nota que publicó Animal Político ‘Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga’, la Organización Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en la que está Seven Eleven, explicó que sus representados tienen una política de “tolerancia cero” contra cualquier tipo de robo, sin importar el monto ni el motivo, puesto que lo que se denuncia es el hecho de robar y no la cantidad.
Esto, debido a las pérdidas millonarias de las tiendas. Sólo en 2014, la ANTD reportó que empresas como Walmart, Oxxo, Seven Eleven o Soriana, dijeron haber tenido mermas por hasta 14 mil millones de pesos por el ‘robo hormiga’ de productos como café, leche, refrescos, cigarros o bebidas alcohólicas.
