El flujo de dinero en efectivo aumentó en promedio 33 mil 165 millones de pesos en los meses previos a las elecciones federales de 2012 y 2015, lo que podría dar una pista del volumen de dinero que se usa para financiar campañas de manera ilegal, indicó un reporte de la consultora Integralia.
[contextly_sidebar id=”AHAHGUQ5nqMiEJj71j0j4SBtc3QeVt7L”]”Con base en solicitudes de información y en la revisión de los informes trimestrales del Banco de México (Banxico) de los últimos años, se observa que la demanda de efectivo aumenta durante el primer semestre de los años con elecciones federales, en comparación al resto del año y en comparación a los años sin elecciones”, indica la consultora.
En diversos informes, agrega, Banxico ha señalado que existe un “efecto temporal que la celebración de elecciones en nuestro país tiene sobre la demanda de dinero”.
En 2012, año de elección presidencial, el flujo de efectivo aumentó 37 mil 374 millones de pesos de febrero a junio. El aumento, según Integralia, fue desproporcionado y sale de los patrones normales de demanda de dinero.
“Un año antes el flujo había disminuido 2 mil 958 millones de pesos en el mismo periodo y un año después, en 2013, el flujo también disminuyó, ahora en 5 mil 119 millones de pesos”, apunta la consultora.
“Todo ello sugiere que una porción significativa del aumento del flujo de efectivo en 2012 puede deberse a actividades relacionadas con el proceso electoral”, agrega.
En 2015, año de elecciones intermedias, el flujo de efectivo creció 28 mil 956 millones de pesos. Un año antes, el incremento había sido de 11 mil 459 millones de pesos.
A nivel estatal, señala la consultora, los datos sugieren que hay un fenómeno similar.
“Resalta Hidalgo: en mayo de 2010 (año en que hubo elecciones en 12 estados) el flujo de efectivo a partir de retiros bancarios fue de 902 millones de pesos; un año después, ya sin elecciones en puerta, el retiro fue de 626 millones en el mismo mes, una diferencia de 45%.5”, apunta Integralia.
“Los mismos patrones se han observado en otras entidades con elecciones como Quintana Roo, Durango y Tamaulipas”, agrega.
En mayo de 2010, el flujo de efectivo en Quintana Roo fue de 1,206 millones de pesos; en el mismo mes de 2011 fue de 932 millones (una diferencia de 29%).
En Durango, el monto de retiros bancarios en marzo de 2010 fue de 616 millones y se redujo a 427 millones en marzo de 2011 (diferencia de 44%). Y en Tamaulipas, los retiros bancarios en marzo de 2010 fueron por un monto de 2,030 millones de pesos, cifra mayor a los 1,414 de marzo de 2011 (diferencia de 44%).
La consultora, sin embargo, apunta que la información a nivel estatal todavía es insuficiente para generalizar el fenómeno.
“Integralia realizará mayor investigación para analizar el fenómeno en los últimos años, incluido 2016, a fin de detectar patrones más claros por entidad federativa”, explica.
Los incrementos en el flujo de efectivo en periodos electorales, apunta Integralia, “pueden dar una pista” del volumen de dinero que se usa para financiar campañas de forma ilegal.
“Aunque la ley ha puesto candados, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales (desvío de recursos públicos, donaciones privadas por encima de los topes legales, personas morales e incluso dinero del crimen organizado), o bien, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley (cobertura informativa, clientelismo electoral y compra del voto), o bien, para evitar rebasar los topes de gastos de campaña”, expresa la consultora.
La reglamentación electoral, agrega, permite que los partidos fondeen ciertas actividades mediante pagos en efectivo (por ejemplo, para reconocimiento a personas por actividades políticas durante las campañas, también conocidos como Repaps), pero para ello se establecen porcentajes máximos por partido.
“Mientras en 2012 el incremento del uso de efectivo a nivel nacional fue de más de 37 mil millones de pesos, los ingresos legales de los partidos por la vía del financiamiento público en el ámbito nacional y estatal fueron de 8,295 millones de pesos. Eso significa que todo lo que reciben los partidos para gastos ordinarios y de campaña constituye apenas una cuarta parte del posible uso de recursos líquidos que podrían destinarse para actividades electorales”, señala Integralia.
