Estas son las nuevas sanciones para combatir a funcionarios y contratistas corruptos
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Cuartoscuro

Estas son las nuevas sanciones para combatir a funcionarios y contratistas corruptos

Los senadores aprobaron nuevas normas para sancionar a los servidores públicos que cometan delitos como nepotismo, desvío de recursos entre otros. Además habrá un fiscal especial que lleve los casos.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
16 de junio, 2016
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Trece meses después de la reforma constitucional, el Senado aprobó las leyes reglamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reformaron la legislación de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, que pasarán a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

Por primera vez en el país habrá un Fiscal especial de combate a la corrupción que será elegido por dos terceras partes del Senado, pero podrá ser removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo que significa que estará “supeditado” a la PGR, acusó la senadora perredista, Dolores Padierna.

Además, en la reforma a la Ley orgánica de la PGR se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para combatir la corrupción, pues “literalmente desapareció del proyecto”, acusó la senadora del PRD, Angélica de la Peña.

“Es una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es lamentable que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía Anticorrupción”, dijo la perredista en tribuna durante su posicionamiento.

También se eliminó la propuesta de asignar 4% del presupuesto de la PGR a la nueva Fiscalía. 

Estos son los puntos más relevantes de las legislaciones aprobadas y reformadas.

Reforma la Ley orgánica de la PGR:

– Se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir los delitos en materia de corrupción.

El titular de la Fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. Podrá ser removido por el procurador general de la República, pero podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado.

– Tendrá personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para cumplir con sus funciones y unidades administrativas en todo el país.

Reforma al Código Penal Federal:

– El uso ilícito de atribuciones y facultades se castiga con seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esto es incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contrate deuda u otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, o sobre los ingresos fiscales, precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal. 

– Al contratista, permisionario o titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga o cuando no entregue u oculte información sobre sus rendimientos, se le impondrá de seis meses a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

– Quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio por un plazo de uno a veinte años.

– El legislador federal que, durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite una comisión (moches) o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años.

– El enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión. 

– Se castiga el delito de “coalición de servidores públicos”, es decir, que varios funcionarios públicos hagan alianza para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución.

– Las modificaciones también prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta a la que estén destinados o haga un pago ilegal; al igual que a cualquier persona que sepa de esta ilegalidad y participe en dichos actos. Estas sanciones van de los seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa.

– Se castiga a funcionarios públicos que no reporten o nieguen que una persona esté detenida o arraigada en reclusorios o centros de detención. A quienes, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que denuncie. Y para aquellos que reciban sobornos.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

– Se trata de un órgano que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena. 

– El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.

– Podrá sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, nombramientos o encargos públicos.

– Tendrá salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas en las entidades.

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Yolanda Martínez: la joven que según autoridades se marchó de casa 'por voluntad propia' y apareció muerta

El caso de Yolanda Martínez engrosa la crisis de mujeres desaparecidas que azota al estado mexicano de Nuevo León.
10 de mayo, 2022
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La Fiscalía General de Nuevo León comunicó este lunes la identificación del cadáver de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo en este estado en el norte de México.

Los restos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados este domingo en el municipio de Júarez, en la zona metropolitana de Monterrey.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios del estado, reveló que el cadáver vestía la misma ropa del día de la desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de tres semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de desaparecer.

El caso está rodeado de preguntas y flecos sueltos.

Martínez fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza tras salir de casa de su abuela, también en el área metropolitana de Monterrey.

Desde su desaparición, su familia la ha buscado sin parar y ha acusado a las autoridades de negligencia en la pesquisa.

Durante semanas, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la hipótesis de que la joven se había marchado de casa por “voluntad propia” y más tarde abrió la posibilidad de que estuviese huyendo de una presunta violencia familiar.

Motivos que no han sido corroborados el padre de la víctima, Gerardo Martínez, quien protagonizó jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso.

El hallazgo del cuerpo de Martínez se produce pocas semanas después de encontrarse los cádaveres de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, otras dos jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares.

En los últimos meses, este estado mexicano está bajo el foco por la oleada de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes.

Ahora, a falta de que se confirme la causa de muerte de Yoalnda Martínez, este caso incrementa la indignación con la que sus habitantes piden respuestas a las autoridades para detener un problema endémico, el de la violencia contra las mujeres, que azota gravemente a la totalidad del país.

Volante sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

Buscadoras Nuevo León / Facebook

¿Qué se sabe de la víctima?

Madre soltera de una niña de tres años, a Yolanda Martínez se le perdió el rastro sobre el mediodía del pasado 31 de marzo.

Ese día dejaba la casa de su abuela, en San Nicolás de los Garzo en Monterrey, para supuestamente buscar trabajo por la zona.

Dos días antes, la mujer había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a su hija.

Ese 31 de marzo, Martínez vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y bolso negro. Los mismos atuendos con los que fue encontrada muerta en la tarde del domingo.

Una mujer que recogía leña en unos matorrales y que se topó con el cuerpo tras llegarle un olor fétido fue quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La zona donde se encontró el cadáver, en el municipio de Juárez, se sitúa a unos 11 kilómetros de donde fue vista por última vez.

¿Por qué se critica a las autoridades?

Gerardo Martínez ha denunciado lentitud y negligencia en las investigaciones de la Fiscalía. Asegura que se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban que la mayoría de mujeres se van de casa por problemas o desacuerdos familiares.

Durante los primeros días, prácticamente todas las labores de búsqueda fueron conducidas por familiares, allegados de la víctima y voluntarios. Han estado repartiendo volantes, esbozando posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestando en medios de comunicación y en las sedes de instituciones.

https://www.instagram.com/p/CdRnF0csNcu/

Por varias semanas, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda Martínez se había marchado de casa por voluntad propia, una línea de investigación que posteriormente fue descartada.

Luego, el 5 de mayo, muchas críticas se dirigieron contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dijo ante cámaras que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de “un tío, hermano de la mamá, muy violento”.

Estas declaraciones fueron criticadas ampliamente en redes sociales.

En esta oleada de desapariciones en Nuevo León cambia el nombre el nombre de las víctimas, pero las críticas contra las autoridades se repiten: lentitud, negligencia, falta de transparencia y frivolidad.

Protestas contra la violencia femenina en CDMX el pasado 24 de abril.

Getty Images
El caso de Debanhi Escobar fue el más mediático de una serie que mantiene en vilo a todo el país.

Una crisis que no cesa

La aparición del cádaver de Martínez, y a falta de que se confirme la causa de su muerte, no hace más que amplificar el fenómeno de desapariciones que golpea a Nuevo León, uno de los estados más pudientes México.

El caso de Debanhi Escobar, aún envuelto en interrogantes, ha sido el más mediático de la crisis que tiene pendiente a todo el país.

A fines de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros.

Más de 300 mujeres han sido reportadas desaparecidas en lo que va de año en Nuevo León. Alrededor de 30 siguen sin localizar y seis han sido halladas sin vida.


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