Con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, aprobada el pasado miércoles 15 de junio en el Senado, los empresarios y compañías que ejerzan recursos públicos por tener contratos con el gobierno deberán presentar su declaración 3 de 3.
[contextly_sidebar id=”Pj3RRKbxVifamKykGgg8HM4jVWrHPABg”]Empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideraron que esto fue excesivo, inadecuado e inaplicable en la práctica.
“Esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”, dijo el CCE en un comunicado este jueves 16 de junio.
El CCE criticó que fue “de última hora” y no durante las semanas de discusión de la ley 3de3, que se presentó la propuesta para obligar a las personas físicas y morales a presentar su declaración. Ésta no se presentó a los legisladores ni a la sociedad y tampoco se justificó o se analizaron sus alcances.
El #CCE exhorta a responsabilidad en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción #SNA. https://t.co/msdl7BkULk pic.twitter.com/ChbPPd88t9
— CCE (@cceoficialmx) 16 de junio de 2016
El legislador independiente Manuel Cárdenas propuso los cambios al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas durante el debate la madrugada del miércoles.
De acuerdo con lo aprobado por el pleno del Senado, están obligados a presentar su 3 de 3 ante las Secretarías u Órganos internos de control:
-Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios
-Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a las que se les haya asignado los recursos o con el que haya contratado.
Juan Pardinas, director del IMCO – una de las organizaciones que impulsaron la ley 3de3 – dijo en un debate en el espacio de Denise Maerker en Radio Fórmula que la redacción del artículo 32 está mal, pues al referirse a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos” como los obligados a presentar declaración, se incluiría no solo a empresas, sino a becarios del Conacyt, y beneficiarios de programas sociales.
En este punto coincide el CCE, pues considera que serían cientos de miles los que tendrían que presentar sus declaraciones.
“Desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas”, apuntó.
Pardinas dijo que el artículo es tan malo que podría tener consecuencias para la economía del país, y aseguró que si la Cámara de Diputados no lo modifica, el presidente Enrique Peña Nieto tendría la responsabilidad de vetar la ley.
