La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León anunció este viernes 3 de junio acciones contra el exgobernador priista Rodrigo Medina -entre ellas el embargo de bienes-, y 10 funcionarios que colaboraron con él, derivadas de indagatorias por contratos otorgados durante su administración.
En respuesta, en un comunicado citado por el diario Reforma, Medina acusó que hay una persecución política en su contra, con acusaciones lanzadas justo a unos días de las elecciones, y cuando el actual gobierno de Nuevo León enfrenta problemas de inseguridad.
“Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones, sin embargo, el día de hoy se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad”, expresó el político priista.
“Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida, y para ello acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones”, agregó.
[contextly_sidebar id=”v5Hl600HgJC05iilsqJGiwGIOlpO9oJJ”]En conferencia de prensa, funcionarios de la Subprocuraduría de Nuevo León indicaron que, tras el decreto de un juez, se activó un procedimiento para asegurar y embargar bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Medina.
“Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la ‘Operación Tornado’, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición”, detalló el actual gobierno de Nuevo León, en un comunicado.
No detallaron cuál es el monto de los bienes y cuentas sujetas al embargo.
Sin embargo el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, sí detalló que esa medida de “embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”.
Cuestionados por los medios, indicaron que sí conocen la ubicación actual del exgobernador.
En total, detallaron, se presentarán cargos en contra de unas 30 personas, entre ellas Medina, nueve funcionarios de alto nivel, cinco servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, y 10 empresarios. En una segunda etapa, señalaron, la investigación y sus repercusiones llegarían a familiares y socios de las personas vinculadas con presuntos actos ilegales.
En el caso de los alcaldes y diputados en funciones, explicaron, solicitarán el desafuero.
Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3,600 millones de pesos.
En los próximos días, indicaron, se solicitará la formulación de imputaciones, para que el Ministerio Público vincule a proceso a las personas acusadas.
Los señalados son:
• Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015.
Y 10 funcionarios de su administración:
• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico
• Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas
• Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología
• Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable
• Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
• Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León
“En los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial”, indicó el gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en un comunicado.
“En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, agregó.
La Subprocuraduría tenía 120 averiguaciones previas iniciadas contra varios funcionarios del gobierno de Nuevo León y algunas empresas, la primera averiguación que fue consignada es la que incluye al exgobernador.
En marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León realizó una auditoría selectiva a 8 mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina (2009-2015), la cual arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías.
Inhabilitación
Las autoridades Nuevo León indicaron que “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”, la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración de Rodrigo Medina:
- Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
- Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas.
- Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico.
- Ramón Villagómez Guerrero, Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
- Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
- Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
“La Contralora General, Nora Elia Cantú, dijo que además de la inhabilitación, a los cinco primeros funcionarios de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron”, detalló el gobierno estatal en un comunicado.
También contra Arellanes
La Subprocuraduría de Nuevo León también informó sobre una investigación a exfuncionarios municipales de Monterrey, por presunto ejercicio indebido del servicio público, durante la administración de Margarita Arellanes.
“Con motivo de una denuncia presentada el 1 de marzo de este año por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, esta Subprocuraduría inició una investigación… de los hechos narrados se advierte que los servidores adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos, más IVA”, apuntó la Subprocuraduría.
“Dichos servicios consisten en el apoyo legal de funcionarios municipales de la administración 2012-2015. Una vez reunidas las pruebas suficientes que acrediten el hecho delictivo y la probabilidad de de la participación de los imputados, se solicitará fecha para la audiencia de imputación en contra de 12 ex servidores públicos”, agregó.
