Fuerzas armadas tienen protocolos para evitar excesos: México responde a Open Society
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Fuerzas armadas tienen protocolos para evitar excesos: México responde a Open Society

En caso de que los militares comentan algún exceso, el Estado se compromete a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, indicó el gobierno federal a Open Society Justice Iniciative, que señala que los patrones de violencia, la intensidad y frecuencia de los asesinatos, desapariciones y tortura constituyen crímenes de lesa humanidad.
Por Redacción Animal Político
7 de junio, 2016
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Las fuerzas armadas de México cuentan con protocolos y manuales acordes con los derechos humanos y, en caso de que los militares cometan algún exceso, el Estado tiene el “compromiso sólido” de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Así respondió el gobierno mexicano al informe de la organización Open Society Justice Iniciative, que señala que los patrones de violencia que prevalecen en México desde que se implementó la “guerra contra las drogas” así como la intensidad y frecuencia con la que se cometen asesinatos, desapariciones y tortura constituyen crímenes de lesa humanidad.

En su respuesta, el gobierno mexicano recordó que se ha comprometido con los derechos humanos y ha tenido liderazgo internacional en su defensa y promoción, por lo que, dijo, se ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara y durante la actual administración federal se han dado pasos importantes.

Al señalar los avances, las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República indican que en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad, el próximo 18 de junio entrará en vigor en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad”.

Las dependencias agregaron que en enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

Al referirse al tema de combate a la torutura, el gobierno mexicano resaltó que, en diciembre pasado, el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y fue aprobado hace unas semanas por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados.

Recordó que también se emitió el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, de aplicación en todo el país, así como el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura dentro de la PGR.

Respecto a personas desaparecidas, destacó que el Ejecutivo presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y que se discute actualmente en el Senado.

Además, se cuenta con mecanismos en materia de procuración de justicia, como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, que opera en todo el país, así como el tránsito de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la PGR.

El gobierno de México destacó que en el país, la inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales.

“La misión protectora de las fuerzas armadas ha sido reconocida continuamente por la población. De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”, subrayaron las cuatro dependencias en un comunicado conjunto.

“La estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos. En los últimos tres años, los homicidios dolosos se redujeron en 22% y en los estados de la frontera norte, que en el pasado eran los más violentos, el índice se redujo hasta en 45 por ciento, mientras que el secuestro muestra una reducción del 27 por ciento y la extorsión del 30 por ciento”, añadieron.

Independientemente de lo anterior, el gobierno de la República reconoció que enfrenta retos en materia de derechos humanos y reafirmó que fortalece sus capacidades para combatir adecuadamente a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos.

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Odebrecht en Panamá: condenan en EU a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli por ayudar con los sobornos de la constructora

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron sentenciados a tres años de prisión tras haber abierto cuentas y creado empresas ficticias para recibir sobornos de la constructora Odebrecht que, según dijeron, tenían como destino a su padre.
21 de mayo, 2022
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Dos hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fueron condenados este viernes en un tribunal de Estados Unidos por conspirar para recibir sobornos, supuestamente para su padre, por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares ya se habían declarado culpables del lavado de 28 millones de dólares que, según el abogado de Luis Enrique Martinelli, James Mac Govern, cometieron “por órdenes del padre”.

El juez Raymond Dearie emitió una condena de tres años de cárcel y dos más de libertad vigilada, una pena inferior a la que buscaba la fiscalía de entre nueve y 11 años.

Ya que habían estado detenidos en Guatemala y Estados Unidos desde hace casi dos años, los hermanos Martinelli solo tendrán que pasar 13 meses más en prisión.

El caso inició en 2016, cuando la compañía Odebrecht reconoció haber sobornado con más de 700 millones de dólares a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos.

El expresidente Ricardo Martinelli no ha sido condenado por ningún delito, pero sigue bajo investigación en Panamá en un caso separado por presunta corrupción relacionada con Odebrecht.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra.

“Para complacerlo”

Tras ser detenidos y acusados, los hermanos Martinelli Linares reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir los sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (2009-2014).

En 2021, se declararon culpables de un cargo de conspiración de lavado de dinero.

Los hermanos Martinelli Linares en un tribunal de Nueva York

Reuters

“Realmente quería complacerlo, mantenerlo feliz, mantenerlo orgulloso (…) Eso no quiere decir que no soy responsable de mis acciones”, declaró en alusión a su padre Luis Martinelli, en la audiencia de sentencia en el tribunal de Nueva York.

Ricardo Alberto Martinelli también dijo que lamentaba sus acciones y esperaba que su declaración de culpabilidad ayudara a “establecer la rendición de cuentas” en Panamá.

Para los acusados fue “un resultado favorable, muy alejado de las excesivas pretensiones de los fiscales”, dijo el vocero del expresidente Martinelli, Luis Camacho.

La defensa había argumentado que los hermanos Martinelli no deberían pasar más tiempo detenidos porque habían actuado “por órdenes de su padre”, y ya habían pasado casi dos años detenidos en Guatemala y seis meses en Brooklyn.

Ricardo Martinelli

Reuters
El expresidente estuvo un tiempo prófugo, hasta que fue detenido en Miami y extraditado a Panamá.

El juez Dearie dijo que los dos hijos del expresidente habían mostrado durante el tiempo en que delinquieron una actitud “arrogante”.

No obstante, desestimó la petición de hasta 11 años de cárcel que había solicitado la fiscalía, la cual espera que haya un pago de 19 millones de dólares de los 28 millones implicados en el juicio por sobornos de los Martinelli.

Los casos por corrupción protagonizados por la firma Odebrecht han supuesto grandes escándalos y la apertura de procesos judiciales en Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Colombia y México.


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