¿Infiltrados? Hombres con chalecos antibalas recorrieron Nochixtlán antes del enfrentamiento
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¿Infiltrados? Hombres con chalecos antibalas recorrieron Nochixtlán antes del enfrentamiento

Esta es la tercera parte de la reconstrucción de lo que sucedió el 19 de junio. Habitantes de Nochixtlán señalan que hubo policías estatales vestidos de civil infiltrados en la protesta. Algunos dicen que ellos fueron los primeros en disparar desde las azoteas de los hoteles.
AFP
Por Paris Martínez
28 de junio, 2016
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Esta es la tercera entrega de tres de la reconstrucción de la batalla ocurrida en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, elaborada a partir de las narraciones de 20 testigos, documentos y material videográfico inédito.

Lee aquí las primeras dos partes.

Primera parte: Así fue el desalojo del plantón de Nochixtlán, narrado por testigos

Segunda parte: ¿Quién emboscó a quién en Nochixtlán?

I.

Omar González Santiago murió a 15 metros del hotel Juquila. Fue la segunda víctima mortal del operativo policiaco realizado el 19 de junio, en Nochixtlán, por autoridades federales y estatales. Nadie vio a su atacante.

Su hermano intenta narrar los hechos, justo en el punto donde ocurrieron, sobre la carretera, en el acceso al pueblo de Nochixtlán, pero inmediatamente después se disculpa, “no me salen las palabras”, musita, con los ojos entornados, pasmados.

Apenas logra comentar que el ataque ocurrió alrededor de las 10:00 horas y que su hermano cayó sobre la cinta asfáltica de la carretera.

Después de que Omar cayó herido de bala, manifestantes infirieron que el disparo había salido del hotel Juquila, el cual fue incendiado, en venganza.

Sin embargo, así como nadie vio quién disparó a Omar, hasta el momento tampoco se ha identificado a testigos que afirmen haber visto tiradores actuando desde el hotel Juquila.

“Las pérdidas rebasan más de 1 millón de pesos –explica I., copropietario del hotel Juquila–, debido al fuego, las trabes (de la cimentación) se están deshaciendo… si queremos mantener el edificio, toda la estructura deberá ser reforzada con acero.”

Durante un recorrido por el interior del hotel, se pudo constatar que la mayoría de las habitaciones lucían deshabitadas: camas tendidas, sin equipaje de huéspedes, con los artículos sanitarios aún dispuestos fuera del baño.

Cinco habitaciones, sin embargo, estaban cerradas con llave, y no fue posible acceder a ellas.

–¿Tuvieron huéspedes en los días previos al operativo? –se pregunta a I.

–No –responde–, de hecho, en el momento en que se hace el bloqueo (es decir, desde el 14 de junio) al hotel prácticamente ya no van huéspedes. Estamos hablando de ocho diez días antes, en los que prácticamente no tuvimos gente. Por eso, para salvaguardar el inmueble, nosotros nos precavimos y dimos la indicación de que sólo se atendiera a las personas conocidas, porque había mucha gente que no era de Nochixtlán… entonces, había instrucciones de que a gente extraña no se le rentaran habitaciones.

Por eso, subraya, es imposible que alguien haya disparado desde dentro de su hotel, en contra de Omar.

 

II.

En la entrada al pueblo de Nochixtlán no sólo se ubica el hotel Juquila. También están ahí, el hotel Merli y el hotel Fandango’s, así como distintos negocios de bienes y servicios: tiendas de abarrotes, refaccionarias, labradores de cantera, y más.

F. es empleado de uno de los negocios de este punto y, desde el martes 14 de junio (es decir, cuando fue instalado el bloqueo carretero en Nochixtlán), asegura haber visto que en los hoteles Juquila y Merli se hospedaron policías estatales.

En el tercer hotel, el Fandango’s, había “un letrero de cupo lleno”, y por eso los policías se iban a los otros, afirma.

–¿Cómo puedes identificarlos como estatales? –se le pregunta.

–Porque iban con pantalón azul oscuro, playera blanca, pistola, y chaleco antibalas, y el chaleco dice “Policía estatal”. Los chalecos traen una franja plateada en la espalda, y enfrente, en el pecho, del lado izquierdo, dicen Policía Estatal. No llegaban en patrullas, llegaban en camionetas como particulares, sin ningún logotipo ni nada, pero yo los veía cuando se bajaban en la noche, y cuando caminaban por aquí enfrente durante el día –explica el joven empleado.

Según su testimonio, todas las noches, entre el 14 y el 18 de junio, a estos hoteles llegaron camionetas con personas que portaban este tipo de chalecos antibalas, para pernoctar, y luego partían en la mañana.

–El día del operativo policiaco, ¿pudiste ver tú, desde tu trabajo, si desde estos hoteles dispararon contra los manifestantes?

–Como a las 12:00 o 12:30 yo me subí a la azotea –narra F.–, para ver (lo que ocurría). Y cuando voy saliendo (del cubo de la escalera) veo que unas personas están en la azotea del hotel Marli, detrás del letrero (de hotel), y cuando yo salgo y le empiezo a echar seguro a la puerta, que me avientan unos disparos.

–¿Quién?

–Los señores de la azotea del hotel Merli. Estaban vestidos de civiles, pero eran policías estatales, y lo sé porque tenían chalecos antibalas.

Según el testimonio de este joven empleado, esas personas portaban el mismo tipo de chalecos antibalas de aquellos policías que, en las noches previas, llegaron a hospedarse a los hoteles Juquila y Merli.

–¿Puedes describirlos?

–Todo fue muy rápido, ni tuve tiempo de sostenerme a ver lo que estaba pasando. Llevaban camisa blanca y encima el chaleco, con una franja color plata. Entonces, en el momento en que me avientan las balas, yo me agacho, y lo que hago es bajarme de la azotea, y ya con los nervios ni supe si cerré la puerta o no…

Animal Político intentó consultar a los propietarios del Hotel Merli para conocer su postura en torno a estos señalamientos, pero no fue posible entablar contacto.

 

III.

L. es un maestro de primaria en Nochixtlán. Integrante del movimiento magisterial e indígena mixteco.

Él explica que, en los días previos al operativo policiaco del 19 de junio (que dejó siete personas muertas el día de los hechos), la vida en el pueblo no había sufrido alteraciones: “Nochixtlán no depende de esa carretera, al revés, cuando la construyeron, eso mermó la economía del pueblo”.

Por ello, detalla, el bloqueo carretero instalado el 14 de junio no alteró la dinámica de la población: los servicios públicos estatales y municipales continuaban brindándose y, por ello, en la zona se detectó presencia de policías estatales, haciendo “inteligencia”, desde el mismo día en que se bloqueó el paso de los vehículos, pero no se impidió que hicieran presencia en el poblado.

“Desde días antes (del operativo) empezó a haber esa tensión, se nos decía que (los policías) venían por acá, venían por allá, y que había gente estudiando el terreno”.

Este maestro, quien participaba en el bloqueo, afirma que “hubo gente que estuvo viendo los movimientos de los compañeros, y eso se reflejó después (el día del operativo), porque ellos (los policías) se acomodaron en puntos estratégicos, avanzando por un terreno que no les era desconocido, avanzaron bien, colocándose en lugares en los que se impidiera el repliegue de los compañeros (manifestantes): por los huizachales, por la vulcanizadora Reyes, cubriendo el panteón, en la nopalera, y uno más en la carretera. Ellos dicen que fueron emboscados, pero no, la verdad es que la emboscada era más bien de ellos para nosotros… sabemos que ese es su trabajo y la estudiada que dieron a la zona fue muy certera: nos cubrieron completamente.”

La versión oficial de los hechos, sin embargo, es completamente inversa.

Según el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien rindió conferencia de prensa un día después del operativo, los 800 uniformados no avanzaron contra los manifestantes, sino que “grupos radicales”, tal como él mismo los definió, “estaban tratando de impedir el retiro de la Policía Federal”.

Aún así, se ufanó, “en todo momento tratamos de preservar el orden, la paz, la tranquilidad”.

El operativo policiaco del 19 de junio concluyó con siete civiles asesinados por disparos de arma de fuego; más de 50 ciudadanos heridos, también por lesiones de bala; y decenas más de personas con lesiones menores.

Por parte de la policía, se reportó a 26 uniformados con lesiones, dos de ellos (pertenecientes a la Policía Estatal) con heridas de bala.

 

IV.

Mientras los pobladores de Nochixtlán enardecían por la muerte de civiles, después del operativo de desalojo y aprovechando el desconcierto, hubo policías federales resguardados dentro del pueblo.

V. confirmó que elementos de la Policía Federal quedaron rezagados del resto de su grupo y desde las 14:00 horas, justo cuando los manifestantes quemaban el palacio municipal de Nochixtlán, aprovecharon para esconderse en el poblado.

De acuerdo con su testimonio, los federales salieron hasta las 23:00 horas del 19 de junio. Sin embargo, evitó dar más detalles de cómo pudieron entrar y salir.

Esto pudo ocurrir gracias al desconcierto que regía en el poblado, luego de que, hacia las 18:00 horas, la policía se retiró, abandonando Nochixtlán y dejando, como al principio, la carretera bloqueada.

Después de la batalla con policías federales, el ambiente era de caos absoluto: las familias buscaban a sus fallecidos, en clínicas y consultorios se atendía a heridos, había autos particulares y tréilers –incluyendo uno con pollos vivos– consumiéndose entre las llamas.

En ese momento, los pobladores quemaron el hotel Juquila –que se encuentra sobre la carretera– porque, testigos aseguraban que desde ahí, alguien disparaba hacia civiles. Además, el Palacio municipal se mantuvo en llamas hasta el lunes 20 de junio.

Otro grupo se dirigió hacia el rancho de la familia del presidente municipal, Daniel Cuevas, a quien acusaron de permitir la entrada del convoy de policías federales horas antes del inicio de operativo.

El acceso directo a Nochixtlán estaba impedido por los bloqueos en el cruce de las vías principales (la autopista federal, hacia la Ciudad de México, y la carretera hacia Oaxaca). Sin embargo, la propiedad del presidente municipal se encuentra en la desviación del kilómetro 195 sobre la carretera hacia Oaxaca, un camino empedrado permite llegar a la comunidad.

El grupo de manifestantes que acudió a este rancho prendió fuego al acceso, aunque sólo una pequeña fracción se consumió.

 

V.

En el palacio municipal de Nochixtlán ardió el mobiliario entero; un cajero automático fue sacado a la calle y destruido; la cárcel municipal, cuyas rejas aún eran de antigua madera, ardieron.

Dos días después del operativo policiaco –luego del cual ardió el palacio municipal– dentro de este inmueble aún humeaban algunas oficinas.

Por una escalera de caracol, cubierta de hollín, puede accederse a la azotea del inmueble, lugar en el que quedaron abandonados al menos cuatro uniformes de la Policía Estatal, completos: pantalón, camisa, chamarra y cinturón.

Quien los portara parece haberse despojado de ellos, conservado sólo el calzado.

Estos uniformes están arrojados en desorden en la azotea del palacio municipal, junto a dos cajas de balas calibre .223, para armas largas, que están vacías.

Por una esquina del palacio municipal, un desnivel permite brincar con facilidad a una especie de callejón, que da a la entrada de la iglesia de Nochixtlán.

Queda la duda: ¿qué hacían policías estatales en instalaciones que, tradicionalmente, son custodiadas por agentes municipales?

 

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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