La Contraloría de Nuevo León inhabilitó durante 10 años y multó a cuatro funcionarios que trabajaron en la administración pasada, del gobernador priista Rodrigo Medina (2009-2015), por “haber otorgado incentivos económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares”.
Patricia Aguirre González, quien fue Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado.
Juan Manuel Fernández García, quien fue Director General del Instituto de Vivienda del Estado.
Sergio Alejandro Alanís Marroquín, quien ocupó la Dirección General del Instituto de Vivienda del Estado en la parte final de la administración.
Además, los cuatro ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración estatal deberán pagar “de manera solidaria una sanción resarcitoria al Estado por un monto de 210 millones de pesos”.
La Contralora General, Nora Elia Cantú, dijo este sábado 25 de junio que como resultado de otras investigaciones se espera que más ex funcionarios de primer nivel puedan ser inhabilitados.
El pasado 4 de junio, el gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón informó sobre un embargo al ex mandatario estatal Rodrigo Medina, de una finca campestre en el municipio de Terán, con una extensión de 35 hectáreas.
Esto tras darse a conocer que, como parte de la operación anticorrupción denominada “Tornado”, se activarían acciones legales contra Medina y 10 funcionarios que colaboraron con él.
Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3,600 millones de pesos.
Respecto a esas acusaciones, el exgobernador Medina dijo que hay una persecución política en su contra y que tiene la conciencia tranquila.
