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Cuartoscuro Archivo

Así fue el desalojo del plantón de Nochixtlán, narrado por testigos

Animal Político recabó los testimonios de 22 testigos presenciales de los hechos ocurridos el domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron 9 personas. Los testigos son maestros, padres de familia, taxistas… Algunos estuvieron desde el primer momento, otros se sumaron a las 9:00 de la mañana y algunos más no eran parte del movimiento, pero les tocó vivir los enfrentamientos. También se entrevistó a dos policías federales. Este texto se basa en lo que nos narraron. Hoy presentamos la primera parte. El lunes publicaremos la segunda.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán
24 de junio, 2016
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El 20 de junio pasado, un día después del enfrentamiento entre policías y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, los titulares de la Policía Federal y de la Policía Estatal de esa entidad, Enrique Galindo y Jorge Ruiz Martínez, dieron una conferencia de prensa para presentar la versión oficial de los hechos, que dejaron un saldo de nueve personas muertas, al menos 26 más con heridas de distinta gravedad, y decenas con lesiones menores.

Su narración, sin embargo, difiere de lo que sobrevivientes y testigos no involucrados vivieron ese domingo, 19 de junio de 2016, en que se celebraba en el país el día del padre.

Animal Político entrevistó a 22 testigos, incluyendo dos policías federales que participaron en el operativo, de los cuales cinco vivieron los hechos ocurridos entre las 7:30 y las 9:30 horas, cuando se reportó el primer herido de bala, y el resto llegaron luego del primer enfrentamiento. Salvo los policías, ninguno de los testimonios coincide con la versión oficial.

I.
El operativo para desalojar el bloqueo carretero inició, según la versión oficial, “aproximadamente a las 8:30 de la mañana”, explicó Jorge Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, hora en que “llegaron a desalojar (a los manifestantes), de una manera pacífica y dialogada con los líderes de quienes ahí permanecían en este bloqueo”.

Según el titular de la policía estatal oaxaqueña, en ese momento había “aproximadamente 250 personas” obstruyendo la autopista que conecta la Ciudad de México con la capital del estado.

Dos de los testigos, sin vínculo entre sí, afirman que los hechos no ocurrieron así. El operativo no empezó a las 8:30, no había 250 manifestantes y tampoco fue pacífico.

L. es uno de esos manifestantes que vieron llegar al contingente policiaco. Se trata de un maestro de 32 años, mixteco y habitante de Nochixtlán desde su nacimiento. Él da clases de primaria en las comunidades serranas desde hace cinco años.

El maestro estaba en el bloqueo carretero de Nochixtlán, desde la noche previa a los hechos, y su testimonio contradice la versión oficial, empezando por la hora en que se desataron los hechos, y el supuesto diálogo pacífico.

“Mira –explica–, uno como maestro está acostumbrado a los desalojos, ya nos han desalojado antes, y sabemos que existe un protocolo: llega la policía, y el que viene al mando se acerca con los compañeros y dice ‘saben qué, ustedes tienen 30 minutos o una hora, y les vamos a pedir que nos desocupen estos espacios’… Nosotros esperábamos que se aplicara ese protocolo, esa búsqueda de entendimiento. Sin embargo, en esta ocasión, nos agarraron recién de mañana, a las 7:30 de la mañana, a esa hora llegaron, y nosotros éramos poquitos en el bloqueo, algo así como 20 o 25 personas, sobre todo padres de familia, pero también algunos maestros.”

Según los testigos, el ultimátum que los manifestantes esperaban de la policía, exigiendo su retirada, no se dio y hubo golpes y gases lacrimógenos desde el primer momento.

Uno de los policías federales lesionados confirma que el operativo inició antes de lo afirmado por los titulares de la PF y la SSP de Oaxaca, aunque no dice que haya habido golpes en esa primera etapa.

Según este agente, que resultó con una lesión en la mano, el operativo inició “como a las 7 u 8 de la mañana”, y no a las 8:30. También descartó que se hubiera dado algún diálogo pacífico entre los mandos policiacos y los manifestantes.

“Lo primero que encontramos (al llegar) fue que estaba bloqueada la autopista, pero al ver la presencia de la policía, la gente se retiró, caminó en dirección al pueblo”.

Una tercera testigo, M, una ama de casa y madre de familia en Nochixtlán, dice: “Yo los vi. Cuando ellos empezaron a disparar gases le llamé al maestro de mi hija, para avisarle lo que ocurría. Era 7:38 de la mañana”.

M. no duda en la precisión de la hora, porque su celular tiene el registro de la llamada que hizo ese domingo 19 de junio.

“Ellos (los policías) no hablaron”, confirma M., quien acudió desde la noche previa de los hechos a apoyar el bloqueo, en solidaridad con una amiga que ya participaba en la protesta. “Ellos llegaron aventando bombas y nosotros (los manifestantes) corrimos, pero nos siguieron hasta la desviación de Tlatongo. Ahí golpearon gente. Ahí había gente que iba al hospital y no tenían nada que ver, pero estaban en ese lugar cuando empezó”.

En ese momento, dice la ama de casa, ya se escuchaban los balazos. “No se vale. Ellos no llegaron hablando. Yo nomás lo creo porque yo lo viví”.

Según los testimonios de estos dos habitantes de Nochixtlán, la andanada policial puso en fuga a los entre 20 y 25 manifestantes que hacían guardia en el bloqueo carretero.

“Nos agarraron desprevenidos –explica el docente L.– nunca hubo un acercamiento dialogado, ni siquiera amenazante, como de ‘¡ya váyanse!’, nada… Nada más llegaron, cerca de las 7:30, y empezaron a dispararnos casquillos que echaban gases, y como éramos muy poquitos, y ellos eran cientos, pues nos tuvimos que replegar así como empezaron a dispararnos casquillos de lacrimógeno, nos fuimos hacia atrás, hacia el panteón municipal”, que se ubica a unos 350 metros de punto donde se mantenía el bloque carretero.

En contraste, la versión oficial de los hechos, ratificada en la misma conferencia de prensa por el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, descarta que los 800 uniformados que arribaron a Nochixtlán (mitad federales y mitad estatales) llevaran armas, ni siquiera para lanzar cartuchos de gas lacrimóngeno.

Según Galindo, los 800 policías portaban exclusivamente “equipo antimotín: escudo, casco, protección corporal, sin armas”, lo cual, enfatizó, fue “debidamente certificado” ante notario público, antes de iniciar el operativo.

II.
Gracias a ese repliegue inicial de los manifestantes, la policía logró tomar el control de toda la zona que va de la carretera al panteón (350 metros lineales), donde los uniformados tomaron posiciones estratégicas, según dos de los testigos.

“Unos policías permanecieron en el bloqueo carretero –explica L.–, otros avanzaron hacia donde están los chamizales (una zona de espinos y nopales que está frente al panteón), otro grupo de policías estuvo en la vulcanizadora Reyes (a 30 metros del panteón), cubriendo todo lo que era el panteón. Y otro grupo estuvo ubicado donde estaban los pirules, cubriendo toda la zona de las nopaleras (también frente al panteón).”

Entre las 8:30 y las 9:00 horas, según el maestro, “fue cuando comenzaron a escucharse las campanas del pueblo, y toda la comunidad acudió a apoyar a los maestros, llegó bastante, pero bastante, gente de la comunidad. Eran ya las 9:00 y ahí sí empezó el enfrentamiento, si así se le puede llamar, porque más bien parecía una batalla.”

Tanto habitantes de Nochixtlán, como autoridades, coinciden en un hecho: la población respondió rápidamente al repique de las campanas, saliendo en auxilio de los manifestantes del bloqueo, “debido a que los domingos se establece ahí (en el poblado) un tianguis”, tal como señaló el jefe de la policía estatal oaxaqueña.

“Como fue domingo –subraya P., un taxista de Nochixtlán– estaba toda la gente preparándose para ir de plaza (recorrer el tianguis), al mercado, a comer. Y empezaron a tocar las campanas, y la gente se fue directo a la carretera.

Pero todo el pueblo se fue: yo vi gente que nunca se mete en problemas, pero ese día, ahí estaba, en la protesta. Acudieron hombres, mujeres, gente grande, gente joven, de todo.”

A partir de la llegada de un gran número de habitantes de Nochixtlán a la zona de la refriega, en apoyo al pequeño grupo de manifestantes, “las corporaciones (policiacas) fueron agredidas de manera directa por grupos radicales –según la versión oficial, dictada por el titular de la Policía Federal–, que de manera indiscriminada arrojaron cohetones, petardos y nos fueron reportando lesionados por arma de fuego”.

III.
Según la versión oficial, estos “grupos radicales”, fueron los que abrieron fuego por primera vez en la refriega, alrededor de las 9:00 horas.

Esta afirmación, no obstante, fue rechazada por J., quien es la primera persona que se reportó herida por un arma de fuego, durante los enfrentamientos del domingo. Él es originario de Nochixtlán, pero nunca participó en el bloqueo de la carretera.

En la mañana, alrededor de las 8:00 horas del 19 de junio, estaba en su casa, cuando escuchó gritos y autos pasando a toda velocidad.

Al salir de casa, vecinos le notificaron de la presencia de policías federales en el poblado, por lo que él, junto con otros habitantes, se acercaron a la carretera para ayudar a los maestros y padres de familia que desde una semana antes mantenían cerrada la carretera.

J. llegó al lugar cuando los federales ya habían replegado a los 25 manifestantes. Según su versión, para las 8:00 horas, los policías ya estaban desplegados sobre el puente vehicular que pasa por encima de la carretera bloqueada, y desde ahí diparaban gases lacrimógenos.

“Con el gas –explica J.– nos estaban orillando hacia la entrada al pueblo (ubicada a cerca de 700 metros del bloqueo carretero). Empezamos a replegarnos. Ya había más gente y oí los disparos”. Cuando se le pregunta si vio a algún civil armado, tal como sostiene la versión oficial, J. ataja: “Nada de armas (entre los pobladores de Nochixtlán), los armados eran ellos (los policías): con sus gases y los balazos que se oían eran del lado de ellos”.

Hacia las 9:00 horas, J. se refugió a unos metros del panteón municipal.

Según el reporte de la Policía Federal, ante el arribo de más pobladores a la zona, “desde el centro de mando establecido en la ciudad de Oaxaca se valoró la conveniencia de llevar a cabo un repliegue, y lo empezamos a hacer, poco a poco, porque debíamos salir del cerco que estaban llevando a cabo los pobladores de Nochixtlán”, tal como afirmó Enrique Galindo.

Sin embargo, J. –que para ese momento estaba guarecido a unos metros del muro del panteón– descarta que las fuerzas policiales se hayan replegado, sino que, por el contrario, comenzaron a disparar ya con armas de fuego, y a avanzar también hacia la zona del panteón.

Hacia las 9:30 horas, J. fue alcanzado por un disparo que, según su versión, provino de uno de los puntos en los que previamente se había parapetado un grupo de policías.

“Nosotros estábamos en una orilla (del panteón). Los que tiraron los balazos, entre ellos el que me tocó a mí, fueron los federales que se escondieron donde está la vulcanizadora Reyes (a 30 metros, del panteón), de ahí salieron los policías. Desde ahí empezaron a disparar, y nosotros nos echamos a correr, pero me dieron”. J. recibió el disparo en la pantorrilla.

La PF sostiene, por el contrario, que “la orden de repliegue fue una orden táctica, para no exponer la vida de los pobladores”.

Otro grupo de testigos que refutan el “repliegue táctico” de las fuerzas policiales es una familia que, en esos momentos, alrededor de las 9:30 horas, se encontraba dentro del panteón municipal, excavando una fosa dónde sepultar a un anciano, fallecido el 15 de junio.

Según sus relatos, el gas lacrimógeno que comenzó a lanzar la policía llegaba hasta donde estaban los 18 familiares, lugar al que ingresaron uniformados para aprehenderlos.

“Llevábamos un papel que decía que estábamos en el panteón (para enterrar a una persona), pero los policías nos decían ‘cuál difunto, ustedes están con los maestros”, revela R., uno de los integrantes de esta familia.

Luego de ser aprehendidos, y golpeados, los 18 familiares fueron trasladados a un camión policial, donde los obligaron a tenderse bocabajo, en el suelo del vehículo, con las manos en la nuca.

Según su testimonio, los policías los obligaron a permanecer en esa posición durante más de 12 horas: de las 9:30 hasta las 22:30, cuando fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en la localidad de San Bartolo Coyotepec.

Finalmente, esta familia fue puesta en libertad el 21 de junio por la noche, al no encontrarse elementos para acusarlos de ningún delito.

IV.
P. es un comerciante, y llegó a Nochixtlán desde las 5:00 de la mañana, para vender en el tianguis que cada domingo se instala en el poblado; ese mismo tianguis que, según la versión oficial, propició la concurrencia de muchos pobladores a la zona de la refriega.

Se trata, explica P., de un mercado abierto al que acuden los pobladores no sólo de Nochixtlán, sino también de las localidades aledañas, para hacer sus compras de la semana. Por eso, el domingo es un día de mucho bullicio y tránsito de gente en el centro del poblado.

Poco antes de las 8:00, P. afirma haber visto una humareda a lo lejos, hacia la zona de la carretera, y minutos después, asegura que la gente comenzó a gritar que la policía federal estaba desalojando la barricada de la carretera.

“Pensamos que no llegarían al pueblo –narra P.–, pero cuando vimos al primer herido, empezamos a levantar los puestos”.

Minutos antes de las 9:00 de la mañana, asegura, las campanas de la iglesia repicaron para que la población saliera a enfrentar el desalojo y una hora después, el primer herido ya estaba llegando al atrio de la iglesia, asegura P.

Su relato coincide con F., voluntario en la iglesia, quien asegura que desde las 8:30 de la mañana, él y otra persona instalaron una lona en el patio del templo, que más tarde funcionó como área de atención médica para los heridos. El primer herido, dice, llegó a las 10:00 horas y tenía una herida en el pie.

Se refiere a J., el joven que recibió un disparo en la pantorrilla a las 9:30 horas cuando estaba refugiado junto al panteón, y a quien otros pobladores ayudaron a llegar hasta la iglesia, para recibir primeros auxilios.

V.
K. es policía tercero de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal. Después de las 9:00 horas, cuando comenzó a congregarse toda la población de Nochixtlán en la zona de la refriega, K. quedó aislada del resto de sus compañeros, y fue golpeada por los manifestantes. Reconoce, sin embargo, que al distinguir que se trataba de una mujer, uno de los pobladores intentó evitar que el resto la siguieran golpeando, y la condujo hasta una ambulancia.

En este vehículo, K. y un compañero más de la Gendarmería fueron conducidos también al atrio de la iglesia, no sólo para recibir atención médica, sino también para impedir que la población los linchara.

“Me empezaron a golpear –narra la policía federal–, a quitarme todo mi equipo antimotín, a darme con todo, me echaron gasolina. Uno les decía que yo era mujer, este señor me levantó y me llevó a la ambulancia. En el recorrido a la ambulancia, yo iba recibiendo toda clase de golpes, patadas, machetazos.”

Según el parte médico, la agente de policía sufrió dos cortadas en la cabeza, hematomas en diversas partes del cuerpo, golpes en el brazo, un golpe en el coxis, y un machetazo en la pierna.

Su narración sobre cómo inició la violencia, sin embargo, difiere de la de todos los testigos consultados e, incluso, difiere de la versión oficial, ofrecida por la misma corporación a la que pertenece.

Según esta policía, desde que llegaron a Nochixtlán, los policías fueron recibidos a balazos por la población.

“Cuando llegamos ahí –narra– los pobladores nos recibieron con balazos”.

“Ellos (los pobladores) corrían del lado derecho (de la carretera) balaceando –asegura la agente–, primero (los disparos) sonaban al aire, luego ya directo a nosotros, los compañeros empezaron a caer (…) Todos nos tirábamos al suelo –reconoce–, porque era increíble que una población se levantara en armas.”

La batalla, en realidad, apenas iniciaba.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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