La CIDH está en crisis financiera, ¿por qué debería importarte?
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La CIDH está en crisis financiera, ¿por qué debería importarte?

La falta de donaciones de los países miembros ocasionó la crisis financiera que vive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la obligaría a despedir al 40% de su personal.
AFP
Por Arturo Ascención
13 de junio, 2016
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una crisis económica.

En días recientes, es muy probable que te hayas encontrado con reportes sobre los problemas de ese organismo.

Y al leerlos, tal vez te preguntaste: por qué debería importarme que la CIDH no tenga dinero, qué ocasionó su crisis, y cuál es la postura del gobierno mexicano.

¿Habrá disposición de ayudar, si el grupo de expertos que designó la CIDH contradijo la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, diciendo que no había evidencia de que mataron a los 43 estudiantes en una hoguera en Guerrero?

Vamos paso a paso.

Qué es la CIDH

Se define como “un órgano principal y autónomo” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene como función proteger y promover los derechos humanos.

Tiene su sede en Washington, y opera desde 1959.

 

¿Para qué sirve?

Un ciudadano común, en México u otra nación del continente, puede recurrir a la Comisión para obtener apoyo y medidas cautelares de protección, cuando considere que en su país las instituciones fallaron en ofrecerle justicia, después de que violaron sus derechos humanos.

Además, la CIDH realiza visitas a los países de la OEA, para emitir informes sobre la situación general de los derechos humanos (en México señaló que hay una grave crisis), o enfocarse en un caso.

 

¿Por qué está en crisis?

La CIDH obtiene recursos de dos maneras:

1.- Cada año recibe 5 millones de dólares de la OEA, así que ese es su fondo regular. Ese dinero proviene de las cuotas contractuales de los 35 países que son parte de la Organización de Estados Americanos.

2.- Su segunda fuente son las contribuciones voluntarias, y es aquí donde se originó la crisis de la CIDH, porque en 2016 recibió 1 millón de dólares menos en donaciones.

Los países en europeos, en particular, son los que más redujeron las contribuciones que solían hacer, enfocados en atender temas como su propia crisis migratoria, apuntó en entrevista Jimena Reyes, responsable de la oficina de América Latina en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 178 organizaciones en el mundo.

En una tarjeta informativa enviada a Animal Político, la Cancillería mexicana señaló como otra de las razones de la crisis el hecho de que algunas naciones tienen deuda pendiente con la OEA (no especificó cuáles).

 

grafico CIDH

Gráfico: CIDH

¿Cuánto dinero necesita la CIDH, y cuál es la fecha límite?

Necesita obtener 1 millón de dólares, “o al menos compromisos escritos de donaciones”, a más tardar el próximo 15 de junio.

 

¿Qué pasa si no obtiene el dinero?

La CIDH señala que de no obtener los recursos a tiempo perderá al 40% de su personal.

“40% menos personal es 40% menos protección a personas en situación de vulnerabilidad”,indicó.

“40% más demora en atención a personas en riesgo… si nadie sale al rescate de la CIDH, el equipo que trabaja en peticiones y casos pasará de 21 a 7 personas, para tramitar 6,188 denuncias de violaciones a los derechos humanos”, agregó.

La Comisión señaló que ya tuvo que suspender visitas a países programadas para este año, y los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

 

Le dan “migajas”

Jimena Reyes, responsable de la oficina de América Latina en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), reclamó la falta de apoyo de los países de la OEA para sacar de su crisis a la Comisión.

“Se busca en lo inmediato 1 millón de dólares, esa es la paradoja, porque un millón de dólares para todos los estados de la OEA es una migaja”, comentó vía telefónica.

“Es una vergüenza los montos que aportan no solo México, sino todos los países”, agregó.

Según la CIDH,  “mientras que el Consejo de Europa destina el 41.5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos, la OEA destina el 6% de su presupuesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Reyes, de la FIDH, opinó que los gobiernos de América Latina han fallado.

“En ningún momento se han juntado a decir ‘necesitamos tener un sistema de protección fuerte, tenemos que financiarlo’. Al contrario, con una cierta inmadurez democrática, se han puesto a criticarlo, a tratar de debilitarlo”.

 

¿Y México, ya pagó?

El 24 de mayo pasado, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dijo a Reforma que México redujo su contribución a la Comisión, por lo que tenía parte de responsabilidad en la crisis.

Según Álvarez Icaza, el gobierno mexicano le dio 2 millones de dólares al GIEI, pero esos recursos eran para una asistencia técnica específica, y no dio donaciones adicionales para la operación diaria de la CIDH.

El funcionario lamentó que tanto México como otros países buscaran asfixiar económicamente a la Comisión, molestos por su escrutinio.

En un evento posterior, Icaza dijo que México tenía el primer lugar de denuncias presentadas ante la CIDH, por violaciones a derechos humanos. De las mil 164 peticiones que se presentaron en 2015, apuntó, 849 correspondieron a México.

Sin embargo, en una respuesta enviada a Animal Político, el gobierno mexicano dio una perspectiva distinta a la de Álvarez Icaza, asegurando que México está al corriente con la cuota que tiene ante la OEA, y que incluso es el país latinoamericano que en los últimos años ha aportado más recursos a la CIDH, tanto contractuales como voluntarios.

En cuanto a la cuota obligatoria para la CIDH, la Cancillería detalló que el 27 de enero pasado México pagó aproximadamente 370,000 dólares.

Respecto a contribuciones voluntarias o donaciones, el gobierno mexicano contabiliza:

2013: 305,000 dólares.

2014: 1,500,000 dólares, de los cuales 1,000,000 se destinaron al trabajo del GIEI y 200,000 a la realización del periodo de sesiones de la CIDH celebrado en México. Se otorgaron 300,000 dólares adicionales sin etiquetar.

2015: 250,000 dólares, destinados al trabajo del GIEI.

2016: 750,000 dólares, para el GIEI.

 

Además de los recursos al GIEI, ante la crisis de la CIDH, ¿México hará una donación adicional? 

Aunque la Comisión requiere recursos de forma urgente (antes del 15 de junio), el gobierno mexicano definirá si hace una contribución adicional hasta finales de año, y tomando en cuenta que hay un recorte de gastos…

“No se ha definido aún la contribución voluntaria que podría hacer México en 2016, ya que este tipo de contribuciones se definen en el último trimestre de cada año, en función de la disponibilidad de recursos y las restricciones presupuestales. Cabe señalar que el recorte en los gastos del gobierno federal impacta a las contribuciones voluntarias a organismos internacionales”, apuntó Cancillería.

Aún así, sin definir si hará la contribución adicional, el gobierno señaló que es importante el sistema interamericano de derechos humanos, y atender sus retos.

“Resolver la crisis financiera de la CIDH es una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la OEA y con la propia CIDH… responsabilizar a un país o a un grupo de países por la grave situación que atraviesa la CIDH no necesariamente abona a la búsqueda de soluciones”, apuntó Cancillería.

¿Por qué es importante?

Perseo Quiroz, director ejecutivo de la oficina de Amnistía Internacional en México, dijo a Animal Político que las aportaciones que hace México a la CIDH no son proporcionales a sus necesidades en el tema de derechos humanos, por lo que debería hacer un esfuerzo adicional.

“Sabemos que hay muchos gastos que pudieran no hacerse, y que esos recursos podrían destinarse a los derechos humanos. Uno de los ejemplos es el de los gastos que se hacen en publicidad oficial”, dijo Quiroz.

“Y no solamente se trata de dar dinero… México debería ser una voz fuerte, que pidiera al resto de los países un apoyo hacia la Comisión”, agregó.

Respecto a por qué es importante respaldar a la CIDH, dijo que en México “muchas veces constituye el último recurso, el último acceso a la justicia que podemos tener los ciudadanos cuando nuestro sistema falla”. 

En territorio mexicano, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desconfiaron de la versión de las autoridades, sobre que los jóvenes habían muerto quemados, así que se recurrió a especialistas designados por la CIDH.

El grupo de expertos independientes, conocido como GIEI, señaló fallas en la investigación del gobierno mexicano, y concluyó que no había pruebas suficientes para comprobar que los 43 murieron incinerados en una hoguera.

Jimena Reyes, de la FIDH, criticó que hay un doble discurso del gobierno mexicano, en ocasiones criticando a la CIDH, con una “negación total” de la gravedad de la situación de derechos humanos en el país, y en otras diciendo que la va a respaldar.

“En México están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, los más grandes crímenes, tortura, desaparición forzada, ejecuciones, porque hay un sistema judicial que no funciona, que está en parte infiltrado por el narcotráfico”, dijo Reyes.
“Ante esa desesperación del ciudadano común, o de las víctimas de estos crímenes, se necesitan instrumentos internacionales que puedan apoyar, y uno de ellos es la Comisión Interamericana”, agregó.

Respecto a lo que puede hacer un ciudadano ante la crisis de la CIDH, Reyes dijo que la alternativa es presionar a los legisladores o a las autoridades, para que le den más recursos.

Del 13 al 15 de junio, se desarrollará una sesión de la Asamblea General de la OEA, y se espera que uno de los temas sea el caso de la Comisión Interamericana.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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