La Sedena debe hacer públicas fotos y videos tomados por militares sobre el caso Ayotzinapa
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Cuartoscuro

La Sedena debe hacer públicas fotos y videos tomados por militares sobre el caso Ayotzinapa

El INAI resolvió que la Sedena debe hacer una búsqueda exhaustiva del material tomado por militares la noche del 26 de septiembre de 2014, sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
27 de junio, 2016
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La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá hacer públicas las fotografías y videos que han sido tomados por militares la noche que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, resolvió este domingo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado ponente que presentó el caso ante el pleno, Joel Salas Suárez dijo que “la mejor forma de demostrar que el Ejército mexicano no se relaciona con las violaciones graves a derechos humanos en el caso Ayotzinapa, es atendiendo las demandas de información puntualmente”.

Aseguró que la transparencia es la mejor vía para garantizar a los mexicanos que los militares actuaron en todo momento conforme a lo dispuesto en la legislación de la materia. “Los mexicanos tenemos derecho a saber y valorar si el Ejército cumplió con sus atribuciones”, señaló el comisionado.

“Las autoridades mexicanas negaron en un inicio la intervención de las fuerzas armadas en el caso, pero poco después modificaron esta versión. Medios de comunicación, nacionales e internacionales, denunciaron que elementos castrenses sí conocieron y presenciaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 y esto se confirmó en la versión pública del expediente sobre el caso Ayotzinapa que publicó la PGR en septiembre de 2015”, dijo Salas Suárez.

Ante ello, una particular solicitó toda la documentación, escrita y audiovisual, que el militar Eduardo Mota Esquivel, adscrito al 27 Batallón de Infantería, recogió la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala y que entregó a su superior, el Teniente Joel Gálvez Santos.

La Sedena declaró inexistente esta información, pero entregó a la solicitante un disco compacto con cuatro fotografías tomadas por el militar. La particular se inconformó ante el INAI pues según la versión pública del expediente dada a conocer por la PGR hay aparecen testimonios de Eduardo Mota Esquivel respecto al material de su interés.

El comisionado Salas dijo que no se valida la respuesta de la Sedena, por ello el INAI ordenó a la dependencia una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas competentes, entre ellas la IX Región Militar, que se integra con la 35/a y 27/a Zonas Militares, así como al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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