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Cuartoscuro · Archivo
Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga
Los 'robos hormiga' de alimentos generan pérdidas millonarias, según reportan las cadenas de supermercado en México. Por ello las empresas se muestran implacables contra quienes roban en sus tiendas sin importar el monto o la razón.
Cuartoscuro · Archivo
Por Manu Ureste
1 de junio, 2016
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A Martín, sacar en una mochila un paquete de desodorantes con un precio de 105 pesos sin pasar por la caja del supermercado, le costó una condena de seis meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos. Mientras que a Édgar, el robo de un shampoo y un acondicionador de 133 pesos, le supuso el bochorno de ser detenido por la policía, una condena de tres años y una multa de 13 mil 500 pesos.

Estos casos, expuestos en la web de la compañía de seguridad Alto México, son ejemplos reales de la ‘política de mano de hierro’ que emplean en México las cadenas de supermercados y tiendas de autoservicio, mismas que están dispuestas a llevar a la cárcel a quien hurte en sus tiendas, sin importar si quien robó lo hizo por hambre o por delinquir, o si el monto de lo sustraído pueda parecer ridículo.

Pérdidas millonarias por ‘robos hormiga’

La Organización Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) explica en entrevista con Animal Político que esta política de “tolerancia cero” ante cualquier robo, ya sean dos manzanas o una televisión de última generación, tiene un poderoso motivo: las pérdidas millonarias.

A nivel nacional, la ANTAD reportó que empresas como Walmart, La Comer, Oxxo, Seven Eleven, o Sumesa dicen haber tenido mermas en 2014 por hasta 14 mil millones de pesos por el ‘robo hormiga’ de productos como café, leches, refrescos, cigarros, chocolates, o bebidas alcohólicas. De hecho, sólo la cadena Soriana dijo haber registrado el año pasado pérdidas por 110 millones de pesos.

Sobre los robos a negocio, el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) detalla que entre 2013 y marzo de este año, se registraron 8 mil 637 expedientes por este delito en la Ciudad de México. Esto es, 221 robos por mes, siendo el robo sin violencia el ilícito más común: 5 mil 190 hurtos sin violencia frente a 2 mil 737.

“El robo hormiga es un problema muy grave. En este supermercado, por ejemplo, tenemos todos los días algún robo hormiga en la mañana, en la tarde, y en la noche”, subraya en entrevista con Animal Político Carlos, gerente de un supermercado Chedraui en la Ciudad de México, quien explica que el personal de prevención de pérdidas enfrenta todo tipo de hurtos, desde quien abre sin pagar una bolsa de cacahuates, a bandas profesionales de ‘farderos’.

“Son verdaderos especialistas que llevan fajas debajo de la ropa y que empiezan a guardar hasta 20-30 productos, como desodorantes o cosméticos, que luego revenden en la calle”, expone el gerente, quien incluso asegura que han tenido casos de robos de pantallas de televisión por parte de estas bandas que ya tienen toda una coreografía ensayada: unos distraen a los guardias, otros vigilan, y otros ejecutan el robo.

“Para los supermercados no hay distinción entre un robo de hambre y el robo hormiga”

En cuanto a los ‘robos de hambre’, es decir aquellos que se cometen por la necesidad de comer, Carlos comenta que éstos se producen principalmente en las secciones de carnes, salchichonería, quesos empacados y en panadería. Aunque advierte a continuación que la política de la empresa es igual de implacable para estos casos, por lo que el procedimiento es siempre el mismo. Esto es, retener a la persona una vez que pasa la zona de cajas, llamar a la policía para que lo ponga a disposición del Ministerio Público, y presentar un ticket con el monto de lo sustraído junto con una denuncia.

“Para nosotros no hay distinción entre un robo de hambre y el robo hormiga. Sigue siendo un robo igualmente porque genera una pérdida a la tienda”, zanja el gerente de Chedraui.

“Además, lo del ‘robo de hambre’ es algo muy subjetivo –añade-. Porque hemos tenido casos en los que la persona que robó dijo que tenía hambre, pero debajo de la ropa llevaba 10 quesos de más de 200 pesos la pieza”.

Karina Soriano, abogada de Alto México, compañía que analiza y combate los ‘robos hormiga’, recuerda que cuando se denuncia un robo en México lo que se sanciona es la “conducta/acción” de robar, con independencia del monto.

“En México existe la falsa creencia de que, en razón del monto robado, puede o no haber delito, pero eso es un grave error –critica la abogada-. Lo que sí es cierto es que dependiendo de los montos así será la sanción y la multa alcanzada. Es decir, si una persona roba un producto de 50 pesos, no puede tener la misma sanción que quien robó 10 mil”.

Gráfica: Omar Bobadilla (@obobadilla)

Gráfica: Omar Bobadilla (@obobadilla)

“Aunque quienes roban alimentos quieran pagarlos, los supermercados no les conceden el perdón legal”

A pesar de lo expuesto por la abogada, casos como el reciente de Érick Nájar, un joven con discapacidad intelectual quien estuvo preso un mes tras ser acusado por Soriana de robar dos manzanas y un refresco con un valor de 21 pesos, han suscitado una fuerte polémica por la dureza con la que se emplean las cadenas de supermercados.

En este sentido, aunque el TSJDF precisó a Animal Político que no cuentan con estadísticas relativas al ‘robo de hambre’ –pero sí informó que de enero de 2015 a marzo de 2016 sólo cinco personas fueron condenadas en la capital por el ‘robo de alimentos’-, Olivia Garza, expresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en la Asamblea Legislativa del DF, asegura que las personas encarceladas por robar comida se cuentan por miles.

“Sólo en la Ciudad de México tenemos cerca de 5 mil personas dentro de los penales que robaron por hambre. Y son casos en los que, aunque muchas veces la persona que robó quiera pagar la mercancía para reparar el daño, las tiendas no les otorgan el perdón legal y llevan la denuncia hasta las últimas consecuencias de la justicia legal”, plantea la también directora de la organización civil Modernizando el Sistema Penitenciario, quien acusa a las empresas de la ANTAD de tener políticas de seguridad “muy insensibles”.

“Con el nuevo sistema penal se busca evitar estos casos ridículos de una persona en la cárcel por robar 20 pesos”

Ahora bien, ¿cómo una persona que roba unas manzanas y un refresco puede acabar en la cárcel?

En teoría, este tipo de robos simples ya se pueden resolver en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual entrará en vigor el próximo mes de junio, aunque desde 2008 –cuando se inició la Reforma Penal- a la fecha, ya está implementado en casi todos los estados de la República, incluida la Ciudad de México.

Este nuevo Sistema Penal, explica Pamela Romero, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), ofrece la posibilidad de que en delitos no graves las partes se sienten en la misma mesa para conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio, “pero sin que el proceso penal dé inicio, ni se inicie una investigación policial larga que implica gasto de tiempo y de recursos ministeriales y policiales”.

“Con el nuevo sistema penal se busca evitar estos casos ridículos de un persona en la cárcel por robar 20 pesos”, enfatiza la investigadora, que recuerda que abrir una averiguación previa “cuesta alrededor de 12 mil pesos en la Ciudad de México”.

“Los abogados de las tiendas siempre buscan agravar el delito de robo simple, para que se convierta en robo con violencia”

Sin embargo, el que un caso se vaya a conciliación, o a la justicia penal, no es algo que ni los particulares ni las cadenas de autoservicio puedan elegir, matiza Karina Soriano. Sino que lo decide el Estado a través de la clasificación que dé al delito en cuestión.

Es decir, que un robo simple en la Ciudad de México sí podría ir a conciliación en el nuevo sistema penal, pero un robo con el agravante de violencia, no. Situación que, según denuncia Rebeca Peralta, actual presidenta de la Comisión de Reclusorios en la Asamblea Legislativa del DF, es utilizada por las tiendas para llevar a quienes cometen pequeños hurtos hasta la prisión.

“La práctica común de los abogados de estas tiendas es siempre meter algún tipo de agravante al delito de robo simple, para que sea un delito grave y la persona ya no pueda acceder a los beneficios de la ley, por lo que pasará más tiempo en la cárcel si no puede pagar la fianza”, apunta la legisladora.

Y un ejemplo claro de esto, enfatiza Peralta, es el caso de Erick Nájar, quien en efecto no fue acusado de robo simple, sino de robo agravado con violencia porque, según denunció Soriana, agredió a uno de sus vigilantes al momento de su detención, aunque no presentó la grabación de las videocámaras que lo acreditara. Por eso el caso se fue hasta la justicia penal y el joven pasó un mes en prisión preventiva, hasta que la empresa se desistió de la denuncia por su discapacidad intelectual.

“Los supermercados llevan las denuncias hasta las últimas consecuencias para dar un escarmiento”

Para Jorge Cueto, empresario que creó las tiendas de ropa ‘Prison Art’ que da trabajo a más de 200 reos en el país, este tipo de prácticas por parte de los abogados, es otra de las aristas de las políticas de las grandes cadenas para combatir las pérdidas por robos.

“En definitiva, lo que buscan estas cadenas es llevar las denuncias hasta las últimas consecuencias para dar un escarmiento –recalca el empresario de ‘Prison Art’, quien durante su estancia en la cárcel de Puente Grande un año por un delito que no cometió y por el que ya fue absuelto, conoció muchos casos de presos por ‘robos de hambre’, pero también porque hicieron del hurto a tiendas como Oxxo “su particular modus vivendi“-. Es decir -concluye Cueto-, quieren que se corra la voz de que quien roba en una de sus tiendas, aunque sea una charola de carne para comer, se va para el bote y no hay perdón posible”.

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Qué es la "política de la Ciudad de México", la medida antiaborto que EU endureció este martes
Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, anunció este martes que su país ampliará el alcance de una política antiaborto conocida como "de la Ciudad de México".
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26 de marzo, 2019
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Este martes el gobierno de Estados Unidos endureció una de las primeras medidas que tomó el presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.

En una rueda de prensa el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de EE.UU. tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto.

Durante los primeros días de su mandato Trump reinstaló una medida que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre el aborto.

Ahora el anuncio de Pompeo expande la prohibición.

“Continuaremos negándonos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que realizan o promuevan activamente el aborto como un método de planificación familiar“, dijo el secretario de Estado.

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El aborto ha sido un tema de debate entre republicanos y demócratas en EU.

“Ahora, como resultado de mi decisión de hoy, también estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto… Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”.

“Mordaza global”

La medida impuesta por Trump y que hoy se endurece mediante el anuncio de Pompeo, es conocida entre sus críticos como la “ley mordaza global”.

El decreto lo promulgó por primera vez en 1984 el republicano Ronald Reagan, entonces presidente de EE.UU., durante una conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana; por eso también se le conoce como la política de Ciudad de México.

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“Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, dijo Pompeo.

Desde entonces, se ha vuelto un rifirrafe entre demócratas y republicanos.

La medida fue revocada durante la presidencia de Clinton, se volvió a implementar durante el mandato de George W. Bush y fue removida nuevamente durante el gobierno de Obama.

Quienes critican esta política afirman que es una forma de limitar el trabajo de las organizaciones alrededor del mundo que ofrecen asesoría sobre el aborto como una opción de planificación familiar.

Ante la orden firmada por Trump en 2017 grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reclamaron que la medida mermaba sus recursos y coartaba sus acciones, pues tendrían restricciones incluso para informar sobre temas como el aborto terapéutico o de la atención postaborto.

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Quienes se oponen a la medida dicen que aumenta el riesgo de muerte de las madres.

Los críticos también se refieren a estudios científicos que han mostrado que esta medida aumenta las tasas de abortos, pues implica el cierre de clínicas y programas de anticoncepción y que podría aumentar el riesgo de muerte de las madres.

Pero la “ley mordaza global” también tiene adeptos.

“Aplaudimos al presidente Trump por haber puesto un fin a financiar con dinero de los contribuyentes a grupos que promueven el asesinato de niños nonatos en países en vías de desarrollo”, dijo en su momento Carol Tobias, presidenta del Comité Nacional para el Derecho a la Vida (NRLC, por sus siglas en inglés), la mayor organización antiaborto de EU.

En esa misma línea, Pompeo dijo que para EU. es posible alcanzar los objetivos de la salud a nivel mundial, sin subsidiar lo que el llamó el “asesinato de bebés nonatos”.


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