[contextly_sidebar id=”vut8Fst0fmHDjYMPbsCfgRlZ1T5BTPDB”]Luego del reporte de la organización Amnistía Internacional (AI), acerca de que 7 de cada 10 mujeres en México con agredidas sexualmente por policías y soldados al ser detenidas, el senador Miguel Barbosa dijo este jueves 28 de junio que “no debemos ser tremendistas” y que dicha organización –y otras– “suelen hacer conclusiones que luego se separan de la realidad“.
El también coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado agregó en entrevista que “de verdad que las experiencias son desgarradoras, la realidad, pero no podemos hablar de que en México hay una violación sistemática y que el uso de la tortura es casi generalizado”.
Incluso cuestionó: “a ver, que alce la mano quien ha sido objeto de tortura aquí“.
Estas declaraciones se dan el mismo día que AI presentí el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, en el cual concluyó que prácticas como aplicar descargas eléctricas en los genitales, la semiasfixia, el manoseo de los pechos, golpes en cabeza y abdomen, y la violación con objetivos, armas de fuego y el pene, son “una práctica habitual” durante el arresto e interrogatorio de mujeres acusadas de delitos federales, como el tráfico de drogas.
Estas conclusiones son el resultado de la entrevista a 100 mujeres durante 11 días.
Todas dijeron haber recibido violencia verbal o psicológica por parte de elementos policiacos o soldados; el 97% dijo que fue víctima de violencia física; y el 72% de violencia sexual. Es decir, 7 de cada 10 mujeres dijeron que fueron violentadas sexualmente –tocamientos, abusos, acoso, insultos centrados en el sexo o en la orientación sexual-, mientras que 3 de cada 10 –un 32%- dijeron que fueron violadas con objetos o con el pene del agresor.
Erradicar la tortura durante las detenciones es uno de los principales retos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, el cual se aplica en todo el país desde el pasado 18 de junio.
De acuerdo con el estudio Hallazgos de 2015, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el 83% de los más de 350 mil policías de todos los niveles no están capacitados para adaptarse al nuevo sistema de justicia, en el cual los agentes están obligados a presentar pruebas científicas y reales para demostrar la culpabilidad de los acusados.
