Río de Janeiro decreta “estado de calamidad pública” a 49 días de los Juegos Olímpicos
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Río de Janeiro decreta “estado de calamidad pública” a 49 días de los Juegos Olímpicos

Las enormes dificultades que atraviesa Río ya se reflejan, por ejemplo, en un aumento de los homicidios y robos en las calles, atrasos salariales, huelgas en centros de estudio y cierres de emergencias en hospitales.
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Por Gerardo Lissardy // BBC Mundo
19 de junio, 2016
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A 49 días de recibir los Juegos Olímpicos y ponerse bajo los focos del mundo, el estado de Río de Janeiro decretó el “estado de calamidad pública” por una crisis económica que amenaza con colapsar servicios esenciales como la seguridad o la salud.

“La referida crisis viene impidiendo al Estado de Río de Janeiro honrar con sus compromisos para la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016”, señala el decreto del gobernador estatal interino Francisco Dornelles, publicado este viernes en el Diario Oficial estatal.

El texto recuerda que ya comienzan a llegar delegaciones extranjeras a la ciudad para el evento deportivo global de agosto y advierte que “cualquier desestabilización institucional implicará un riesgo a la imagen del país de dificilísima recuperación”.

Según economistas, en la práctica el decreto implica que el gobierno de Río puede adoptar medidas extraordinarias como cortar gastos, definir qué deudas paga y cuáles no, y acudir al gobierno federal en busca recursos.

Las enormes dificultades que atraviesa Río ya se reflejan, por ejemplo, en un aumento de los homicidios y robos en las calles, atrasos salariales, huelgas en centros de estudio y cierres de emergencias en hospitales.

A comienzos de mes, el Instituto Médico Legal, que funciona en el centro de Río, llegó a paralizar temporalmente su servicio de necropsia debido a la imposibilidad de pagar la limpieza.

Este escenario contrasta como el día y la noche con la imagen de pujanza y esplendor que Brasil quería mostrar al mundo cuando en 2007 presentó la candidatura de Río para realizar los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.

“Que la situación de Río de Janeiro es calamitosa, lo es”, dijo Margarida Gutierrez, economista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, a BBC Mundo. “El estado está en total parálisis”.

El impacto

La situación estatal no sólo es atribuida a una caída en la recaudación por la profunda recesión que atraviesa todo Brasil, sino también a la crisis financiera y el colosal escándalo de corrupción en Petrobras, el gigante petrolero cuya sede está en Río.

Los ingresos del estado se desplomaron debido a Petrobras, la caída del precio del petróleo” y “porque toda esa operación Lava Jato impacta de lleno en las empresas de petróleo”, dijo Gutierrez refiriéndose a las investigaciones de sobornos en la empresa estatal.

A eso se añaden deudas que contrajo el estado para financiar obras y pagar gastos obligatorios, que ahora debe devolver.

Gutierrez añadió que, al decretar el estado de calamidad pública, el gobierno de Río “gana algunas flexibilidades” para definir a quién o cuándo paga sus deudas.

También “puede ser una manera de forzar” al gobierno federal a entregar recursos extraordinarios al estado.

El estado de Río es gobernado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma fuerza política a la que pertenece el presidente interino de Brasil, Michel Temer.

Esto plantea un enorme reto adicional para Temer, quien el mes pasado sustituyó a la presidenta Dilma Rousseff cuando fue suspendida por el Senado para someterla a juicio político por presunto manipulación presupuestal.

Además de la recesión económica y las epidemias de dengue y zika que sufre Brasil, el gobierno interino se ha visto sacudido en su primer mes por una serie de escándalos ligados a la causa Petrobras que ya forzaron la caída de tres ministros.

El ministro de Turismo, una cartera clave para los Juegos Olímpicos, renunció el jueves ante acusaciones de que recibió dinero desviado de la petrolera estatal.

Medios brasileños informaron que el mismo jueves el gobernador Dornelles y el alcalde de Río, Eduardo Paes, avisaron a Temer sobre el decreto de calamidad pública en el estado.

Se espera que en las próximas horas el presidente interino mantenga nuevos contactos con las autoridades de Río y miembros de su equipo económico para buscar una salida a la crisis que atraviesa el estado.

Sin embargo, la gran pregunta es de dónde podría a sacar el dinero el gobierno federal para socorrer a Río cuando impulsa recortes de gastos y un ajuste fiscal en todo el país.

“Medidas duras”

Dornelles, quien reemplaza al gobernador titular Luiz Fernando Pezão, de licencia por tratamiento de cáncer, declaró este viernes que el decreto abre camino “a medidas duras en el campo financiero”, sin especificar cuáles.

Su decreto afirma que la crisis “puede ocasionar todavía el total colapso en la seguridad pública, la salud, la educación, la movilidad y la gestión ambiental”.

“Quedan las autoridades competentes autorizadas a adoptar medidas excepcionales necesarias para la realización de todos los servicios públicos esenciales, con vistas a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos“.

Uno de los desafíos es finalizar una línea de metro considerada clave para el transporte del público que quiera asistir a las competencias olímpicas en la zona oeste de la ciudad.

Se estima que para concluir la obra antes del inicio de los Juegos en agosto, Río precisa unos $146 millones de dólares, una suma elevada cuando enfrenta un déficit equivalente a unos 5 mil 560 millones.

Al mismo tiempo, la seguridad se deteriora: datos recientes señalan que los homicidios dolosos en el estado de Río aumentaron 15.4% entre enero y abril de este año, en comparación con el mismo período de 2015.

Y los robos de calle crecieron 23.7% en la misma comparación, del Instituto de Seguridad Pública.

Posibles efectos

El decreto de calamidad en Río generó de inmediato advertencias sobre los efectos que puede ocasionar.

“La decisión de recortes en servicios sociales y seguridad antes de las Olimpíadas de Río no solo es chocante sino increíblemente preocupante”, sostuvo Atila Roque, director de Brasil para Amnistía Internacional.

Lo que necesita Río no es menos sino más inversión para asegurar que las fuerzas de seguridad que van a ser desplegadas a lo largo del estado están debidamente entrenadas para prevenir el tipo de violaciones a derechos humanos que hemos estado documentando por años”, agregó.

No obstante, el alcalde Paes aseguró en las redes sociales tras el decreto que confía en que los juegos serán “excepcionales”, descartando que la situación implique atrasos en entregas de obras o compromisos asumidos.

Un portavoz del comité organizador de los juegos consultado por BBC Mundo también descartó que el estado de calamidad vaya a afectar el desarrollo de la fiesta deportiva.

“Esto no va a impactar las preparaciones y operaciones, ya que el Comité Organizador no depende de ningún financiamiento gubernamental”, sostuvo.

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Cuartoscuro

Libran 11 órdenes de captura por La Estafa Maestra; detienen a dos personas

Ni Emilio Zebadúa ni sus familiares figuran entre los perseguidos, pese a que fueron denunciados por la UIF como operadores y posibles beneficiarios de los recursos desviados del erario.
Cuartoscuro
14 de noviembre, 2020
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Como parte de las investigaciones por los desvíos de recursos registrados en la Sedesol y Sedatu bajo el esquema de La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en total 11 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios federales, un exrector, y supuestos accionistas de empresas fantasma, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Entre esas órdenes están dos ya conocidas: una en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, la cual no se ha ejecutado pese a que la funcionaria está presa desde hace un año por cargos de omisiones; y la otra en contra de Simón Pedro de León Mojarro, quien fungiera como coordinador de delegaciones estatales de Sedesol,  y quién se encuentra prófugo.

Hay otras dos órdenes de aprehensión que ya se cumplimentaron. Los detenidos son Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas fachada a la que se habrían transferido recursos presuntamente desviados, y María de la Luz “N”, exdirectora General Adjunta de Integración de Padrones de Sedesol. 

Luis Antonio fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, Estado de México, mientras que María de la luz fue ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 Femenil en el estado de Morelos. En los próximos días se definirá su situación jurídica.

Entre las otras personas que cuentan con una orden de aprehensión por cumplimentar, de acuerdo con lo informado por autoridades federales, está el exrector de la Universidad de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y quien hace unos meses fue vinculado a proceso por el delito de peculado, en un caso que lleva la fiscalía de ese estado.

Las 11 órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR como parte de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 que tiene en integración.

Dicha carpeta se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada en agosto de 2019, y se ha complementado con la revisión de al menos uno de los convenios que la Sedesol firmó el sexenio pasado, y que forman parte del esquema descrito en La Estafa Maestra.

Pese a que en la denuncia de la UIF se identificó a Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, y a sus hermanos con gastos no acordes a sus ingresos por más de 200 millones de pesos, ninguna de las 11 órdenes de aprehensión obtenidas por la SEIDO es en contra de alguno de ellos.

Lo anterior obedece a que Zebadúa ha iniciado una negociación con la FGR para volverse un testigo colaborador a cambio de no ser procesado. Animal Político detalló que Zebadúa es uno de los cinco exfuncionarios que han testificado ante la Fiscalía en el caso por delincuencia organizada que está en integración.

La hipótesis que la SEIDO presentó ante el juez para obtener los referidos mandamientos judiciales es que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) participaron en un esquema de presuntos desvíos de recursos públicos en colusión con universidades y organismos estatales. Todo ello aprovechando que para estos casos la Ley de Adquisiciones permitía exceptuar una licitación.

Dichos recursos fueron transferidos luego por las universidades hacia empresas factureras con la finalidad de ir ocultando su origen. En su denuncia, la UIF identificó incluso salidas de dinero en un mismo día desde las mencionadas secretarías a otras cuentas bancarias que, a su vez, lo transfirieron a varias más. Se trata de movimientos inusuales que permiten presumir un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero.

Para la unidad que encabeza Santiago Nieto, el rol de Zebadúa es central pues era el Oficial Mayor de las dependencias, el apoderado legal de las cuentas oficiales, y responsable de las áreas de adquisiciones. Ello además de los movimientos inexplicables de recursos identificados en su entorno personal. En el caso de Robles, se le responsabiliza por ser la titular de las dependencias de donde salió el dinero.

Cabe recordar que Zebadúa logró retrasar cualquier acción legal en su contra durante más de un año gracias a la promoción de diversos amparos que dieron pie a suspensiones provisionales. Luego de perder dichos recursos se acercó con la Fiscalía para buscar un esquema de colaboración. Actualmente, el exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu cuenta con otra suspensión, pero para que sus bienes no sean confiscados.

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