Tras la acusación presentada por el gobierno de Nuevo León, un juez inició una investigación en contra de Rodolfo Gómez Acosta –quien fue tesorero durante el gobierno de Rodrigo Medina en esa entidad (2009-2015)– por peculado, ejercicio indebido de funciones y delitos contra el patrimonio estatal.
De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, Gómez Acosta está vinculado a un presunto quebranto por 3 mil 683 millones 504 mil 678 pesos en Nuevo León.
La Subprocuraduría anticorrupción de Nuevo León acusó este martes 26 de julio a Rodolfo Gómez Acosta.
[contextly_sidebar id=”l11qAApNsxKYoW88K9XZby0aq92ceoH2″]Las imputaciones presentadas en el Palacio de Justicia estatal están relacionadas con beneficios otorgados a la empresa coreana KIA.
De acuerdo con la acusación, los incentivos entregados superan el monto que puede otorgarse a una empresa extranjera para que invierta en la entidad, según lo establecido por la Ley de Fomento a la Inversión Extranjera.
Durante la audiencia este martes 26 de julio, en el Palacio de Justicia estatal, se dio a conocer que hay 25 contratos para beneficiar a la armadora de autos KIA: 10 de ellos fueron autorizados entre mayo y agosto de 2014, fecha en que se acordó la llegada de la empresa asiática.
El 27 de agosto se celebró el contrato, y luego fueron firmados 15 contratos más para beneficiar a la armadora.
Esos contratos con incentivos, de acuerdo con la parte acusadora, sumaron un monto de 3 mil 683 millones 508 mil 688 pesos.
Durante su intervención en la audiencia, la defensa del exfuncionario “presentó un documento emitido de la página de transparencia del Gobierno de Nuevo León, donde argumenta que los terrenos mencionados aún forman parte del Estado por lo que descartaron que sea un incentivo”, de acuerdo con el comunicado.
A Gómez Acosta se le acusa de firmar y participar en los comités relacionados con los beneficios para KIA. El exfuncionario se negó a declarar este martes, y a través de su defensa pidió que se defina hoy mismo si se le vincula o no a proceso.
El mes pasado el gobierno de Nuevo León informó sobre resoluciones de la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios que trabajaron en la administración del priista Rodrigo Medina.
Entre ellos, Gómez Acosta, “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”.
Además de inhabilitarlo, tanto a él como a otros cuatro funcionarios se les impuso “una sanción resarcitoria” de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
Otra medida anunciada es el embargo de propiedades de 11 exfuncionarios de Nuevo León, como parte de los resultados de la llamada “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
“El embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”, detallaron autoridades de Nuevo León.
El próximo jueves está prevista la comparecencia de Rodrigo Medina, exgobernador de la entidad, quien ante las acusaciones de presunta corrupción ha dicho que es inocente.
Con información de Periodicoabc.mx
