Brexit: ¿Puede un bufete de abogados detener la salida de Reino Unido de la Unión Europea?
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Brexit: ¿Puede un bufete de abogados detener la salida de Reino Unido de la Unión Europea?

Un equipo jurídico insiste en que el Parlamento británico es el que debe activar la salida de Reino Unido de la UE y sostiene que el primer ministro no tendría las atribuciones para hacerlo sin el visto bueno parlamentario.
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Por BBC Mundo
4 de julio, 2016
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Muchos dentro y fuera de Reino Unido se preguntan cuando empezará oficialmente el país a desvincularse de la Unión Europea (UE), tras decantarse los votantes británicos por esa opción -conocida informalmente como Brexit- en el referendo del pasado 23 de junio.

Eso solo podrá suceder cuando el gobierno de Londres invoque el ya famosoartículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el mecanismo de salida de la UE para todos los Estados miembro del bloque.

Académicos, expertos en asuntos legales y algunos políticos creen que ese mecanismo no puede ser activado automáticamente por el primer ministro en representación del gobierno porque este carece de las atribuciones constitucionales para hacerlo.

Sostienen que el Parlamento británico (que cuenta con una mayoría de miembros opuestos al Brexit)debe aprobar una ley que de luz verde la la salida de Reino Unido de la UE.

“Debemos asegurar que el Brexit se haga correctamente. El artículo 50 simplemente no puede ser invocado sin un amplio debate y votación en el Parlamento”.

Kasra Nouroozi, miembro del bufete de abogados Mishcon de Reya

Pero como destaca el periodista experto en asuntos legales de la BBC Clive Coleman, a estas alturas parece “inconcebible” que el Parlamento británicovaya en contra de la decisión tomada por los ciudadanos en la votación del 23 de junio y se niegue a autorizar al primer ministro para que comience el proceso de “divorcio” del resto de Europa.

El bufete

Entre los que defienden un rol prominente en el Brexit para el Parlamento se encuentra el bufete de abogados Mishcon de Reya, con base en Londres, que representa a un grupo de hombres de negocios y académicos que no han sido identificados.

Se han puesto en contacto con el gobierno de Londres para “garantizar” que el proceso formal para que Reino Unido salga de la UE no comience sin un debate legislativo.

Mujer pro Unión EuropeaEl Parlamento asoma como una “escala técnica” clave para ganar tiempo y dilatar la salida de Reino Unido de Europa.

Defienden que sería ilegal que un primer ministro active el artículo 50 sin una amplia discusión y votación parlamentaria.

Y aseguran que los pasos deben ser tomados con mucho cuidado, porque una vez que activado el proceso legal de salida hay un límite de dos años para negociar los términos del abandono de Reino Unido de la UE.

Incertidumbre

Tras el referendo del 23 de junio, David Cameron alimentó la incertidumbre con el anunció de su renuncia como primer ministro, fijada para octubre próximo.

Analistas opinan que Cameron no quiere pasar a la historia como la persona que ejecutó la salida británica de la UE.

Durante las semanas previas al referendo, Cameron llegó a decir que, en caso de imponerse la opción del Brexit, acudiría en persona a Bruselas para retirar a Reino Unido de la UE, algo que no parece que vaya a suceder.

Nigel FarageNigel Farage, del partido UKIP y uno de los principales promotores del Brexit, dimitió este lunes.

Ante estas idas y venidas, el despacho Mishcon de Reya señala que cualquier primer ministro que inicie el proceso sin una ley parlamentaria actuaría de forma ilegal porque estaría anulando la Ley de Comunidades Europeas aprobada en el Parlamento británico en 1972 y que consagra la pertenencia de Reino Unido a la UE.

El bufete insiste en que sólo una ley específica puede anular otra ley.

Es más, la firma legal mantiene desde hace semanas correspondencia con funcionarios del gobierno para pedir garantías sobre este proceso y asegurar la participación del Parlamento.

La necesidad de una ley de este tipo podría, en teoría, permitir a una mayoría parlamentaria el bloquear el Brexit, aunque con el consecuente costo político de ir contra una decisión tomada en las urnas.

Hay quienes opinan que una eventual “escala técnica” del Brexit en el Parlamento puede dar más tiempo a los promotores de revertir la decisión adoptada por los votantes el 23 de junio.

Más de 3,5 millones de personas firmaron en los últimos días una petición para repetir el referendo en Reino Unido.

“Certeza legal”

Kasra Nouroozi, socio del despacho de Mishcon de Reya, afirmó que sus gestiones apuntan a “asegurar que el gobierno siga el proceso correcto para tener la certeza jurídica de la protección de la Constitución de Reino Unido y la soberanía del Parlamento en estas circunstancias sin precedentes“.

“El resultado de la consulta no está en duda, pero necesitamos un proceso que siga la ley de Reino Unido para ponerlo en práctica”, añadió Nouroozi.

Activista pro Bremain
Sin la aprobación del Parlamento, el Brexit sería ilegal, según el consorcio de abogados.

Desde Mishcon de Reya hacen énfasis en que no importa quien sea el primer ministro, ya que cualquiera que active el mecanismo de salida “sin la aprobación del Parlamento” actuará en la “ilegalidad”.

“Debemos asegurar que esto (el Brexit) se haga correctamente y en beneficio de todos los ciudadanos de Reino Unido. El artículo 50 simplemente no puede ser invocado sin un amplio debate y votación en el Parlamento“.

A pesar de la carencia de un camino definido, líderes europeos han señalado que Reino Unido no debe demorar su salida la UE.

Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea (el más alto cargo ejecutivo de la UE), afirmó que el gobierno británico no tiene “meses para meditar” sobre la activación del artículo 50,

El período de negociación de dos años entre Reino Unido y la Unión Europea se puede ampliar solo si existe un acuerdo unánime de los 27 estados miembros restantes.

Los juristas advierten que las negociaciones no serán fáciles.

Un vocero de David Cameron reiteró que invocar al artículo 50 será “un asunto para el próximo primer ministro“.

“Como dijo el primer ministro, ahora tenemos que mirar a todas las posibilidades y claramente el Parlamento debe tener un papel para asegurar que encontramos el mejor camino a seguir”, señaló.

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Cuartoscuro

Gobierno de AMLO también militariza la detención de migrantes: en 82% participaron soldados y policías

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el INM detuvo a 128 mil 180 migrantes. Para ese mismo periodo de tiempo, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina respondieron por transparencia que “coadyuvaron” en operativos para capturar a 104 mil 798.
Cuartoscuro
17 de diciembre, 2021
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Durante el tercer año de gobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas mexicanas participaron activamente en los operativos que hace el Instituto Nacional de Migración (INM) para contener el flujo de la migración indocumentada que trata de llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Entre septiembre de 2020 y junio de 2021, el INM informó a través de la Unidad de Política Migratoria de la Segob que detuvo a 128 mil 180 migrantes. Para ese mismo periodo de tiempo, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), respondieron por transparencia a este medio que “coadyuvaron” en operativos que derivaron en la captura de 104 mil 798 migrantes. 

Es decir, que en el 82% de las detenciones de migrantes ocurridas en un año hubo intervención de soldados del Ejército, la Guardia Nacional y de la Marina. Especialmente del Ejército, que intervino en más de 90 mil casos, el 70% del total. 

Estos datos se producen en un contexto donde la Guardia Nacional y el Ejército mexicano están asumiendo en la presente administración cada vez más tareas, como controlar la seguridad de aeropuertos y carreteras, construir grandes obras de infraestructura, distribuir medicamentos, gestionar las aduanas, o participar en labores de contención migratoria.

Leer más | Presidente propone fortalecer papel de titular de la Sedena y crear una Comandancia del Ejército

Cabe matizar que, en sus respuestas, las tres instancias de seguridad subrayaron que no detienen a migrantes como tal, sino que su tarea se limita a brindar “seguridad perimetral” a los agentes del INM, que son los únicos facultados para detener a una persona por transitar sin documentos. De hecho, ninguna corporación habla de detenciones, sino todo lo contrario: hablan de “rescates”.  

Sin embargo, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, en Coahuila, asegura en entrevista que, en la práctica, los soldados hacen mucho más que establecer un perímetro de seguridad y “rescatar” personas. 

“Quien hace la detención, en términos administrativos, es el INM. Pero, en términos prácticos, quienes hacen los operativos, quienes los persiguen y los suben en las camionetas detenidos, son directamente la Guardia Nacional o el Ejército”, asegura tajante el activista. 

En Tenosique, en la frontera sur mexicana con Guatemala, Fray Gabriel Romero, director de la Casa del Migrante La 72, corrobora esta forma de operar. 

“El INM y la Guardia Nacional trabajan a la par. La detención formal la hace el Instituto, pero el operativo lo hace la Guardia Nacional”, dice Romero, que detalla que, entre Tenosique y Villahermosa, en un trayecto de apenas 200 kilómetros, han contabilizado al menos ocho retenes del INM y la Guardia Nacional. “Hablan de rescates, pero es obvio que son detenciones”, hace hincapié.

En Tapachula, otra de las principales puertas de entrada de la migración que proviene de Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova ha documentado sobre el terreno que en los operativos conjuntos la Guardia Nacional emplea “tácticas castrenses” para “encapsular” y detener migrantes.

“Aunque en el papel sea un cuerpo de policía civil, todos sabemos que la Guardia Nacional tiene un corte militar. Y eso lo vemos claramente en las tácticas que utilizan”, expone Yuriria Salvador, integrante del Fray Matías. 

La activista dice que en las labores de monitoreo que realizan en la frontera sur han presenciado operativos de la Guardia Nacional en los que los soldados tiran árboles en la carretera para cercar el paso de las caravanas migrantes, a los que han agredido a plena luz del día, tal y como este medio documentó, por ejemplo, el pasado 28 de agosto, cuando elementos policiacos y del INM golpearon a migrantes haitianos. 

Poco después, el 1 de noviembre, la Guardia Nacional mató a balazos a Cristóbal Cobreiro Ramírez, migrante cubano que viajaba en una camioneta que quiso saltarse un retén. No era la primera vez que ocurría un hecho similar. El 25 de junio, agentes del mismo cuerpo dispararon contra otra camioneta en la que trasladaban personas sin documentos, matando a la conductora, que fue acusada de ser la “pollera”. Este caso fue documentado por la CNDH, organismo que ha recibido 388 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de elementos de la Guardia Nacional, que es la corporación con más quejas por delante de la Sedena, que acumula 344. 

“Los operativos del INM son muy pocos coordinados. En cambio, cuando participa la Guardia Nacional los operativos son mucho más organizados e intimidantes. Su lógica es la de atacar, aunque tengan a familias y a niños delante”, denuncia Yuriria Salvador.

Además, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías advierte que la Guardia Nacional está teniendo un papel muy notorio también en las estaciones y en los centros de detención provisionales, como en Huixtla y Huehuetán, en Chiapas. 

“Hemos hecho visitas donde vemos que no hay ni un elemento del INM, que son los que deben tener a cargo a las personas migrantes, sino que está la Guardia Nacional y agentes de seguridad privada”, denuncia la activista. 

“Es muy visible que la Guardia Nacional se ha convertido en el brazo armado del INM y en el ejecutor de una política migratoria que está basada en la contención y en la detención de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y en la militarización del Instituto”, subraya. 

El INM en manos de militares y policías

Esa militarización se ve claramente reflejada también en el perfil de los altos funcionarios del INM. Por medio de una solicitud de transparencia, el Instituto informó a este medio que, al corte del 29 de noviembre pasado, un total de 43 funcionarios del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, son militares, exmilitares, tienen carrera militar, o tienen un perfil policiaco. 

Destaca que hasta 19 comisionados estatales de migración -los jefes del INM en las entidades- fueron sustituidos entre 2019 y este 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad nacional. Incluso, cabe recordar que el perfil del mismo comisionado del INM, Francisco Garduño, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país. Sustituyó en el cargo a Tonatiuh Guillén, cuyo perfil es claramente académico tras su paso por el Colegio de la Frontera Norte. 

Otros cargos clave al interior del Instituto, como la dirección de Aeropuertos y Puertos Marítimos, o la jefatura del Departamento de Seguridad y Custodia, también están ocupados por militares. 

De los 19 estados con comisionados castrenses o policiacos, en 12 las capturas de migrantes se dispararon por arriba del 80% en este 2021, aunque hay que precisar que las detenciones aumentaron en este 2021 en prácticamente todo el país.  

Por ejemplo, hay casos como el de Tlaxcala, con comisionado militar desde enero de 2021, que pasó de 593 migrantes detenidos en 2019, a 8 mil 569 este año; un aumento de 1,345%. 

En Sonora, donde un comisionado militar también llegó en enero de este año, el aumento de las detenciones fue del 205%; y en Estado de México, también con comisionado militar desde septiembre de 2020, el aumento fue del 92%.

En la delegación de Nuevo León, con comisionado militar desde febrero de este año, las detenciones de migrantes sin documentos también se dispararon 85%.

Esta reestructuración al interior del INM comenzó en junio de 2019, con la llegada de Francisco Garduño al Instituto. En ese entonces, el presidente López Obrador anunció el despido de 500 agentes del INM acusados supuestamente de corrupción. Sin embargo, las denuncias sobre excesos han continuado a pesar del arribo de mandos militares y policiacos a la mayoría de las delegaciones del Instituto. 

En Coahuila, donde hay un comisionado militar, el activista Alberto Xicotecántl dice que “si bien no hemos tenido reportes de cobros indebidos a migrantes por parte del INM, sí tenemos reportes de malos tratos en espacios de detención de migrantes”.

En la frontera sur, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova expone que siguen recibiendo reportes de migrantes que son extorsionados.

“En los puestos de verificación que hay en la frontera, a orillas del Río Suchiate, las personas son extorsionadas con frecuencia y los agentes del INM les roban su dinero. Eso es algo que seguimos escuchando de los migrantes con mucha frecuencia”, expone la activista Yuriria Salvador. 

En cuanto a las citas para regularizar trámites migratorios, Salvador denuncia que continúan escuchando testimonios de funcionarios que cobran por “agilizar” esos trámites burocráticos. “Sigue habiendo mucha gente en el INM lucrando con la necesidad de las personas”, denuncia. 

Aumentan 80% soldados y guardias nacionales

La ‘militarización’ del INM se produce al mismo tiempo que, en los últimos tres años, tuvo lugar un incremento de soldados, guardias nacionales, y marinos en múltiples estados del país, incluyendo las entidades donde es habitual el flujo de migrantes indocumentados que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Por medio de solicitudes de transparencia, la Guardia Nacional informó que aumentó un 80% los elementos destinados a 12 entidades que son paso de migrantes: de 19 mil 162 en 2019 destinados a estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, o Chihuahua, pasó a 34 mil 303 elementos a septiembre de este 2021. 

Destacan casos como el de Tamaulipas, donde el aumento de elementos de la Guardia fue del 223% en dos años: en 2019 estaban destinados a esta entidad 1 mil 215 elementos, mientras que, en 2021, la cifra se disparó hasta los 4 mil 010. 

En Baja California el aumento de guardias fue del 183%; en Sonora del 128%; en Veracruz, del 90%; en Tabasco, del 83%; en Coahuila y Chihuahua, del 60%; y en Chiapas, la principal puerta de entrada de la migración indocumentada, del 55%. 

En el caso de soldados de la Sedena, entre 2019 y 2021 hubo un aumento también de casi el 80% en nueve entidades donde la institución castrense informó en el tercer informe de gobierno de López Obrador que realizó operaciones de “rescate” de migrantes: de 14 mil 333 soldados pasó a destinar 25 mil 586.

En este caso es de destacar el caso de Veracruz: en 2019, había destinados en este estado 627 elementos de Sedena. En 2021, 4 mil 336. Un aumento del 591%.

La Semar, por su parte, ha mantenido más estable el número de soldados desplegados en 12 estados donde también informó que realizó labores de “rescate” de migrantes: de 33 mil 081 desplegados en 2019 pasó a 39 mil 676; un aumento del 20%. En este caso, destaca el aumento de marinos en Tabasco, 41%; Oaxaca, 40%; y Tamaulipas, 30%.

Pero, de nuevo, a pesar del aumento de la presencia de elementos castrenses en estados de la ruta migratoria, continúan abundando los testimonios de migrantes que denuncian agresiones, robos, y extorsiones de los mismos soldados y policías que deben cuidarlos. 

Un camino repleto de extorsiones

Los cubanos Martín, de 34 años, y Marlén, de 32, viajaban en un taxi por el que pagarían 12 mil pesos para ir de Monterrey hasta la frontera de Piedras Negras, en Coahuila, cuando se encontraron con un retén de la Guardia Nacional. 

Era de noche, en una carretera solitaria. No había posibilidad de rodear por los montes, como habían hecho en Chiapas para evadir a los retenes de migración; ni de huir, como hicieron en San Luis Potosí cuando un grupo del crimen organizado entró a una casa para secuestrar a los migrantes que encontraran a su paso.

Los soldados ordenaron que se bajaran del coche; les pidieron la documentación. Martín, enfermero, y Marlén, abogada, se temieron lo peor: después de una odisea que los llevó de Chile a México, atravesando la peligrosa selva del Darién en Colombia, el viaje estaba a punto de terminar con una deportación segura cuando se encontraban a tan solo un par de horas de la frontera con Estados Unidos. 

“Son dos mil pesos cada uno, o los entregamos con migración”, asegura Martín que les dijeron los agentes. 

Los migrantes pagaron sin pensarlo dos veces. El taxi reinició el camino y todos respiraron aliviados. Pero la tranquilidad duró poco: apenas llevaban recorridos unos kilómetros, cuando otras tres patrullas comenzaron a perseguirlos. 

“En lugar de solicitantes de asilo, parecíamos narcotraficantes”, ríe cansado Martín. 

En esta ocasión, los migrantes denuncian que quienes les pidieron dinero para no entregarlos con el Instituto Nacional de Migración (INM) eran policías municipales. 

“No nos queda ni para terminar de pagar el taxi”, dice el cubano que trató de alegar. 

“No es nuestro problema -le respondieron-. O nos dan dinero, o hasta aquí llegaron”.

Los migrantes entregaron los últimos tres mil pesos que les quedaban, más un reloj. Las patrullas se fueron. Y el taxista, enojado porque no recibiría la otra mitad acordada por el viaje, los abandonó en mitad de la nada, dejándolos expuestos a los asaltos, las violaciones, y los secuestros del crimen organizado.

En el largo trayecto a pie hasta que llegaron al pueblo donde un sacerdote les dio refugio, del que piden no mencionar el nombre, los migrantes cuentan que todavía se toparon con soldados del Ejército mexicano. Pero no quisieron acercarse a pedirles auxilio ni a denunciar lo que les había pasado. Prefirieron seguir el camino agazapados, tratando de esconderse de la migra, de los guardias nacionales, y de los policías locales y soldados que los asediaron desde que ingresaron sin documentos. 

“Cruzar México ha sido mucho peor que cruzar la selva -asegura Marlén-. La selva es muy peligrosa, pero si tú caminas y caminas, y haces lo que te dice el guía, tú sales de ahí con vida. En México, en cambio, tú no sabes quién te va a hacer algo malo, o quien te va a perseguir como si fueras un criminal”. 

“Nunca me había sentido tan perseguido, ni había tenido esta sensación de que sin papeles yo no soy nadie”, lamenta Martín.

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