Por cada 10 pesos que se invierten en la Ciudad de México para la reinserción de adolescentes que cumplen una condena por haber cometido algún delito, 7 se los ‘come’ la burocracia y el pago de salarios a funcionarios, mientras tanto sólo 3 van destinados a los poco más de 500 jóvenes infractores, revela un informe de actividades elaborado por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA), que depende de la Secretaría de Gobierno capitalina.
[contextly_sidebar id=”IWYcVLBDaDH8dMgsG15il4ixdt0il5bA”]Aunado a esto, la precaria situación de las instalaciones de algunas de las comunidades de internamiento, que superan los 100 años de antigüedad, y la falta de personal especializado como terapeutas contra adicciones, psicólogos o talleristas, han desatado las críticas de organismos de derechos humanos y de organizaciones civiles, quienes denuncian que en la Ciudad de México no existe una política pública real para la reinserción de los jóvenes.
De 121 millones, sólo 30 van dirigidos a las 6 comunidades
Así, de los 125 millones 688 mil pesos que la DGTPA recibió en 2016 como presupuesto, el 74% (92 millones 732 mil pesos) fue absorbido por el pago de salarios, dietas y prestaciones a funcionarios.
Mientras que el 26% restante, 32 millones 956 mil pesos, se distribuyó entre las seis comunidades que hay en la capital.
O en otras palabras, cada comunidad recibió 5 millones de los 125 presupuestados. Apenas el 4%.
Asimismo, en el análisis de cada rubro se aprecia que, aunque el dinero destinado al pago de funcionarios (servicios personales) sí aumentó ligeramente en 2016 –un 3% en comparación con 2015-, otras partidas que la DGTPA califica como “indispensables” para desarrollar planes de atención y educación para los jóvenes se quedaron en ceros.
Por ejemplo, a pesar de que la DGTPA solicitó 300 mil pesos para adquirir materiales y útiles de enseñanza, en este 2016 no les otorgó ni un peso para tal fin, mientras que en 2015 sí se les dio la cantidad solicitada. Lo mismo sucedió con otras partidas básicas como ‘Medicinas y productos farmacéuticos’, ‘Materiales, accesorios y suministros médicos’, ‘vestuarios y uniformes’, ‘artículos deportivos’, o incluso ‘extintores’. Todas en cero.
Sin presupuesto ni para la comida de los perros
Tampoco se dieron recursos para la compra de artículos de limpieza, ni para cementos, maderas, yeso, vidrios, u otros materiales necesarios para las reparaciones y el mantenimiento de las comunidades. Esto, a pesar de que la comunidad conocida como ‘San Fernando’, que alberga al mayor número de internos -108 al corte del 15 de julio-, fue abierta en 1908 del siglo pasado, por lo que sus instalaciones acumulan numerosas deficiencias.
“Las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y estructurales están dañadas. El circuito cerrado (de vigilancia) es obsoleto, hay deterioro en el mobiliario (sillas, mesas, pizarrones, pupitres y escritorios) y precariedad de otros recursos como aulas, computadoras, y el equipamiento propio de cada actividad educativa o cultural”, expone la DGTPA en su informe.
Así también lo advirtió en julio del año pasado la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en un documento que puedes leer aquí, en el que exhibe con fotografías irregularidades como cables expuestos con riesgo de electrocución; humedad en paredes y posible contagio de hongos, bacterias e infecciones urinarias; o botellas de agua que se emplean como orinales ante la falta de baños en dormitorios.
En este 2016 no les dieron presupuesto ni para comprar comida para los perros de seguridad, revela el informe.
Solo 1 psicólogo para 53 jóvenes y un terapeuta en adicciones para 214
Además del presupuesto, la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes expone que la falta de personal especializado es la otra gran carencia que enfrentan.
Por ejemplo, solo 4 psicólogos atienden a un total de 214 jóvenes que cumplen condena en reclusión. Es decir, hay un psicólogo para atender a 53 internos. Incluso, en la Comunidad de San Fernando, que alberga a 108 internos, no hay psicólogos.
Otros ejemplos: hay un terapeuta en rehabilitación de adicciones para 214 reclusos y cinco comunidades; 10 profesores de deporte para 214 (1 por cada 21 internos); 17 pedagogos para 214 (1 por cada 30); y 47 operadores de vida cotidiana para 214 (uno para cada cinco).
En cuanto a la Comunidad Externa, donde los jóvenes enfrentan su proceso en libertad, los números no son mucho mejores: dos pedagogos, cuatro psicólogos, tres talleristas, tres terapeutas y ocho responsables técnicos, para atender a 324.
“Se requieren al menos 500 millones para generar programas de reinserción”
Ante este panorama, la DGTA recalcó en su informe que para ofrecer una verdadera política pública de reinserción social para cientos de jóvenes en reclusión y en comunidad externa, se requieren llevar a cabo varias medidas.
Una de las primeras, además de proponer programas de acompañamiento a los jóvenes operados por las delegaciones, el Instituto de la Juventud y organizaciones civiles, es etiquetar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2017 más recursos a partidas clave que permitan contar infraestructuras adecuadas, y con el personal básico necesario.
En este sentido, Beatriz Olivares, presidenta de la Comisión de Juventud en la Asamblea Legislativa del DF, aseguró a este medio que ya se están realizando mesas de trabajo con la DGTPA “para revisar el próximo presupuesto”, que los diputados locales discutirán el próximo mes de noviembre.
“Este año recibieron 125 millones de presupuesto, pero se requieren aproximadamente 500 para poder generar programas que ayuden a la reinserción de los jóvenes y para poder brindarles una calidad de vida”, planteó la legisladora capitalina.
“El presupuesto no es excusa”: CDHDF
Para la titular de la CDHDF, Perla Gómez, la escasez de presupuesto no es “pretexto” para que la autoridad no cumpla con sus responsabilidades, y pidió a la DGTPA que “jerarquice” los recursos asignados para cumplir “gradualmente” con las observaciones que se le han hecho desde años atrás.
“Hay sanitarios que son bidones de agua para que los jóvenes hagan sus necesidades. ¿En serio en un año no pueden cumplir por lo menos que haya condiciones sanitarias dignas?”, cuestionó la ombudsman en entrevista, quien insistió en que proyectar “un presupuesto con visión de derechos humanos” es cuestión de “voluntad política”.
Además, Gómez dijo que la CDHDF lleva registradas 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de la ciudad, y que no todas tienen que ver con cuestiones de instalaciones o por falta de presupuesto, sino que también hay quejas por presuntas negligencias de las autoridades. Una de ellas, considera la CDHDF, se produjo el del pasado 4 de mayo en la comunidad de San Fernando, cuando un joven perdió un ojo tras una riña entre internos.
“Nos alerta que en mayo, junio y julio, se han dado situaciones (de riñas) que no habían pasado en dos años. Y todo apunta a que se debe a la falta de conocimientos de protocolos de quienes están llevando actualmente la gestión de las comunidades”, criticó Gómez, quien adelantó que “en breve” la comisión que preside emitirá una recomendación para que se deslinden responsabilidades entre las autoridades de la DGTPA por este suceso.
Aquí puedes leer el informe completo de la DGTPA:
