7 de cada 10 pesos para reinserción de jóvenes en CDMX son gastados en burocracia
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Cuartoscuro Archivo

7 de cada 10 pesos para reinserción de jóvenes en CDMX son gastados en burocracia

Un informe señala las carencias de instalaciones, personal y presupuesto del sistema de reinserción de adolescentes infractores en la capital mexicana.
Cuartoscuro Archivo
Por Manuel Ureste
25 de julio, 2016
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Por cada 10 pesos que se invierten en la Ciudad de México para la reinserción de adolescentes que cumplen una condena por haber cometido algún delito, 7 se los ‘come’ la burocracia y el pago de salarios a funcionarios, mientras tanto sólo 3 van destinados a los poco más de 500 jóvenes infractores, revela un informe de actividades elaborado por la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA), que depende de la Secretaría de Gobierno capitalina.

Aunado a esto, la precaria situación de las instalaciones de algunas de las comunidades de internamiento, que superan los 100 años de antigüedad, y la falta de personal especializado como terapeutas contra adicciones, psicólogos o talleristas, han desatado las críticas de organismos de derechos humanos y de organizaciones civiles, quienes denuncian que en la Ciudad de México no existe una política pública real para la reinserción de los jóvenes.

De 121 millones, sólo 30 van dirigidos a las 6 comunidades

Así, de los 125 millones 688 mil pesos que la DGTPA recibió en 2016 como presupuesto, el 74% (92 millones 732 mil pesos) fue absorbido por el pago de salarios, dietas y prestaciones a funcionarios.

Mientras que el 26% restante, 32 millones 956 mil pesos, se distribuyó entre las seis comunidades que hay en la capital.

O en otras palabras, cada comunidad recibió 5 millones de los 125 presupuestados. Apenas el 4%.

Asimismo, en el análisis de cada rubro se aprecia que, aunque el dinero destinado al pago de funcionarios (servicios personales) sí aumentó ligeramente en 2016 –un 3% en comparación con 2015-, otras partidas que la DGTPA califica como “indispensables” para desarrollar planes de atención y educación para los jóvenes se quedaron en ceros.

Por ejemplo, a pesar de que la DGTPA solicitó 300 mil pesos para adquirir materiales y útiles de enseñanza, en este 2016 no les otorgó ni un peso para tal fin, mientras que en 2015 sí se les dio la cantidad solicitada. Lo mismo sucedió con otras partidas básicas como ‘Medicinas y productos farmacéuticos’, ‘Materiales, accesorios y suministros médicos’, ‘vestuarios y uniformes’, ‘artículos deportivos’, o incluso ‘extintores’. Todas en cero.

Sin presupuesto ni para la comida de los perros

Tampoco se dieron recursos para la compra de artículos de limpieza, ni para cementos, maderas, yeso, vidrios, u otros materiales necesarios para las reparaciones y el mantenimiento de las comunidades. Esto, a pesar de que la comunidad conocida como ‘San Fernando’, que alberga al mayor número de internos -108 al corte del 15 de julio-, fue abierta en 1908 del siglo pasado, por lo que sus instalaciones acumulan numerosas deficiencias.

“Las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y estructurales están dañadas. El circuito cerrado (de vigilancia) es obsoleto, hay deterioro en el mobiliario (sillas, mesas, pizarrones, pupitres y escritorios) y precariedad de otros recursos como aulas, computadoras, y el equipamiento propio de cada actividad educativa o cultural”, expone la DGTPA en su informe.

Así también lo advirtió en julio del año pasado la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en un documento que puedes leer aquí, en el que exhibe con fotografías irregularidades como cables expuestos con riesgo de electrocución; humedad en paredes y posible contagio de hongos, bacterias e infecciones urinarias; o botellas de agua que se emplean como orinales ante la falta de baños en dormitorios.

En este 2016 no les dieron presupuesto ni para comprar comida para los perros de seguridad, revela el informe.

Comparativo (1) Pres vs (2)

Solo 1 psicólogo para 53 jóvenes y un terapeuta en adicciones para 214

Además del presupuesto, la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes expone que la falta de personal especializado es la otra gran carencia que enfrentan.

Por ejemplo, solo 4 psicólogos atienden a un total de 214 jóvenes que cumplen condena en reclusión. Es decir, hay un psicólogo para atender a 53 internos. Incluso, en la Comunidad de San Fernando, que alberga a 108 internos, no hay psicólogos.

Otros ejemplos: hay un terapeuta en rehabilitación de adicciones para 214 reclusos y cinco comunidades; 10 profesores de deporte para 214 (1 por cada 21 internos); 17 pedagogos para 214 (1 por cada 30); y 47 operadores de vida cotidiana para 214 (uno para cada cinco).

En cuanto a la Comunidad Externa, donde los jóvenes enfrentan su proceso en libertad, los números no son mucho mejores: dos pedagogos, cuatro psicólogos, tres talleristas, tres terapeutas y ocho responsables técnicos, para atender a 324.

Personal Dgtpa en Comunidad

“Se requieren al menos 500 millones para generar programas de reinserción”

Ante este panorama, la DGTA recalcó en su informe que para ofrecer una verdadera política pública de reinserción social para cientos de jóvenes en reclusión y en comunidad externa, se requieren llevar a cabo varias medidas.

Una de las primeras, además de proponer programas de acompañamiento a los jóvenes operados por las delegaciones, el Instituto de la Juventud y organizaciones civiles, es etiquetar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2017 más recursos a partidas clave que permitan contar infraestructuras adecuadas, y con el personal básico necesario.

En este sentido, Beatriz Olivares, presidenta de la Comisión de Juventud en la Asamblea Legislativa del DF, aseguró a este medio que ya se están realizando mesas de trabajo con la DGTPA “para revisar el próximo presupuesto”, que los diputados locales discutirán el próximo mes de noviembre.

“Este año recibieron 125 millones de presupuesto, pero se requieren aproximadamente 500 para poder generar programas que ayuden a la reinserción de los jóvenes y para poder brindarles una calidad de vida”, planteó la legisladora capitalina.

“El presupuesto no es excusa”: CDHDF

Para la titular de la CDHDF, Perla Gómez, la escasez de presupuesto no es “pretexto” para que la autoridad no cumpla con sus responsabilidades, y pidió a la DGTPA que “jerarquice” los recursos asignados para cumplir “gradualmente” con las observaciones que se le han hecho desde años atrás.

“Hay sanitarios que son bidones de agua para que los jóvenes hagan sus necesidades. ¿En serio en un año no pueden cumplir por lo menos que haya condiciones sanitarias dignas?”, cuestionó la ombudsman en entrevista, quien insistió en que proyectar “un presupuesto con visión de derechos humanos” es cuestión de “voluntad política”.

Además, Gómez dijo que la CDHDF lleva registradas 69 quejas por violaciones a derechos humanos en las seis comunidades de la ciudad, y que no todas tienen que ver con cuestiones de instalaciones o por falta de presupuesto, sino que también hay quejas por presuntas negligencias de las autoridades. Una de ellas, considera la CDHDF, se produjo el del pasado 4 de mayo en la comunidad de San Fernando, cuando un joven perdió un ojo tras una riña entre internos.

“Nos alerta que en mayo, junio y julio, se han dado situaciones (de riñas) que no habían pasado en dos años. Y todo apunta a que se debe a la falta de conocimientos de protocolos de quienes están llevando actualmente la gestión de las comunidades”, criticó Gómez, quien adelantó que “en breve” la comisión que preside emitirá una recomendación para que se deslinden responsabilidades entre las autoridades de la DGTPA por este suceso.

Aquí puedes leer el informe completo de la DGTPA:

informe DGTPA

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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